Es de destacar que a pesar de que una proporción bastante grande de personas señaló que conel Gobierno del momento se encontraba satisfecho y contento, al mismo tiempo calificó el subsidio como poco, seguido por suficiente. Esto quiere decir que a pesar de no encontrarse satisfechos con el monto de los subsidios, consideran que la acción de gobierno es buena, lo que se amplifica con el beneplácito en la entrega de los subsidios en efectivo, generando en el imaginario de las beneficiarias la atención a las preferencias de la población.
Respecto al objetivo del programa, la mayoría de las beneficiarias sienten que no resuelve eficazmente la pobreza, objetivo por el cual fue creado; sin embargo, al calificarlo
634 261 98 36 42 6 12 6 24 42 6 18 12 6 6 0 100 200 300 400 500 600 700 800
Bastante Algo Poco Nada No sabe /
No informa N ú mero d e Bene ficia rio s/ as d el p rog ra ma F A
Percepción generación de confianza en el Gobierno con FA
No sabe/no informa No Tal ves Si PERCECIÓN SOBRE FAVORABILIDAD DE PARTICIPAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES PARA CONTINUAR EN FA
como una buena intervención, pareciese que están de acuerdo con la ayuda en detrimento de las inconformidades que sienten frente al programa22.
En este sentido, aunque que con la política macroeconómica ha hecho presencia la pobreza laboral afectando el bienestar de la población, se demuestra que las acciones basadas en la PS generan gran empatía entre la sociedad y legitiman el proyecto político, y se alimentan de la contradicción entre la cada vez mayor necesidad de un SPS a expensas de políticas económicas que deterioran el bienestar.
De esta manera, la transformación de la PS a través de la implementación de los programas TMC ha generado un impacto en la dimensión política, dado que al ser una decisión política que busca generar mecanismos para enfrentar los riesgos y proteger a la población más pobre −tanto de las exclusiones sociales como la concentración del ingreso propiciado por las economías de mercado−, requirió de la identificación de problemas relevantes para la sociedad y el establecimiento de una solución que generara agrado a la ciudadanía, definiendo cómo debían ser financiados los SPS y dónde debían existir. En otras palabras, durante la agendación de la política −fase en la cual se genera una lucha entre actores e intereses−, el gobierno, quien ha propugnado por la duración de FA, medió por una decisión que a su vez satisficiera a la ciudadanía, generara legitimidad y contribuyera así a los determinantes institucionales que confieren de capacidad al gobierno para implementar las políticas, permitiendo al ejecutivo ampliar el respaldo de la ciudadanía a sus proyectos y programas de gobierno.
Ahora bien, dentro de la concepción del MSR, los SPS deben construir una asistencia social con miras a que la población pueda lograr un nivel apto de consumo de bienes y servicios para superar su situación. Esta es una alternativa de corto plazo, por lo cual se requiere cuestionar cómo una acción que fue justificada desde esta corriente para una coyuntura específica, se ha continuado en un periodo largo sin modificar su diseño y se piensa para un mediano e incluso largo plazo, sin revisar las variables estructurales que
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Las medidas oficiales que servirán para monitorear los avances en la reducción de la pobreza: el Índice dePobreza Multidimensional (IPM Colombia), desarrollado por el DNP, y la nueva Metodología para la Medición de la Pobreza por Ingresos, desarrollada por la Misión de Expertos para el Empalme de las Series de Empleo y Pobreza (MESEP).
generan las exclusiones, marginaciones y en general los riesgos derivados de la existencia en sociedad.
Como anota Théret (2008),las instituciones políticas afectan la traslación de preferencias o demandas ciudadanas en políticas, llevan connotaciones normativas que caen en el ámbito de los valores y los principios, con base en los cuales se responde a cuáles deben ser las demandas a resolver, los procedimientos a seguir y los objetivos a alcanzar. Se vincula así el establecimiento del Estado justo y en general al asentamiento de la mejor forma de gobierno, cualidades que se configuran con base en ciertos valores morales de razón, justicia, orden, y en mayor medida a su realización.
De esta manera, la búsqueda por parte de los gobiernos de aumentar la percepción de la eficacia de sus programas ha llevado a que se enfoquen en respuestas satisfactorias más inmediatas y concretas como lo es FA. Acción que con miras a fomentar el apoyo social ha servido de mensaje publicitario, por lo que los representantes del gobierno, en su afán por cautivar las opiniones de las y los ciudadanos, han tendido a evitar aquellos sacrificios poco atractivos para el electorado pero que en el fondo son necesarios para generar mejores resultados a largo plazo.
En síntesis, FA ha favorecido la cohesión social, impulsando la noción de la capacidad del ejecutivo a la altura de los problemas a resolver, sensible a las necesidades sociales y consciente de las dificultades.
5.
CONCLUSIONESLa revisión de la incidencia del programa FA en la percepción de gobernabilidad de las y los beneficiarios ha demostrado la importancia de reflexionar sobre la manera en que el gobierno se ocupa, desarrolla funciones y establece su relación con la sociedad en torno a los SPS. Por su parte, si bien es cierto que del enfoque del MSR se han derivado acciones importantes como las TMC −logrando avances significativos en torno al enrolamiento escolar y la ingesta de alimentos de niños, niñas y jóvenes, principalmente−, quedan algunas dudas sobre su eficacia en la lucha contra la pobreza, por cuanto esta última es el resultado de políticas macroeconómicas que conducen a generar pobreza laboral. En este sentido, la propuesta teórica que contempla los SPS como mediaciones sociales cobra gran importancia debido a que reconoce que la consecución de decisiones de política social están orientadas a resolver problemas derivados del orden económico, buscando a su vez legitimar proyectos políticos e impactando en la esfera doméstica del individuo donde se genera la provisión de bienes y servicios.
En el caso de Colombia, el gerenciamiento del riesgo social basado en el MSR ha sido promovido por organismos internacionales como el BM, el FMI, el BID, entre otros, presuponiendo que al evitar que las políticas sociales afecten la sana macroeconomía, el bienestar llegará a los más pobres con el tiempo y de la mano del crecimiento23. Después de varios años de implementado el modelo, el bienestar no ha llegado y por el contrario se ha aumentado la pobreza y la inequidad24, situaciones que se han combatido con la ejecución de diversos programas asentados en un sistema de redes de seguridad cimentados en un mecanismo de seguro social. Sin embargo, no se han alcanzado los resultados esperados porque los seguros privados no lograron ser la herramienta idónea para enfrentar los riesgos, debido a que requieren una inversión elevada, y además los individuos han ingresado al sector desregulado ante las deducciones que conllevan.
23“(…)Las políticas del Consenso de Washington, no obstante, no prestaron atención a la equidad ya que creían en la “economía de la filtración”, es decir, consideraban que, finalmente, los beneficios del crecimiento de un país se filtrarían y llegarían a los pobres. Pero esto no fue más que una creencia.” (Stiglitz, 2002, p. 17)
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Por lo anterior, surgió la necesidad de estudiar cómo en una sociedad tan inequitativa, desprovista de seguridad social integral y asistencia social para gran parte de la población, se sigue asentando una coalición política de gobierno que insiste en continuar con políticas macroeconómicas que han afectado la condición de vida. En este sentido, nació la propuesta de analizar una política pública de PS que buscara amortiguar los perversos efectos en la dimensión económica, afectando el orden doméstico que contribuye a aumentar la aceptación social, legitimidad y consecuente gobernabilidad, dado que al atendera los más pobres se podía prestar para persuadir a la población con el fin de mantener lazos de correspondencia.
En cuanto a la gobernabilidad, cabe aclarar que esta se abordó como una categoría analítica relacionada con la cualidad propia que imprime la sociedad frente a un régimen político, en la que se considera que las instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo.
Por su parte, los SPS se contemplan como un conjunto de acciones y estrategias relacionadas y orientadas a proteger a la población de las exclusiones sociales y la concentración del ingreso propiciado por las economías de mercado, así como de los riesgos natos de vivir en sociedad. La pobreza –objeto de las acciones– debe leerse no solo como la falta de activos, si no en un sentido más amplio, como un problema del régimen de acumulación que impacta en la provisión de bienes y servicios de las familias, que afecta las capacidades con que se incorporan en las economías de mercado, facilitando con esto el aprovisionamiento de legitimidad para el aparato gubernamental. Lo anterior, debido a que con las acciones la ciudadanía puede consolidar una noción sobre la alineación de las demandas ciudadanas y la oferta institucional, y la aparente muestra de sensibilidad de los responsables de la política pública en compromiso con la prosperidad social.
Frente a los resultados del estudio de caso y en concreto con la aplicación de las encuestas, se evidencia una población de mujeres, principalmente, que asiste a los puntos de atención de Acción Social,con características sociodemográficas similares entre las localidades.
Los resultados de percepción coinciden con otras investigaciones en que el programa ha producido una alta favorabilidad del gobierno de turno en las beneficiarias, la cual se basa principalmente en que consideran que hacontribuido al bienestar de la familia, una apreciación positiva de FA y el impacto positivo frente a los problemas sociales. Asimismo, se ha vinculado la gestión de los recursos en la figura del Presidente de la República, quien ha ganado legitimidad con los subsidios en dinero, acreditando su sensibilidad a las preferencias de las beneficiarias.
Frente a los posibles comportamientos perversos por parte de actores políticos, las encuestadas manifestaron que no han observado corrupción en la ejecución del programa ni intercambio de favores entre los titulares de cargos políticos y la asignación de los subsidios de FA, contribuyendo a la satisfacción y a la eficacia del gobierno de turno (para la fecha se encontraba en ejercicio el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, a quien se le atribuye la implementación del programa). Aunque como se señaló, otras variables apuntan a que el temor de perder el subsidio, si no continuaba en el poder la coalición de gobierno, pudieron haber perturbado y reprimido las respuestas en pro de protegerlo.
Por otra parte, la mayoría considera que es favorable votar en las próximas elecciones para continuar recibiendo los recursos del programa FA, aun cuando en las elecciones anteriores no ejercieron su derecho. Si bien, gran parte de las encuestadas manifestaron haber votado en las elecciones presidenciales anteriores (2006), cuando pensaban que el gobierno nacional era eficiente principalmente.
Por último, se demostró que las encuestadas desconocían que FA era un programa temporal para atender una coyuntura específica, generando confusión sobre el tiempo que las familias seguirían vinculadas al programa. Ello se ha prestado para usos inadecuados en los procesos electorales, en los cuales se han presentado rumores sobre la posible eliminación del programa por parte de candidatos y candidatas de partidos y/o movimientos políticos diferentes a los de la coalición de gobierno, facilitando ruidos sobre la regulación en la concesión de los subsidios por parte de los candidatos.
Por otra parte, aunque se reconoce que otras variables han podido impactar en la percepción de las beneficiarias del programa y fomentar la imagen positiva con el ejecutivo, como son diferentes planes y programas, el estilo de gobierno y los enfoques de
la coalición de gobierno, en la presente investigación se evidenció que la percepción del Gobierno Nacional construida alrededor de FA en las beneficiarias ha sido alimentada favorablemente. Por tanto, es primordial revisar este tipo de impacto, dado que FA tiene un potencial electoral cercano a los 9 millones de votos (Global Exchange, 2010), equivalente al 30% del censo electoral del 2010 de 29.983.279 personas (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2011). Frente al total de votos del escrutinio oficial en la segunda vuelta de elecciones a la presidencia del 2010, que ascendió a 14.781.020, el potencial electoral de FA representó el 60% aproximadamente.
Con respecto a la aprobación generalizada que manifestaron las beneficiarias hacia la administración nacional, esta se encuentra cimentada en el mantenimiento y fortalecimiento de la cohesión social dada por el programa, a pesar de las contradicciones e incompatibilidades que surgen de la interacción entre el orden político y económico: por medio de políticas macroeconómicas se ha generado una disminución de los ingresos a las familias con la consiguiente pérdida de bienestar, empujando a la –cada vez mayor– pobreza laboral para el grueso de la población, con lo que se demanda la ampliación de la política social en su componente de PS, que al mismo tiempo propone reducir y eliminar.
Si bien se pueden observar mejoras como la reducción de la desnutrición y la deserción escolar, la pobreza persiste. FA no garantiza las condiciones sociales mínimas de independencia, no hay mecanismos paralelos para asegurar un trabajo digno con dinero adecuado, y en consecuencia no estimulauna sociedad de semejantes. Ahora, las familias beneficiadas requieren aún más del programa porque en el proceso económico se está generando desempleo, informalidad y trabajo precario. A diferencia del objetivo inicial del programa, se crean relaciones de dependencia al subsidio, por lo que las familias se vuelven más asequibles a apoyar el régimen político y a perpetrar la obediencia cívica.
Con lo anterior, se confirmó la hipótesis de la investigación acerca de la repercusión que FA ha generado sobre las beneficiarias en su percepción del gobierno, debido a que se ha generado la disposición de la sociedad al sistema político, confiriéndole la capacidad para implementar políticas públicas y, con esto, gobernabilidad. El programa se torna, entonces, como una acción residual para evitar pérdida de apoyo, una crisis, revueltas populares y, por el contrario, el fortalecimiento del sistema político que genera un aparente bienestar y
complacencia de la ciudadanía, facilitando la acogida y consolidación del proyecto político establecido que impulsa la continuación de políticas macroeconómicas que han sido poco exitosas.
De la misma forma, el modelo de focalización de las acciones del programa reemplaza la idea de la universalización, proponiendo los sujetos como beneficiarios y abandonando la idea del ciudadano y la ciudadana, exclusión que genera una PS selectiva. Por lo anterior, el esquema de PS basado en el MSR facilita que los actores políticos y funcionarios, buscando legitimidad y estabilidad política, manipulen la clasificación de las y los beneficiarios de los programas de asistencia determinados por criterios técnicos maleables.
En este sentido, surgen dos niveles de conclusiones, por una parte, desde el problema teórico se considera más apropiado analizar los SPS desde el enfoque que los percibe como mediaciones sociales dado que recoge de una manera integral las diversas dimensiones de la sociedad. Por otra, desde los resultados, las conclusiones del estudio de caso evidencian que el programa FA ha incidido en la percepción de las beneficiarias del programa que asistieron a los puntos de atención de Acción Social, afectando la gobernabilidad.
En conclusión, hay varias formas de concebir y analizar los SPS, sin embargo, su ejecución reclama por propuestas teóricas como la que concibe los SPS como mediaciones sociales, con las cuales se intenta superar el análisis de las características de las instituciones para comprender el comportamiento de las estructuras de gobierno, su adaptación y apropiación del ambiente social. Los SPS no deben circunscribirse a la lucha para reducir la pobreza, incluyen un conjunto de mediaciones sociales y de instituciones agenciadas por el Estado para garantizar los derechos civiles, sociales y políticos, con miras a mantener la cohesión social a pesar de las contradicciones e incompatibilidades que surgen de la interacción entre lo político y lo económico. Los SPS buscan proteger y reducir la pobreza y la vulnerabilidad, de tal forma que la distribución del ingreso puede ser un medio pero nunca es lo principal.
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