Los actores de la DO

El DTR implica necesariamente a una variedad de actores de una localidad: económicos, institucionales, individuales, etc. Como es evidente, cada uno tiene un interés particular y un ámbito de actuación específico. Un proceso de DTR eficiente debe ser capaz de involucrar a todos estos actores, conjugando sus intereses individuales con los colectivos, o con un proyecto común de promoción del desarrollo. En las palabras de Moyano (2009):

Cuando se analizan las dinámicas de desarrollo en las áreas rurales, lo primero que salta a la vista es la diversidad de actores e instituciones implicadas. Superpuesta a los actores individuales que toman iniciativas para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado laboral o para emprender negocios de tipo empresarial o profesional, hay una miríada de instituciones públicas y privadas (ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, organismos periféricos de la administración regional, entidades financieras, entidades religiosas,…) y de actores colectivos (partidos políticos, organizaciones empresariales, asociaciones profesionales, sindicatos, cooperativas, comunidades de regantes, grupos y redes de desarrollo rural, asociaciones de mujeres o de jóvenes, asociaciones culturales/recreativas,…) cuyo objetivo es implicarse de algún modo en las estrategias de desarrollo, bien acompañando las diversas iniciativas individuales, bien apoyando con ayudas e incentivos económicos a los emprendedores, bien prestando servicios de diversa índole, bien participando en la formación de líderes o bien actuando como auténticos protagonistas en aquellas áreas donde las iniciativas individuales son inexistente o carecen del empuje necesario para ser el motor del desarrollo. De la buena articulación entre actores colectivos, instituciones e individuos emprendedores ─es decir, del sistema de “gobernanza”─ depende el éxito de los procesos de desarrollo de las áreas rurales (p.115).

Cuanto mayor sea la diversidad de los actores del territorio involucrados en el proceso, más grande serán las posibilidades de promover un desarrollo integrado, pero también más complicadas las negociaciones entre los diferentes intereses. La inclusión de una gran variedad de actores en los procesos de DTR puede ser el reflejo de la presencia de capital social, entendido como la confianza, la credibilidad que posibilita el trabajo conjunto, y que es generada entre individuos, y también por las instituciones (Moyano, 2009; Caravaca y González, 2009).

En el funcionamiento básico de una DO son movilizados un grupo de actores específicos que se relacionan con el proceso de producción, elaboración, calificación y comercialización de los productos:

empresas, proveedores, organismos de certificación, instituciones de reconocimiento de la figura, laboratorios, Consejo Regulador, etc. En la medida en que las estrategias de promoción se hacen más complejas (promoviendo los demás atributos del territorio junto al producto DO calificado), nuevos actores y sectores de la sociedad son involucrados (comercio, turismo, hostelería, asociaciones, organizaciones culturales, instituciones locales, organizaciones privadas, etc.). En este caso, el papel de las instituciones es crucial, porque deben ejercer la función de coordinación de los diferentes actores, permitiendo un equilibrio entre los intereses individuales y colectivos en favor del interés común del desarrollo.

En relación con los actores institucionales, éstos son considerados fundamentales en cualquier proceso de DTR por la mayoría de los autores. En la literatura científica, el papel del tejido institucional es normalmente vinculado a la creación de un entorno favorable a la actividad económica y a la dinamización de un territorio, a la generación de un ambiente de estabilidad y confianza que permite el desarrollo de proyectos comunes y al fortalecimiento de la capacidad de empoderamiento de los actores locales (Pérez, Aguilar, Lozano y López, 2011; Michelini, Tébar y Abad, 2012; Méndez, 2003; Camagni, 2003).

De una breve revisión bibliográfica, se pueden enumerar algunas de las teorías del desarrollo local que atribuyen importancia a la capacidad de actuación de las instituciones. Los trabajos que tratan de los sistemas productivos locales como una estrategia de organización espacial capaz de promover el desarrollo, sitúan las instituciones en un papel clave en la generación de un entorno productivo favorable, creador de externalidades positivas y capaz de apoyar y fortalecer las redes de actores locales (Courlet, 1994; Alonso et al., 2003; Méndez y Caravaca, 1996; Caravaca et al., 2003). Del mismo modo, se otorga un fuerte protagonismo al contexto institucional en los estudios sobre el surgimiento de los medios innovadores, estos últimos entendidos como entorno productivo dinámico y capaz de difundir la innovación (Méndez, 2003; Camagni, 2003). Otras publicaciones, como Amin (1998), Amin y Thrift (1993) y Rodríguez (1999) relacionan lo que llaman densidad institucional con la situación de crecimiento y desarrollo de algunos territorios. Y finalmente, Michelini et al. (2012) resumen las funciones ejercidas por las instituciones que las ubican en una posición clave en los procesos de desarrollo territorial en la medida que: son capaces de favorecer la creación de un entorno productivo dinámico; pueden reducir las incertidumbres originarias de las elecciones individuales y del contexto estructural, actuando como mediador entre los intereses individuales y colectivos; aseguran cierta distribución de los recursos establecida por las dinámicas locales, y legitiman el orden económico, ético, jurídico y político que regula la sociedad.

En una DO, el tejido institucional existente es el responsable en crear y garantizar un marco jurídico adecuado y eficaz al buen funcionamiento de las DO. Asimismo, estas instituciones también pueden actuar como mediadores entre los diferentes actores, equilibrando los intereses, sirviendo de referencia en la elección de los objetivos compartidos, promoviendo la cooperación, difundiendo las innovaciones, asegurando un ambiente propicio a la formación de redes sólidas y de actuaciones colectivas, es decir, generando un entorno favorable en torno a estas figuras, propicio al DTR.

Vandecandelaere et al. (2010) ilustra en la Tabla 2 las principales funciones que pueden ejercer los actores públicos e institucionales en el apoyo y fomento a una figura de calidad vinculada al origen, y que pueden contribuir al desarrollo de su territorio.

Tabla 2 - Posibles funciones de los actores públicos a lo largo del círculo de calidad

IDENTIFICACIÓN Dar información y sensibilizar a los interesados acerca de la naturaleza de los productos IG y de las posibilidades que brindan para el desarrollo rural; prestar apoyo para la determinación de dicho potencial; proporcionar instrumentos jurídicos y un marco institucional para proteger la reputación de tales productos.

CALIFICACIÓN Colaborar en la realización de los estudios necesarios, el establecimiento de un proceso participativo y de un enfoque sostenible al elaborar las normas y el pliego de condiciones; ofrecer información sobre el procedimiento nacional para el reconocimiento o protección oficial de las IG.

REMUNERACIÓN Exigir el cumplimiento de la protección jurídica, a nivel nacional e internacional; dar información a los consumidores sobre la naturaleza de las IG, apoyo a la comunicación. REPRODUCCIÓN Prestar apoyo para la evaluación de los efectos con objeto de asegurar la evolución

sostenible de las reglas y el pliego de condiciones de las IG.

Fuente: Extraído y adaptado de Vandecandelaere et al. (2010)