Es natural preguntarse si los países de América Latina y el Caribe pueden aplicar con éxito el tipo de estrategia de desarrollo que se ha descrito. En general se presume que la
mayor parte de esos países adolecen de Estados débiles, en el sentido de que “tienen escasa capacidad de transformar la economía y la estructura social que dirigen” (Evans, 1995, página 45). En otras palabras, aun cuando el diseño de la política pública sea correcto, resulta difícil implementarla debido en parte a una burocracia débil donde “es notable la ausencia de un comportamiento regido por las normas e inmerso en una estructura de carreras más amplia que genere un compromiso con los fines institucionales” (Evans, 1995, página 46). Como ejemplo puede decirse que un “Estado fuerte” es el que puede llevar a cabo una política de sustitución de importaciones sin ser absorbido por los mismos empresarios que ésta crea.
Si bien este es un problema evidente en la región, no es cierto que afecte a todos los países. Fácilmente viene a la mente el Estado chileno como un ejemplo de Estado fuerte. Quizás lo mismo se aplique, aunque con menos vigor, a otros países como México, Costa Rica, Colombia y Brasil. Por otra parte, hay países como Haití donde no es posible siquiera imaginar que existan las condiciones necesarias para una serie sofisticada de intervenciones microeconómicas como las analizadas anteriormente. Por lo tanto no sería correcto generalizar en el caso de la región de América Latina y el Caribe. Algunos países pueden aplicar una sofisticada estrategia orientada a la creación de conglomerados productivos, otros ciertamente no.
En todo caso, cualquier acción posible en el corto plazo depende de las capacidades públicas. Por lo general, existen “islas de eficiencia”, o sea, organismos públicos u ONG que han demostrado ser capaces de diseñar e implementar políticas. Los gobiernos deben asegurarse de que estos organismos y organizaciones disponen de los fondos y políticas necesarias y tratar de desarrollar sinergias entre ellos. En el mediano plazo, los países deben trabajar para mejorar las capacidades públicas en áreas básicas como la política de innovación, la promoción de exportaciones, la captación de la inversión extranjera directa, el apoyo a las PYME y la coordinación a los niveles más altos del gobierno. Más aún, los países deben formular una estrategia de desarrollo en la que se combinen las ideas mencionadas de acuerdo a sus respectivas capacidades y oportunidades de desarrollo.
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