Avances en la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral

En relación a los avances en la implementación y funcionamiento eficaz del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en El Salvador, el resumen ejecutivo de Análisis de la Situación de la Niñez El Salvador, “Una mirada al

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cumplimiento del goce de los derechos a la educación y protección” (2015), presentado

por la Fundación Educación y Cooperación EDUCO, Aldeas Infantiles SOS- El Salvador y la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (CIDEP), permite visualizar una serie de desafíos en torno al nivel de implementación, funcionamiento y eficiencia de las estructuras institucionales del sistema, con respecto a la garantía efectiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En cuanto al área de los derechos a la educación señala que: “el enfoque tutelar para el desarrollo de la niñez,

en los ámbitos comunitario y educativos, limita el goce de los derechos humanos”. Así también, sobre el área de derechos a la protección, afirma que:

El nivel de avance del Sistema Nacional de Protección no es suficiente y aunque hay un reconocimiento del rol fundamental de la familia existen pocos esfuerzos enfocados en su fortalecimiento. Además, los programas implementados por los titulares de obligación y responsabilidad para la atención de la niñez son insuficientes considerando la diversidad de condiciones que hay que enfrentar (p. 9).

A su vez, indica que a fin de que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean visibilizados como sujetos de derechos “en la agenda pública”, es necesario hacer efectiva “la aplicación del principio del Interés Superior en todos los ámbitos”. Además, dicho

Análisis de Situación señala que, con el objetivo de que el sistema avance en la efectividad de los derechos de esta población: “ El país necesita urgentemente de políticas y programas de atención restitución de derechos que prioricen las problemáticas recientes que han aumentado los casos de vulneración de derechos. Requieren una atención particular, por la situación que están viviendo, las niñas, las adolescentes y las jóvenes, y los adolescentes y los jóvenes de 10-19 años” (p. 9)

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En ese mismo sentido, el informe indica que:

El CONNA requiere: profundizar en la implementación de procesos de formación y capacitación de sus equipos de trabajo, avanzar en la creación de los CLD que aún faltan, en la definición de los lineamientos para su funcionamiento y en el entendimiento con COMURES, a fin de que retome su rol dentro del Consejo Directivo del CONNA, definir estrategias de trabajo para resolver la situación de sobresaturación actual de las Juntas de Protección, promover el registro total de las entidades de atención, entre otras (p. 10).

De la misma manera, en su “Análisis de la Situación de la Niñez”, la carencia de programas y algunos desafíos del Sistema de Protección, relacionados con articulación para lograr la garantía efectiva de los derechos de la niñez y adolescencia, son presentados a partir del resultado de entrevista realizada a Oficial del programa de Protección de UNICEF, 2015), los cuales son transcritos textualmente, a continuación: “Hacen falta programas especiales para atender a población vulnerada. Este podría ser un importante aporte de los miembros de la sociedad civil que participan en el Sistema de Protección” (p. 22).

De igual manera, este Oficial del programa plantea que: “Uno de los desafíos que tiene la sociedad civil y el Sistema de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia para estos próximos años es el de favorecer mayor articulación y complementariedad de sus esfuerzos” (p. 23).

Los señalamientos anteriores ponen de manifiesto que, a pesar de que la constitución del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia inició su instalación y funcionamiento en el 2011, (a partir de la entrada en vigencia plena de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia), el “sistema” aún tiene muchas falencias que superar, ya que sus servicios no llegan a todo el territorio nacional. Un claro

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ejemplo de esta situación, es el significativo déficit de la constitución y funcionamiento de los Comités Locales de Derechos, el escaso número de Asociaciones de Promoción y Asistencia de Derechos, la saturación de casos sobre amenazas y violaciones a derechos de la niñez y de la adolescencia en las Juntas de Protección.

A esta situación se suma, la escasa difusión de los derechos de niñez y adolescencia en la familia y en los respectivos territorios, así como las insuficientes estructuras locales, tanto garantes como corresponsables en la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia.

Sin embargo, el informe de Rendición de Cuentas del CONNA “Principales Resultados junio 2017-mayo 2018” reporta que a la fecha se cuenta con un avance significativo con relación al 2015, ya que:

En coordinación con los gobiernos locales hemos facilitado e incidido en la creación y funcionamiento de 115 Comités Locales de Derechos, favoreciendo la implementación de la PNPNA y contribuyendo a la territorialización de las políticas públicas en favor de la niñez y adolescencia (p. 4).

Estos 115 Comités representan aproximadamente el 44% de las estructuras municipales de protección y defensa de los derechos de niñez y adolescencia a nivel nacional, ubicados en las zonas central, paracentral y occidental del país. Esta situación puede ser considerada como una de las debilidades en la instalación y funcionamiento pleno del Sistema Nacional de Protección, independientemente de que hasta donde se tiene conocimiento, en la actualidad hay algunos Comités en fase de conformación, pero el funcionamiento de los mismos demanda que dichas estructuras sean conformadas y juramentadas, conforme mandata la ley, y que posteriormente estén en la capacidad de operativizar sus funciones.

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