En el marco del desarrollo rural sustentable, México busca avanzar en la construcción de una agenda transversal e intersectorial en torno a la problemática de la conservación, manejo sustentable y restauración de los ecosistemas forestales. Atendiendo la necesidad de coordinación para enfrentar el cambio climático y el interés del país por impulsar la sustentabilidad en el medio rural, se crearon, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Planeación y sus correlativos de las leyes en la materia16, dos comisiones intersecretariales: la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) y la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS).
En la LGCC se estipula que la CICC tendrá carácter permanente y se integrará por los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores. La CICC cuenta a su vez, con un Consejo de Cambio Climático como órgano permanente de consulta.
Parte de los avances logrados bajo estas comisiones son el diseño de la Estrategia Nacional de Cambio Climático17, el Programa Especial de Cambio Climático y 2014-201818
16 Artículo 45; de la Ley General de Cambio Climático (DOF, 2012);
Artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. (DOF, 2003).
17 ENCC, 2013. 18 SEMARNAT, 2014.
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y la Visión de México sobre REDD+19, elaborados dentro de la CICC; así como el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-201820. Todos estos instrumentos buscan la transversalidad de las políticas públicas para atender el cambio climático y la sustentabilidad de las zonas rurales del país.
Para impulsar REDD+ en México y desarrollar la estrategia nacional en el tema se creó el grupo de trabajo REDD+ (GT-REDD+) dentro de la CICC.
En el año 2013 se realizaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Energía, mismas que fueron publicadas el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Mediante dichas reformas constitucionales se definen como áreas estratégicas las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, así como al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento
19 CONAFOR, 2010b. 20 DOF, 2014.
de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas, lo cual podría inducir cambios de uso de suelo. Por lo anterior, resulta fundamental que, conforme a los objetivos de esta estrategia, se busque el diseño y el alineamiento de las políticas públicas y el marco legal hacia modelos transversales que permitan un manejo sustentable de los ecosistemas y paisajes forestales.
Esquemas de participación social y diálogo
con la sociedad
A la par de estos esfuerzos de coordinación entre políticas y programas y de la creación de instancias intra e intersectoriales en favor de la gestión sustentable de los ecosistemas forestales, se ha redimensionado la importancia de la coordinación entre los órdenes de gobierno y la necesidad de avanzar en la toma de decisiones de manera más cercana a la sociedad. Por ello, se han creado instancias como los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable, el Consejo Nacional Forestal y sus correlativos estatales; el Consejo Técnico Consultivo
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Nacional para la Conservación y Aprovechamiento de la Vida Silvestre; los Consejos de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua; el Consejo de Cambio Climático; el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Consejo Consultivo de la CDI, entre otros.
Asimismo, se han impulsado mecanismos de consulta y participación social en los temas ambientales, de desarrollo rural sustentable y de igualdad de género. Todas estas iniciativas, sin duda perfectibles, muestran la evolución institucional en el tema y la voluntad de fortalecer los mecanismos para la participación social. La creación de los órganos de consulta y participación del sector ambiental federal se fundamenta en los artículos 157 y 159 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en los artículos 155, 156 y 157 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como en otros ordenamientos legales del sector ambiental y de recursos naturales.
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 establece el compromiso del gobierno federal de vincularse con las organizaciones de la sociedad civil y promover la participación ciudadana en la gestión pública. Por ello, la SEMARNAT impulsa y fortalece los órganos de consulta y participación del sector ambiental, creados para que la ciudadanía interactúe con el gobierno, exponga sus opiniones y se involucre en la toma de decisiones para el cuidado del medio ambiente y el manejo y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de nuestro país.
A su vez, la LGCC establece que los tres órdenes de gobierno deberán promover la participación de la sociedad en la planeación, ejecución y vigilancia de la Política Nacional de Cambio Climático.
El sector ambiental del Gobierno Federal busca nuevos esquemas de colaboración y diálogo con la sociedad, donde las organizaciones de la sociedad civil y representantes de productores y dueños de la tierra tienen también un lugar fundamental. Así lo demuestra la experiencia del Comité Técnico Consultivo REDD+ Nacional (CTC-REDD+).
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El CTC-REDD+, conformado por miembros de la sociedad civil, grupos de la iniciativa privada y el sector académico, representantes de gobiernos estatales y del gobierno federal, ha permitido la participación, intercambio de perspectivas, aprendizaje y entendimiento mutuo para la construcción colectiva de acciones de esta naturaleza y su multiplicación en escalas subnacionales. Este comité, presidido por un miembro de la sociedad civil, ha trabajado desde el 2010 y se ha conformado como un espacio de diálogo entre la sociedad y el gobierno para el tema de REDD+ y ha contribuido en el diseño de la Visión de México para REDD+ y de la presente estrategia; asimismo este comité es el órgano de consulta técnica y asesoría del GTREDD+ de la CICC21. De forma similar, los estados de Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Yucatán ya cuentan con su Comité Técnico Consultivo REDD+ a nivel estatal. Y en caso de la península de Yucatán se conformó el CTC-peninsular y el comité de salvaguardas REDD+.
El Consejo Nacional Forestal (CONAF), que es el órgano de consulta y asesoramiento al que de acuerdo con la LGDFS
21 Artículo 23, Reglamento interno de la CICC.
invariablemente deberá solicitársele su opinión en materia de planeación forestal, reglamentos y normas. El cual, ha participado en la retroalimentación de los borradores de la presente estrategia a través de un Grupo de Trabajo creado para tal fin. Durante la primera mitad de 2013 los Sectores Social e Indígena del CONAF, interesados en construir un espacio formal para la discusión, análisis y construcción de propuestas sobre la Estrategia Nacional REDD+, propusieron al pleno de este cuerpo colegiado la constitución de un Grupo de Trabajo para la revisión del borrador de la Estrategia. Posteriormente, con la modificación del reglamento interno del CONAF en 2015, se crea el Comité Técnico de Cambio Climático y Bosques, con el fin de atender los asuntos relacionados con la mitigación y adaptación al cambio climático.