Tema fundamental de la administración virreinal fue el cobro de tributos, causa principal del descontento social en las poblaciones colonizadas. Las tasas para el impuesto habían sido establecidas por órdenes del virrey Francisco de Toledo en la década de 1570, permaneciendo sin variación por cerca de dos siglos, sin tomar en cuenta los cambios demográficos y las fluctuaciones económicas que se sucedieron durante todo este tiempo. La administración toledana había transformado la antigua organización de la mita incaica, una forma de trabajo organizado que mantenía una relación recíproca entre el Estado y la población. En el sistema de trabajo obligatorio colonial, la población debía ofrecer su fuerza de trabajo en labores especialmente difíciles, a cambio de un salario que muchas veces
no era pagado. Valiéndose de esta versión particularmente distorsionada de la mita prehispánica, las reformas toledanas sirvieron para la explota- ción de la minería, la principal fuente de riquezas de la Colonia. Es en este contexto que empezaron a trabajarse las minas de Potosí (Bolivia), Santa Bárbara (Huancavelica) y Caylloma (Arequipa), donde la fuerza de trabajo indígena vivía en condiciones infrahumanas, con un alto costo en vidas. La causa principal de la mortandad era un tipo de asma llamado choqo, producido por el polvo emanado de las minas que teñía las ropas de rojo, penetraba en las vías respiratorias e intoxicaba a las personas.
Las poblaciones de la provincia de Tinta (los pueblos Kana y Kanchi), estuvieron entre los más afectados por esta política. En el período de gran productividad minera, a mediados del siglo XVII, eran enviados de esta región, de acuerdo con el número de tributarios existente, un total de 489 mitayos a la mita de Potosí y 163 a la mita común, en obras diversas. De este contingente, un total de 59 mitayos —45 a las minas y 14 a otros des- tinos— provenía de la reducción de Checa, que incluía, no lo olvidemos, al anexo de Quehue (Guerra Carreño 1982: 99-100). Siguiendo a Kubler, el resultado de esta política fue desastroso en términos demográficos: de los 34,713 habitantes registrados en el corregimiento de Canas y Canchis en 1628 se descendió a 12,785 en 1754, en tiempos en que la productividad de las minas empezaba a decaer.16
En el primer siglo y medio del sistema colonial, las poblaciones indí- genas mantuvieron los elementos básicos de sus economías étnicas, lo
16 Pero existía además otra causa para esta baja demográfica: eludir el posible trabajo en forma de tributo en las mitas. Para ello, la opción más socorrida fue la migración temporal de la población tributaria a otras regiones, en calidad de forasteros o personas sin tierra al interior de las unidades indígenas, no siendo sujetos de tributación. Además, el circuito comercial potenciado por la minería del Potosí implicaba una fuerte demanda de animales de carga y transporte en las alturas, una necesidad que favoreció la estrategia del usufructo de tierras comu- nales de los indígenas que habían migrado en calidad de forasteros, pagando una renta a los caciques locales y a los jefes de sus propias comunidades. Tal realidad no aparecía, por supuesto, en los informes de funcionarios coloniales, que solo entendían del registro de tributario y el cobro de impuestos.
Asimismo, la legislación colonial eximía de la mita a las autoridades principa- les, a miembros de la iglesia y los oficios como zapatero, herrero y tintorero. En algunos centros poblados menores, esta política redujo la población tributaria a unas 25 personas. Incluso se registraron localidades sin tributarios y autorida- des ausentes. Era lógico que la administración colonial buscara impedir a toda costa la migración y creara una serie de presiones institucionales para mantener la mano de obra en sus lugares de origen. Este sistema duró hasta la década de 1720, cuando el cobro de tributos a la población nativa fue reorganizado.
que implicaba la continuidad de las jefaturas y gobiernos locales hereda- dos de los tiempos prehispánicos. Esta particularidad también se debió a su adaptación a las circunstancias impuestas, al tiempo que resistie- ron en la medida de lo posible a tales condiciones. Esta estrategia dio como resultado la transformación de la sociedad y economía indígenas, que terminaron incorporándose plenamente en las redes de mercado de bienes y fuerza de trabajo, y les permitió una serie de negociaciones con los grupos económicos y de poder.
Estas estrategias de resistencia produjeron un cambio fundamental en lo que habían sido sociedades étnicamente determinadas que aún se habían mantenido durante el primer siglo de presencia hispana, ten- diendo después de ello a disolverse en un común genérico de indios, ya se trate de indios de haciendas, de arrieros, de trajinantes o de mineros (Glave 2005: 56). Este cambio de situación se detecta ya en el período que va de 1680 a 1730. Los criterios para el tributo dejaron la modalidad de la tasa —el monto global que una comunidad debía tributar según el número registrado de sus pobladores, los recursos del área y sus habilidades— sustituyéndola por padrones de tributarios registrados por cada centro poblado y clasificados según el acceso de los indios a la tierra, lo que implicaba una información pormenorizada que no permitía ya la existen- cia de personas al margen del sistema de tributos. La recaudación había dejado de lado las formas no monetarias, según el nivel de acceso a los recursos comunales (Glave 2005: 60). En tal circunstancia, las jefaturas étnicas tendieron a perder influencia y desapareció cualquier enmienda o prerrogativa especial que los pueblos indígenas pudieran haber adqui- rido con la Corona o con el gobierno virreinal en tiempos precedentes. La resistencia contra el sistema se hizo de manera menos colectiva y más individual, acrecentando la indefensión de la población indígena.
Con el reparto de mercancías, una de las innovaciones de las reformas borbónicas, establecida en la década de 1770 y destinada a incrementar la recaudación fiscal de la Corona (Lazo et al 2000), los indígenas se vieron inmersos en deudas, obligados a pagar sumas elevadas por productos de origen español, impuestos por la Colonia, cuyo reparto era encargado al corregidor con precios arbitrariamente elevados. Estas nuevas transac- ciones comerciales también incluían impuestos, afectando con ello a los comerciantes indígenas. El lento crecimiento demográfico bajo el sistema de propiedad colonial empezó a crear una población flotante sin tierras y
sin trabajo. Las fluctuaciones de la producción ante un mercado restrin- gido y el nuevo régimen tributario produjeron una hambruna en la región del sur andina hacia 1780, año en que estalló la más importante de las rebeliones nativas contra el orden colonial.