El artículo se divide en cuatro partes: la primera describe la historia de la migración europea en Argentina y los instrumentos legales y políticos que regularon la gestión migratoria; El segundo presenta brevemente la historia de las migraciones regionales y el trato dado por el Estado a estos grupos de migrantes. No realizaremos aquí un análisis del "impacto" de la aplicación de políticas migratorias en Argentina.
La primera ola migratoria hacia la Argentina
Argentina como país de inmigración
El paulatino cambio de percepciones hacia los inmigrantes -de clases trabajadoras a clases potencialmente peligrosas- se tradujo en la promulgación de la Ley de Residencia de 1902. La Ley Videla (como se la conocía) permaneció vigente durante veinte años de vida formal de la democracia.
Migraciones en el Cono Sur
A principios de la década de 1950, la inmigración europea empezó a perder el impulso que había tenido y empezó a surgir una nueva generación de inmigrantes. A pesar de esta flexibilidad a la que nos referíamos respecto del acceso de los migrantes fronterizos al territorio argentino, es necesario resaltar que la política poblacional argentina no ha considerado, en principio, al migrante fronterizo como un inmigrante “deseable”. En este sentido, cabe preguntarse por qué los migrantes de países limítrofes y limítrofes han representado el principal flujo migratorio hacia el país desde la década de 1950 y además siempre han representado alrededor del 2,5% de la población total de Argentina. el objeto específico de la legislación.
Hemos visto que la aplicación de la política migratoria ha ido cambiando según las situaciones sociopolíticas y económicas y que, además, estas han enfatizado su carácter restrictivo a partir de los años 1960. Todo esto no hace más que confirmar que la política migratoria de Argentina ha sido prácticamente un monopolio. del Poder Ejecutivo, haciendo efectiva su aplicación, por un lado; e incluso contrario al art. Esta creciente visibilidad ganada por el inmigrante y su caracterización como "problema" también se explica por su progresiva llegada a los centros urbanos del país.
Durante la década de 1990 se vivió un momento de explosión en el que los migrantes fronterizos representaban en términos absolutos el 90% de la población extranjera residente en el país (en términos relativos todavía representaban entre el 2,5 y el 3% de la población argentina) (Indec, 2010). A pesar de la visibilidad política de la inmigración "fronteriza", definida como un "problema social" y caracterizada principalmente por el desplazamiento a áreas urbanas, no hubo una política pública del Estado que respondiera a esta situación (a excepción de las amnistías y los acuerdos bilaterales que mencionado).
Cambio de paradigma: la sanción de la ley de migraciones 25.871
La Ley de Migraciones 25.871
Durante la última legislatura del año y sin debate parlamentario previo, en diciembre de 2003, se aprobó la ley de migración 25.871. Este proyecto fue presentado a la Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados de la Nación en el año 2001 y durante el año 2002 fue discutido, no sólo en el ámbito legislativo, sino también en todos los sectores interesados a través de diversas reuniones y desde una audiencia pública. Finalmente, la norma fue nuevamente presentada a la Comisión en 2003, el dictamen fue adoptado y aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados el 4 de diciembre de 2003 y en el Senado el 17 de diciembre del mismo año.
La sanción de la Ley 25.871 se basó principalmente en que representaba una "deuda con la democracia", es decir, en la necesidad de poner fin a la vigencia de la Ley Videla, sancionada durante la última dictadura militar. La nueva ley fue conocida como un nuevo paradigma en materia de política migratoria, ya que buscaba representar un marco diferente para el tratamiento de la migración en Argentina incorporando lo que varios autores identifican como ejes centrales: la perspectiva regional y los derechos de los migrantes. (Novick, 2004; Mármora, 2004; Pacceca y Courtis, 2008; Domenech, 2009). Si el eje de la política migratoria históricamente, como hemos visto en la primera parte de esta tesis, estuvo dado por la conexión entre población y desarrollo, ¿cuál es el eje que orienta la política migratoria en la actualidad?
Desde una perspectiva comparada, la importancia de la ley migratoria 25.871 radica no sólo en concluir la validez de una ley dictada por una dictadura militar, sino también en sentar las bases para un nuevo enfoque de la política migratoria. En este sentido, es necesario aclarar que, en la política migratoria argentina, existe un elemento constitutivo del Estado, que está dado por la combinación de elementos restrictivos y abiertos, inclusivos y excluyentes.
El Programa «Patria Grande»
Los inmigrantes que llegaron al país después de esa fecha estaban regulados por la Ley 25.871 y por lo tanto no están incluidos en la Patria Grande. En el diseño del programa, la Dirección Nacional de Migraciones estableció la intervención directa de los diferentes niveles de gobierno, provincias y municipios a partir de la implementación de los trámites. Observar el tamaño de la población que ha iniciado sus procesos de regulación jurídica en el marco de la Patria Grande nos da una aproximación del número de migrantes de origen regional que residen irregularmente en Argentina.
Según cifras proporcionadas por la Dirección Nacional de Migraciones, desde el inicio del Programa hasta mayo de 2008, más de 420.000 personas de los países de la región iniciaron su proceso de regularización. Ahora bien, la diferencia entre las medidas de ajuste dadas en el pasado y "Patria Grande" no está dada sólo por la cantidad de personas que han iniciado sus trámites. El programa "Patria Grande" fue concebido por el gobierno como una política de Estado en el sentido de que no tiene una vigencia limitada, es decir, no es una medida extraordinaria como las amnistías anteriores, sino que se aplica a todos aquellos inmigrantes que sean residentes. en el país así como para futuros entrantes.
Además, tanto la ley como el plan de regularización Patria Grande contribuyeron a legitimar el derecho de los migrantes a defender sus intereses y a erigirse como sujetos políticos con presencia en el debate público, incluso en temas que excedían el tema migratorio (Rosas & Gil). Araujo, 2019). Sin embargo, como describimos en el siguiente apartado, esta fase favorable al reconocimiento y ampliación de los derechos de la población migrante cerró en diciembre de 2015, con el inicio del gobierno de la Alianza Cambiemos.
Dos decretos en disputa: entre la vuelta a las restricciones y la garantía de los derechos
Esta campaña de acoso contra la población migrante allanó el camino para el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017, publicado en el Boletín Oficial el 30 de enero, que modificó aspectos esenciales de la Ley 25.871 de Migraciones. Lo que introdujo el Decreto 70/2017 fue extender estas opciones a básicamente todos los casos de migrantes que tuvieran condena firme o no firme en Argentina o en el extranjero, por delitos que, según la ley argentina, merecen pena privativa de libertad. En este sentido, se avanzó en todos los delitos por los que recaía pena de prisión.
2 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Sistema Estadístico Nacional de Ejecución de Penas (SNEEP), 2015. Entre ellos, aclaró como norma el principio de no privar de la libertad a las personas migrantes. Asimismo, el decreto redujo la aplicación del principio de reunificación familiar en los procesos de deportación y cancelación de residencia.
En definitiva, esta reforma de la Ley de Inmigración permitió que prácticamente cualquier extranjero fuera deportado por cualquier delito menor. Modificó aspectos de la ley núm. 25.871, que violó el debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho a la reunificación familiar.
Consideraciones finales
La última década del siglo pasado actualiza estas articulaciones, aunque les agrega un mayor sabor, ya que es la época de mayor número de migrantes regionales en el país y la decisión del Estado es abandonar la política de regularización de sus migrantes. población mayoritaria. Esto condujo a lo que algunos autores llamaron la producción social de la ilegalidad (Casaravilla, 1999), implementada por el Estado al permitir el acceso ilimitado pero obstaculizando la posibilidad de regularización al convertir a un migrante en irregular. La presencia del Estado, basada en la ausencia de sus políticas (en este caso hacia una población importante y con numerosos problemas), implica el abandono de sus responsabilidades como garante de derechos y como generador de un lugar simbólico y real de la ciudadanía. se encuentra. 'nuevos inmigrantes' en la idea de nación.
Al inicio del gobierno de Néstor Kirchner, en un contexto propicio de ampliación de derechos, se reconoció la migración como un derecho humano, lo que marcó un momento histórico en relación con los antecedentes de la política migratoria, nacional e internacional. Desde la aprobación de la Ley 25.871 durante el período Kirchner, el accionar del Estado ha estado guiado por la voluntad política de promover y facilitar la regulación de la población migrante, con especial atención a la proveniente del Mercosur. Pero entre diciembre de 2015 y finales de 2019, el gobierno de Alianza Cambiemos liderado por Mauricio Macri impulsó una reconfiguración de normas, prácticas y representaciones en torno al tema migratorio.
Sin embargo, la reciente decisión del presidente Fernández de anular el Decreto 70/2017 representa un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y el compromiso del Estado de legalizar a los migrantes. Si se estableciera un paralelo entre los modelos de gestión de finales del siglo XIX y los de principios del XXI, se podrían considerar algunos elementos que se repiten y otros que se modifican claramente.
Las leyes de migraciones como contexto normativo (de la “ley Videla” a la ley de Migraciones 25.871). Volviendo al debate de ayer para fortalecer el actual proyecto de modernización del Estado, Jefe de Gabinete de Ministros. Volviendo al debate de ayer para fortalecer el actual proyecto de modernización del Estado, Jefe de Gabinete de Ministros.
Inegalité, Justice, Citoyenneté, Centro Franco-Argentino de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires. Competencias del Estado frente a la población extranjera residente en Argentina: la naturalización como área de disputa. Las ideas y planteamientos contenidos en esta publicación son responsabilidad exclusiva de sus autores y no afectan la posición oficial del INAP.
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La gestión estatal de las migraciones regionales en la Argentina desde
