Las referencias que hacen los testimonios a los modos en que se hace presente el Estado en las trayectorias de los sujetos particulares, remite a un proceso histórico más amplio. En el año 1976 comenzó para nuestro país un período de oscuridad, denominado, por quienes lo impulsaron, “Proceso de Reorganización Nacional”. Nos referimos a la última dictadura cívico-militar, caracterizada fundamentalmente por la violencia, la represión y la violación sistemática de los derechos humanos. En cuanto a las políticas sociales implementadas por la dictadura militar, podríamos mencionar que se trata de un tiempo de retroceso marcado por el desempleo y el crecimiento del mercado de trabajo informal generado a partir de la desindustrialización. Estos procesos se profundizaron y consolidaron en la década del „90, con la presidencia de Carlos Menem. Podemos observar en éste período histórico, un proceso de centralización de la riqueza y la propiedad en un sector social, mientras otro sector atraviesa por el contrario un proceso de empobrecimiento y miseria.
El ministro de economía de la dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, impulsó un modelo económico de carácter neoliberal, que proponía modificar la producción y distribución sobre la que se basaba el modelo anterior de sustitución de importaciones. La idea fundamental desde esta perspectiva es que el mercado es el mecanismo más eficiente de asignación de recursos y de disciplinamiento social. En este sentido, algunas de las medidas tomadas en estos años fueron la suspensión de la actividad gremial, la anulación del derecho de huelga, el no reconocimiento legal de la CGT, la represión a los dirigentes, a los delegados de fábrica y a los representantes sociales. A esto se le sumo la caída del salario real en un 60%, afectando la distribución del ingreso siempre a favor de los sectores empresarios. Se eliminaron también las contribuciones patronales a la seguridad social, sustituyéndolas por impuestos indirectos de carácter regresivo (como el IVA). Así, el financiamiento de la seguridad social y las jubilaciones quedaba a cargo de los trabajadores. Por otro lado, se crearon leyes para aumentar el control del Ministerio de Trabajo sobre los sindicatos, prohibir la conformación de
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organismos confederales, la participación en actividades políticas y la separación de las obras sociales de los sindicatos impulsada en la década del „40. Además, conscientes de que los despidos masivos implicarían un aumento del conflicto social, el gobierno militar recomendó sancionar a aquellos empleadores que contrataran extranjeros sin permiso de trabajo. En cuanto a las villas miserias, la política implementada fue el desalojo a través de la fuerza y la represión. Muchas de estas familias emigraban a otras villas del conurbano bonaerense. En este contexto, la intervención social del Estado debía restringirse a la asistencia a los más pobres, ya que los trabajadores debían ser capaces de garantizarse por sí mismos la satisfacción de sus necesidades a través de su salario.
Eran los principales representantes del neoliberalismo quienes sostenían que las raíces de la crisis
“estaban localizadas en el poder excesivo y nefasto de los sindicatos y, de manera más general, del movimiento obrero, que había socavado las bases de la acumulación privada con sus presiones reivindicativas sobre los salarios y con su presión parasitaria para que el Estado aumentase cada vez más los gastos sociales” (Anderson, 1996:8).
En este sentido, queda claro como la estrategia neoliberal buscaba quitar el poder a los trabajadores, atacando fundamentalmente a los sindicatos. Así, se comienza a cuestionar la eficacia del Estado, promoviendo una constante descalificación del mismo y enalteciendo al mercado como aquel espacio privilegiado de resolución de la cuestión social. Tal como sostiene Netto, la defensa del Estado mínimo persigue “el Estado máximo
para el capital” (1993: 81). Sin embargo, lejos de generar estas medidas un crecimiento económico, lo que se produjo fue una fuga masiva de capitales, el incremento de la deuda externa; una caída en las inversiones, el consumo y la producción; aumento de la precariedad laboral, el desempleo y subempleo. Además, según datos censales,
“en Argentina en 1980 la población total es de 25.237.000 habitantes. De éstos, 10.465.000 conforman la población económicamente activa (PEA) de los cuales 71,2% son ocupados plenos, mientras 26,6% son subocupados, y el 2,2% son desocupados. En 1990 la población total es de 32.880.000, de los cuales 12.370.000 integran la PEA, 60% son ocupados plenos, 32,7% son subocupados, y 7,3% son desocupados” (Fernández Soto, 1999: 15). Vemos en estos datos como la población con ocupación plena disminuyó notablemente, mientras aumentaron los subocupados y desocupados. Evidentemente, estos procesos de desocupación han ido acompañados por un proceso de empobrecimiento que conllevó a múltiples mecanismos de exclusión social. En este sentido, las principales
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características que asumieron las políticas sociales en nuestro país fueron la integralidad, la privatización, la descentralización y la focalización.
Con el regreso a la democracia, durante el gobierno de Alfonsín, se exaltó el poder de la democracia como forma de organización política para superar las problemáticas sociales que dejó la dictadura. Sin embargo, más allá de los esfuerzos por hacerlo a través de diferentes programas como el PAN, este gobierno no logró revertir la situación y en 1989 adelantó la entrega del gobierno al presidente Carlos Menem.
Durante este período, se concretó un cambio en los ejes de políticas públicas, basándose en la “teoría del derrame”, y cambios en las políticas sociales debido a las transformaciones en sus formas de financiamiento, funcionamiento y administración, con la finalidad de reducir el gasto público y abrir al sector privados nuevos campos de actividad como la salud, la educación, las jubilaciones, etc. En este sentido, una de las medidas llevadas adelante por este gobierno fue la estabilidad monetaria, que establecía la convertibilidad estricta entre la moneda local y el dólar estadounidense. Podemos mencionar también, retomando los aportes de Hintze (2007), la desregulación de la economía y los mercados, la apertura externa promovida que permitió el movimiento de capitales, mercancías y servicios, acompañada de una fuerte de reducción de aranceles a la importación, la privatización de empresas públicas y de servicios de uso económico masivo y productivas estratégicas, flexibilización laboral, reducción de la estabilidad en el puesto de trabajo, promoción de modalidades contractuales por tiempo determinado, baja de los costos de contratación y despido, entre otras medidas relacionadas a la flexibilización laboral. También hubo una reprogramación de la deuda externa, acompañada por un permanente endeudamiento.
A partir de esto, se generaron en nuestro país diferentes propuestas de resolución a las contradicciones entre los procesos de acumulación y legitimación, dominando los procesos de “mercantilización” de los derechos sociales y de “naturalización” de las desigualdades sociales. (Fernández Soto, 2004)
Podemos comprender cómo la intervención estatal en este período es fundamentalmente en beneficio de los sectores económicos más poderosos del país, fomentando la privatización de empresas estatales y asegurando la acumulación de capital por parte de estos, corriendo el eje de intervención en el ámbito social, dejando la atención de las necesidades sociales al sector privado, implementando políticas focalizadas y residuales para aquellos que quedaban por fuera del mercado en la atención de sus demandas, retomando en varios aspectos las lógicas de atención filantrópicas desarrolladas
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por la Sociedad de beneficencia, generando lo que hoy denominamos como procesos de re- filantropización.
Se creó, de esta forma, un nuevo espacio de atención a las necesidades denominado “Tercer sector” (Montaño, 1996), ya que no es ni el Estado ni el mercado quien da repuesta sino que son organizaciones de la Sociedad Civil, tal como refiere un entrevistado, en su barrio:
“había copas, merenderos, comedor comunitario. Cuando tenía 8 o 9 años iba. Eran de un hombre de a la vuelta de mi casa, no de la salita ni nada de eso.” (Entrevista 10, joven del Instituto Lugones, 21 años, Lomas de Zamora, hace 4 años que esta institucionalizado).