Cambios políticos en el papel del estado

Los cambios institucionales empiezan con la toma del poder y del gobierno federal por Getúlio Vargas y su grupo de apoyo, en 1930 que, a su vez, también resultó en grandes transformaciones en la base política que pasó a comandar los destinos del país, desde entonces. Se considera que a partir del primer Gobierno Vargas existe un punto de inflexión en el rumbo de la política brasileña y este es un punto clave para explicar la reorientación en las formas de actuación del Estado, sea a través de la política económica, sea, de manera muy especial, a través de las nuevas instituciones creadas para dar respaldo a esas nuevas políticas del gobierno.

Ese momento sería el punto histórico, en el que ocurre, en Brasil, el fenómeno de la coyuntura crítica, en los términos conceptuales de la teoría institucionalista inclusiva y excluyente de Acemoglu y Robinson. O, en la concepción de North, que sostiene que "el cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico."

Como ya se ha demostrado, fue a partir de ahí (1930) que se identifican los primeros cambios institucionales de gran impacto en los sucesos económicos que venían a ocurrir al paso del tiempo: dos constituciones en la década de treinta, una en la de cuarenta, y otra en la de sesenta.153 Estas, como suele ser habitual en todas las constituciones de los países, tenían la función de establecer las reglas del juego en general, pero en el caso de Brasil, también se establecieron reglas para el campo de la economía, de manera más específica a través de la introducción de un capítulo especial, llamado "Del Orden económico". También fueron inicialmente creadas las leyes y legislación laboral, luego la reforma educativa y diversos organismos económicos y

153 _{El hecho de que haya habido cambios y nuevas Cartas Constitucionales, refleja cambios en el ámbito} político, incluso de régimen político y de gobierno, pero bajo el aspecto económico, todos los derechos han sido preservados, especialmente uno de los más importante, el derecho a la propiedad. “Las instituciones pueden ser creadas como lo son las constituciones políticas de los Estados” (North, 1995, p. 14).

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financieros, en el ámbito del aparato del Estado. Es de reconocer que la gran mayoría de estas nuevas instituciones estaba explícitamente vinculada al fomento, incentivo y apoyo de toda suerte al sector industrial y por extensión a todas las actividades económicas.

Se entiende que todo ese conjunto de nuevas instituciones formales (constituciones, códigos y leyes, derechos de propiedad, judiciales, educativos, económico-financiero, seguridad, etc.) y todos los diferentes organismos gubernamentales conforman un marco institucional en el concepto northiano. Esta nueva estructura institucional al redefinir las reglas del juego y estructurar un conjunto de incentivos, estableció un sistema de coordinación por parte del Estado y funcionó como un mecanismos de reducción de las incertidumbres propias del sistema de mercado, y ofreció un clima de estabilidad y confianza a los agentes económicos para trabajar e invertir, es decir, emprender en las actividades económicas.

En el caso de Brasil, se da cuenta que cupo un gran papel al Estado, como

diseñador de las instituciones, en el desarrollo de esa nueva matriz institucional. A partir de una actuación más activa y claramente deliberada de los gobiernos brasileños en favor de la industrialización, como forma de promover el crecimiento económico y el desarrollo del país, el Estado proporcionó instrumentos institucionales directamente vinculados a los objetivos de la industria y el proceso de industrialización. Esa relación/conexión entre las instituciones y la industria está expuesta y claramente definida y caracterizada en los objetivos de cada una de las nuevas instituciones y organismos creados o transformados/adaptados como se demuestra en ese capítulo del estudio.

Aún en lo que se refiere al papel del Estado, se resalta - como se ha señalado a través de los autores institucionalistas referidos en el marco teórico -, que el buen éxito de un proyecto de desarrollo pasa necesariamente, como plantea Stratchamnn (2002, p. 122), por “el montaje o la revisión profunda del marco institucional de ese Estado, de manera que pueda conducir eficazmente el desarrollo”. Así, se entiende que el Estado brasileño supo desarrollar esta estructura institucional de manera a alcanzar los objetivos de industrialización que pretendía hacer.

Se puede argumentar que el Estado fue uno de los organismos fundamentales debido a la determinación de los respectivos gobiernos, a lo largo del período, en promover la industrialización y acelerar el crecimiento económico, entendidos por ellos como necesarios para alcanzar el desarrollo social del país. Esta opción se pudo probar

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por las instituciones y organismos creados. Por lo tanto, se configura que uno de los muchos cambios importantes, fue el propio papel del Estado.

Por medio de ese nuevo marco institucional, el Estado brasileño jugó un papel clave en el proceso de industrialización y del crecimiento económico a través de dos funciones: la función clásica, el Estado como un regulador de la actividad económica y del Estado como un participante directo en la actividad económica, es decir, el Estado- empresario.

Como organización política el Estado-regulador ejerció la función de proveedor de las garantías, las reglas y los incentivos, lo que influyó en la toma de decisión para invertir e innovar de los agentes. También actuó en la planificación económica, lo que significa indicar al sector privado los retos a medio y largo plazo, los recursos disponibles y qué políticas e instrumentos serán utilizados para la consecución de los objetivos económicos y sociales que espera alcanzar. En este sentido, la planificación sirve para dar previsibilidad y seguridad a los agentes económicos.

Como Estado-empresario, el Estado brasileño actuó de forma más directa en las actividades económicas, a través de sus empresas estatales, especialmente en los sectores financiero, generación de infraestructura, producción de bienes intermedios y suministro de servicios públicos. Así siendo, el Estado influyó directa e indirectamente en la asignación de los recursos en la economía del país y en la toma de decisión de los agentes económicos.

En esas circunstancias, el Estado como emprendedor se reveló un estimulador del sector privado, pues sus inversiones no competían con las actividades privadas, sino que pretendían cubrir una laguna en los sectores o actividades que, inicialmente, no eran atractivas al emprendimiento privado, ya sea por requerir altas inversiones, por falta de capital o de rentabilidad incierta y/o demorada. Al hacerlo, el Estado reduce los riesgos y los costos de transacción, impulsa las actividades privadas, estimula la formación de nuevos mercados para todos los agentes económicos, resultando en beneficios privados y sociales.

De lo anterior, se puede afirmar que el sector privado en general y la clase empresarial industrial en especial no eran contrarios a la intervención directa del Estado en las actividades económicas a través de sus empresas estatales. Principalmente, porque las empresas estatales ocuparon los llamados “espacios vacíos”, en los sectores básicos de producción de bienes intermedios y de infraestructura, como el acero, petróleo, minerales, telecomunicaciones, electricidad, etc. Estos sectores eran

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considerados muy importantes por el gobierno para impulsar el desarrollo económico y no eran atractivos al sector privado que, por sus características capital-intensivas, requerían altas inversiones iniciales, que no estaban disponibles en aquel momento. Además, también es importante subrayar la participación de los empresarios industriales por medio de sus entidades sindicales y asociaciones clasistas en las comisiones y consejos económicos del Gobierno/Estado, notablemente en el área de la planificación económica. En esos organismos públicos, los industriales también pudieron ejercer algún tipo de influencia en la toma de decisiones de la política económica del Estado orientada al sector industrial y así ser copartícipes del proceso de industrialización del país.