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El Buen Vivir como enfoque: Un planteamiento de interculturalidad

La interculturalidad planteada desde los pueblos originarios latinoamericanos ha estado fuertemente influida por un hito histórico: el reconocimiento explícito en las Constituciones Políticas de Bolivia y Ecuador del buen vivr, una alternativa ética inspirada en planteamientos ancestrales indígenas.

El buen vivir es un planteamiento alternativo al desarrollo que tiene importantes implicaciones en la interculturalidad en salud, por el diálogo que genera entre diferentes tradiciones

intelectuales sobre la vida y la salud, por la centralidad del equilibrio y la armonía, que son elementos nucleares de la medicina tradicional.

El hecho de servir de referencia al modelo de desarrollo de los estados boliviano y ecuatoriano en las cartas magnas y en los planes estratégicos le da a este enfoque un mayor protagonismo y presencia en el contexto internacional, en especial en el latinoamericano.

El concepto de ‘desarrollo’ es tan complejo y ambiguo que muchas veces puede ser contradictorio. El desarrollo suele equipararse con crecimiento (económico), generación de riqueza material y obtención de lucro. Frente al concepto de desarrollo como crecimiento, en los pueblos indígenas se ha desarrollado una alternativa, una nueva ética, que comprende el enfoque del buen vivir. Este enfoque pretende inaugurar una nueva forma de relación del hombre con la naturaleza, con las sociedades y con las diferentes culturas, teniendo como objetivo la armonía y el equilibrio.

El concepto de ‘desarrollo’ suele estar identificado en el continente americano con las políticas promovidas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la Segunda Guerra Mundial, orientadas a la industrialización y modernización de los países denominados como “subdesarrollados”, siguiendo el mismo itinerario que los países “desarrollados”. Según el planteamiento (pasado) de los organismos multilaterales, por medio de este itinerario se conseguiría una mejora en las condiciones de vida de la población, posibilitando el crecimiento y el bienestar material como consecuencia del aumento de los ingresos y de la renta nacional.

A partir de los 70 se redujo considerablemente la intervención estatal en economía y en los mercados, imponiéndose las políticas de estabilización y de ajuste estructural promovidas por el BM y el FMI, abriendo sus economías a la inversión extranjera y a la privatización de gran parte de los servicios sociales. En los 80 y 90 ese impulso desarrollista desembocó en tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales de inversión, que trajeron como consecuencia la inversión de capitales privados en actividades mayoritariamente extractivas, siendo la industria minera y petrolera el principal destino de la inversión. Esta tendencia ha dado lugar a lo que muchos analistas han denominado “el consenso de las commodities”, basado en la exportación de productos primarios a gran escala, entre ellos hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, entre otros), productos alimenticios (maíz, soja y trigo) y crecientemente biocombustibles (Svampa, 2013).

En América Latina, gran parte de las reservas de esos recursos naturales, de las commodities, se encuentran en territorios de propiedad legal o ancestral indígena, con grandes implicaciones sociales, ambientales y culturales para esos pueblos. En Cerro Colorado (Comarca Ngäbe Buglé), se encuentra una de las reservas más importantes de cobre del mundo, lo que generó entre 2011 y 2012 un gran conflicto contra los proyectos mineros que se

pretendían establecer en el territorio indígena. A su vez, la Comarca dispone de los ríos más caudalosos del país. De hecho, en la actualidad continúa el conflicto por el proyecto de una hidroeléctrica en el rio Tabasará, que tiene una gran oposición por parte de los moradores y de los colectivos ngöbes.

Muchos marcos legales, constituciones o políticas públicas se han articulado en función del desarrollo, restringiendo en algunas ocasiones los derechos de las personas y de los pueblos, entre otros el derecho a la diversidad cultural.

Desde el prisma del desarrollo, los indígenas han sido vistos como remanentes de culturas primitivas, atrasadas y pobres que constituyen un obstáculo al progreso material de los países y a la superación de la pobreza, por lo que en muchas situaciones han surgido voces proponiendo erradicar o sustituir estas culturas indígenas. En este sentido es muy interesante recordar la visión de las Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial en relación a los desafíos y al costo inherente del desarrollo, por más que en la actualidad su planteamiento es diametralmente opuesto:

Hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas: las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse: los lazos de casta, credo y raza deben romperse: y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ser frustradas de sus expectativas de una vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico. (Naciones Unidas, 1951 en Escobar, 2011).

En el contexto de la Cumbre de Jefes de Estados de las Américas celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) en 2012, los representantes de los pueblos indígenas, impulsados por los Estados, hacían las siguientes declaraciones en relación al desarrollo económico: “Este se ha reducido a la intervención y al despojo ilegítimo de nuestros territorios, así como a la sobreexplotación de los bienes naturales que hemos conservado milenariamente, sometiéndonos inevitablemente al genocidio y al exterminio” (Fuente: Declaración de la IV Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas, 2012). Y añadieron que sólo se podrá lograr la superación de la inequidad social que afecta a sus pueblos a través de “la adopción e implementación de instrumentos jurídicos y políticas públicas que nos protejan y garanticen el ejercicio de nuestros derechos, previniendo potenciales vulneraciones, la devastación de nuestro territorio, así como las afectaciones que pongan en peligro nuestra pervivencia física y permanencia cultural” (Fuente: Ibídem).

Sin embargo, como respuesta a la incapacidad de los modelos económicos de desarrollo de frenar o revertir la degradación ambiental y los procesos de pauperización, han surgido diferentes orientaciones críticas al desarrollo. Por ejemplo, el desarrollo alternativo o a escala humana, promovidos por pensadores en distintos contextos de la orbe (Schumacher, 1973; Max Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1986), en los cuales se reconoce los límites de la economía y la necesidad de encontrar la dimensión o la escala adecuada para el desarrollo. En estas líneas se encuentran los planteamientos de crecimiento 0, que señalan la necesidad de detener el

crecimiento económico como forma de asegurar la sostenibilidad ambiental (Latouche, 2003). También estarían las alternativas que plantean el “posdesarrollo”, en las cuales se cuestionan la preeminencia del desarrollo económico y la matriz cultural occidental de la que surge. Los planteamientos del posdesarrollo proponen la necesidad de reconocer una multiplicidad de formas de sustento, de relaciones sociales y prácticas económicas, incluso plantean el diseño de políticas centradas en la relacionalidad entre los grupos humanos y la naturaleza, tomando en consideración diferentes cosmovisiones culturales. Proponen además criterios ecológicos de desarrollo (Escobar 2010).

Pero tratándose de los pueblos originarios, ¿qué significa ‘desarrollo’ para los pueblos indígenas? Existe una multiplicidad de respuestas según las especificidades y los diferentes contextos. Es importante destacar que a la hora de analizar el desarrollo y los pueblos indígenas hay marcos legales que reconocen su capacidad de decisión en relación a su modelo de progreso. Esta capacidad es reconocida en el artículo 7 de la Convención 169/89 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se establece el derecho de los pueblos indígenas a establecer sus prioridades en materia de desarrollo. Unido a esto, la Declaración

Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas reconocía explícitamente que los pueblos

indígenas tienen derecho a la libre determinación y en virtud de este derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Entre los pueblos indígenas se ha planteado un enfoque alternativo al del desarrollo: el del Buen Vivir. A diferencia de las concepciones más esquemáticas que parten de una concepción lineal que va de un estado de subdesarrollo al desarrollo, se plantea desde diferentes pueblos indígenas una alternativa política, cultural y económica en la cual “el conocimiento, el reconocimiento social y cultural, los códigos de conductas éticas e incluso espirituales en relación con la sociedad y la naturaleza, los valores humanos, la visión de futuro entre otros”, son determinantes (Acosta, 2008).

Un planteamiento holístico, en el cual lo espiritual y lo material son indivisibles, lo que le da una dimensión diferente respecto a los otros tipos de ambientalismo, tal como manifiesta el entrevistado experto en movilización política ngöbe:

Acuérdate que fue después del 92 y había toda esta celebración de los indígenas con los ambientalistas. Entonces luego yo voy entendiendo que son distintas las posiciones y, segundo, que los indígenas traen un cuestionamiento de mayor profundidad, NO al modelo de desarrollo, porque viene desde una cosmovisión, viene con elementos espirituales, viene con elementos de cómo se consigue la vida. (A2, página 5)

Este enfoque del Buen Vivir constituye un panorama amplio y plural en el que coexisten diferentes formulaciones en función de los variados contextos sociales y ecológicos. Por lo tanto, es muy difícil defender una única definición de Buen Vivir.

Sin embargo, sí se puede realizar un análisis de lo que constituye esta plataforma compartida entre los pueblos indígenas con una serie de denominadores comunes: otra ética frente al mundo y la naturaleza, la búsqueda de la legitimación de los saberes ancestrales tradicionales, fomentar el encuentro, el diálogo con los diferentes saberes lejos de posturas tradicionalistas y antimodernas de carácter esencialista, con concepciones diferentes de la naturaleza, y otra forma de entender las relaciones entre lo humano y lo no-humano.

El Buen Vivir como enfoque indígena está en proceso de construcción, demasiado abstracto para sus detractores. Está germinando en diversas posturas y en distintos actores, constituyendo una alternativa política en el continente latinoamericano.

La Constitución Política de Ecuador establece el deber de promover el buen vivir como legado cultural de los pueblos indígenas (samak kawsay en quichua) (Preámbulo), el que refleja la internacionalización del ethos indígena en la matriz del Estado. En el caso de Bolivia, la Constitución Política dispone que el Estado asume y respeta como principios ético-morales de la sociedad plural los conceptos indígenas (quichua y guaraní entre otros) de ama qhilla, amam llulla, ama suva (no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi marae (tierra sin mal) y qhapaj ñan (

c

amino o vida noble). (Martí i Puig, Alwin, Wright. Yánez y Ayuso, 2013).

La orientación de la Universidad Ngäbe así como de las entidades de médicos tradicionales consiste en una propuesta que encaja dentro del paradigma del Buen Vivir. La Universidad hace una referencia explícita al Buen Vivir como criterio que guía su acción docente e investigativa: Cultivar la ciencia, la tecnología y la cultura a través de la educación superior con respeto a la diversidad y al buen vivir.

El Buen Vivir consiste en una serie de ideas alternativas a los conceptos convencionales de desarrollo. Este planteamiento se encuentra en proceso de elaboración y está germinando en diversas posturas y distintos actores, constituyendo una alternativa política en el continente latinoamericano. Como declara Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador (Acosta, 2008), se trata de una categoría en permanente construcción y reproducción.

Como hitos históricos fundamentales de este planteamiento, hay dos casos paradigmáticos: El Buen Vivir ecuatoriano y el Vivir Bien boliviano, incluidos en las constituciones de 2008 y 2009, respectivamente.

En el caso boliviano, el suma qamaña sirve de orientación para el modelo de organización social. En la Constitución boliviana aparece bajo el nombre de Vivir Bien, en la sección dedicada a las bases fundamentales del Estado, entre sus principios, valores y fines (artículo 8). Allí se indica que se “asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural:

ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin

mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)”. Esta formalización boliviana es pluricultural, ya que ofrece la idea del Vivir Bien construida con las aportaciones de varios pueblos indígenas y

todas en el mismo plano de jerarquía. La nueva Constitución indica que el “modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien” (art. 306 en Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009).

En el caso ecuatoriano, el sumak kawsay sirve de orientación para el modelo de desarrollo, pero también ocupa un lugar específico, entendiendo a la Naturaleza como un sujeto de derecho (artículo 72 en Constitución Política del Estado del Ecuador, 2008). La constitución ecuatoriana presenta una sección dedicada al régimen del Buen Vivir, en la cual se indican dos componentes principales: los referidos a la inclusión y la equidad (tales como educación, salud, seguridad social, vivienda, comunicación social, transporte, ciencia, etc.) y los enfocados en la conservación de la biodiversidad y al manejo de recursos naturales (por ejemplo, protección de la biodiversidad, suelos y aguas, energías alternativas, ambiente urbano, etc.). A su vez, este régimen del Buen Vivir está articulado con el régimen de desarrollo. Aquí surge una precisión importante, ya que se indica claramente que el desarrollo debe servir al Buen Vivir. El régimen de desarrollo se define como “el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay” (art. 275 en Constitución Política del Estado del Ecuador, 2008).

En definitiva el suma qamaña tiene una orientación general que sirve de guía al modelo social, cultural y económico boliviano, mientras que el sumak kawsay ecuatoriano además de orientador y elemento transversal, ocupa un papel específico con una serie de derechos relacionados, pero con un rol quizás más específico.

Pero el Buen Vivir no se reduce al sumak kawsay ecuatoriano o suma qamaña andino. Ideas similares se encuentran en otros pueblos y tan sólo a título de inventario podemos citar el shiir

waras, el ‘bien vivir’ de los ashuar ecuatorianos, entendido como una paz doméstica y una vida

armoniosa, el küme mongen, el ‘vivir bien, en armonía’ de los mapuches del sur de Chile, etc.

El Buen Vivir está surgiendo en diferentes contextos, con diferentes manifestaciones según sus especificidades culturales, lingüísticas, históricas, y sociales, respondiendo a contextos políticos y ecológicos particulares. En este sentido, el suma qamaña se desenvuelve en un contexto social, ambiental y territorial, específico, representado por el ayllu andino, tal como analiza en detalle Torrez (Torrez, 2001).

David Choquehuanca, activista aymara y ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia, afirma: “El Vivir Bien es recuperar la vivencia de nuestros pueblos, recuperar la Cultura de la Vida y recuperar nuestra vida en completa armonía y respeto mutuo con la madre naturaleza, con la Pachamama, donde todo es vida, donde todos somos uywas, criados de la naturaleza y del cosmos” (Choquehuanca, 2010).

René Ramírez, Ministro Secretario de Planificación de Ecuador, concibe el Buen Vivir más allá del utilitarismo y la justicia clásica. A su juicio, este es un concepto que, si bien está en proceso de resignificación, debe orientarse a generar una justicia que sea a la vez post-utilitarista y post-distributiva. Su concepción del Buen Vivir engloba un amplio abanico de atributos, tales como satisfacer las necesidades, asegurar la paz y armonía con la Naturaleza, poder desarrollar las capacidades personales, reconociéndonos como diversos pero iguales.

El Buen Vivir en el ámbito de las ideas y los discursos cuestiona el desarrollo. El Buen Vivir cuestiona la capacidad del desarrollo, entendido como crecimiento económico, para reso lver problemas sociales como la pobreza o las crisis medioambientales. El Buen Vivir reivindica la calidad de vida tanto para las personas como para la naturaleza. Es más, a la naturaleza se la concibe como un sujeto del derecho con una personalidad jurídica reconocida. El Buen Vivir es un planteamiento biocéntrico.

A pesar de su oposición al desarrollismo, este planteamiento del Buen Vivir no constituye una posición antimoderna; al contrario, se apuesta por seguir aprovechando los desarrollos científico-técnicos, pero teniendo en cuenta un principio precautorio: garantizar la habitabilidad del mundo y la vida de los humanos y los no humanos. Desde este argumento se puede entender el Buen Vivir como una “ecología de saberes” (Sousa Santos, 2010), como posibilidad de enriquecimiento mutuo, de diálogo, de complementariedad de diferentes saberes y conocimientos tradicionales y modernos, científicos y ancestrales. Esta posibilidad de entendimiento y comunicación se facilitaría a través de una traducción intercultural que identifique los enfoques complementarios, las preocupaciones comunes y las contradicciones intratables.

Pero el problema de los países que han asumido estos planteamientos en sus constituciones (Ecuador y Bolivia) es que siguen basándose en las exportaciones de recursos naturales, siguiendo el patrón del aumento del gasto social y la obra pública, lo que hace que estos países dependan todavía de la exportación de minerales e hidrocarburos y de la promoción de los monocultivos. Es decir, estos países encuentran algunas contracciones entre algunas demandas del Buen Vivir y la lucha contra la pobreza, como, por ejemplo, el proyecto de construcción de la carretera que cruza el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure en Bolivia (el TIPNIS), o el proyecto de explotación petrolera en el Parque Nacional de Yasuní en Ecuador, la iniciativa Yasuní-ITT, que entran en conflicto con las concepciones del Buen Vivir. Una asunción realmente comprometida con el Buen Vivir exigiría abandonar el extractivismo a causa de los impactos sociales y ambientales que genera dicho modelo económico, o al menos abandonar el “extractivismo depredador” y apostar por un “extractivismo sensato” (Gudynas, 2011).

En este contexto, algunos artículos de la constitución boliviana entran en clara contradicción. Cuando se indica que la “industrialización y comercialización de los recursos naturales será prioridad del Estado” (art. 355 en Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,

2009), se abre las puertas a toda clase de contradicciones con quienes reclaman la protección e integridad de la naturaleza frente a quienes propugnan que se debe avanzar en un modelo económico que no sea dependiente de las materias primas. Sirva de ejemplo el vicepresidente de Bolivia, García Linera, que declaraba la necesidad de superar el capitalismo y consolidar las transformaciones sociales por encima de la plurinacionalidad y la interculturalidad.

¿No será que al condenar acríticamente el denominado extractivismo, en los hechos se busca dejar inerme y pobre al Estado plurinacional para que sea incapaz de responder a la expansión de los derechos sociales que han surgido en el proceso revolucionario iniciado en el 2000? (García Linera, 2012).

En este sentido hay varios críticos con estas contradicciones que se están dando entre el Buen Vivir y los proyectos desarrollistas en Ecuador y Bolivia, hay intelectuales que identifican estas posiciones como una forma de “neodesarrollismo” (Bran, 2009). Procesos que intentan regular el movimiento de los capitales, promover el desarrollo de infraestructuras, y que vinculan el crecimiento con la distribución. El experto en movilización política ngöbe entrevistado se expresaba de la siguiente manera:

Y lo que está pasando en Ecuador... No sé si estás siguiendo lo que pasa en Ecuador. Lo que está pasando en Ecuador es atroz, en Bolivia también. Entonces se está… Luego de utilizar a los movimientos indígenas para llegar al poder, han revertido a la visión de la izquierda de antes de los ‘90, que es la izquierda de desarrollo, economicista. Veo ahí grupos de izquierdas que han adoptado una visión más alternativa, eso también existe, de la izquierda llamada izquierda. (A2, página 7).

El Buen Vivir ha sido objeto de diferentes interpretaciones. Varios analistas llegan a considerar que el Buen Vivir podría ser parte de la tradición socialis ta. Un “socialismo del sumak kawsay”