APORTE TEORICO, SIGNIFICACION PRÁCTICA Y NOVEDAD.

El aporte teórico que brinda esta investigación, es sumamente imprescindible por cuanto nuestras normas legales establecen de manera evidente, para el cumplimiento de las garantías, derechos, obligaciones, establecidas en nuestra Constitución de la Republica Ecuatoriana, Tratados Internacionales, Convenios, Derechos Humanos, para el fiel cumplimiento de todas las normas establecidas en ellas; por cuanto dentro de un Estado debe primar los derechos y garantías de cada ciudadano, sin distinción alguna; de la cual las autoridades indígenas en sus atribuciones, facultades deberán coordinar con la justicia ordinaria. Las mismas autoridades que pondrán en juego los derechos, garantías, seguridad jurídica de las partes en un proceso penal sin violación a los derechos humanos.

De igual forma dentro de esta investigación ofrece un alto grado de aporte histórico, teórico, no solo de la aplicación de la justicia indígena si no también, de la justicia ordinaria a si como la aplicación consuetudinaria internacional en derechos humanos y de todas las personas que nos encontramos involucrados para exigir las garantías jurídicas, que nos ofrece la ley en general.

La Seguridad Jurídica es un derecho que como persona natural nos merecemos, desde hace tiempos remotos hasta cuando nos garantice nuestra Constitución Ecuatoriana y demás leyes, por lo tanto nos faculta a todas las personas sin distinción alguna, ni exclusión de ninguna raza, etnia, color. Etc.

Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, orientación sexual, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente. Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables, por quienes son afectados por violaciones de poderes o atribuciones de autoridades.

Por definición, el concepto de derechos humanos es universal (para todos los seres humanos) e igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinados. Según la concepción iusnaturalista, son además atemporales e independientes de los contextos sociales e históricos. Por todo lo expuesto no puedo renunciar o transmitir mi derecho a exigir la seguridad y garantía jurídica como parte afectada por lo que estas son: irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables, de la misma forma debo manifestar que siendo afectada no puedo renunciar las garantías que se me atribuyen por el hecho de ser indígena y dejar que otras personas decidan por mi persona.

Con la culminación de la presente investigación y con el establecimiento de una normativa jurídica penal, se garantizará la seguridad jurídica de los sujetos procesales, por cuanto los delitos graves de reclusión serán de competencia de la justicia ordinaria y la ciudadanía tendrá mayor confianza en la aplicación de la justicia indígena, por lo que solo los delitos menores de prisión serán de competencia por la jurisdicción indígena, de tal manera que se debe aplicar para el efectivo cumplimiento de esta investigación, los ejemplos de las

demás legislaciones para tener una mejor relación entre las diferentes nacionalidades y efectivizar la palabra pluralidad jurídica en concordancia con los Derechos Humanos.

Esta investigación quedara como una base o pauta para la aplicación de la declinación de la competencia por parte de las autoridades indígenas, sin necesidad de una forma de competir con la justicia ordinaria y de esta manera se efectivizará una verdadera justicia en un caso de genocidio por cuanto son casos de aplicación de justicia hacia las personas que violentan el derecho a la vida y violentan todas las garantías establecidas en las leyes universales con respecto a los derechos de las personas.

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