EL CASO ESQUEL.

UN GRITO DE RECHAzO: NO1

Pablo Quintana2

“En principio es el grito. Nosotros gritamos. Cuando escribimos o leemos, es fácil olvidar que en el principio no es el verbo sino el grito. Ante la mutilación de vidas humanas provocadas por el capitalismo, un grito de tristeza, un grito de horror, un grito de rabia, un grito de rechazo: ¡No!”. Del libro “Cambiar el mundo, sin tomar el poder” de John Holloway.

Los proyectos mineros comenzaron a tener su auge en plena época mene- mista. Las leyes aprobadas en el Congreso y el Código de Minería fueron hechas a medida de las empresas multinacionales, acorde a sus apetencias, y a espaldas de una sociedad que por entonces nada conocía sobre los si- niestros planes que se fueron elaborando. El conjunto de leyes nacionales fueron originadas y redactadas por las mineras trans nacionales, aprobadas en la Argentina con “ayuda” del Banco Mundial que, para ha cer ese tra- bajo de consultoría dictada por el sector, engrosó la deuda externa. Así se pueden ver la Ley de Inversión Minera 24.196 (que facilita la entrada de capital extran jero, asegura a los inversores una estabilidad fiscal por 30 años, tratamiento impositivo diferenciado, elimina el gravamen a impor- 1 Este texto fue publicado como artículo en el libro: “La Patagonia de pie. Ecología versus negocia- dos”. Coordinación editorial: Lucas Chiappe. 2005. Fue autorizada su publicación en este libro.

taciones o deducciones especiales para fomentar la protección del medio ambiente, entre otros beneficios); Ley de Ordenamien to Minero 24.224 (el Estado entrega sin costo información geológica-minera básica para orien- tar la inversión, y se incrementan las superficies destinadas a exploración y explotación); Ley del Acuerdo Federal Minero 24.228 (la Argentina ofrece un tratamiento jurídico homogéneo a la inversión privada}; Ley de Finan- ciamiento y Devolu ción del IVA, 24.402 (crea un régimen que estimula las inversiones privadas en bienes de capital y obras de infraestructura, fomentando la producción de minerales destinados a la exportación); Ley de Protección Ambiental 24.585 (reduce las exigen cias de protección am- biental a favor de la inversión privada) y Ley de Política Am biental Na- cional 25.675. A lo que habría que agregar leyes provinciales afines y la incapacidad operativa del estado actual en todos los niveles. Poco se sabía cuando las iniciativas mineras comenzaron a desembarcar en provin cias como La Rioja o Catamarca y en la Patagonia a través de Santa Cruz. Desde aproximadamente 1998 la cordillera chubutense había despertado los intere ses exploratorios de quienes “venían por oro, venían por todo”, como categóricamente lo definió Javier Rodríguez Pardo. Unas 372 áreas gigantescas son identificadas en el Tratado de Minería entre Argentina y Chile, en la que la zona de Esquel es sólo una de ellas.

A un país que arrastra sobre sus espaldas recientes políticas de saqueo, destrucción y asesinatos; con las empresas nacionales en manos privadas y sus sectores produc tivos desvalijados, aparentemente sólo le queda su po- tencial en recursos naturales. Sin embargo, en oposición a ese pensamiento lineal y mercantilista aparece la peque ña comunidad de Esquel, aliada con las localidades cordilleranas de Trevelin, Lago Puelo, Epuyén, El Hoyo y Corcovado, entre otras, que a mediados del año 2002 intentaron desnudar un infame plan minero que podría convertirse en una verdade ra pesadi- lla para la Patagonia. La explotación minera de oro y plata en el Cordón Esquel, a sólo 6,5 kilómetros de la ciudad, se había construido en silen- cio y sin demasiados detalles hacia la comuni dad, salvo las promesas que por aquellos días derrochaban espacio en medios loca les y provinciales,

augurando inversiones millonarias y puestos de trabajo para el desarrollo de la ciudad cordillerana. “Meridian Gold invertirá durante 15 años unos 250 millones de dólares” expresaba una nota publicada el 13 de agosto de ese año, donde se hablaba de 400 puestos de empleo permanente y 1.600 indirectos, con una recaudación para la provincia de 7,5 millones de pesos por canon minero y 30 millones de dólares por regalías. Por en tonces nada se decía de las multimillonarias ganancias que embolsaría la empre- sa de origen canadiense, pero mucho menos del perjuicio ambiental que semejante emprendimiento ocasionaría en la región; como tampoco de las características noci vas y dañinas de la minería, un tema tan ajeno para una comunidad que entendía a la actividad sólo con casco, pico y pala, en medio de socavones. Meridian Gold había adquirido recientemente a la firma británica Brancote la mina El Desquite, por 270 millones de dó- lares, desembarcando con un poderío económico dispuesto a realizar su negocio en lo inmediato. Se preparaba así a extraer en el menor tiempo posible la riqueza mineral que existe en el Cordón Esquel para produ cir “Barra Doré”, una aleación de oro y plata, buscada y bien cotizada en el mercado. La empresa de capitales estadounidenses y canadienses presen- taba entre sus galardones, yacimientos similares como El Peñón (Chile), Jerrit Canyon y Beatrack (Esta dos Unidos) y Rossi (Perú). Para el caso de Esquel, el proyecto minero hablaba en sus inicios de un período de explotación durante los próximos quince años, pero las urgencias y las ambiciones modificaron sustancialmente el bosquejo hasta reducirlo a unos ocho años. Por entonces la prensa sólo informaba acerca de los 120 millones de dólares que invertiría para explotar el complejo minero, y la masa salarial de 1.000.000 de pesos con sueldos promedio de 2.000 pesos mensuales. Nada decía, por cierto, de los más de 1.200 millones de dólares de ganancia que esto le generaría a la trasnacional, y mucho menos de la destrucción ambiental que la actividad extractiva generaría en el futuro de la comunidad cordillerana.

Simultáneamente a la compra del ex-hotel Maika (en pleno centro de la ciudad) por parte de la empresa, el Gobierno de la Provincia del Chubut,

por intermedio de su Director de Minería, el geólogo Guillermo Hughes, comenzó a hacer públicas las pretensiones de la Minera El Desquite S.A. Eran tiempos en que la fábrica textil Texcom cerraba sus puertas y dejaba en la calle a más de 250 trabajadores, después que la zona perdiera los beneficios de la promoción industrial. Sin embargo, nada se hizo desde el ámbito gubernamental, mucho menos desde el privado, por mantener esas fuentes genuinas de trabajo. El proceso prácticamente había culmi- nado con su etapa de exploración iniciada hacía aproximadamente cuatro años, a espaldas del Cerro 21 y de la gente. Casi como un efecto dominó, Meridian Gold tenía planificado iniciar su extracción en Esquel, teniendo en cuenta que la explotación que la multinacional desarrollaba en Anto- fagasta, al norte de Chile, estaba a punto de concluir. Era indispensable para la firma de origen canadiense dar continuidad a la cotización de su valor en la bolsa de mercado mundial y Esquel era una puesta fuerte en escena. Pero la comunidad que estaba ajena de todo ese proceso, comenzó a vislumbrar que una gran amenaza la acechaba. Mediaba el mes de se- tiembre cuando profesionales de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco y Organizaciones No Gubernamentales ambientalistas de la Comarca Andina y del Valle provincial, co menzaron a generar espacios de debate en tomo al futuro que tendrían los recursos naturales. El primer escenario fue la flamante Escuela 713 donde una Cátedra Abierta encen- dió la alarma acerca de la crisis de los bosques andino-patagónicos, del petróleo y de todos los minerales del subsuelo chubutense. Un sistemático proyecto de extrac ción y exterminio comenzaba a divisarse con un poco más de claridad de cara al futu ro de la región.

Esquel, una ciudad conservadora por excelencia, y a la que se le habían reclamado desde hacía tiempo participación y compromiso, comenzaba a sacudir su modorra. Sólo días después un informe enviado por Internet, que daba cuenta de los riesgos y detalles del emprendimiento minero, re- corría las líneas cibernéticas, multiplicán dose como plaga. En un intento por detener la información que había comenzado a circular, uno de los responsables de El Desquite, el chileno Ornar Nef, enviaba un correo

haciendo con sideraciones sobre los datos que circulaban vía Internet: “El texto que les adjunto tiene una serie de imprecisiones, errores, y mezcla de informaciones objetivas con otras de tipo subjetivas. Respetamos las posi- ciones que cada uno pueda tomar respecto del emprendimiento. Pero no podemos aceptar que se falsee información, se oculte parte de la verdad, se confunda en forma tendenciosa, aunque después se alegue ignorancia”. Sin embar go, Nef, que tiempo después sería despedido por la empresa minera, nunca descali ficó públicamente la información que profesionales, vecinos y ambientalistas daban a conocer al resto de la comunidad. El boca en boca, las llamadas telefónicas y los correos electrónicos se fueron propa gando por la ciudad como una reacción en cadena. Con más incertidumbres que certezas, los pobladores se movían casi por instinto natural frente a un monstruo de dos cabezas, con un visible poder político y un ostensible poder económico. A los correos electrónicos y llamadas telefónicas, sucedió la incuestionable participación de profesionales, el diálogo en cada una de las esquinas, hasta coincidir en la imprescindible necesidad de compartir entre varios un mismo espacio de discusión. Fue suficiente para que la ex escuela Normal se transformara en el escenario del primer encuentro, después que los vecinos insistieran en la necesidad de juntarse. Muchos esquelenses recuerdan aún con frescura los temores y ansiedades que acom pañaron a cada uno hasta el emblemático estable- cimiento educativo de la ciudad. Rostros desconocidos, pero con miradas cómplices, confabulación y regocijo, eran señales para reconocer que no estaban solos. Profesionales, amas de casa, desocupados y trabajadores, invadieron el Salón de Usos Múltiples de la ex Normal. Allí confluye- ron preocupaciones, comentarios, versio nes, copias de Internet, recortes de diarios. Todo servía y todos hacían catarsis con la sola intención de desmenuzar lo desconocido. Recién allí pudo cristalizarse la idea que el proyecto minero podía impedirse. A pesar de que ya tenía fecha de inicio en breve tiempo, a pesar de que la clase política se vanagloriaba de haber logrado una vez más entregar nuestros recursos naturales y a pesar del acompañamiento que brindaban los empresarios locales, la revaloriza ción

del término “vecino” comenzó a constituirse entre los esquelenses. De esa primera reunión surgió la propuesta de convocar a una asamblea abierta a toda la comunidad, con una gran difusión por los medios locales y a través de la charla con los propios vecinos. La preocupación de un puña- do, pronto comenzó a ser esparcida por el aire cordillerano. La reunión de mediados de octubre fue el lanzamiento de un movimiento genuino y transparente que no se detendría hasta lograr lo que se había propuesto: parar el emprendimiento. La primera asamblea fue una prueba para cada uno de los vecinos de Esquel, por la convocatoria, por la inexperiencia, por lo ignorado, por la incertidumbre de saber hacia donde se dirigían. Fue así, casi como sin quererlo, que Esquel fue moldeando con manos de artesano la diversidad de un espacio participativo llamado asamblea, tan horizontal como heterogéneo. En el medio del salón, con un entorno de casi doscientas personas, la primera asam blea supo albergar a uno de los principales ‘lobbystas’ del emprendimiento minero radicado en Esquel, ex funcionario municipal y provincial, que hizo uso de la pala bra y pese a las abismales diferencias que lo separaban del grueso de la muchedum bre fue respetuosamente escuchado. La segunda congregó a alrededor de 600 personas en el SUM de la ex Escuela Nor mal, para votar por unanimidad por el No a la Mina, y un cerrado aplauso que retum bó en cada uno de los rincones del establecimiento fue el preámbulo de la lucha que emprendían los vecinos. El movimiento vecinalista no tendría retorno. Ésa y no otra sería desde entonces la consigna de una asamblea que comenzaba a dis- cutir hasta los detalles más insignificantes. Pero las agresiones y amenazas comenzaron a surgir como respuesta frente a la mo vilización y capacidad de la sociedad cordillerana. Primero fue una intimidación telefónica con- tra la doctora Silvia González, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia, que junto a Marta Sahores brindaron charlas en las Escuelas sobre los riesgos del cianuro, el óxido de plomo, y otros tóxicos que se proyectaba emplear en el emprendimiento minero. Después vendría la amenaza que la familia del docente Lucas Fossatti recibiría en su propia vivienda el 14 de noviembre,

cuando una persona que no se identificó, se presentó como trabajador minero cuestionando a su esposa e hijo de once años, por la participación ciudadana y el “desagrado” que ello provocaba a las personas inte resadas en que el emprendimiento siga adelante. Luego seguirían una serie de amenazas que fueron todas denunciadas ante el Minis terio Publico Fiscal, sin que corrieran la suerte de ser debidamente esclarecidas. Lejos de des- articular lo realizado, las planificaciones de los vecinos se intensificaron. Las planillas para juntar firmas (que en su parte superior izquierda tenían el logo de la calavera cruzada por dos huesos y una leyenda que decía “No a la mina”, con un texto que solicitaba un plebiscito vinculante para que fuera la comunidad la que tuviera el derecho de decidir sobre su futuro) fue la primera acción que se expandió a cada rincón de la ciudad.

En el seno de las discusiones, la inquietud por trasladar toda esa ebullición a las calles no se hizo esperar, llegando a cada una de las esquinas de los barrios. Era necesario multiplicar los compromisos, la comprensión de lo que les estaba pasando, de lo que les podía suceder. Escuelas de nivel pri- mario y polimodal se transformaron en ámbitos donde se com partía con los jóvenes la información que se obtenía, que era contradictoria con la que escasamente brindaba el gobierno y la empresa minera. Profesionales daban a conocer nefastos antecedentes de accidentes por derrames o fil- traciones de cianuro. Hechos donde se registraban contaminación de agua y tierra por drenajes ácidos de las minas y metales pesados, eran algunas de las denuncias que los vecinos esgrimían como banderas de lucha. Desde Montana, Estados Unidos, la doctora María Laura Miserendino, esquelen- se y radicada en el país del norte, cumpliendo una beca en la Universidad de aquel esta do, daba a conocer la legislación ya vigente en ese estado, ya que en noviembre de 1998 se aprobó una ley (1-137) que prohíbe el uso de cianuro para lixiviado en mine ría, que además regula la extracción de oro a cielo abierto, y especifica cuáles son las tareas de mitigación en aquellos emprendimientos anteriores a esa ley. Con esos precedentes llegaría el 24 de noviembre del 2002, donde se produjo la pri mera marcha por el No a la Mina en las calles de Esquel. La plaza San Martín fue el lugar del en-

cuentro, según lo establecido en la asamblea, y su recorrido, también esti- pulado, era marchar por avenida Ameghino, 25 de Mayo, avenida Alvear y regre sar por Mitre pasando frente al municipio. Unos 1.500 manifestantes zamarrearon el letargo del pueblo patagónico que comen zó a caminar por sus propias calles. Ávidos de información, no sólo repararon en el daño ambiental que acechaba.

El acuerdo binacional entre Argentina y Chile que permite la exploración en todo el limite cordillerano, fue analizado por profesionales y sus con- clusiones llegaron has ta Esquel a través de la red. Sería el resorte para co- menzar a desmenuzar toda la legislación vigente en torno a las explotacio- nes mineras. Así se fue reconstruyendo la llamada ingeniería de incentivos fiscales para las multinacionales que pueden explotar el recurso mineral, y con sorpresa descubrieron que la legislación habilita sólo a empresas privadas a obtener los bienes escondidos bajo tierra.

Desde entonces los vecinos no pararon de denunciar los impactos alta- mente negati vos en el plano socioeconómico que puede generarse en las localidades o regiones de explotación y exhibieron el marco legal argen- tino que otorga enormes ventajas jurídicas y fiscales a las inversiones mi- neras. En las asambleas surgieron infinidades de propuestas, muchas de las cuales fueron eje en el proceso de lucha que los vecinos ensamblaron: “que se expidan los respon sables sobre el permiso de utilización del cianu- ro”; “presentación de un recurso de amparo ante Tribunales por parte de cada uno de los vecinos”; “elaborar un informe en inglés a cada accionista de la empresa minera”; “hacer llegar a los medios nacio nales la informa- ción de lo que está pasando”; “impedir que caigan los emprendimientos turísticos”; “juicio a los funcionarios por violar las leyes provinciales ya que en primer término se le permitió a la empresa llevar a cabo la primera etapa sin presentar el informe de impacto ambiental, y segundo autoriza- ron el transporte de sustancias tóxicas a través de nuestras rutas”; “hacer llegar planillas de firmas al resto de la provincia”; “no aceptar la fecha de postergación a la Audiencia Pública, en la plaza, el 4 de diciembre”. Sólo dos días después de la primera movilización, unos 400 manifestantes se