Al finalizar los años de la década de 1960, en el país se instaura y se apropia el concepto y
la doctrina de la “seguridad nacional”. Su principal característica consistió en el enfrentamiento permanente entre un occidente cristiano y un oriente comunista, el cual tenía su expresión en los países latinoamericanos a través de las insurrecciones revolucionarias en el interior de cada país.33 Gustavo Gallón también anota que Colombia fue el país donde, si bien funcionó la doctrina de seguridad nacional, poco se desarrolló, pues el ejército colombiano no aportó nada a la doctrina impuesta, casos que si ocurrieron en Chile, Brasil y Argentina.34
La aniquilación del enemigo interior, encarnado en todo lo que oliera a “comunismo”,
empezando por supuesto con los grupos armados ilegales revolucionarios y continuando con partidos políticos legales de izquierda como el Partido Comunista y movimientos sociales de reivindicación, no necesariamente revolucionarios, como el sindicalismo. Una de las herramientas para quitarle peso a la subversión fueron las acciones cívico-militares, las cuales tenían como objetivo llevar a la población rural (principalmente donde la presencia estatal no era relevante y por ende se hacían blancos fáciles para los grupos guerrilleros en términos de hacerlos de su lado para su ideal y lucha revolucionaria) campanas de alfabetización, construcción de carreteras y suministrar servicios públicos
32 Gustavo Gallón Giraldo, La república de las armas (Bogotá: CINEP, 1978), 48. 33 Gustavo Gallón Giraldo, La república de las armas (Bogotá: CINEP, 1978), 49. 34 Gustavo Gallón Giraldo, La república de las armas (Bogotá: CINEP, 1978), 61.
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elementales. Todo esto impulsado por el general Alberto Ruiz Novoa, estandarte de las Fuerzas Armadas de la época y el cual argumentaba que: “el guerrillero es como un pez en
el agua; hay que quitarle el agua. Esta es la tarea de la acción cívico-militar (…)”. De esta manera el ejército colombiano garantizaba que la población quedara de su lado y le quitara el apoyo a los grupos guerrilleros para llevarlos a un importante debilitamiento.
Si las Fuerzas Armadas lograron durante los años de 1960 abrir su espacio en las instituciones estatales, en la década siguiente, 1970, consiguieron mantener e incrementar su influencia. Como parte para demostrar su autonomía y dominación; durante los setenta se impuso el control militar de la población civil y la aplicación de la justicia penal militar.
Se llevó a cabo un modelo de “represión preventiva” el cual se ejecutó con la militarización de las zonas campesinas y el sofocamiento de las movilizaciones agrarias en demandas de reivindicaciones como la adjudicación de tierras.35
Otra de las expresiones que demostraron que las Fuerzas Armadas habían acrecentado su poder durante los años setenta fue la aplicación de la justicia penal militar. Esta estuvo vigente durante toda la década, pues era una de las principales características del estado de sitio, el cual dejó de aplicarse durante 23 meses en todos estos años. El estado de sitio fue levantado en enero y parte de febrero de 1970, de enero de 1974 a junio de 1975 y de finales de junio de 1976 hasta inicios de octubre de 1976.36 Los actos de rebelión, asonada, alteración del orden público y participación en reuniones colectivas no autorizadas, que se entendían como contravenciones, fueron tratadas y castigadas por la justicia penal militar como delitos comunes, asemejando estas actividades al narcotráfico, secuestro, asesinato y extorción. Todo esto con el fin de acabar de raíz con toda manifestación popular que pudiera poner en peligro los intereses de las clases dominantes y de las instituciones estatales.
Es de esta manera como se dio una cooptación mesurada de las instituciones estatales por parte de las Fuerzas Armadas, su mayor presencia se dio en lo referente a la impartición de
“justicia” por parte de los jueces militares. El ejército colombiano siguió bajo el mando del
gobierno civil, respetando su autoridad; a diferencia de países como Chile, Argentina o
35 Gustavo Gallón Giraldo, La república de las armas (Bogotá: CINEP, 1978), 82. 36 Gustavo Gallón Giraldo, La república de las armas (Bogotá: CINEP, 1978), 83.
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Brasil no se dieron las condiciones para llevar a cabo un golpe de Estado que conllevara a la tomar total del poder por parte de los militares, pues los gobiernos fueron completamente complacientes con los militares respecto a sus peticiones de medidas extraordinarias para controlar el orden público del país y combatir al enemigo interno. Sin embargo, el clímax de su autonomía estuvo garantizada durante toda la administración de Julio César Turbay Ayala, el cual bajo la expedición del Decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978 abrió el marco legal para la represión y criminalización de toda protesta social a manos de los militares.
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El movimiento obrero durante la década de los setenta, motivado por las deficiencias en sus condiciones salariales y laborales se impulsó y consolidó generando importantes huelgas y protestas en importantes empresas, poniendo también contra las cuerdas a los gobiernos que no pudieron solucionar de manera política los conflictos laborales de los obreros y se vieron en la necesidad de aplicar la represión a sus reivindicaciones para apaciguar, momentáneamente, el clamor de los movimientos sindicales. Las Fuerzas Armadas del país venían teniendo una consolidación importante dentro del estado bajo su forma de entender la realidad social y política del momento en el país, la cual fue leída bajo los planteamientos de la doctrina de seguridad nacional que veía en las protestas reivindicativas de la clase obrera el enemigo desestabilizador de la paz social, al cual tocaba eliminar. Julio César Turbay recibió su mandato con una situación social convulsionada por parte de las importantes protestas obreras, y más aún con su demostración de unidad y fuerza con la realización del paro cívico de 1977. Esta realidad abrió las puertas a una política represiva legal durante el periodo de 1978 a 1982 bajo el estatuto de seguridad, como respuesta a las peticiones hechas por los militares en diciembre de 1977 al presidente López Michelsen sobre mayores medidas de control sobre las organizaciones de trabajadores, que habían puesto a temblar a los grandes industriales y al Estado.
30 2. Estatuto de Seguridad y autonomía militar en el gobierno de Julio César
Turbay Ayala
Este capítulo inicia exponiendo los cambios que se dieron en el interior de las Fuerzas Armadas con la destitución de importantes generales como Valecia Tovar, Matallana y Puyana García; abriendo paso a una nueva línea de ideología que fue calificada en su momento como “fascistoide” en cabeza del general Luis Carlos Camacho Leyva, el cual llegaría a ocupar el cargo de ministro de Defensa durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Camacho Leyva llevaría a los militares a pedir mayores medidas represivas extraordinarias para contener el auge de la protesta social, por medio de una carta que se hizo pública en diciembre de 1977 por parte de los altos mandos militares, estos requerimientos de las Fuerzas Militares serian concedidos bajo la implantación del Estatuto de Seguridad en la administración de Turbay Ayala. También se muestra un análisis del contenido del llamado Estatuto de Seguridad, ¿A quién busca reprimir?, ¿Qué penaliza? Se brindan visiones sobre la discusión de la constitucionalidad del decreto y sobre los derechos fundamentales que se expusieron con la aplicación de cada artículo del texto del decreto 1923 de 1978, y en específico que artículos atentaban directamente contra el movimiento sindical, sin dejar a un lado un la revisión de distintos sectores sociales, políticos, del clero y organizaciones internacionales sobre sus pronunciamientos contra el Estatuto de Seguridad.