A partir de lo desarrollado hasta aquí, podemos afirmar que el Estado está atravesado por múltiples y contradictorios intereses. Asimismo, si bien es un espacio de lucha por
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colocar como superiores los intereses de una clase sobre otra, históricamente ha sido hegemónica la clase que, dentro del sistema de producción capitalista, se ha beneficiado también económicamente. Sin embargo, el capitalismo, en los últimos años del siglo XIX, experimentó profundas variaciones en su organización y dinámica económica, con incidencias necesarias en la estructura social y en las instancias políticas de las sociedades nacionales que engloba. En estos años, tal como afirma Netto (1992), el capitalismo competitivo fue sucedido por el capitalismo de los monopolios, transformando la dinámica de la sociedad burguesa y potenciando las contradicciones fundamentales que existían hasta ese entonces. En este contexto de transformaciones globales, evidentemente el Estado también se ha visto implicado.
En este sentido, la lógica monopolista demanda mecanismos de intervención extraeconómicos, por lo cual es aquí donde entran en juego las modificaciones en materia estatal, ya que se refuncionaliza y redimensiona el Estado, debido a que es por excelencia esa instancia de poder extraeconómico. A partir de este proceso, podemos identificar las modificaciones que sufre el Estado, ya que mientras en la fase competitiva se lo consideraba como protector de las condiciones externas de producción capitalista, como garantizador de la propiedad privada de los medios de producción burgueses y sólo excedía estas funciones en casos puntualizados, en la fase monopólica, la intervención estatal, además de dicha preservación, incide en la organización y en la dinámica económica “desde adentro”, de forma continua y sistemática; ya no de manera emergencial o episódica. Es en este momento que las transformaciones mencionadas implican que las funciones políticas del Estado se articulen orgánicamente con sus funciones económicas.
En este contexto de transición capitalista, donde las protestas obreras comenzaron a ubicar entre las prioridades del Estado la intervención en las manifestaciones de la cuestión social, para mantener el orden hegemónico. Estas manifestaciones se tornaron objeto de intervención continua y sistemática por parte del Estado, generando un proceso de redimensión del mismo, donde comenzó a organizar el consenso social ampliando su base de sustentación y legitimación sociopolítica, mediante la generalización y la institucionalización de derechos y garantías civiles y sociales que se podrán visualizar, entre otras cosas, en las implementaciones de las políticas sociales. Es importante mencionar que esta transición de una fase a otra del capitalismo se realizó en paralelo a una profundización en la organización de las luchas del conjunto de los trabajadores que sufrían las condiciones de trabajo y la miseria en la que vivían. Así, el Estado comenzó a dar respuesta a las demandas de los sectores trabajadores, con el fin de que se pudiera
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preservar la maximización de los lucros (Netto, 1992).
Se vuelve necesario, en este punto del desarrollo histórico de la intervención estatal, definir de qué hablamos cuando hablamos de “cuestión social”. Para ellos, recurrimos a los aportes de Marilda Iamamoto y Raúl Carvalho, quienes sostienen que se trata de las diferentes expresiones que se generaron a través del proceso de formación y desarrollo de la clase obrera, fundamentalmente a partir de “su ingreso al escenario político de la sociedad, exigiendo su reconocimiento como clase por parte del empresariado y del Estado. Es la manifestación, en el cotidiano de la vida social, de la contradicción entre el proletariado y la burguesía.” (1983: 77)
En este sentido, es la clase trabajadora quien logra que, para mantener la dominación de la burguesía, el Estado intervenga creando nuevos mecanismos de respuesta, más allá de la represión. Este mecanismo son las políticas sociales, cuyo desarrollo si bien se ha ido complejizando a través de la historia, no ha cambiado la funcionalidad que le dio origen: preservar y controlar la fuerza de trabajo.
En este contexto, las políticas sociales actuales más nombradas por los jóvenes entrevistados han sido el programa Envión, como un espacio al que empezaron a asistir una vez judicializados, la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Plan madres de 7 hijos o más, el Progresar, los merenderos (en gran Bs. As.), y el bolsón de alimentos que buscaban con sus madres en la salita de su barrio.
Por otro lado, nos referimos a políticas sociales, en plural, ya que éstas no son pensadas, intencionalmente, de forma integral, dando respuesta a las necesidades del ser humano como ser social unificado, sino que los problemas sociales, definidos como tales por alguien en determinado momento histórico, son abordados separados entre sí. De esta forma se crean, en principio, procesos de intervención que individualizan los problemas sociales, convirtiéndolos en problemas individuales, generando procesos de psicologización (Netto: 1992).
Asimismo, es necesario señalar que al ser los problemas sociales atendidos de forma individual, la política social debe constituirse necesariamente en políticas sociales, recortadas, focalizadas, dirigidas a dimensiones separadas entre sí como si no formaran parte de una única realidad social. Por lo cual, podemos observar en los proyectos políticos, políticas destinadas a diferentes sectores como por ejemplo trabajo, alimentación, educación, salud, etc., como si todos ellos no atravesaran al mismo ser social.
En otras palabras, la intervención del Estado a través de las políticas sociales contribuye entonces en la reproducción de la fuerza de trabajo de distintas formas. Entre
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ellas Fleury (1994), identifica que estas tienden a la subordinación del trabajo al capital siempre asegurando la ganancia de la clase dominante, a través de la educación como mecanismo disciplinador y el cuidado de la salud y la capacidad física del sector trabajador. Cabe destacar que éstas son formas de impacto directo en la reproducción de la fuerza de trabajo, aunque existen otras formas indirectas como los planes y programas sociales. Un ejemplo de esto es el programa Envión, el plan fines, la AUH, los bolsones de comida mencionados por los jóvenes entrevistados. Estas última dos, por ejemplo, son formas de salario indirecto (Iamamoto, 1997), ya que no son parte de una remuneración a cambio del trabajo realizado sino que son otorgadas por el Estado por cumplir con requisitos de certificación de existencia de necesidades básicas insatisfechas, que complementan o sustituyen el salario.
Es fundamental no olvidar que las políticas sociales son estrategias del Estado para lograr la hegemonía de una clase sobre otra, por lo cual, en primer lugar, creemos que es importante partir por entender a las mismas como parte del proceso de formación y expansión de una clase social a la cual hay que persuadir para que no transforme el orden existente. En este sentido, podemos afirmar que las políticas sociales son parte de la estrategia hegemónica que posee la clase dominante para continuar con su dominación, aunque luego depende también del posicionamiento ético-político de quien trabaja con ellas que puedan ser también mecanismos de restitución de derechos previamente vulnerados por el mismo Estado. Esta capacidad de dirección de una clase, y por lo tanto de construcción de hegemonía, depende de la capacidad que esa clase tenga para tomar los intereses de los sectores subalternos como propios y construir desde allí un proyecto nacional que incluya en apariencia a toda la población respondiendo a los diferentes intereses y demandas, en búsqueda del bien común. En esa construcción tienen un papel fundamental las políticas sociales, ya que permiten la incorporación de los intereses materiales de las clases dominadas, que serán incorporados según la capacidad de presión de las clases y sectores subalternos, sea de manera organizada para la transformación de las necesidades sociales o a través de las revueltas populares. En este sentido podríamos afirmar que el contenido de las políticas sociales es definido por la presión que ejerzan sus destinatarios.
Por lo tanto, las políticas sociales son una expresión del Estado que se encuentra en disputa, cuya función es reproducir la hegemonía y mantener el orden social. Por ello, los principales destinatarios de éstas políticas son aquella población factible de alterar dicho orden. La función social de las mismas es ordenar y organizar la vida de los sujetos,
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garantizando una protección mínima que permita la subsistencia y manteniéndolos controlados a través de las relaciones que se crean con los distintos agentes del Estado.
En este sentido, las políticas sociales constituyen el denominado proceso de ampliación del Estado, el cual se ve ligado a un ideal ficticio de igualdad, incluyendo la expansión de los derechos y, fundamentalmente en las últimas décadas, la noción de ciudadanía social. Ahora bien, la ciudadanía está asociada con aquellos valores relativos a la igualdad, a los cuales se les oponen los de desigualdad, representados en las clases sociales en conflicto, por ello, consideramos que es imposible hablar del ejercicio pleno de la ciudadanía, tal como refieren las definiciones de las políticas sociales de las últimas décadas, en un sistema de producción que profundiza la desigualdad y la lucha de clases, en el marco de un Estado en contradicción constante que legitima la acumulación del capital. Además, es necesario pensar que estas políticas que buscan disminuir las desigualdades y alcanzar el bienestar implican también la “institucionalización de la desigualdad, al contrario de su extinción” (Pereira, 1996 en Montaño, 2000: 16).
Finalmente, comprendemos que a través de los diseños de las políticas sociales, en el marco del desarrollo del sistema de producción capitalista, la sociedad capitalista esconde en el discurso de la igualdad las bases de la desigualdad, reivindicando derechos sociales de los ciudadanos cuando en realidad lo que se hace es transferir los ingresos generados por los mismos trabajadores, apropiados por el Estado o el sector empresarial, y redistribuirlo a través de diferentes políticas sociales. Es fundamental comprender estos procesos, ya que nos permiten posicionarnos como trabajadores sociales en relación constante con aquellos sujetos a los que se dirigen estas políticas. Según el posicionamiento que tomemos como colectivo social, y la problematización que hagamos respecto a las políticas con las que intervenimos, éstas operaran como mecanismos de asistencia directa y focalizada o bien, podremos comenzar a acompañar procesos de transformación de la realidad en la que nos encontramos.
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