CAPÍTULO IV. CIUDADANÍA MODERNA
4.3. La ciudadanía en la historia de Colombia
La noción de ciudadanía en Colombia ha estado vinculada con procesos “desde arriba” en los cuales, la concepción de Nación se sustenta sobre supuestos monoculturales y homogenizantes que relegan a amplios sectores de la población a la condición de ciudadanía de segunda clase.14
Al respecto, en 1810, con el logro de la independencia, ser ciudadano comprendía una serie de virtudes entre las que sobresalía el patriotismo como disposición subjetiva y expresión moral que movilizaba la defensa militar y cultivaba sentimientos de solidaria y pertenencia entre los
individuos locales y regionales como lo enunciaba el Diario Político de la época en el cual, se definía la ciudadanía desde cualidades como caridad, modestia, cuidado de la esposa e hijos, bondad, práctica de la religión, acatamiento de las leyes y autosacrificio por el bien de la patria (Acosta, 2016, p. 20). Otro ejemplo, es la Ley Fundamental de Angostura de 1819 donde se reconoce la ciudadanía activa a los hombres casados o mayores de 21 años que sepan leer y escribir, posean una propiedad raíz de 500 pesos o algún grado en ciencia, arte liberal o
mecánica, además de un grado militar vivo y efectivo o un empleo de 300 pesos anuales (Acosta, 2016, p. 32). En consecuencia, el concepto de ciudadanía en Colombia se estableció bajo la relación entre propiedad privada y capacidad intelectual lo cual, para la época, limito el título de ciudadano con voto indirecto al 5% de la población masculina realidad que sólo se modificó hasta 1853 con la promulgación de una Constitución de corte liberal que reconocía la libertad religiosa, separaba la Iglesia del Estado, abolía la esclavitud, extendía el sufragio a todos los
14 Ciudadano de segunda clase es una persona que es sistemáticamente discriminada dentro de un Estado o en otra
jurisdicción política, a pesar de contar formalmente con derechos dentro de este Estado. (Ciudadano de segunda clase (Wikepdia), s.f.)
hombres1516 casados mayores de 21 años e introducía el voto directo para la elección
presidencial, vicepresidencial, del Congreso, las Gobernaciones y los magistrados.
No obstante, este avance en términos de derechos duró poco pues, en 1886, entró en vigencia una nueva Constitución en la que se limitó la libertad subjetiva, se replanteó la división Iglesia- Estado, se reconoció a Colombia como país católico, lo cual se ratificó después de 1887 cuando el Estado Colombiano firmó con la Santa Sede un concordato que le “otorgó a la Iglesia Católica un gran poder en la regulación de la conducta de las mujeres, traducida en una normativa moral y jurídica que legitimó por largo tiempo el deficiente reconocimiento de la mujer como ciudadana” (Acosta, 2016, p. 34) y además, reafirmó el imaginario homogéneo de Nación, en donde, la religión católica, apostólica y romana era definida como propia por lo que los poderes públicos debían protegerla y hacerla respetar como un elemento esencial del orden social y la identidad nacional.
Posteriormente, en los años treinta del siglo XX algunos de los procesos o acontecimientos que modificaron este imaginario con el regreso de los liberales al poder fueron:
15 Cabe señalar que la provincia de Vélez, fue la única que, en este año, reconoció el sufragio para cualquier habitante
sin distinción de sexo.
16 Sin embargo, aunque los indios empiezan a contarse dentro de los censos nacionales como hombres libres, la
parcelación de resguardos no mejoró las condiciones de vida de esta población por lo que
(…) la precaria forma en que indígenas y afrodescendientes fueron integrados a la nación desde el siglo XIX marcó su destino durante el siglo siguiente (… al negarsen) las élites a reconocer cualquier derecho colectivo a estas poblaciones, atomizando y aislando a sus miembros y destruyendo los contextos comunitarios en los que históricamente habían construido sus sentidos vitales. (Acosta, 2016, p. 33)
FIGURA 3. Conquistas ciudadanas de la primera parte del siglo XX en Colombia.
Sin embargo, pese a estos avances, por problemas estructurales (extensión de la relación salarial, dificultades para la vinculación de la población trabajadora al Régimen Contributivo, desbalances financieros del sistema) no se consolidan ni extienden los derechos sociales bajos los esquemas de aseguramiento y protección social estatal por lo que, se adoptan sistemas que permiten el surgimiento y el fortalecimiento de las acciones asistenciales para los grupos más vulnerables y, la privatización de los servicios de salud, educación y pensiones (Acosta, 2016, p. 36) limitando el goce de derechos civiles y consolido, una élite empresarial que verticalizaba, desde la racionalidad administrativa y la ventaja comparativa, las relaciones entre razas, empresarios, base técnica de gestión y fuerza laboral. Así,
(…) la idea de una “administración eficiente” buscó conciliar los postulados tayloristas con los principios de la doctrina social de la Iglesia Católica como había sido formulado por León XIII, y evito que una lucha de clases echara raíces, anticipando posibles demandas de los trabajadores. De aquí que una de las dos grandes tendencias del sindicalismo consolidadas en el contexto de las políticas laborales liberales que favorecían la organización obrera en la primera mitad del
siglo XX tuviera tanto una incidencia católica como empresarial. En estas condiciones se “tolero” la organización sindical y, con un discurso cristiano de caridad y justicia se matizó la desconfianza de los empresarios y su inclinación a identificar toda forma de protesta obrera como “sedición política” [además de generar entre 1950 y 1980 las llamadas empresas providencia las cuales asumieron funciones sociales del Estado que posteriormente les permitieron negociar directamente con el…] promover políticas proteccionistas, imponer sus intereses en la definición de las políticas económicas internas y frenar iniciativas y legislativas que beneficiarían a los trabajadores. (Acosta, 2016, p. 36)
En 1980, a raíz de la crisis económica el panorama descrito cambia las formas de contratación por el declive de la empresa providencia. Además, entre 1958 y 1974 se dio una coalición
política y electoral entre liberales y conservadores17 con el ánimo de acabar La Violencia donde
las élites monopolistas determinaron la sucesión del poder cada cuatro (4) años, distribuyeron equitativamente los ministerios y la burocracia en las tres ramas del poder público y
establecieron el candidato presidencial por acuerdo bipartidista eliminando las posibilidades de un pluralismo político real ya que, quienes no pertenecieran a los partidos Liberal o Conservador no eran aspirantes legítimos al poder lo cual, redujo la comunidad política institucional,
simbólica y práctica agregándole al imaginario del “otro” la duda sobre su capacidad para ejercer sus derechos civiles y constitucionales dificultando la consolidación de tercerías al silenciar la voz de organizaciones sociales reivindicativas y obstaculizar el desarrollo de organizaciones de la Sociedad Civil que promovieran o incentivaran la ciudadanía activa y responsable. En suma, se fortaleció un Estado coercitivo vertical sin espacios comunicativos para la Sociedad Civil que en últimas generó en la población resistencia y desconfianza materializada en un conflicto político bipartidista con prácticas clientelistas que transformaron los derechos en favores.
17 Esta época trajo consigo un imaginario de ciudadanía bipartidaria y antagónica en donde los liberales eran definidos
Así, el siglo XIX terminó con sujetos limitados en sus posibilidades de expresión frente al debate público y la construcción de marcos interpretativos colectivos, un crecimiento
exponencial del narcotráfico que aumentaba los problemas de violencia y corrupción; una crisis política derivada del Frente Nacional, una deslegitimación significativa de la política tradicional como conglomerado social y un conflicto armado interno entre guerrillas, Estado y grupos paramilitares lo cual, alteró la escala de valores, el sentido de compromiso y la responsabilidad de los ciudadanos con el Estado afectando gravemente la construcción colectiva de la Nación. Además, en gran parte del siglo XX se vivió un Estado de Sitio con el fin de restablecer el orden público, aunque esto, sirvió de fachada, especialmente en la década de los 80’s para violar y limitar los Derechos Humanos por parte de grupos alzados en armas y el Estado.
Ante esto, en 1990, se incluye en la papeleta de elecciones a corporaciones la pregunta “con el fin de fortalecer la democracia participativa, ¿vota por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la Nación, integrada democráticamente y popularmente, para reformar la Constitución de
Colombia?” lo cual, materializó el deseo de realizar una reforma constitucional sin precedentes, que dio inicio a la construcción y consolidación de una nueva Constitución Política Colombiana que cambió la tradición histórica del país al ampliar los mecanismos de participación ciudadana, reconocer la diversidad étnica y cultural, establecer recursos e instituciones para la defensa y la tutela de los derechos ciudadanos, facilitar la creación de nuevos partidos políticos y, avanzar en la configuración de una nueva cultura jurídica, operante y democrática con el nombramiento de
un Ministro de Defensa Civil y crear la Defensoría del Pueblo para velar por el respeto de los Derechos Humanos.
En resumen, nuestra sociedad experimentó en el siglo XX un proceso de transición supremamente complejo y extenso en el tiempo donde la identidad nacional se proyectó de manera coherente y visible, aunque dejó varios perfiles sociales medianamente sin terminar (la familia, los valores colectivos, entre otros) lo cual hace que la noción de ciudadanía colombiana aún sea un proceso en construcción que por un lado debe afirmar los valores y las actitudes positivas presentes en la tradición nacional pero también, debe encarar críticamente los rasgos negativos del comportamiento colectivo, sin ideologizaciones sobre lo popular o lo nacional, ni pesimismos extremos que no permitan la consolidación de bases pluralistas, tolerantes,
competitivas y, con espacios para la disensión y el desarrollo cultural e institucional para
imprimir cierta direccionalidad que contrarreste el imaginario de volatilidad que se tiene frente a los compromisos del Estado de Derecho.