El ajuste en su laberinto: la crisis mexicana y los dilemas del «Consenso de Washington»

Los años noventa deberían haber sido la época en la que se hubieran empezado a recoger en los países en desarrollo los beneficios anunciados por los defensores del ajuste y el «Con- senso de Washington«: estabilidad macroeconómica, crecimiento económico acelerado, creación de empleo y reducción sostenida de la pobreza. En muchos países se alcanzaron logros importantes, como el auge exportador, el retorno de la inversión extranjera, la disciplina fiscal y la contención de la inflación y, con ello, la eliminación de ese insidioso «impuesto inflacionario» que volatiliza los escasos activos de los más pobres. Pero en general, los resultados de una década de dolorosas medidas de ajuste y de reformas del «consenso de Washington» han sido exiguos, y en ocasiones, contrarios a lo esperado (Fernández-Arias et al. 1997: 2, 22). No se logró atajar esos desequilibrios externos que fueron causa y a la vez consecuencia de la crisis; el endeudamiento externo ha sido mucho mayor y tampoco se había alcanzado el crecimiento económico rápido y sostenido que es condición necesaria, pero no suficiente, para reducir la pobreza. Ha habido creci-miento, pero salvo excepciones, fue menor del esperado. Finalmente, se observó una modesta reducción de la tasa de po- breza, pero el número total de personas pobres no dejó de crecer.

Además, para un buen número de países en desarrollo los noventa han sido una etapa convulsa, con periodos de auge y de crisis que se suceden abruptamente, impidiendo que maduren los magros avances alcanzados en el desarrollo humano. La liberalización apresurada del sector financiero, por ejemplo, contribuyó a la aparición de graves crisis bancarias en América Latina, que han obligado a emprender costosas operaciones de

saneamiento de bancos y entidades financieras, cuyo coste ha supuesto varios puntos del PIB (Weisbrod y Rojas-Suárez 1996). La apertura comercial unilateral —en abierto contraste con el proteccionismo que siguieron practicando los países industrializa- dos—, la liberalización de los mercados financieros y de los movi- mientos de capital, y las políticas monetarias antiinflacionistas — moneda fuerte y tipos de interés elevados— contribuyeron a una espectacular afluencia de importaciones y abultados déficit comer- ciales. Estos déficit se financiaron por vías que no eran sostenibles a largo plazo, como las entradas de capital procedente de privatizaciones o la emisión de títulos atractivos para la inversión de cartera y los capitales especulativos de corto plazo. Algunos observadores críticos señalaron que esa combinación de políticas era un «cóctel explosivo», que podría conducir a una crisis de balanza de pagos de funestas consecuencias (Griffith-Jones 1993). A la postre, agravaron la vulnerabilidad de las economías nacionales frente a las volátiles dinámicas de la globalización.

México fue la primera víctima de esta «crónica de una crisis anunciada». Alabado como país «modélico» por los organis- mos de Washington, el modelo se derrumbó como un castillo de naipes debido al proceso antes descrito y a factores coyunturales relacionados con la crisis del sistema político mexicano. No es el propósito de este trabajo examinar en detalle esta crisis, pero conviene recordar algunas de sus causas para ilustrar las contradicciones del modelo adoptado. En 1988 México registraba un pequeño superávit comercial, pero en 1994 el déficit ya se elevaba al 9% del PIB, un nivel mucho peor que en cualquier momento de los setenta. Cuando las entradas de capital de las privatizaciones y la inversión de cartera ya no fueron suficientes para financiar el déficit, el Gobierno recurrió a la emisión de «tesobonos» nominados en dólares, a los que rápidamente se desplazaron los capitales especulativos, atraídos por su mayor liquidez. A finales de 1994 era evidente que el Gobierno estaba jugando su última carta para evitar la devaluación, al recurrir a las reservas de divisas para sostener el tipo de cambio, y los capitales comenzaron a salir a toda prisa. La torpeza de las primeras medi- das gubernamentales contribuyó a desatar el pánico y los inverso-

res huyeron en tropel. Al terminar el año el Gobierno se encontró sin reservas y con la necesidad de hacer frente a corto plazo a unos 28.000 millones de «tesobonos». Por segunda vez en 12 años, y a pesar de una década de politicas de ajuste, el gobierno volvía estar en bancarrota y los mexicanos se encontraban frente a una aguda crisis económica y social, con dos millones de desempleados en 1995, una inflación del 50% y tipos de interés del 80%, que dejaron entrampados a consumidores y empresas que se habían endeudado confiando en la estabilidad monetaria.

Estados Unidos, socio de México en el NAFTA, se vio obligado a acudir en su rescate con un «paquete financiero» de 51.000 millones de dólares, al que tanto el FMI como el Banco Mundial aportaron cifras récord. El paquete de rescate se condi- cionó a un nuevo ciclo de politicas de ajuste —incluyendo una nueva oleada de privatizaciones en sectores hasta entonces vedados al capital extranjero, como la petroquí-mica básica—, considerando que la causa de la crisis se encontraba, más que en el modelo aplicado, en que éste no se había «profundizado» lo suficiente. En el ínterin, los recursos se condicionaron a la redención de los tesobonos en dólares y no en pesos —en un

claro ejemplo de «riesgo moral» (moral hazard)—, garantizando

así los activos de los inversores que adquirieron estos títulos, en su mayoría estadounidenses. En contrapartida, esto aumentó la deuda externa de México —con su correlato de deuda interna, crisis bancaria y otros hechos—, ya que el «rescate» de los

inversores terminó siendo asumido por la población mexicana.44

En México, como en otros países de la región, la crisis de la deuda y el tránsito al nuevo modelo económico tuvieron costes muy elevados en términos de pobreza y cohesión social. El declive de los niveles de vida es muy visible si se considera la evolución de los salarios mínimos reales urbanos. En 1990 repre-sentaban sólo el 42% de su valor de 1980. En 1994 descendieron al 38%, y en 1997 al 30% (OIT 1998). Entre 1984 y 1990, según CEPAL, la tasa de pobreza de México pasó del 34% al 39%. La recuperación económica posterior permitió que la incidencia de la pobreza

44 _{La bibliografía sobre la crisis mexicana es muy amplia. Ver, entre otros, el} análisis de Lustig 1995 y Pieper y Taylor 1998: 47-51.

descendiera del 39% al 36% entre 1990 y 1994, aunque el número total de pobres no dejó de aumentar. Esa exigua ganancia se desvaneció con la crisis del peso: en 1996 la pobreza afectaba al 43% de los mexicanos. Esta tasa era superior a la alcanzada en el peor momento de la crisis de los ochenta, y similar a la existente a mediados de los sesenta. En 1998 la tasa de pobreza descendió al 38%; esto es, al nivel de 1990 (Comisión Económica para América Latina 2000: 41). En términos de pobreza, no es exagerado afirmar que el decenio de los noventa ha sido una «década perdida» para este país, y como se verá después, esta situación no se limita a México.

La devaluación mejoró la competitividad del sector externo a costa de una fuerte caída de los salarios reales y de deprimir el mercado interno. En este hecho se ha basado el espectacular auge exportador y la recuperación económica que México vivió a partir de 1996. De esta forma se ha profundizado el proceso, iniciado en los ochenta, por el que la competitividad internacional de México, como de otros países en desarrollo, se basa sobre todo en los bajos costes laborales, en la «externalización» de costes ambientales y en la reducción de cargas fiscales. En otros términos, existe una relación estructural entre este modelo de crecimiento, sostenido por las exportaciones, la pobreza y el deterioro de los recursos naturales. La creación de un entorno favorable al mercado, por otra parte, comporta un régimen fiscal y regulatorio muy laxo, que se traduce en el debilitamiento del Estado y su capacidad para generar cohesión social, y de esa manera hacer viable a largo plazo una sociedad democrática. Este factor es una de las claves de la crisis de gobernabilidad que padece la región, dificultando la consolida-ción democrática en los países con fracturas socioeconómicas más profundas.