• No se han encontrado resultados

Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid."

Copied!
120
0
0

Texto completo

Los planes de gestión del medio físico complementaron los instrumentos de planificación territorial de la Comunidad de Madrid. Un objetivo importante de esta ley es simplificar el procedimiento administrativo en el desarrollo urbano. La publicación deberá hacer constar expresamente el cumplimiento previo del mensaje previsto en el próximo número.

Los sectores son las superficies de tierra cultivable que deben ser objeto del desarrollo de una planificación detallada.

Actividad de ejecución

El incumplimiento de las obligaciones de ejecución de la Administración dará lugar a la correspondiente indemnización o compensación conforme a lo previsto en la Ley previa solicitud de los afectados. En ningún caso las empresas urbanísticas de la edición anterior podrán proceder directamente a la ejecución material de las obras. Los consorcios urbanísticos son entidades con personalidad propia, creadas por acuerdo o convenio de la Comunidad de Madrid y la Administración General del Estado o de uno o varios municipios o entre ellos para el desarrollo de actividades urbanísticas y para la dirección y ejecución de obras. y servicios públicos.

Los consorcios sólo podrán tener como objetivos funciones y actividades que no excedan la competencia de las administraciones del consorcio. Para la gestión de los servicios que tengan encomendados, los consorcios urbanísticos podrán utilizar cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable a las administraciones del consorcio. Los consorcios estarán sujetos a sus propios estatutos, que serán elaborados de mutuo acuerdo por todas las Administraciones miembros y deberán ser aprobados por los órganos competentes de cada una de ellas, por la presente ley y también por la legislación sobre el ordenamiento jurídico de la Las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común.

La aprobación de los estatutos del consorcio determinará la adición al mismo de las competencias administrativas propias de las administraciones del consorcio, que en dichos estatutos se especifican, incluida la gestión de las tarifas y precios públicos y su cobro. Por razones de eficacia, la delegación requerirá su publicación en el "Boletín Oficial de Madrid". Pueden ser beneficiarios de delegaciones intersubjetivas además de las administraciones territoriales, los organismos autónomos creados por ellas y los consorcios.

Presupuestos legales

Cualquier producto de las ventas deberá utilizarse para los fines indicados en el número anterior. A estos efectos, la obligación de urbanización incluye todas las obras a que se refiere el artículo 97 de esta ley. La ejecución directa por parte de la Administración no libera, en ningún caso, a los propietarios y/o promotores de la obligación de pagar las obras.

La demarcación de las unidades de ejecución es la actuación administrativa a partir de la cual se considera el inicio de la actividad de ejecución en la modalidad de actuación integrada. El acuerdo por el que se apruebe definitivamente la delimitación de las unidades de ejecución y su modificación deberá publicarse en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" para su eficacia. Si en el planeamiento no se expresara el sistema de ejecución elegido, éste será llevado a cabo por la Administración al decidir la delimitación de la correspondiente unidad de ejecución.

En este caso, la decisión de la Administración de proceder al cambio de sistema de ejecución deberá notificarse a todos los propietarios y publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La redistribución no será necesaria en el caso de propiedad exclusiva de la totalidad del terreno. Contenido y consecuencias de la resolución por la que se determina el sistema de ejecución forzosa.

Otras formas de ejecución

Si el siniestro es estimado, la diferencia reconocida se paga en efectivo por la entidad gestora con cargo a la cuenta de liquidación. A los efectos de lo dispuesto en el número anterior y, en general, para cubrir las diferencias entre costes previstos y reales, la entidad gestora podrá enajenar los terrenos bajo su gestión. Si aún tienes terreno disponible, deberás enajenarlo y luego distribuir el monto proporcionalmente entre los derechohabientes.

La aceptación de las obras de urbanización corresponde al ayuntamiento de oficio o a petición del responsable de la ejecución, conservación y entrega de estas obras. En todo caso, la aceptación parcial de las obras de urbanización permitirá el primer uso y ocupación de los edificios cuya ejecución haya sido permitida con un permiso o declaración responsable en el marco de la correspondiente fase o unidad funcional. En el caso de que la administración no decida sobre la aceptación de las obras urbanísticas dentro del plazo señalado por el planeamiento o decreto municipal, en caso contrario dentro de los tres meses siguientes a la oferta oficial de transferencia por parte del responsable de la ejecución, a los efectos de comprensión de las obras recibidas.

La asignación de conservación a los propietarios que se agrupen en una entidad de conservación urbana en lo dispuesto en el número anterior conllevará para el Ayuntamiento la obligación legal de subvencionar dicha entidad. En su defecto, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la entidad de conservación urbana. Contra los acuerdos de la entidad de conservación urbana podrá interponerse recurso de apelación ante el órgano competente del Ayuntamiento.

Expropiación forzosa

En caso de inconsistencia entre propietarios y demás titulares de derechos con la hoja de valoración formulada por la administración expropiante, la determinación final del justo precio será responsabilidad del jurado expropiador competente. Durante la tramitación del procedimiento de expropiación y antes del acto por el que finalmente se determine administrativamente el justo precio, la Administración de turno y los propietarios de los bienes y derechos objeto de este procedimiento podrán determinar de común acuerdo el justo precio, de conformidad con el legislación. regular, en general, la expropiación forzosa. La aceptación por los desposeídos, dentro del plazo fijado al efecto, del precio ofrecido por la administración en el expediente de precio justo, les dará derecho a recibir el precio de que se trate incrementado en un 10 por ciento.

El pago del justo precio de los bienes y derechos expropiados podrá realizarse, previo acuerdo con los afectados, mediante la adjudicación de parcelas resultantes del propio acto o de cualquier otra propiedad de la administración en funcionamiento o, en su caso, con un desarrollo determinado. en uno u otro, al determinarse en cada caso las obligaciones en cuanto al pago de los correspondientes costes de urbanización. En estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el número 2 del artículo anterior.

Parcelación

Si transcurren cuatro meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado resolución alguna, se podrá entender que ha sido desestimada. Intervención municipal en actos de uso del suelo, construcción y edificación Sección 1. Requisitos de construcción y edificación y uso del suelo Artículo 151. La falta de notificación dentro del plazo de resolución expresa implicará el otorgamiento de la licencia.

Las modificaciones de la normativa urbanística que tengan por objeto la realización de obras de rehabilitación, adecuación o mejora funcional de edificios, podrán considerarse según el procedimiento a que se refiere la letra f) del artículo 57 de esta ley. En este caso, el ayuntamiento puede acordar con el propietario las condiciones de rehabilitación definitiva. La adopción de las medidas previstas en este artículo no presupondrá ni implicará la declaración del estado jurídico de la ruina urbana.

Los bienes de suelo público tendrán el carácter de bienes, separados del resto de bienes de la administración titular, que estarán ligados a sus fines específicos. La declaración presupuestaria deberá ir acompañada de un informe de gestión del uso del suelo público, que será objeto de control en las mismas condiciones. El plazo máximo durante el cual podrán ejercitarse los derechos de no rechazo y desistimiento de las transferencias será de ocho años desde la aprobación de la demarcación correspondiente.

Disciplina urbanística

Los datos incluidos en el observatorio de precios del suelo excluirán todas las referencias que permitan identificar información subjetiva o que se refieran a circunstancias concretas del negocio del que parte. En todo caso, serán públicos, utilizándose medios técnicos, incluidos medios informáticos y telemáticos, que permitan una mayor difusión y un acceso más fácil a todos los ciudadanos.

Inspección urbanística

Los servicios de inspección urbanística de la Comunidad de Madrid dependen del Ministerio competente en materia de urbanismo. Cuando no tengan capacidad para disponer de una propia, deberán asegurar el desarrollo de la función inspectora mediante cualquier fórmula de colaboración con el Ministerio competente en materia de urbanismo prevista en esta Ley. En cualquier caso, los costes de reconstrucción estarán sujetos al régimen indicado en el número 2 anterior para el caso de demolición.

El plazo máximo para la notificación de la resolución del procedimiento previsto en este artículo será de diez meses. Tan pronto como el ministerio competente en materia de urbanismo tenga conocimiento del caso a que se refiere el párrafo anterior, podrá solicitar al alcalde la adopción de la medida de suspensión en las condiciones establecidas en la legislación local. Las medidas para restablecer la legalidad urbanística son independientes de las sanciones que puedan imponerse como consecuencia de la comisión de infracciones tipificadas en esta ley.

Quienes realicen fraccionamientos urbanísticos de suelo urbano que contradigan las normas urbanísticas serán sancionados con multa del 10 al 15 por ciento del valor de venta del suelo afectado. El importe de la multa será proporcional al grado de deterioro o abandono de los elementos de la urbanización provocado por el incumplimiento. 4. Crear consorcios entre ellos y con la Administración de la Comunidad de Madrid, transfiriéndoles competencias.

Referencias

Documento similar

1. El planeamiento urbanístico municipal podrá calificar cuantos terrenos considere precisos para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, que

1. El Plan Especial de Ordenación es el instrumento de planeamiento urbanístico que desarrolla o completa determinaciones de ordenación pormenorizada. El presente Plan

Artículo 42. Régimen de las expropiaciones por razón de la ordenación territorial y urbanística. La expropiación por razón de la ordenación territorial y urbanística puede

La Ley de Reforma del Régimen Urbanístico y de Valoraciones del Suelo y la resolución del Parlamento Europeo sobre una política concertada de ordenación del territorio Ángel

Consecuencias indemnizatorias de la modificación o revisión del planeamiento en la Ley de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, de 25 de Julio de 1990 Ma del

d) Costear y, en su caso, ejecutar en las condiciones y los plazos fijados a tal fin y en el contexto del sistema de ejecución establecido al efecto, la totalidad de las obras

Se encuentra en esta situación necesariamente el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización, que deberá incluir,

Debe recordarse que cuando la legislación urbanística permite que un instrumento de planeamiento urbanístico general establezca directamente la ordenación detallada de su sector