Acciones y perspectivas en torno a la educación para la paz en el caso de Colombia

firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, el tema educativo fue mencionado y en algunos puntos, como en el tema de la reforma rural, tuvo bastante relevancia.

A continuación se analiza en qué estado se encuentran las recomendaciones y propuestas educativas planteadas en el acuerdo en materia educativa.

92 Entre las acciones concretas propuestas en el Acuerdo sobresale la presentación del Plan Especial de Educación Rural en junio de 2017 por parte del Ministerio de Educación Nacional Colombiano, mostrando sus objetivos, justificación, así como las principales estrategias a realizar.

Siguiendo el documento del Ministerio de Educación (2017), el Plan Especial de Educación Rural se basa en el fortalecimiento de la educación preescolar, básica y media, focalizando los esfuerzos en las comunidades rurales. Al final del documento se enuncian algunas generalidades sobre la importancia de la educación superior rural.

Para el Ministerio de Educación Nacional (2017) es importante ―resignificar la escuela como centro de articulación de proyectos productivos y lugar de encuentro y reconciliación de la comunidad‖ (p.73); de igual forma, el Estado debe reconocer la necesidad de ampliar y mejorar la cobertura en las zonas rurales, así como atender efectivamente las situaciones particulares que deben enfrentar tanto los niños y niñas como los docentes y padres de familia pertenecientes a las comunidades rurales.

Al hablar del alcance del plan, el documento señala:

El PEER se implementará durante los próximos diez años, coincidiendo así con la implementación del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Adicionalmente, el plan estará dirigido a todas las zonas rurales, priorizando algunas acciones en los 170 municipios focalizados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (MEN, 2017, p.70)

Pasando a las estrategias recomendadas, el Plan se concentra en la educación preescolar, básica y media a partir de la estrategia institucional Colegio 10 por medio de la cual se plantean los elementos ―ideales‖ con los que debería contar una institución educativa pensada para formar ciudadanos encaminados a la construcción de paz.

Como señala el Ministerio, los Colegios 10 rurales serán instituciones donde los estudiantes aprenderán sobre temas como la cátedra de paz, convivencia escolar, convivencia en la comunidad, paz y acuerdos de La Habana, así como memoria histórica. Así mismo, los colegios se concentrarán en la promoción de la formación comunitaria. Con el plan el Ministerio le está ―dando a la escuela el papel central en la construcción de paz, reconciliación y convivencia,

93 desde los Colegios 10 Rurales generaremos espacios de formación comunitaria, donde se incluyan todos los actores de la sociedad‖ (MEN, 2017, p.75).

Es importante resaltar que el plan es bastante específico en las acciones que se pueden concretar para lograr que los colegios rurales se planteen como Colegios 10; se esfuerza en proponer cómo se deben crear los ambientes de aprendizaje de las instituciones, caracterizando 6 ambientes de aprendizaje entre los cuales se encuentran espacios para el autoaprendizaje, como la biblioteca, la cual debe estar abierta a la comunidad y espacios para procesos de recreación y desarrollo físico, como la cancha deportiva.

Sobre el asunto sobresale el programa denominado Manos a la obra por medio del cual se planteó desarrollar reformas locativas en las escuelas rurales del país, priorizando los 170 municipios numerados en el Decreto 893 de 2016, municipios donde el conflicto armado fue más intenso. Desde el año 2017 el gobierno nacional ha abierto convocatorias para realizar dichas reformas; en la convocatoria del año 2017, Manos a la obra II fueron seleccionadas 140 sedes para recibir financiamiento y así poder desarrollar los planes de mejoramiento estructural necesarios para equiparlas con los espacios pedagógicos planteados en el Plan Especial de Educación Rural. Entre los departamentos con mayor número de instituciones escogidas se encuentra Antioquia, Bolívar, Caquetá y Cauca.

Pasando al ámbito académico, el Plan propone desarrollar una ―Caja de herramientas con énfasis rural‖ con el objetivo de:

Brindar a los docentes y directivos docentes posibles rutas para la actualización y el fortalecimiento curricular desde la realidad de escenarios rurales. Es importante recordar que los referentes de calidad que estipulan los aprendizajes que los estudiantes deben desarrollar año a año, articulan las competencias básicas, ciudadanas y de derechos humanos. (MEN, 2017, p. 86)

De igual manera, plantea ―la creación e implementación de un programa de formación y acompañamiento para docentes y directivos docentes que trabajan en zonas rurales‖ (p. 86). Indudablemente el enfoque de fortalecimiento de infraestructura es bastante fuerte en el PEER; a este campo se le dedica una parte importante del documento presentado por el Ministerio.

Sobre el tema docente el Plan, teniendo en cuenta la Ley 1297 de 2009 por la cual se regula los requisitos para ingresar al servicio educativo estatal (ser docente) en zonas de difícil acceso,

94 estipula la creación de incentivos3 para generar la movilidad de los docentes calificados a los municipios mayormente impactados por el conflicto armado. El Plan propone además un concurso docente especial, con énfasis en las plazas de difícil acceso por razones de conflicto armado.

Temas como la capacitación docente y en especial el apoyo a los docentes normalistas para que continúen con sus estudios se tratan también en el Plan. Entre las estrategias para fomentar la asignación de plazas en zonas rurales es interesante el programa de pasantías en instituciones rurales para los estudiantes de los últimos años de licenciaturas. Al respecto el ministerio señala:

Este programa se acompañará por un sistema de incentivos que podría incluir, entre otras cosas, una prevalencia o puntuación adicional dentro de los concursos docentes para aquellos licenciados que hayan realizado su semestre rural o el reconocimiento de los gastos asociados al sostenimiento del practicante. (autor, año, p.95)

Otro tema relevante en el Plan es el referente al ambiente escolar y bienestar. El Ministerio reconoce como, muchos de los programas que existen en este ámbito, tales como las ayudas de transporte escolar y la alimentación escolar, no están diseñados para ambientes rurales y por lo tanto reconoce la necesidad de diagnosticar las necesidades reales de estos ambientes.

En cuanto a la alimentación escolar es importante el énfasis que se hace en la necesidad de incentivar el consumo local; ―se busca incentivar la compra de los alimentos que son producidos localmente, por organizaciones pequeñas y/o que son lideradas por campesinos en la región, con el fin de promover el desarrollo rural y de alimentos autóctonos‖ (MEN, 2017, p.97).

Otro tema mencionado ya al final del documento del Ministerio es el de la educación para adultos. Sobre el Programa Nacional de Alfabetización el Plan especial de Educación rural señala:

El Programa Nacional de Alfabetización (PNA) más allá de enseñar a leer y escribir, tiene como fin último empoderar a la población, históricamente vulnerada, para que exija sus derechos y mejore su calidad de vida y la de su entorno. En este sentido, el gran reto es garantizar que los beneficiarios adquieran además de habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo matemático, aumentar su participación en la construcción social y económica de sus comunidades, abriendo las puertas al mejoramiento de su calidad de vida a través de la continuidad del proceso educativo, el acceso a

3 _{Entre los incentivos se encuentra, entre varios, la cofinanciación de vivienda para los docentes y así incentivar el} arraigo de los profesores seleccionados. Esto teniendo en cuenta que uno de los problemas que presenta el servicio público docente rural es la gran taza de movilidad de los profesores.

95 mejores empleos y condiciones laborales, el reconocimiento de su entorno y el acceso a información crucial para tomar decisiones asertivas. (MEN, 2017, p.100).

La propuesta del Ministerio termina con algunas apreciaciones generales sobre educación superior. Al respecto, la propuesta ―enfocar esfuerzos hacia la calidad y pertinencia de la oferta educativa por región, mediante una oferta educativa adaptable a la heterogeneidad del sector rural‖ (MEN, 2017, p.103). Para cumplir con este objetivo, el Plan basa el esquema de fortalecimiento de la educación superior en tres ideas principales

El acceso de la población a educación superior por medio de mecanismos de crédito y permanencia; la puesta en marcha de modelos educativos adaptables, a partir de la oferta presencial, virtual y a distancia; las alianzas para el desarrollo rural, del territorio y la consolidación de la paz. (p.103) Como retos concretos en el campo de la educación superior se propone pasar del 22% de transición inmediata de educación media a educación superior al 40%, así mismo crear 105.000 cupos nuevos de educación superior para las zonas rurales.

El documento del Ministerio finaliza con la propuesta de algunas acciones que deben ser promovidas y acompañadas no solo por el gobierno sino por todos los sectores del país con el apoyo de cooperación internacional.

Llevar a cabo procesos de investigación e innovación aplicada al sector rural, incentivar la promoción de centros, cátedras, foros sobre temas de DDHH, fortalecer la infraestructura tecnológica y la actualización en el uso de herramientas tecnológicas así como la vinculación laboral mediante la promoción del emprendimiento, son las últimas propuestas contenidas en el texto borrador del Plan Especial de Educación rural, presentado en el 2017.

Pasando al punto de participación política es importante reconocer cómo, durante la negociación de La Habana, así como después de la firma del acuerdo, se han adelantado acciones didácticas y pedagógicas en torno al contenido del Acuerdo final. Tanto el gobierno nacional, en cabeza del Alto Comisionado para la Paz, como distintos actores de la sociedad civil desarrollaron materiales para comunicar a la población cuales eran los puntos del acuerdo. Ahora bien, los comités y consejos designados para trabajar los temas de participación, como el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, parece estarse quedando en lo burocrático y a la fecha no se conocen los planes que vienen adelantando para cumplir con los requerimientos del acuerdo.

96 Es interesante reconocer cómo en varias oportunidades, como en el caso del Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, el gobierno reactivó comités o consejos que ya existían con anterioridad. En este caso específico con el Decreto ley 885 de 2017 el Consejo Nacional de Paz, creado en 1998, asume el rol del Consejo Nacional para la Reconciliación; para su ejecución adiciona entre sus funciones las que se nombran en el Acuerdo de paz, suma a sus miembros un representante del partido político FARC a la vez que amplía el número de representantes de la sociedad civil.

La inseguridad por la que atraviesan en este momento todos los líderes comunitarios, al ser amenazados y atacados por los que parecen ser nuevas (o reestructuradas) fuerzas de autodefensas influye sin lugar a duda en el paso lento de las acciones de los consejos.

Pasando al punto 3, conocido como ―fin del conflicto‖ se puede decir que el gobierno nacional, a través del SENA y en convenio con el Consejo Noruego para Refugiados ha desarrollado programas para realizar ejercicios de escolarización media y tecnológica con excombatientes de las FARC. En el primer caso, la iniciativa tuvo problemas para lograr una cobertura que significara un alcance importante. En el año 2017, el SENA había iniciado clases en dos zonas y esperaba contar con autorización de las FARC para emprender procesos en las demás zonas de concentración.

Por su parte, el proyecto liderado por el Ministerio de Educación, la Universidad Abierta y a Distancia y el Concejo Noruego para Refugiados conocido como Arando la Educación se pensó en el año 2017 como una estrategia para alfabetizar en primaria y secundaria a la población excombatiente presente en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Siguiendo la misión de verificación de la ONU, el programa, a mayo de 2018, había alcanzado ―una cobertura aproximada de 3.500 ex combatientes y 3.200 personas que viven en comunidades vecinas de los ETCR‖ (Moreno, 2018, p.X)

Pasando al punto cinco, dedicado a las víctimas, la acción más importante en cuanto al ámbito educativo es el plan de créditos condonados que el Icetex ofrece a las víctimas del conflicto que quieran empezar o necesiten apoyo para terminar sus estudios.

Como se muestra, no son pocos los programas que se han pensado para cumplir con los compromisos del acuerdo, referentes al tema educativo. Ahora bien, en su mayoría los programas

97 se encuentran en etapas de planificación y en muy pocos casos es posible ver resultados concretos de implementación.

Es importante destacar los procesos pedagógicos que se han gestado desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Anteriormente se mencionaron los procesos que se llevaron a cabo durante la etapa de negociación por medio de los cuales se pretendió informar a la comunidad sobre los puntos negociados. En la actualidad es de resaltar el documento titulado ¿Qué es educar y formar para la paz y cómo hacerlo?, por medio del cual se muestran diferentes enfoques pedagógicos para llevar a cabo procesos de educación para la paz así como algunas de las metodologías que pueden utilizar los docentes y demás líderes comunales que quieran adelantar este tipo de procesos.

Teniendo en cuenta el estado de los avances expuestos en el presente apartado es posible afirmar: primero, en materia del Plan Especial de Educación Rural hay avances en cuanto a procesos de mejoramiento de infraestructura; segundo, el gobierno se ha esforzado por brindar programas de capacitación para los reinsertados; tercero, la literatura para informar sobre los acuerdos de paz es bastante amplia; cuarto, las comunidades han avanzado en la construcción de paz a partir de propuestas focalizadas.

Si bien es pronto para un diagnóstico, teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde la firma del Acuerdo, pareciera que las acciones del gobierno colombiano en temas educativos se estuvieran concentrando en agilizar el tránsito de los excombatientes a la vida civil, por medio de los programas de alfabetización y capacitación; en crear documentos y espacios para hablar de los acuerdos, y en menor medida, proponer ejercicios de pedagogía para la paz, como es el caso del documento del Alto Comisionado.

Hasta el momento no hay propuestas de cambios curriculares, más allá de la implementación de la cátedra de la paz, que, como se ha mencionado, tiene unas directrices bastante ambiguas. Son varias las iniciativas que se vienen adelantando desde la firma del Acuerdo, algunas incluso desde mucho antes, pero estas iniciativas no se han concentrado en una propuesta unificada y, teniendo en cuenta lo investigado, la participación de los docentes no ha sido sustancial en las propuestas.

98 Concentrándonos en el momento actual y en las propuestas electorales del presidente Iván Duque, es importante señalar cómo el tema educativo fue uno de los más nombrados en la contienda electoral; uno de los candidatos, Sergio Fajardo, concibió la educación como bandera de su campaña y una de sus propuestas fue lograr un pacto nacional por la educación. Ahora bien, en los temas del presidente Duque lo educativo no es esencial. Entre sus propuestas sobresale el tema de fortalecimiento a la educación preescolar, la formación y titulación técnica en los tres últimos años de educación media, el fomento del ahorro y la condonación de créditos educativos para los estudiantes que terminen su formación profesional con resultados sobresalientes, la creación de universidades agrícolas así como el fomento de programas de educación virtual (Duque, 2018). Entre las propuestas del presidente Duque no se encuentra un enfoque de pedagogía para la paz.

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Conclusiones: aprendizajes y apreciaciones para el caso colombiano

en el marco del análisis comparativo con tres escenarios

internacionales de posconflicto

Como se mostró a lo largo de la presente investigación, las discusiones en torno al papel de la educación en etapas de postconflicto son amplias, tanto nacional como internacionalmente. Los temas de la educación para la paz han sido frecuentes desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial cuando los horrores de la guerra se mostraron en toda su magnitud y deshumanización. La educación en etapas de posconflicto también ha sido estudiada y en variados contextos se pueden identificar políticas educativas que propendieron por crear las condiciones favorables para la germinación de la paz después de etapas dictatoriales, de guerras resueltas por acuerdo o por rendición militar, o conflictos violentos de larga data.

Entre los principales modelos pedagógicos para la paz se encontraron: la educación para la paz como mediación y solución de conflictos; educación para la paz como paz personal; educación para la paz como no-violencia, educación para la paz como equidad y la educación para la ciudadanía. Así mismo, en el campo de las investigaciones y propuestas en etapas de posconflicto, los temas más trabajados en las aulas han sido los de: memoria, inclusión, y competencias ciudadanas.

Sin duda el ejercicio desarrollado presenta varios aportes para el caso colombiano. Un país que, en este mismo momento, año 2018, se encuentra en una etapa de posconflicto. Como se mostró en el presente apartado, después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia, a cargo de Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC, en el país se han adelantado procesos para cumplir con lo pactado en los acuerdos.

Teniendo en cuenta el caso de Irlanda del Norte, es factible decir que un camino adecuado para catapultar el tema educativo y pensar en acciones concretas es a partir de la inclusión de los docentes y otros actores sociales relacionados con el tema educativo en la discusión. Los gobernantes y servidores públicos no pueden seguir trabajando alejados de las comunidades, más

100 en un país como Colombia, donde la multiculturalidad es amplia al igual que los contextos socioculturales.

Ahora bien, el reto está en lograr conversar de los temas que llevaron al país al conflicto violento y así proponer acciones pedagógicas que tengan por fin resolver desde las aulas el germen de la violencia. Como se ha visto en el caso norirlandés, la apuesta es de largo aliento y requiere del diálogo entre todos los actores sociales involucrados en etapas de conflicto, lo cual, para el caso de Colombia es un proceso casi imposible, teniendo en cuenta la diversidad de actores involucrados y que muchos de ellos no están de acuerdo con lo pactado.

En cuanto a las estrategias utilizadas en Irlanda del Norte para el caso colombiano llevar a cabo procesos de integración extracurricular puede ser una opción plausible. Si bien en nuestro caso no existe una diferencia religiosa marcada entre grupos poblacionales, o al menos este hecho no ha sido en ningún caso el foco de la violencia, si existen grandes brechas sociales que en cierta medida las aulas tradicionales ayudan a reforzar. Realizar encuentros entre estudiantes de diferentes ideas políticas o clases sociales puede ser el comienzo para acercar a los niños y jóvenes a realidades y visiones de mundo que hacen parte de la multiplicidad del país.

Quizá el caso más disiente para el contexto que está atravesando Colombia es el de Perú. Los líderes de los procesos educativos en Colombia deben estar atentos a la politización que pueden sufrir todos los compromisos del acuerdo de paz y en particular aquellos referentes a la educación. Es importante que las acciones planeadas y realizadas no queden en medio de campañas de polarización política pues de ser así, en vez de avanzar hacia temas de paz lo educativo puede convertirse en un botín de intereses. En este aspecto, el tema de la memoria sin