La historiade Yanacocha es la de una gran explotación minera marcada
por prácticas “tradicionales” en cuanto a su relación con la población afectada por su actividad, que luego intenta implementar mejores prácticas de responsabilidad social, pero, hasta el momento, infruc- tuosamente. Los altos niveles de desconfianza y descontento que en- frenta la empresa en Cajamarca se expresan en recurrentes episodios de protestas y conflictos, cuyas demandas sin embargo parecen ser asimilables por la empresa, en tanto se caracterizan por su carácter localista, desarticulado y en ocasiones pragmático. En general, exis- ten en Cajamarca agudos problemas de acción colectiva, así como de representación social y política, que se expresa también en altos niveles de fragmentación.
A pesar de que Yanacocha constituye un caso de “nueva minería” desde el punto de vista tecnológico, la relación con la población está marcada por el aprovechamiento de la enorme disparidad de poder y recursos a favor de la empresa, una de las minas de oro más gran- des del mundo. Esto ha generado problemas reiterados y un descon- tento creciente, tanto entre los campesinos afectados directamente 1. Capítulo a cargo de Martín Tanaka y Carlos Meléndez (IEP).
por la operación de la mina como entre la población de la ciudad de Cajamarca. Todo esto prosperó en medio de una precaria presencia estatal, signada por un Estado nacional mucho más preocupado por su política de atraer inversión que por regular la actividad minera, por una gran incapacidad para prevenir los conflictos, mediar eficaz- mente para su solución y supervizar el cumplimiento de los acuerdos establecidos; y por la incoherencia en la actuación de las instancias nacionales, regionales y locales de gobierno.
A pesar de lo dicho, en septiembre de 2004, por la confluencia de una serie de factores y oportunidades coyunturales, aprovechadas por diversos brokers o intermediarios sociales y políticos, se logró ar- ticular una protesta masiva en la ciudad de Cajamarca en contra de la empresa, en oposición al inicio de actividades de exploración en el cerro Quilish. Esta protesta tuvo al inicio como protagonistas a cam- pesinos que temían ver afectadas sus fuentes de agua, pero terminó movilizando a gran parte de la población de la ciudad de Cajamarca, y lograron detener las actividades de exploración. Una muestra de lo excepcional de esta coyuntura es que los líderes de las protestas no lograron posteriormente articularla organizativa ni políticamente, y que desde entonces se ha vuelto a la dinámica previa, de conflictos aislados y esporádicos, pero reiterados.
Después de las protestas de 2004, Yanacocha se propuso cam- biar de estrategia de relación comunitaria y adoptar un modelo más serio de responsabilidad social; al mismo tiempo, diversas agencias e instancias del Estado se propusieron cumplir funciones de interme- diación y diálogo, buscando establecer relaciones armónicas entre la empresa, el Estado, las poblaciones afectadas por la actividad minera y los diversos actores de la sociedad civil de Cajamarca. Sin embargo, hasta la fecha, las cosas no parecen haber cambiado demasiado.
Los inicios
La explotación minera en Cajamarca no es nueva. Históricamente se remonta a épocas prehispánicas y coloniales, pero más recientemen- te, en el siglo XX, la actividad minera en este departamento se carac- terizó por la práctica artesanal, informal y sin medidas que eviten los problemas de contaminación ambiental. El ejemplo más notorio del legado minero en Cajamarca se puede apreciar en los pasivos
ambientales (relaves y bocaminas) que pequeñas empresas mineras nacionales (ya desaparecidas) dejaron en la provincia de Hualgayoc, principalmente en las zonas aledañas a los ríos Maygasbamba, Llauca- no y Arascorgue. El agua procedente de estos ríos, donde alguna vez existieron truchas, es prácticamente inutilizable en la actualidad. Esto es consecuencia de que las empresas que operaron en esta zona, has- ta alrededor de la década de los años setenta, no realizaron el proceso de “cierre de mina”. Ninguna autoridad estatal vigiló el cumplimiento de esta obligación.
Evidentemente, la contaminación dejada por la actividad minera en Hualgayoc constituye un precedente negativo para los cajamarqui- nos. Los críticos iniciales al establecimiento de Minera Yanacocha en la provincia de Cajamarca apelaron a este pasado como argumento para oponerse a la nueva exploración. Sin embargo, este temor se combinaba con expectativas de empleo y desarrollo, resultado de las promesas hechas por Yanacocha de desarrollar una explotación mo- derna y sofisticada, coherente con su estatus de gran empresa con importantes socios internacionales.
En la constitución de Minera Yanacocha S. A. estuvieron las em- presas Newmont Mining Company (estadounidense, 32.3% de las ac- ciones, una de las empresas de explotación aurífera más grandes del mundo), Compañía de Minas Buenaventura (peruana, con el 32.3%) y el Bureau de Recherches Géologiques et Minieres (BRGM, con el 24.7%), propiedad del gobierno francés. Participó también la Corpo- ración Financiera Internacional, brazo financiero del Banco Mundial, con el 5%. Esta sociedad, constituida en 1992, empezó a tener una serie de problemas internos en 1993, que se extendieron por siete años. BRGM, empresa pública francesa, había entrado en proceso de privatización por decisión del gobierno francés, y terminó siendo adquirida por la empresa australiana Normandy Poseidon, que auto- máticamente asumió las propiedades de BRGM. Newmont y el Grupo Buenaventura adujeron que en esta venta no se había respetado el derecho de preferencia de las socias peruanas de BRGM. Por su parte, BRGM afirmaba que los movimientos de acciones a nivel de empresas matrices no afectan el derecho de preferencia de las subsidiarias. El juicio fue ganado finalmente por Buenaventura y Newmont en 1998 en la Corte Suprema, señalándose que BRGM había perdido su parti- cipación en Yanacocha. Luego del fallo, la composición accionarial de
Minera Yanacocha quedó como sigue: Newmont 51.35%, Buenaventu- ra 43.65% y la International Finance Corporation (IFC) 5%
Posteriormente, BRGM presentó una demanda contra el Estado peruano, argumentando que en el Perú había sido objeto de una ex- propiación, la cual terminó en octubre de 2000, con un acuerdo entre las partes, por el que a BRGM se le indemnizaría por US$ 80 millones. Sin embargo, el reciente descubrimiento de un video del 19 de mayo de 1998, donde aparece el ex asesor Vladimiro Montesinos con el vo- cal supremo Jaime Beltrán Quiroga, ejerciendo presión para que este inclinara su fallo a favor de la Newmont, ha echado sombras al pro- ceso legal en mención”.2 Vale la pena mencionar estos hechos porque ayudan a entender los reiterados problemas de imagen y legitimidad de la empresa en Cajamarca.
Las operaciones de Minera Yanacocha involucran a los distritos de Cajamarca y La Encañada, y las cuencas de los ríos Cajamarquino y Llaucano. El yacimiento se halla sobre los 4,000 msnm, a escasos 20 kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca. La ubicación cierta- mente es un dato importante para entender las protestas de 2004 en contra de las actividades de exploración en cerro Quilish. Yanacocha es la mayor mina productora de oro de Sudamérica, y una de las más importantes del mundo; alcanzó su récord de producción en 2005, con 3.3 millones de onzas de oro, que se redujeron a 2.6 millones de onzas en 2006. Se espera que esta promedie los 1.6 millones de on- zas en los siguientes años, según APOYO S. A. Actualmente, la empre- sa sólo tiene operativos los tajos cerro Yanacocha y La Quinua, pero busca reiniciar actividades en tajos cerrados en años anteriores, así como ampliar sus operaciones, buscando aprovechar el alza del pre- cio internacional del oro. La operación de Yanacocha hace de esta una de las minas más rentables para Newmont a nivel mundial; en 2006 representó el 31% de sus ingresos mundiales.3
2. Tomado del boletín Actualidad Minera, nº 23, febrero de 2001. Lima, CooperAcción (www.cooperaccion.org.pe/modulo/boletin/anteriores/boletin_23_febrero_2001. pdf).
3. La información presentada aquí se basa en Townsend, Augusto. Perfil financiero de minera Yanacocha. En APOYO S. A., www.apoyo.com/entorno-3430-1-0.html, y Pasco-Font, Alberto et al. Gran minería y la comunidad. Lima: GRADE, 2000.
Lo central de estos datos es retener que estamos ante una explo- tación minera de gran escala, cuya magnitud de operación tiene fuer- tes efectos sobre la vida de los campesinos de las zonas circundantes, así como sobre la ciudad de Cajamarca; y que está en juego una gran operación que permite grandes ganancias a una empresa con capi- tales transnacionales, así como ingresos para el Estado a través de impuestos; que tiene al frente una población pobre, con grandes vul- nerabilidades, que desconfía de la acción tanto de la empresa como del Estado, y con grandes problemas de acción colectiva, y de repre- sentación social y política; y que al mismo tiempo tiene expectativas de empleo y acceso a los recursos que genera la actividad minera. Esta combinación de elementos se presta fácilmente para que quienes ganan con la operación de la mina avasallen a una población relativa- mente débil, que por ello recurre a la protesta por cauces extrainstitu- cionales para equilibrar un poco la balanza.
El establecimiento de Minera Yanacocha se dio en un contexto de cambios sustanciales en cuanto a la regulación de la actividad minera y medioambiental. El 8 de agosto de 1990 fue aprobado el Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en cuyo artículo 9 se dispuso, originalmente, que todo proyecto de obra o actividad de carácter públi- co o privada que pudiera provocar daños no tolerables al ambiente re- quería de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sujeto a la aprobación de la autoridad correspondiente, el Ministerio de Energía y Minas.
Según se establece en el Artículo IV del DS Nº 016-93-EM, la autoridad competente para asuntos ambientales en el sector minero es el MEM. De acuerdo a este reglamento, el MEM es la única entidad gubernamental responsable en la determinación de políticas de protección ambiental y aprobación de las disposiciones legales normativas relacionadas con las actividades mineras y metalúrgicas en el Perú. El MEM también es responsable de aprobar los estudios ambientales requeridos, tales como el EIA, autorizar su ejecución, así como de hacer cumplir las provisiones establecidas en dichos estudios.4
Estas normas se dieron en el contexto de otras que buscaban alentar la inversión minera, por lo que las tareas de atraer capitales, 4. Ver www.minem.gob.pe/archivos/dgaam/estudios/yanacocha/oeste/Estructura_
y al mismo tiempo vigilar el cumplimiento de sus compromisos, reca- yeron en el Ministerio de Energía y Minas: es claro que se privilegió lo primero en lugar de lo segundo.
Estos estudios se presentaron y los permisos para desarrollar la operación se obtuvieron. El problema está, primero, en la debilidad del Estado y en su falta de voluntad para supervisar y verificar la exacti- tud de la información presentada, así como velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa; y segundo, en la prác- tica inexistencia de regulaciones concernientes a las relaciones entre la empresa y las comunidades afectadas por su actividad, así como de mecanismos de solución de las controversias que se presenten.
Minera Yanacocha inició el proceso de compra de tierras para iniciar sus actividades en la provincia de Cajamarca en 1992. Diversos testimonios dan cuenta de los bajos precios ofrecidos por la empresa a los campesinos propietarios (entre 100 y 140 soles la hectárea, que si bien fueron “precios de mercado”, son también clara expresión de las asimetrías de poder a las que hemos hecho referencia). En tanto las propiedades se encontraban en las zonas altas de la provincia, y que su valor agrícola no era significativo, la oferta fue aceptada por la mayoría de propietarios. Con todo, desde muy temprano empezaron a aparecer conflictos. Así,
en 1993, los vendedores de la zona de Porcón, apoyados por la alcaldía provincial y la parroquia, reclamaron un “precio justo” por sus tierras, empleo en la empresa minera, la declaración de zonas intangibles y por el canon minero. Yanacocha y los reclamantes llegan a un acuerdo y establecen un acta de conciliación en el que se estipula un pago por ac- ciones e instalaciones no autorizadas (Pasco-Font et al. 2000).
En 1994, en la zona de Combayo se inició un juicio contra Minera Yanacocha por supuesto engaño y coacción a campesinos para ven- der sus propiedades; en 1998, se resolvió que la empresa, que ganó el litigio, creara un fondo de crédito rotatorio para los campesinos que perdieron sus tierras, tras la mediación de la Vicaría de Solidaridad del Obispado de Cajamarca y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
De estos primeros conflictos van apareciendo algunas constan- tes: la relativa ausencia del Estado para mediar en los problemas entre la población y la empresa; la intervención de autoridades locales y
agentes externos (Iglesia y ONG) dando forma, organización y sentido a las demandas de la población; y el carácter puntual y desarticulado de las protestas, lo que hace, de un lado, que estas sean asimilables por la empresa y, del otro, que sean reiteradas en diferentes lugares.
Completado el proceso de compra de tierras, los problemas em- pezaron a estar asociados con temas de contaminación y acceso al agua. Si bien no todos han sido comprobados, en un ambiente de desconfianza y descontento, y ante la ausencia de alguna entidad pú- blica creíble que pueda investigar y sancionar problemas de conta- minación, las denuncias se hacen verosímiles. En el cuadro 4 vemos algunas de las denuncias ocurridas en los primeros años de actividad de Yanacocha.
Según los funcionarios de la empresa, la expansión de las acti- vidades de Yanacocha fue muy rápida, mucho más que lo previsto inicialmente, lo que ayuda a entender que la empresa no haya desa- rrollado desde un inicio políticas conducentes a desarrollar una mejor relación con las poblaciones afectadas. Las relaciones que Yanacocha entabló inicialmente con las comunidades, a través de su política de proyección social, estuvieron caracterizadas por una aproximación tradicionalista, en la que tomaba ventaja de la enorme asimetría de poderes y recursos entre la empresa y los actores sociales locales. La empresa siguió una lógica dispersa de realización de muchas peque- ñas obras que, al no ajustarse a un plan integral de desarrollo arti- culado a otras iniciativas dentro del sector público, inevitablemente terminaron teniendo una lógica clientelista.
La política de la empresa frente a las comunidades se hace más difícil si consideramos que se trata de una organización altamente compartimentalizada y compleja, en la que las distintas gerencias no combinan esfuerzos, cuando deberían ser parte de una estrategia in- tegral, o cuando la prioridad la tiene la lógica de la explotación misma, que funciona como si operara en una suerte de espacio vacío, en el que la población circundante aparece prácticamente como parte del paisaje. En ocasiones pareciera que esfuerzos meritorios de las áreas vinculadas a las relaciones comunitarias se perdieran por la acción de ingenieros o geólogos, o personal dependiente de gerencias de operaciones. Un consultor de la empresa lo explica del siguiente mo- do: “Una cosa es lo que dice el gerente de relaciones comunitarias, otra cosa es lo que hace el ingeniero minero en el campo; mientras los
Fecha SuceSo Lugar reSuLtado
Nov. 1993 Derrame de sustancias químicas en campos de exploración Quilish Alopesía de ovejas. Dolores estomacales en la población Set. 98
Se detecta altas concentraciones de metales pesados en aguas que abastecen planta de El Milagro
Quebrada
Encajón Población de Cajamarca en riesgo Dic. 1998 Relaves mineros de Sipán sobre el río Llapino San Pablo, San Miguel Muerte de peces en 20 km de río Llapino Dic. 98 Derrame de nitrato de amonio por accidente de transporte Tembladera a Chilete Muerte de peces en río Jequetepeque Ene. 2000 Relaves de Yanacocha con arsénico Granja Porcón hasta el Gallito
Ciego
Muerte de peces en 180 km de la cuenca del Jequetepeque y de 12,000 truchas en piscigranja de Granja Porcón
Ene. 2000 Relaves de Yanacocha Cuenca del río Llaucano Muerte de truchas en el río Llaucano Jun. 2000 Derrame de mercurio
Chotén, San Juan, Choropampa, Magdalena Intoxicación de más de 1,200 personas
Ago. 2000 Mercurio en viviendas y colegio de la ciudad de Cajamarca Jr. Ayacucho y CE Rafael Loayza
Intoxicación de aprox. 40 personas
Ene. 2001 Relaves de Yanacocha Cuenca del río Llaucano Muerte de 10,000 truchas en piscigranja El Ahijadero y el río Llaucano
Ene.-Mar. 2001
Dos derrames de petróleo e hidrolina en cuenca del río Jequetepeque Río Jequetepeque Paralización de la actividad pesquera. Intoxicación de pobladores
Mar. 2001 Presencia de metales pesados en Río Grande y pH ácido en
aguas que abastecen Cajamarca Puruay
Muerte de truchas en Río Grande y piscigranja de la Posada del Puruay, a 4 km de Cajamarca ciudad
Ago. 2001 Fuerte acidez de aguas Piscigranja de Granja Porcón Muerte de truchas
Cuadro 4
Denunciascontra Yanacocha
primeros son los locos que se preocupan de la gente, a los otros sólo les interesa las piedras”.
Estas actitudes de la empresa pudieron prosperar en medio de la relativa abstención del Estado, y por la debilidad de los actores socia- les en las zonas rurales en las que actúa la mina, donde se combina un rechazo y desconfianza a la actividad minera con expectativas de empleo y acceso a los recursos que genera. Yanacocha afectó de ma- nera directa a los agricultores de las partes altas de la provincia de Cajamarca; de manera indirecta, a los agricultores en los valles y te- rrenos ubicados a menor altitud, con mayor productividad, que veían con preocupación la posibilidad de que la contaminación de las aguas impidiera la continuación de las actividades de un departamento emi- nentemente rural y agrícola. En todos los casos podemos encontrar fragmentación, graves problemas de acción colectiva y la combina- ción de desconfianza, rechazo y expectativas de acceso a empleo y a los recursos mineros.
En Cajamarca, a diferencia de otras regiones del país, no existen identidades comunitarias fuertes; allí no existen comunidades cam- pesinas como en la sierra central y sur. Se trata de una zona en la que tenemos una tradición de grandes haciendas, que luego se convirtie- ron en empresas cooperativas durante el gobierno militar, y que luego terminaron en un proceso de parcelación de tierras, con límites infor- males, problemas para la definición de linderos y un acceso complejo a las fuentes y canales de agua. Existe una tradición de organización ronderil, pero no tan fuerte en la zona de influencia de la mina, y, ade- más, no debe perderse de vista que existen muchos tipos de rondas, con diversas orientaciones políticas, por lo que no puede deducirse, por su sola presencia, algún tipo de orientación o práctica social.
Así, cuando hablamos de la “población afectada por la actividad minera”, en realidad estamos hablando de múltiples intereses loca- listas, con escasas agregaciones y articulaciones. No existen repre- sentaciones sociales o lealtades políticas propiamente dichas más allá de círculos muy pequeños, ubicados prácticamente a nivel de canal de regadío. Las juntas de regantes y canales de riego son las unida- des orgánicas elementales, y establecen difíciles vínculos con otros actores en espacios mayores, como los tenientes gobernadores y los alcaldes de centros poblados menores. Durante los sucesos del Quilish en 2004, las protestas se inician con la acción de líderes como Gomer
Vargas, alcalde del centro poblado de Huambocancha Baja, y Anas- tacio Yopla, presidente de la Junta de Regantes de La Encañada, que establecieron un vínculo entre las demandas de los campesinos afec- tados y otros actores sociales y políticos. Pero volveremos a este punto