ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS.

La forma en que el gobierno federal interviene en el sector, expresado en lineamientos, programas y acciones específicas para orientar e intervenir en la producción de las áreas habitacionales es lo que se concibe como “política habitacional”. Dado el carácter de las demandas que busca solucionar, la política habitacional debe ser considerada, entonces, como un componente importante de la política social y por eso, la política habitacional debe tener principalmente un objetivo social.

Es innegable que ha habido avances, pero también lo es que los principales organismos públicos de vivienda siguen manteniendo la política habitacional implementada en los tres sexenios anteriores, continuando con una estrategia para dejar de ser constructores y propietarios directos de vivienda y de este modo desempeñar un papel promotor enfocado al fomento y financiamiento de esta actividad, dando como resultado que las aportaciones de los trabajadores al Fondo de Vivienda permitan al Estado no sólo manejar esos recursos discrecionalmente, sino seguir especulando con la esperanza de los trabajadores de conseguir casa propia; situación que evidentemente le facilita ejercer un manejo político que le permite por un lado no entrar en conflicto con estos sectores sociales y por el otro seguir guiando de manera institucional sus demandas, con lo cual, la actual política habitacional responde no sólo a los intereses de los trabajadores, sino a los del autodenominado “gobierno del cambio”.

En el mismo período referido en el párrafo anterior, la propuesta gubernamental en relación con la vivienda para los sectores de bajos ingresos (vivienda de “interés social”), se desplazó entre los objetivos sociales de apoyar a las familias de escasos recursos y los objetivos económicos de reactivación de la economía nacional; concretamente, a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari dicha política habitacional se definió hacia una abierta preferencia del objetivo económico observándose al mismo tiempo un abandono resuelto y continuo de su aspecto social, situación que en algún momento caracterizó a las propuestas y acciones gubernamentales (independientemente de si fueron exitosas o no).

Esta situación esta produciendo efectos muy perjudiciales en las condiciones de vida de la población más pobre, y permite apreciar una situación que sólo puede ser entendida en el marco de la consolidación de un nuevo modelo de desarrollo en el que el Estado ha hecho a un lado la disposición por lo social que le caracterizó durante muchos años.

En este sector, las insuficiencias habitacionales del país han alcanzado un crecimiento prácticamente equiparable al del proceso de urbanización, íntimamente ligado al de industrialización, lo que lo ha convertido en un reto creciente. En un inicio, la política definida por el Estado, fue la de adjudicarse la responsabilidad de ser el ejecutor directo de las diferentes etapas del proceso habitacional; sin embargo desde el sexenio anterior, esta tarea se ha modificado pasando de un Estado ejecutor a uno promotor, es decir de un Estado constructor a uno financiero.

Si consideramos que en el país se registran cerca de 700,000 matrimonios por año, más las uniones libres que se dan; que existe un déficit cuantitativo superior a los cinco millones de viviendas y que además es necesario reponer anualmente una parte del parque habitacional considerado como no deficitario, podríamos pensar que hablar de que en nuestro país se requiere producir 750 mil viviendas por año parece una cifra apenas razonable; como hemos visto, ésta

es la cifra que el Presidente Vicente Fox Quesada prometió alcanzar para el último año del sexenio.

Esta situación adquiere relevancia en el sentido de que la propuesta de hacer 750 mil viviendas al año es una propuesta cuantitativa importante, pero sólo si en realidad fuera cada año, ya que en este caso plantearía de golpe la posibilidad de resolver el problema de la vivienda en lo que hace a la vivienda nueva.

Una de las principales funciones del gobierno federal en sus tres niveles, es la de proveer la infraestructura que articule y soporte con suficiencia el desarrollo urbano sustentable de las zonas urbanas, un desarrollo urbano sustentable que permita alojar en condiciones dignas a la población actual y futura del país, por lo que ciertamente el gobierno federal tiene que hacer un esfuerzo extraordinario ya que se deben cubrir importantes rezagos y, además, hacerlo sobre la marcha, ya que el crecimiento de la población y las necesidades insatisfechas en materia de vivienda y de los demás elementos del desarrollo urbano no esperan, por lo que o se hacen las cosas formalmente o estas mismas se seguirán

haciendo pero de manera informal148_{con todos los aspectos}

perjudiciales implícitos.

De acuerdo con los datos aportados por los organismos nacionales de vivienda, en México se producen de 300,000 a 350,000 viviendas por año, de las cuales al menos el 65% son

producidas por el INFONAVIT; otro 5% son financiadas por el

FOVISSSTE; 50,000 a 60,000, esto es, entre el 15% y el 20% son

financiadas a través de la SHF y el restante 10% es financiado por el

FONHAPO y los organismos estatales. El resto de las viviendas que se producen en el país, aproximadamente 400,000 se generan de manera informal y con todas las consecuencias negativas que ello implica.