El presente trabajo investigativo, beneficiará de manera directa a los ciudadanos de la comunidad de Cotama y profesionales del derecho en todas sus áreas del cantón Otavalo, provincia de Imbabura, ya que, se ha validado mediante el conocimiento de personas expertas en el tema penal tanto consuetudinario, como ordinario, los mismos que aportaron a establecer una solución práctica y beneficiosa para los ciudadanos en general , que se sienten transgredidos sus derechos y que no exista más impunidad contra los sectores más vulnerables.
Adicionalmente, otro factor importante en el presente ensayo es la declinación de competencia de la justicia indígena en delitos de genocidio ante la justicia ordinaria, que se establezcan procesos interpretativos de leyes y normas adecuadas de compatibilidad punitivo del trámite legal en sus infractores del cometimiento del delito , cabe resaltar que el daño o ilícito no afecta la paz de una determinada comunidad, sino que por el contrario, sus efectos son expansivos a la población en general. El uso, ejecución y fiscalización de estos mecanismos tienen que estar bajo control único del Estado central. Esto lleva a consagrar que si bien los colectivos indígenas poseen plena competencia sobre los asuntos directamente relacionados a sus comunidades, los delitos que atentan contra la seguridad a escala nacional por su propia definición superan el ámbito comunitario local.
Por último podemos deducir que el presente ensayo jurídico, sirve para llenar los vacíos y profundizar los conocimientos sobre la justicia indígena, Legislación Ordinaria y el tratamiento del genocidio en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura, obteniendo de esta manera una visión práctica y teórica, en lo que al tema de investigación se relaciona, se lo da las pautas a seguir para que se entable relaciones objetivas de aplicación y siempre dando cumplimiento al marco jurídico legal, La eficiencia dentro de la administración de justicia exige poderes centralizados de control, por lo que, resultaría incoherente y poco práctico, desplazar su defensa jurídica, fiscalización o control a quien no posee competencia directa o control a escala nacional sobre su funcionamiento. Por esta razón y al ser estos espacios de control único estatal, su segmentación rompería la eficacia con la cual se puede controlar o incluso juzgar.
68 CONCLUSIONES GENERALES
En el presente trabajo hemos destacado el valor que tiene la actual Constitución del Ecuador, su desarrollo y su contexto garantista, pluricultural y multiétnico; y, como Estado de Derecho y Justicia, garantiza la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos. Es así, existe la posibilidad jurídica de llevar a cabo esta propuesta ya que es obligación del estado velar por mantener un buen ordenamiento jurídico, mediante la creación de leyes tendientes a mejorar la administración de justicia, con la participación integra de la ciudadana, a fin de difundir los mecanismos de administración de justicia indígena, protegiendo los derechos fundamentales y garantías constitucionales del mandante.
Existen diferencias muy distantes entre los dos sistemas jurídicos del país, en lo que tiene que ver en procedimientos, jurisdicción y competencias, lo que afecta al momento de impartir la justicia indígena, los que emplean castigos muchas veces inhumanos, fuera del contexto legal, sin permitirles la posibilidad de tener acceso a una legítima defensa y a un debido proceso, que la justicia ordinaria posee en concordancia con normas internacionales al menos al tratarse de delitos de lesa humanidad como es el genocidio, que carecen totalmente de conocimiento de estos procesos.
Ante todo lo dicho se puede concluir diciendo que con este ensayo jurídico sobre la declinación de competencia de la justicia indígena en los delitos de genocidio ante la ordinaria en la comunidad de Cotama y cantón Otavalo, los ciudadanos tendrán un mejor conocimiento sobre el tema tratado el cual ayudará a mejorar las relaciones jurídicas y no sean vulnerados sus derechos que la constitución, los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, Control Constitucional Código Orgánico de la Función Judicial los asiste.
69 RECOMENDACIONES
Es necesario establecer mecanismos de diálogo intercultural para crear un marco legal que permita la coexistencia entre los dos sistemas jurídicos a fin de lograr un Estado Plurinacional práctico, en donde la delimitación en sus diferentes campos de las dos posiciones jurídicas, es de suma importancia su materialidad dentro de nuestra legislación para no caer en tenciones sectoriales y mejorar el nivel de cultura legal en nuestro Estado. Así ayudaremos a una verdadera administración justicia; y, en el caso del presente trabajo, procesar con todo el rigor de la ley el delito de genocidio.
Otra de las recomendaciones que se debe tomar en cuenta es que, nadie, absolutamente nadie nos va a dar haciendo nada, las acciones y los hechos se los materializa con constancia, los más afectados son los grupos vulnerables, ya que sus dirigentes deben entablar procedimientos profundos relativos a la justicia ordinaria para hacer efectivo un justo derecho a su integridad, frente a las pretensiones sorpresivas del agresor, que nunca avisa cuando viene o cuando se va, utilizando siempre artimañas sofisticadas.
Es necesario emprender campañas de sensibilización a los pueblos indígenas en peligro como funcionarios de justicia ordinaria a fin de exponer el grado de peligrosidad de quienes fueron vulnerados sus derechos o están en riesgo en relación al delito de genocidio. Debe darse estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales, normativa internacional, derechos humanos y garantías, con el objeto de proteger lo más preciado del ser humano; la vida
Es importante tomar en cuenta otra recomendación, que estrictamente las funciones de las autoridades públicas, tanto de la justicia indígena como de la Justicia ordinaria, se dé cumplimiento el mandato constitucional del pueblo encomendado a sus dirigentes y autoridades, coordinando acciones bilaterales alejados de intereses sectoriales, en aras de velar por el desarrollo y progreso jurídico en general, al contrario permita un progreso integro, no solo por un sector, sino para todo un Estado que cada día clama justicia al cometimiento de delitos atroces como es el genocidio.
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