Creencia pública según el criterio publicista-normativo en sentido subjetivo (1.4.). Creencia pública según el criterio psicológico-naturalista 2) Concepto y características de la creencia pública presentes en la evidencia a través de documentos públicos (2.1.). La comprensión de lo que es un documento público depende de la creencia pública”, afirma Montero Aroca1. Algunos sostienen que el derecho romano de Justiniano ya regulaba la fe pública y los tabellones como ministros de la fe2.
Tampoco hay acuerdo sobre el verdadero alcance de la confianza pública en el ámbito jurídico. Ley núm. 18.181 de 1982, que a juicio de estos autores cambió fundamentalmente la visión de la confianza pública que existía en el sistema chileno, para adaptarla al desarrollo de la economía. La figura del notario tomó el carácter de institución jurídica cuya finalidad es aprobar y certificar la autenticidad de los documentos presentados o entregados.
La referencia a la institución notarial, la estructura organizativa del notario, la profesión notarial, la seguridad vial y la autenticidad documental son fundamentales para entender la creencia pública como parte de la prueba pública escrita. 1700 y 1706 CC asignan instrumentos públicos que se derivan de la fe pública que inculcan los predicadores de la fe23. Como se puede observar, esta última es una variante de la perspectiva subjetiva en la que se mezclan los conceptos de creencia pública y función pública.
En segundo lugar, porque a la hora de determinar el valor de la evidencia pública es fundamental separar los conceptos de creencia pública y función pública, como explicaremos en la última parte del trabajo. La creencia pública es un elemento de prueba a través de documentos públicos, que podemos definir como una institución jurídica compuesta por un conjunto de disposiciones legales cuyo propósito central es garantizar la autenticidad documental. Creemos que en la época actual se ha producido un paso de la persona del notario a la institución de la fe pública.
En el caso de la confianza pública, los objetivos se relacionan principalmente con la seguridad del tráfico jurídico, que a nivel de prueba se relaciona sobre todo con la autenticidad de los documentos públicos y su valoración jurídica. El carácter institucional de la confianza pública puede estar relacionado con diversas manifestaciones o aspectos de los documentos públicos. En términos generales, podemos decir que en el ámbito de la información electrónica, los documentos se acreditan (son auténticos en sí mismos) gracias a la fidelidad, integridad, confidencialidad y no repudio de los datos.
Otra manifestación de la noción institucional de confianza pública la podemos encontrar en la figura del notario entendido como "institución" o como "oficina". Como se destacó, la esencia conceptual del fideicomiso público está compuesta por normas jurídicas que regulan la actividad de elaboración de documentos públicos. La confianza pública garantiza la autenticidad de los documentos públicos y, por tanto, proporciona seguridad al tráfico legal.
Independientemente del nombre que se le asigne al elemento que estamos estudiando, lo cierto es que los documentos públicos tienen una característica que los distingue a nivel de prueba de los documentos privados, que consiste en la capacidad de demostrar su autenticidad67.
N ECESIDAD DE DISTINGUIR LA FE PÚBLICA Y LA FUNCIÓN PÚBLICA
Por ello, resulta significativa la referencia a las formas de las actuaciones administrativas, a diferencia de lo que ocurre con las acciones y contratos privados, en el caso de la gestión público-administrativa. Pues bien, lo que vemos aquí es un precedente para la precisión conceptual que proponemos, según la cual los documentos dotados de creencia pública deben necesariamente tener un valor probatorio mayor que los documentos que carecen de este atributo. A los efectos de la prueba de derecho civil, estos documentos no pueden tener el mismo valor, ya que algunos (oficinas, homologaciones) carecen de la publicidad que existe en otros (documentos electrónicos con firma electrónica avanzada, partes). das y certificados, cédulas de identidad, pasaportes, escrituras públicas).
2700 CC para los "actos públicos" que contienen contratos y negocios privados (equivalentes a nuestros "instrumentos públicos") a los documentos elaborados por órganos y funcionarios de la Administración. Ello daría lugar a un nuevo fuero procesal del Estado y de los órganos de la Administración Pública, con una vulneración innegable de las citadas garantías judiciales93. 93 Una crítica a estos fueros, en Romero Seguel, Alejandro (2011) “Algunos fueros procesales de la administración del Estado en el litigio civil (Dos mecanismos para su mitigación o supresión)”.
El principio de protección de la confianza legítima contiene elementos suficientes para asegurar la posición de las personas gestionadas en relación con la propiedad y la estabilidad de sus derechos y expectativas. 96 Respecto a este principio destacamos: Castillo Blanco, Federico (1998) La protección de la confianza en el Derecho Administrativo. Al contrario de lo que ocurre con la función pública, la institución de la confianza pública presenta dos componentes que aseguran más intensamente la autenticidad documental y al mismo tiempo justifican el mayor valor jurídico de los documentos investidos de este atributo.
Respecto al primero, recordamos que la institución de la religión pública tiene en cuenta la presencia de un procedimiento típico, cuya finalidad es regular los actos de documentación. 100 Núñez Lagos, Rafael (1986 e) “Esquemas Conceptuales del Instrumento Público”. documentación; en segundo lugar, porque generalmente existe confusión entre el autor del documento y el autor de la declaración. Un ejemplo es un documento electrónico firmado con firma electrónica avanzada. d) El núcleo conceptual de la fe pública está formado por normas jurídicas que regulan los procedimientos para la preparación de documentos y aseguran la credibilidad de los documentos públicos.
Así, los documentos públicos amparados por el fideicomiso público siempre tienen la capacidad de acreditar su propia autenticidad, es decir, su legitimidad como contenedores de información probatoria. e) La base de la confianza pública es la seguridad del tráfico jurídico, que en materia de prueba se diseña a través de normas de evaluación jurídica. En consecuencia, existe una íntima relación entre los documentos públicos dotados de confianza pública, la seguridad del tráfico jurídico y la valoración jurídica de la prueba. De esta manera, los documentos públicos son evidencias que no están sujetas al sistema de evaluación según las reglas de la sana crítica. F.
En la prueba a través de documentos públicos, la creencia pública no puede confundirse con el cargo público, especialmente cuando se trata del valor de la prueba. Romero Seguel, Alejandro (2011) “Algunos privilegios procesales de la administración del Estado en procesos civiles (dos mecanismos para su mitigación o supresión)”.
