Apropiación territorial versus dominación

La expansión de la frontera agropecuaria en el último tercio del siglo XX y primera década del XXI está generando la incorporación de nuevas tierras a la producción y redefiniendo las relaciones de poder dentro de la estructura agraria. Estos procesos son el resultado del avance y la consolidación del agro capitalismo que viene definiendo un modelo de agricultura sin agricultores basado en tres pilares, según Morina y Cacace (2010): concentración de la tierra, de los medios de producción y de la comercialización.

Estos cambios no son independientes de las dinámicas de desarrollo rural. La tierra, en los últimos diez años, se ha convertido en el móvil y el instrumento del cambio de modelo rural en el país. Este proceso supone el pasaje de un modelo de agricultura familiar (con fuertes diferencias en el interior del país) a un modelo de agricultura empresarial, de escala, de alta productividad, con un esquema de gestión deslocalizado que utiliza el espacio rural como una plataforma productiva y no como un espacio de vida (Sili, Soumoulou, Benito y Tomasi, 2011).

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En conjunto analizamos entre los años 2000 y 2012 distintas fuentes periodísticas referidas al caso provincial, con un total de 273 artículos que fueron clasificados en áreas temáticas. Luego ampliaremos sobre las fuentes consultadas.

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El proceso de despojo en la Argentina rural contemporánea se asocia con un nuevo avance del capital sobre espacios que presentaban a comienzos de la década de 1990 cierta autonomía en la organización socio-productiva y territorial. Resulta interesante la diferenciación que realiza Lefebvre (1986: 411) entre el concepto de “apropiación” (sinónimo de posesión) y “dominación” (como propiedad). Mientras el primer término alude a elementos simbólicos cargados de marcas del mundo vivido, asociado al valor de uso, la dominación se asocia a lo concreto, funcional y al valor de cambio. En este marco, Haesbaert (2007) distingue el territorio como espacio vivido del territorio funcional y plantea la necesidad de contemplar las distintas multiplicidades de sus manifestaciones:

“Enquanto “continuum” dentro de um processo de dominação e/ou apropriação, o território e a territorialização devem ser trabalhados na multiplicidade de suas manifestações – que é também e, sobretudo, multiplicidade de poderes, neles incorporados através dos múltiplos agentes/ sujeitos envueltos” (Haesbaert (2007: 3).

En este marco se recupera la idea de “control” territorial que plantea Sack (1986): territorializar como componente del poder, no sólo es un medio para mantener el orden, sino es también una estrategia a través de la cual experimentamos el mundo y lo dotamos de significado. Cada sujeto produce sus propios territorios y la destrucción de los mismos conduce a la desaparición de esos sujetos como tales (Fernandez Mançano, 2010).

La transformación en el uso de la tierra, la estructura agraria y la tenencia es un claro indicio del cambio del modelo de desarrollo en Argentina. De este modo, los territorios dominados por modos de vida y tramas sociales campesino-indígenas, comienzan a verse “achicados”, “presionados” y “sometidos” ante la llegada de nuevos agentes. Así, espacios como el oeste pampeano, donde existen grandes extensiones de tierra en situaciones de tenencia precaria, con unidades domésticas que ejercen la posesión desde hace décadas, se encuentran sometidos a diversos controles

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jurídicos, técnicos y socio-ambientales ante la expansión de la frontera ganadera y petrolera.

En este escenario de avance de sectores concentrados sobre espacios menos insertos a la lógica productiva pampeana, la revalorización de ciertos recursos naturales ofrece la posibilidad de la rápida producción de excedente, de manera que el acceso abierto al control sobre ciertos espacios se convierte en una forma de acumulación a través de la dominación, del despojo. En función de distribución y acceso a esos recursos “libres” se va generando un desarrollo geográfico desigual que se reconfigura a través del tiempo (Harvey, 2007). Una vez que el poder de la circulación del capital ha sido claramente demostrado, hay una importante tentación de grupos subordinados (locales) para colaborar con el poder para ganar el control de sus propios excedentes. En este marco es que se ponen en acción distintos “mecanismos de la acumulación por desposesión”, en los que intervienen distintos sujetos e incluyen la mercantilización y privatización de la tierra; la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad colectiva en derechos de propiedad exclusivos; entre otros. De esta forma, diferentes regiones “marginales” de la Argentina, con una organización relativamente autónoma campesina, en los años noventa, y especialmente luego de la devaluación, se ven valorizadas por el capital y sus productores empiezan a recibir distintas presiones –vía cercamientos, controles territoriales, jurídicos y técnicos, entre otros- que afectan de modo desigual a cada espacio. Esas transformaciones no sólo impactan en los planos materiales, sino también en las subjetividades y modos de vida de los campesinos.

Como señala Martins (2010), la expansión y reproducción ampliada del capital tiende a la homogenización de la racionalidad capitalista y a excluir cualquier posibilidad de reproducción de otra racionalidad económica que no esté regida por la economía del lucro. En este contexto, el mantenimiento de la agricultura campesina contemporánea depende de las

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políticas públicas y las estrategias de las organizaciones campesinas. Sin embargo, las políticas públicas generalmente responden a los intereses de las clases dominantes. Las políticas dirigidas a la denominada “agricultura familiar” subordinan la reproducción social de la agricultura campesina a la racionalidad capitalista, la estimulan para la adopción del modelo tecnológico dominante y la aceptación de la pérdida del control familiar sobre los procesos de trabajo en las unidades de producción.

En Argentina luego de la devaluación de 2002 crecen los procesos de concentración de las tierras, la compra de grandes extensiones por inversores urbanos y externos, el desalojo de pequeños productores y modelos de gestión agrícola con arrendamiento. Estas problemáticas son una manifestación clara del cambio de un modelo de organización, valorización de la tierra y las actividades agropecuarias en el país. Según los últimos Censos Nacionales Agropecuarios, y teniendo en cuenta que el CNA 2008 aún muestra datos provisorios, en el año 2002 había aproximadamente 80.000 productores menos que en el año 1988, y en el año 2008 se censaron 276.581 explotaciones agropecuarias, lo que indicaría una disminución de alrededor de 57.000 productores. Se asiste así, a una reorganización en la estructura agraria, con una disminución de 82.824 productores en el estrato de menos de 500 has (lo cual representa 5 millones de has), y un aumento en los estratos de entre 500 a 5.000 has (lo que representa 4 millones más de has) con un aumento de 2.000 productores dentro de esta categoría. El 2% de las explotaciones agropecuarias controlan el 50% de la tierra en el país, mientras que el 57% de las explotaciones poseen el 3% de la tierra, aunque estos datos varían regionalmente. En este contexto, el sector de los pequeños y medianos productores familiares tiende fuertemente a la disminución. Al mismo tiempo se han consolidado medianos-grandes productores capitalizados, con fuerte capacidad tecnológica y productiva, que poseen niveles de rentabilidad variables. Finalmente se destaca la creciente importancia de inversores externos al sector agropecuario que han adquirido tierras para la producción, el resguardo del capital y en función de otros criterios vinculados a

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la vida rural, o que sin comprar tierras participan de los negocios agropecuarios a través de diferentes mecanismos de gestión productiva (Sili, Soumoulou, Benito y Tomasi, 2011).

En este marco de nueva expansión capitalista recrudecen los conflictos. Partimos de la concepción de “conflicto” como el proceso de interacción social entre dos o más partes que se disputan material o simbólicamente el uso o la apropiación de un espacio o el acceso a un recurso natural. En este caso, el territorio en disputa son las tierras de monte del oeste provincial. Desde una perspectiva crítica, acordamos con la concepción de Fernandes Mançano (2008) quien enmarca los conflictos dentro de los procesos de desarrollo, producidos en diferentes escalas geográficas y dimensiones de la vida. Los conflictos por la tierra son también conflictos por la imposición de los modelos de desarrollo territorial rural y en éstos se desenvuelven.

En este contexto creció el clima de conflictividad social en el agro. Domínguez (2010), en el año 2007, registró en el país 66 conflictos ocurridos en 17 provincias del país. Por su parte Manzanal y Arzeno (2011) diferencian los conflictos “del campo” situados en la región pampeana como reacción al pago de retenciones, de los “conflictos territoriales” en la región extrapampeana, asociados con la expoliación de los recursos y la extranjerización de la tierra. Para las autoras, las distintas manifestaciones de conflictos que se vienen experimentando en Argentina y en otros espacios de Latinoamérica cuestionan las formas tradicionales de institucionalización de los conflictos estructurales y proponen otras formas de negociación apuntando a un cambio en las relaciones de poder.

Desde la perspectiva campesino indígena del MNCI3 (2010) las familias campesinas quedan “arrinconadas” ante la voracidad

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El proceso de conformación del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), constituido en 2006, tiene una larga trayectoria en Argentina y nuclea a distintas organizaciones tales como: el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), la Unión de Trabajadores Sin Tierra de

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económica de los fondos de inversión y de siembra, que pretenden apropiarse de sus tierras para producir oleaginosas en detrimento de la producción de alimentos básicos. El proceso de reducción de superficie supone también cambios en las presentaciones y en el uso “social” de la tierra:

“Históricamente los campesinos indígenas hemos poseído la tierra comunitariamente, en campos abiertos. El uso comunitario de la tierra es una costumbre arraigada en nuestra cultura y por eso exigimos que se la reconozca. Pero en nuestro sistema jurídico no está reconocida la propiedad comunitaria de la tierra (…) la tierra es un "uso social" (MNCI, 2010: 5).

Consideramos que lo que está en disputa, más allá de la tierra, es una forma de producir, un tipo de manejo de los recursos, una forma de relacionarse y de generar territorio. En el campo agrario algunas luchas se presentan de modo más tangibles como el acceso a la tierra, al agua, al monte; otras suponen diputas por el reconocimiento de ciertos derechos identitarios, modos de vida, formas de territorialización o, simplemente, maneras de interpretar la realidad social.

Con relación al Estado, las formas de intervención en torno a la tierra en Argentina son, en muchos casos, contradictorias, debido a que no existen políticas integrales de desarrollo y ordenamiento territorial consensuadas; faltan marcos legales de cobertura nacional articulados con los marcos legales provinciales necesarios para regular el uso de la tierra y en muchas provincias no se cuenta con información sistematizada sobre la tenencia o bien, los casos se analizan desde perspectivas que conciben a la tierra como bien de cambio y no como un espacio de vida. Si bien el Estado nacional ha puesto en marcha programas para resolver esta problemática del acceso a la tierra, no son suficientes.