III. Análisis del problema
III. 2. c) Factor paralelo: débil o inexistente participación
Una característica de Chile, reconocida por todos los sectores, es la debilidad de su sociedad civil. A juicio de los expertos, esta debilidad se manifestaría en la baja cifra de población inscrita en los registros electorales, que resulta especialmente notoria en los jóvenes (Universidad Adolfo Ibáñez, 2004). Para algunos, esto constituye la prueba de la apatía y el escaso compromiso de la juventud con la política y, por ende, con la esfera desde la que se decidirán muchas cuestiones que afectan directamente a la ciudadanía21.
En opinión de la autora del trabajo, si bien votar constituye la manera más primaria de participación, la debilidad de la acción civil se manifiesta a través de otras formas como el escaso número de ONGs, el cariz paternalista que tienen las existentes, o una cierta pasividad ciudadana ante hechos y abusos que trastornan muy seriamente la vida cotidiana. No es el propósito de este trabajo analizar las causas de la debilidad en materia de participación y tampoco hay un criterio uniforme en cuanto a las razones de la misma. Sin embargo, algunos estudios realizados en el país, como el aludido en páginas anteriores, han concluido que el propio Estado no ha desarrollado los canales adecuados para que la ciudadanía exprese su opinión.
En el ámbito de la educación tampoco parece existir demasiado espacio para la participación. En el año 2003 el propio Ministerio de Educación promovió la realización de
21 Ver también Candia y Martínez. (s/f) La amenaza política sin voto de los jóvenes.
los “Diálogos ciudadanos por la educación” (MINEDUC Informa, Nº 31), que no tuvieron impacto real en la política gubernamental. Por otro lado, estos Diálogos no eran una instancia permanente, sino unos foros puntuales llevados a cabo en distintas localidades del país, cuyos resultados tuvieron nula repercusión en la planificación educativa nacional de aquella época.
El intento, aparentemente más serio, de incentivar la participación por parte del Gobierno fue la creación de los consejos escolares22, amparados por la Ley de Jornada escolar Completa, JEC. El consejo escolar es una figura obligatoria dentro de cada establecimiento educativo, público y subvencionado, que convoca a representantes de docentes, familias y alumnado; con todo y pese a ser un requisito desde 2005, no hay certeza de que estén funcionando en todos los centros.
A nivel más macro, los intentos por tomar parte en la educación nacional se llevan a cabo desde instituciones con diferentes perfiles e intereses. Entre estas se cuentan las asociaciones y federaciones de estudiantes, -universitarios y de secundaria-, de padres, madres y apoderados, los colegios de profesores (nacional y regionales), centros de investigación de distintas tendencias ideológicas, ONGs y corporaciones que trabajan por la infancia y la juventud y algunos foros ciudadanos. De estos últimos logramos identificar dos: el Foro Social por la Educación, que es parte del Foro Social Chileno, que engloba a numerosas organizaciones y particulares de tendencia izquierdista, y el Foro de Educación de Calidad para Todos y Todas23 (Foro ECPT). El Foro ECPT nació al amparo de la Unesco, en cumplimiento de las recomendaciones de Dakar que animaban a la creación de instancias plurales para el intercambio de información, la discusión y eventualmente la incidencia política. En la práctica el impacto real de estos foros es muy limitado: pese a su actividad, su opinión apenas tiene llegada a la ciudadanía y por ende, cuenta con pocas posibilidades de influir en ella. Además, se los considera dependientes de ideologías u organismos y su reconocimiento por parte del Gobierno es escaso o nulo.
22http://600.mineduc.cl/docs/servicios/serv_cart/cart_dere/dere_conse.pdf 23
http://educacionparatodos.cl
Como se ha dicho al comienzo de este apartado, la opinión general es que la falta de participación es una constante en el país. Sin embargo, no hay tanto acuerdo sobre en quién debe recaer la responsabilidad de que la sociedad chilena resulte más participativa. En materia de educación, la realidad no parece responder al empeño que sobre el papel pone el Gobierno por promover la participación.
El detonante del conflicto estudiantil de 2006 fue la nula atención que el Mineduc dedicó a una propuesta redactada por una asamblea de alumnos y alumnas de secundaria, paradójicamente elaborada con ayuda de la Seremi de Educación de la Región Metropolitana. La conclusión principal a la que llegaron tanto el Consejo Asesor Presidencial como el escindido Bloque Nacional, en diciembre de 2006, fue la inconveniencia de que la enseñanza pública estuviera en manos de las municipalidades. Casi dos años más tarde y con una Ley General naciente, no se han tenido en cuenta muchos de los puntos reivindicados por los estudiantes y los municipios continúan al cargo de los centros. Por otro lado, en los últimos meses los movimientos anti-LGE, fundamentalmente de alumnos y profesores, se han reavivado. Estos movimientos han sido más o menos organizados, pero sin duda no son incidentes aislados y se han hecho notar. El Gobierno, sin embargo, se ha mantenido firme en su empeño por sacar la Ley adelante, aun teniendo a gran parte de la propia Concertación en su contra, como ya se ha dicho antes. La percepción, entonces, es que no hay demasiada voluntad por incorporar a los actores educativos de la sociedad civil a la política nacional.
Por su parte, ante el Proyecto de Ley de Educación Pública, aparecido en escena por sorpresa y a aún a falta de más datos que se irán conociendo durante el año 2009, no cabe sino manifestar perplejidad. Por un lado, el Gobierno fundamenta su existencia en las recomendaciones emanadas del Consejo Asesor y de otros sectores que opinaron sobre la educación a raíz del conflicto estudiantil de 2006. La pregunta entonces es: ¿por qué no se tomaron en cuenta estas recomendaciones y opiniones en el momento de redactar la LGE? Por otro lado, la redacción del nuevo proyecto se ha llevado con el máximo secretismo y sin participación de los grupos afines a la Alianza por Chile, que tienen voz y voto en el
Congreso, máxime cuando pueden ser la fuerza política ganadora en las elecciones presidenciales de 2009.
Finalmente cabe referirse a los medios de comunicación, cuya importancia no debe ser desestimada y que con frecuencia contribuyen a desvirtuar el valor que pueda tener la participación. Las expresiones de descontento con la LGE y con el estado de la educación en general, si bien censurables algunas de ellas, son sistemáticamente demonizadas por los medios, llegando incluso a establecerse comparaciones con los conflictos sociales de los tiempos de la Unidad Popular y alertando del riesgo de desestabilización del sistema democrático. La imagen que se proyecta a través de los medios es la de grupos estudiantiles desorganizados, desorientados y sin idea clara de sus reivindicaciones, lo que de ninguna manera favorece el apoyo social a las demandas de participación.