De los seis casos estuDiaDos, la mina de Tintaya representa la operación
más antigua, con algo más de 25 años de actividad productiva. Tinta- ya se ubica en la provincia de Espinar, en la región del Cusco, a 4,100 metros sobre el nivel del mar.
Con la puesta en marcha de la mina de Tintaya, Espinar se convir- tió desde inicios de la década del 1980 en la zona minera de la región Cusco y una de las más importantes del sur del país. La trayectoria de la mina de Tintaya muestra diferentes etapas: desde la fase inicial, bajo la gestión de una empresa pública, pasando por la etapa de pri- vatización y la llegada de empresas transnacionales, que expandieron aún más las operaciones mineras en la segunda mitad de la década de 1990.
En todas estas etapas se fueron creando y reproduciendo un con- junto de demandas que estuvieron en la base de conflictos importan- tes, tanto en los espacios rurales vecinos a la operación minera como a nivel de toda la provincia. Los temas centrales del conflicto han gira- do en torno a los impactos de la minería en los recursos naturales de la zona y a la demanda de que la actividad minera se vincule y aporte al desarrollo de la provincia.
La disputa por el manejo de tierras comunales, que eran desti- nadas antes que llegue la minería a uso agropecuario y a la gestión 1. Capítulo a cargo de José De Echave (CBC).
de los recursos hídricos, fue un aspecto central de los reclamos de las comunidades campesinas vecinas a la mina. Las expropiaciones iniciales de tierras tuvieron un impacto importante en los pobladores, agrupados hasta entonces en una sola comunidad; posteriormente, ya bajo gestión privada, la empresa siguió adquiriendo tierras comuna- les. Por otro lado, como es usual, la minería se convirtió en un compe- tidor directo por el control de los escasos recursos hídricos de la zona, provocando además impacto en ellos.
Las comunidades directamente afectadas fueron las de la cuenca del río Salado. Si bien los impactos fueron diferenciados por zonas, uno de los aspectos más relevantes para el conjunto fue la pérdida de tierras comunales. Poblaciones como la de Tintaya Marquiri fueron afectadas por la expropiación inicial, y posteriormente las comunida- des de Alto Huancané, Bajo Huancané, Huano Huano, Alto Huarca y la propia Tintaya Marquiri vendieron sus tierras a la empresa, presio- nadas por procesos de servidumbre que en paralelo se tramitaban en el Ministerio de Energía y Minas.
Todos estos aspectos fueron formando parte de una agenda de demandas que las comunidades campesinas comenzaron a levantar frente a las autoridades y los sucesivos equipos directivos de la em- presa, tanto en su etapa pública como cuando la mina fue privatiza- da. Según Francisco Córdova, comunero de Huano Huano y dirigente fundador de la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería del Cusco, “ni las autoridades del ministerio ni los funcio- narios de la empresa quisieron atender nuestros reclamos”. Las de- mandas de las comunidades campesinas giraban en torno al tema de tierras afectadas por la expropiación inicial y lo que los comuneros llamaron “ventas forzadas”, los problemas ambientales, desalojos y el desarrollo de la zona.
El desarrollo de las agendas reivindicativas estuvo acompañado de procesos complejos de formación de actores y nuevos referentes organizativos. Se pueden identificar un conjunto de estrategias de las organizaciones sociales de Espinar en torno al conflicto con la empre- sa minera: fortalecimiento organizativo, desarrollo de capacidades, construcción de alianzas, campaña e incidencia fueron algunos de los aspectos claves de las acciones desarrolladas a lo largo de los años.
Los cambios en la propiedad de la empresa también influyeron y marcaron distintos momentos del conflicto. Desde la fase inicial, con
la puesta en marcha de la mina bajo la modalidad de una empresa pública, pasando por la transferencia al sector privado y la presencia de dos de los grupos mineros transnacionales más importantes a nivel mundial, se operaron cambios significativos en la evolución del conflic- to y en la propia transformación de este, como se verá más adelante.
En varios momentos se produjeron estallidos sociales en Espinar que terminaron en movilizaciones, paros regionales, denuncias en di- ferentes ámbitos e incluso tomas violentas de la mina. Estos hechos evidenciaron problemas de fondo y la incapacidad para gestionar el conflicto y encontrar relaciones de equilibrio entre la presencia mine- ra y los intereses de las comunidades.
Los principales momentos de conflicto y discrepancia fueron: El 21 de mayo de 1990, cuando se produce la primera gran re- •
vuelta que terminó en una toma de la mina; luego de unos días de movilizaciones y toma de rehenes, se logró un acuerdo con el Estado peruano. Desde entonces, el 21 de mayo se convirtió en una fecha de referencia para futuras movilizaciones.
Posteriormente, el año 2001 las comunidades afectadas y orga- •
nismos no gubernamentales presentaron una denuncia contra la empresa BHP Billiton en Australia, que motivó que se inicie un proceso de diálogo.
El 21 de mayo de 2003 se realizó una movilización a las instala- •
ciones de la empresa, sin que se registren actos de violencia. La movilización reactivó las negociaciones del convenio marco. El 23 de mayo de 2005 se produjo una nueva toma violenta de la •
mina, abriéndose un nuevo proceso de negociación.
En torno a estos estallidos se desarrollaron procesos de negocia- ción y diálogo en función de una agenda que fue evolucionando a lo largo de los años en los diferentes sectores de la población, la empresa minera, autoridades locales, regionales y nacionales y organismos no gubernamentales.
El caso de Tintaya muestra aspectos que están presentes en el escenario global de los conflictos mineros. En primer lugar, en zonas como las de Tintaya, donde la minería lleva implantada un largo período, las estrategias de las poblaciones locales, sus organizaciones y autoridades parecieran orientarse a negociar sobre todo las condiciones
de la continuidad de su permanencia, mas no su retiro: el “discurso antiminero” en Tintaya no se orienta a un rechazo abierto o al pedido del cierre de las operaciones de la mina. En los pronunciamientos pú- blicos y en los testimonios recogidos se perciben posiciones predomi- nantemente de negociación, con agendas que han ido evolucionando a demandas más integrales: ambientales, de desarrollo, culturales y de derechos.
En segundo lugar, Tintaya también presenta en sus distintas eta- pas los procesos complejos de formación de actores locales, estrate- gias de desarrollo de capacidades, organización y posicionamientos en torno al conflicto minero. Desde la inicial formación de federaciones campesinas y frentes de defensa, la orientación en el último período ha sido la aparición de organizaciones que buscaron una mayor espe- cialización en los temas relacionados al conflicto minero, con aliados regionales y nacionales con experiencia en el tema y sobre el cual desarrollan estrategias específicas. Por el lado de la empresa minera, Tintaya también permite ver la evolución de las estrategias empresa- riales en torno a un conflicto que pasó a ocupar el primer lugar en el orden de sus prioridades.
Uno de los aportes del caso de Tintaya es que pese a las dificul- tades y los distintos momentos de crisis, se puso en evidencia una capacidad de diálogo y logro de acuerdos que no tiene precedentes en el escenario de conflictos mineros en el Perú. Hoy en día las dife- rentes instancias creadas en la zona, como la mesa de diálogo, donde participan las comunidades vecinas a la mina, y la del convenio mar- co de carácter provincial, aunque con dificultades, estallidos violen- tos y demoras en la implementación de acuerdos, siguen funcionan- do y se han convertido en un mecanismo de trabajo que ha logrado institucionalizarse.
La llegada de la minería y las diferentes etapas del conflicto
Las primeras acciones desarrolladas en relación con lo que actualmen- te se conoce como la operación minera de Tintaya se remontan a la segunda década del siglo pasado. Las exploraciones en la zona se ini- ciaron en 1917, cuando la empresa estadounidense Andes Exploration of Mine determinó la existencia de reservas en la comunidad de Antay- cama; posteriormente, en 1952, la empresa Cerro de Pasco Corpora- tion adquirió los derechos para continuar con las exploraciones.
En septiembre de 1971, y bajo el impulso de la participación esta- tal en la actividad minera, el gobierno peruano de entonces otorgó a la empresa pública Minero Perú los derechos para explotar los depósitos de Tintaya. El 2 de mayo de 1980, fue constituida la Empresa Estatal Minera Asociada Tintaya S. A., siendo uno de los últimos emprendi- mientos mineros bajo propiedad del Estado en el Perú.
Las acciones de la nueva empresa fueron distribuidas de la siguien- te manera: Minero Perú (45%), CENTROMIN Perú (45%) y la Corpora- ción Financiera de Desarrollo (10%). En septiembre de 1981, cambió de denominación por la de Empresa Minera Especial Tintaya S. A.
Para el desarrollo de la actividad minera, el Estado, según Re- solución Directoral N.41/81/EM/DGM, de fecha 26 de junio de 1981, decidió la expropiación de 2,368 hectáreas de tierras de propiedad de la comunidad de Antaycama, que afectó al sector de Tintaya Mar- quiri. Este fue un primer momento de cuestionamiento y disputa: los comuneros observaron la decisión del Ministerio de Energía y Minas, por considerar que sus derechos habían sido afectados, y además el justiprecio o monto de valoración era exiguo y no habían sido consi- derados diversos daños y perjuicios. Desde entonces, la población de Tintaya Marquiri perdió una importante cantidad de tierras y se fue convirtiendo gradualmente en una suerte de asentamiento humano al borde de la mina.
Las obras civiles de construcción de la mina culminaron a finales de 1984, y la Empresa Minera Especial de Tintaya comenzó la pro- ducción el mes de abril de 1985, convirtiéndose rápidamente en la tercera productora de cobre del Perú en la segunda mitad de la década de 1980.
Iniciada la década de 1990 y bajo el impulso de las nuevas políti- cas y las reformas liberales, se inició la transferencia de las empresas públicas al sector privado. El Comité Especial encargado de la priva- tización de la empresa de Tintaya fue nombrado el 12 de febrero de 1993 por Resolución Suprema N. 044-93 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Antes de ser privatizada, la empresa fue objeto de una serie de medidas para su reestructuración: se evaluaron las reservas disponibles, las acciones de la empresa (99.85%) fueron transferidas a Minero Perú S. A. y los puestos de trabajo fueron racionalizados.2
Las propuestas para la compra de la mina de Tintaya fueron pre- sentadas el 6 de octubre de 1994, participando seis postores. El con- sorcio estadounidense Magma Copper Company/Global Magma Ltda. se adjudicó la buena pro: el contrato, firmado el 29 de noviembre de 1994, estableció un pago en efectivo de US$ 215.7 millones y la entre- ga de US$ 55 millones en títulos de la deuda externa. Adicionalmente, los trabajadores adquirieron acciones por US$ 3.8 millones, lo que significó que el monto total de la venta de la mina de Tintaya alcanzó la cifra de US$ 276.8 millones.
De esta manera, la nueva empresa cambió su denominación por la de Magma Tintaya S. A. Poco después, en enero de 1996, Magma fue absorbida por el grupo australiano Broken Hill Proprietary (BHP), y finalmente este último se fusionó, en 2001, con la empresa Billiton PLC de Inglaterra, conformando el segundo grupo mundial productor de minerales.
La formación de los actores locales y la evolución de las estrategias
Desde finales de la década de 1970, en la provincia de Espinar se ha- bía desarrollado un importante trabajo de agrupamiento de las comu- nidades campesinas que derivó en la conformación de la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE). La FUCAE se terminó de constituir el 17 de septiembre de 1980 y tuvo como primer presidente a Cresencio Merma, miembro de la comunidad de Anta Ccollana.
El trabajo de formación de la FUCAE fue desarrollado por un gru- po de dirigentes y asesores vinculados a la Confederación Campesina del Perú, que en los años siguientes asumieron un rol protagónico y cargos de representación importantes, tanto a nivel gremial como en instancias de gobiernos municipales. La FUCAE pasó a ser, durante muchos años, un actor importante en la provincia de Espinar, base de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco.
A nivel provincial, desde el inicio de las operaciones, autoridades locales y organizaciones de carácter provincial levantaron como deman- da central que la minería se vincule con el desarrollo de la provincia.
A inicios de la década de 1980, en el Perú se vivía una gran efer- vescencia política por el retorno de la democracia, luego de doce años de gobierno militar. Realizadas las elecciones generales, en mayo de
1980, fueron convocadas elecciones municipales en todo el país,3 y en la provincia de Espinar la agrupación política Izquierda Unida asumió el gobierno provincial de Espinar durante dos períodos seguidos entre 1981 y 1986.
Los alcaldes de la primera etapa de operación de la mina plantea- ron la necesidad de que la empresa se articule económicamente con la provincia. La cercanía política de las autoridades municipales y los dirigentes de organizaciones sociales como la FUCAE ayudó a que se vayan estructurando un conjunto de demandas frente a la actividad minera: en primer lugar, el reclamo de los comuneros afectados por la expropiación de tierras continuó, al mismo tiempo que las autoridades y las organizaciones sociales solicitaban a los directivos de la entonces empresa pública empleo para la población local, obras de infraestruc- tura y servicios básicos.4
La falta de respuesta a las demandas de la población propició la creación de una nueva instancia de organización: el Frente Único 3. Para el mes de noviembre de 1980.
4. Entrevista con Oscar Mollohuanca, alcalde provincial en el período 2000-2002.
Período AlcAlde PArtidos
1981-1983 Víctor Torres Chuctaya Izquierda Unida 1984-1986 Franco Gilberto Andia Lazarte Izquierda Unida
1987-1989 Arturo Espinoza Enriquez APRA
1990-1992 Mario Ccorahua Salcedo Izquierda Unida
1995-1996 Manuel Infantas Ccapatinta FRENATRACA
1996-1997 Prudencio Aimituma Quispe FRENATRACA
1997-1999 Pedro Virgilio Caballero Tacar Acción Popular
2000-2002 Oscar Mollohuanca Cruz Minka
2003-2006 Luís Antonio Álvarez Salcedo APRA
2007-2011 Alfredo Salinas Pérez Renacimiento Andino
Cuadro 5
por la Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) fue fundado en marzo de 1988 y tuvo como primer presidente al profesor Mario Cco- rahua Salcedo, vinculado políticamente al frente de Izquierda Unida. El FUDIE buscó agrupar al conjunto de organizaciones sociales de la provincia de Espinar, con una agenda de trabajo amplia que respalda- ba las demandas que provenían de las zonas rurales y urbanas.
En noviembre de 1989, Mario Ccorahua fue elegido alcalde pro- vincial de Espinar, asumiendo el cargo en enero de 1990. En ese mo- mento el Perú vivía los últimos meses del gobierno aprista, en medio de un clima de agitación social y crisis económica. El compromiso del nuevo alcalde con la solución de lo que ya en ese entonces se deno- minada “la agenda pendiente con la empresa minera”, hizo que tanto el municipio como las principales organizaciones sociales de Espinar propongan un pliego de demandas específicas: electrificación para la provincia, asfaltado de la carretera, empleo preferente para los pobla- dores de Espinar y apoyo a las comunidades.
En torno a estas demandas se realizó una paralización provincial que se inició el 21 de mayo de 1990. El paro y la movilización de la población terminaron con la toma de la mina, manteniendo como re- henes a algunos funcionarios de la empresa; la paralización y las mo- vilizaciones duraron hasta el 27 de mayo, cuando finalmente se pudo establecer un proceso de negociación. Entre los principales líderes de las protestas destacaron Lorenzo Ccapa, en ese momento presidente de la FUCAE y secretario general del FUDIE; el propio alcalde provin- cial, Mario Ccorahua; Esteban Chacón y Fredy Arenas, dirigentes es- tudiantiles del Instituto Público de Espinar; y Victoriano Bustamante, representante del Colegio de Abogados de Espinar.
Las negociaciones duraron cerca de dos meses y finalmente se lograron algunos acuerdos: electrificación de la zona urbana de Es- pinar y apoyo a las comunidades campesinas en maquinaria para la elaboración de artesanías y un fondo rotatorio para la adquisición de medicinas veterinarias. Esteban Chacón, entonces dirigente estudian- til, señala que las demandas fueron predominantemente económicas y muy puntuales: “Todavía en ese entonces no hablábamos de temas ambientales y la recuperación de tierras y otros temas integrales rela- cionados con el desarrollo y nuestra cultura”.5
Pese a que los acuerdos logrados no cubrieron el íntegro de las demandas, la movilización de mayo de 1990 marcó un momento im- portante en la vida social de Espinar. Desde entonces, el 21 de mayo se convirtió en el “día de la dignidad de Espinar”, y alrededor de su conmemoración se reprodujeron otras movilizaciones y protestas. La estructuración y el proceso del convenio marco provincial
La década de 1990 fue una etapa de cambios importantes en Espinar y en el resto del país. La venta de la mina de Tintaya y la llegada de nuevos operadores, en un escenario de reformas estructurales que definió un nuevo marco legal y que tenía en la minería a uno de los sectores claves para la reactivación económica en el país, modificaron drásticamente el escenario precedente.
Los cambios en la provincia de Espinar se dejaron sentir y al mis- mo tiempo la sensación predominante en las organizaciones sociales era que el avance de la minería no debía olvidar la agenda de deman- das pendientes. A partir de la segunda mitad de la década de 1990, ya instalados los nuevos propietarios, se iniciaron procesos de compras de tierras comunales: la estrategia era expandir las operaciones de la mina de Tintaya y ampliar el nivel de reservas.
En el seno de las principales organizaciones sociales de Espinar y de los grupos políticos, avanzaba la idea de definir una propuesta integral de negociación con los nuevos propietarios en el nuevo con- texto. Para sus promotores, la propuesta de negociación debía superar las demandas puntuales que habían predominado hasta entonces y apostar a una lógica integral y de largo plazo,6 que articule las de- mandas de las comunidades y de las zonas urbanas, la problemática ambiental, los pedidos de trabajo para la población local y obras de infraestructura de carácter provincial.
El triunfo en las elecciones municipales, en noviembre de 1999, del grupo político Minka, que llevó como candidato a Oscar Mollohuan- ca, representó un nuevo momento de articulación de las autoridades locales con las demandas de la población. El nuevo alcalde convo- có a grupos de asesores e instituciones para trabajar la problemática
minera y la definición de un acuerdo marco con la empresa minera. En paralelo se inició un proceso de negociación con las cinco comuni- dades vecinas a la operación minera.
El 5 de septiembre del año 2000, el alcalde y diversas organi- zaciones sociales de la provincia organizaron una movilización a la ciudad del Cusco. El objetivo era hacer visible a nivel regional el con- flicto con la minería y la agenda de demandas de las autoridades y la población de Espinar. Ese mismo año se realizaron cinco reuniones entre la empresa y los principales representantes de la población de