La relación campo-ciudad en el DTR

Si se retoma este enfoque desde la perspectiva de la relación campo-ciudad, éste señala que el incremento de las interacciones y las relaciones de interdependencia entre el campo y la ciudad van más allá del incremento de la densidad demográfica de un territorio, o la continuidad urbana entre ellos, y que la vinculación productiva, social, ambiental y cultural entre los territorios lleva consigo una interacción entre distintos actores que puede generar dinamismo económico en los territorios que tengan potencial. De esta forma, la intensificación de los vínculos rural-urbanos son una premisa para el desarrollo (Schejtman y Berdegué, 2004).

Así, partiendo de la pluriactividad de los sujetos y de la multifuncionalidad de los territorios, este enfoque ha llamado a alentar el desarrollo de las localidades utilizando como base sus potencialidades económicas específicas y, en consecuencia, ha propuesto el desarrollo de políticas de fomento a proyectos productivos, más que políticas de fomento sectorial²⁹. Así, se reconoció que la generación de tipologías en los territorios es una herramienta útil que permite ubicar la potencialidad y las carencias productivas e institucionales de cada territorio, para generar estrategias adecuadas que permitan, entre otras cosas, una mejor inserción de las regiones rurales en las estrategias de desarrollo de los países (Berdegué y Favareto, 2019, pág. 14).

Otra consideración del DTR es que, una vez reconocido el potencial territorial y lograda la concertación entre los distintos actores, se pueden poner en marcha proyectos que dinamicen a la economía local a partir de sus nexos con otros territorios, con la consideración de que los territorios urbanos y las ciudades tienden a concentrar los flujos de trabajo y de capital. Ello lleva consigo el fomento a los

29 Este punto sigue siendo un tema en discusión, pues a pesar del énfasis que con este enfoque se ha puesto en que el dinamismo económico ya no depende de la condición agraria de los territorios, las políticas sectoriales ha seguido siendo aplicadas en ese sentido (Berdegué y Favareto, 2019).

procesos de migración, movilidad y descentralización productiva que diversifican los mercados de trabajo y que tienden a proporcionar mercados finales, además de generar centros concentradores de servicios especializados para las empresas en los territorios.

En ese sentido, se ha señalado que las ciudades pequeñas y medianas tienen un papel central para el desarrollo de los territorios rurales, porque ellas vinculan a los territorios rurales entre sí debido a la proximidad geográfica y que, además, porque los articulan con la dinámica de las grandes ciudades, de las metrópolis, de las regiones y, por tanto, vinculan a las localidades con el desarrollo global (Schejtman y Berdegué, 2004; Berdegué y Meynard, 2012; Berdegué y Favareto, 2019).

En cuanto a la relación entre territorios y regiones metropolitanas, se ha considerado que la promoción de ciudades intermedias permite que las políticas públicas no se inclinen hacia lo metropolitano y que, por tanto, el crecimiento de estas zonas se vea disminuido, ofreciendo la oportunidad de hacer visible la funcionalidad de promover el desarrollo de los llamados territorios funcionales (Berdegué y Meynard, 2012). Por otro lado, se dice que estas ciudades atraen organizaciones que incrementan la innovación, la conectividad, las inversiones y reinversiones y, a su vez, proveen servicios personales; porque son espacios propicios para la formación de capital humano; establecen condiciones para la diversidad social; posibilitan la permanencia de los jóvenes en los territorios; permiten la inserción de las mujeres en los mercados de trabajo; empoderan a los territorios en cuanto a que el crecimiento de su dinamismo económico les da peso en la toma de decisiones y las negociaciones; tienden a ser más seguras, y; concentran menos pobreza.

Desde esta perspectiva, se ha advertido sobre la necesidad de que las instituciones generen las condiciones para que los proyectos y procesos de inversión puedan llevarse a cabo adecuadamente en los territorios, por ejemplo, mediante la promoción de mecanismos de comercialización y de consolidación de los derechos de propiedad de la tierra para usos no agrícolas, o bien, mediante la promoción de mecanismos que hagan cumplir los contratos que los actores asuman (Schejtman y Berdegué, 2004; Berdegué y Favareto, 2019).

Además, el DTR plantea que es necesario enlazar exitosamente al desarrollo rural con la dinámica urbana mediante el reconocimiento institucional de los territorios rural-urbanos, es decir, generando programas e información específica sobre los territorios que se encuentran entre lo que Berdegué y Meynard (2012) señalaron como territorios rurales profundos y las regiones urbanas (pág. 6); ello debido a que considera que no hay mecanismos de generación de información ni de política pública que contemplen específicamente las relaciones funcionales que se dan entre territorios, lo que impide su gestión adecuada; señalando que suele ocurrir, por ejemplo, que el centro urbano de un municipio tienda a concentrar la actividad que se da en otros municipios³⁰.

Por lo anterior, para este enfoque las transformaciones de la ruralidad giran en torno hacia las ciudades intermedias, las economías diversificadas y los actores sociales de estos centros urbanos (Berdegué y Meynard, 2012, pág. 17), lo cual quiere decir que hay que enfatizar que los elementos agrarios de los territorios, población y producción, son sólo un factor que si bien sigue existiendo, ya no es ni será el central, por lo que las acciones y políticas no deberán girar en torno a este sector.

Además, se sigue destacando que la arquitectura institucional debe centrarse en la construcción de formas y lugares para la generación de acuerdos público-privados y en la creación de instancias de concertación en escala municipal, que permitan la coordinación entre sectores de gobierno, entre niveles y escalas de gobierno y entre Estado, mercado y sociedad; en la capacidad estatal para crear mecanismos de gobernanza que contemplen la participación de los gobiernos de las distintas entidades político-administrativas, llámense estados o municipios (Berdegué y Favareto, 2019, pág. 8) y; en la generación de condiciones que permitan ejercer presupuesto a los agentes dinamizadores de los territorios. Estos autores señalaron al respecto que, aunque desde la promoción inicial del DTR se ha llamado la

30En este sentido es que se considera que cobran sentido las categorías de los territorios rural- urbanos que se proponen desde la nueva ruralidad.

atención en esto, la cuestión ha representado un freno para la coordinación de los proyectos estratégicos de transformación a lo largo de estos veinte años³¹.

En otro sentido, es de hacer notar que, en el recuento de los avances del DTR, los últimos autores mencionados hicieron énfasis en que las decisiones deben de ser tomadas desde los actores y que estos sean capaces de manejar los presupuestos.

Así, para Berdegué y Favareto (2019), el desarrollo territorial debe ser considerado:

Como un proyecto del territorio, donde los habitantes del territorio definen y deciden su agenda de desarrollo, construyen plataformas o coaliciones de acción colectiva inclusivas de la diversidad de actores, y gestionan un conjunto de recursos para el logro de sus objetivos (pág. 9).

No obstante, pese a que llaman a la conformación de actores territoriales, a partir de procesos de concertación social que puedan gestionar conjuntamente los proyectos de desarrollo local, los mecanismos están basados en criterios de optimización económica de los recursos. Dentro de esta visión las necesidades sociales serán satisfechas en la medida en que los mercados funcionen adecuadamente, es decir, en la medida que los agentes individuales tomen decisiones racionales que permitan la optimización de los recursos, su libertad de movimiento y su negociación en mercados dinámicos que maximicen los beneficios para cada participante. Ello implica la promoción de actores territoriales que se

31 En este sentido, se puede observar que los autores asumen que los territorios con una dinámica rural-urbana son distintos de los territorios metropolitanos en todos los casos. Nuestra postura es contraria, pues para el caso de los territorios que se encuentran en municipios metropolitanos se consideran así por su condición político-administrativa, en lo real son los mismos espacios geográficos que ocupan los llamados territorios rurales. Berdegué y Meynard (2012) señalaron que los territorios funcionales, que son el centro de su atención para hablar del DTR: ...son el resultado de las actividades de las personas, de las organizaciones y de las empresas en el espacio, a lo lardo de la historia de un lugar... y que eso lo diferencia de los territorios normativos que son delimitados...

con base en criterios técnicos, de conveniencia funcionaria o políticos (p. 6). Con esto se pone énfasis en que las delimitaciones de los espacios funcionales no coinciden con los espacios delimitados. Sin embargo, habría que considerar que los ejercicios de delimitación de zonas metropolitanas, por lo menos en México, se han desarrollado institucionalmente, bajo criterios de conurbación física y densidad poblacional, pero también con criterios de funcionalidad territorial, contemplando los flujos de recursos naturales, trabajo y capital. De esta manera, lo que se podrá observar cuando se hable de zonas metropolitanas es que, lo que el DTR considera una carencia institucional, sí se ha desarrollado, pero no desde la perspectiva local-territorial, sino desde la perspectiva urbano-regional a través de la promoción de un gobierno y un fondo metropolitano.

caractericen por tener herramientas de planeación y gestión territorial acordes al patrón de acumulación neoliberal basado en el libre mercado y el fomento a la competitividad y la productividad.

De tal forma, al aprovechar la potencialidad de cada territorio, los agentes que participan en el proceso de su desarrollo podrán obtener beneficios que deriven de su buena actuación en los mercados, la cual es posible por el aprovechamiento de sus ventajas comparativas y el desarrollo de sus ventajas competitivas a través de la innovación tecnológica e institucional. Lo cual también implica que las decisiones deberán ser tomadas por aquellos agentes, llámese gobierno, empresas, organizaciones de productores u organizaciones sociales, que tengan los recursos para financiar los proyectos.

Es importante destacar aquí que el mismo enfoque de DRT reconoce que muchas de las condiciones de los procesos de desarrollo local no pueden ser resueltas en ese nivel, por lo que es necesario generar mecanismos regionales, pero haciendo énfasis en la necesidad de que éstos tengan estatus jurídico que le dé un carácter vinculante a sus acciones (Schejtman y Berdegué, 2004). Es decir, reconoce que la promoción del desarrollo de los territorios ha llevado consigo problemas de gestión institucional que involucra cuestiones político-administrativas.

Esto nos da pie para vincular al enfoque del Desarrollo Territorial Rural con el enfoque de las Zonas Metropolitanas.