4. PROTECCIÓN DEL ESTADO FRENTE A LAS VULNERACIONES DE
4.2 Comunidades protectoras y la Seguridad humana
El proyecto desarrollado por el Estado en Medellín ,en su obligación de
“generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la
persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan, de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial por tratarse de personas en situación de
vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria” (PNUD, 2011), ha
desarrollado el proyecto mencionado como medida protectora, en el mismo sentido que propone la seguridad humana, es decir, que se parte del reconocimiento de que las personas y las comunidades pueden ser y son amenazadas por eventos que van más allá de su control y por tanto busca proteger a las personas contra las situaciones y amenazas críticas, generalizadas y recurrentes, que para el caso de Medellín son propiciadas por la violencia armada organizada en su afán de consolidar su control territorial y sus negocios ilícitos.
Como se explicó anteriormente, el proyecto centra sus acciones para mitigar el riesgo de que los estudiantes sufran algún tipo de vulneración, poniendo énfasis en la centralidad28 de las personas, al atender situaciones en que se dan enfrentamientos violentos entre grupos armados a través del aumento de la presencia de la fuerza pública, el acompañamiento a los estudiantes al
27 La información sobre la implementación del proyecto ha sido recolectada por un lado
mediante revisión de prensa y por otro mediante la consulta de informes facilitados por el Mecanismo de Monitoreo y Reporte y el Observatorio de Conflicto Armado y Niñez de la COALICO, el cual realizó trabajo de seguimiento y monitoreo de la problemática en la ciudad durante el 2011 y el primer semestre del 2012.
28 Para la seguridad humana las personas son el centro del análisis y, consecuentemente, se
consideran las condiciones que amenazan la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de estas.
interior y en los alrededores de las instituciones educativas y la puesta en marcha de los protocolos de seguridad.
En el programa se evidencia una prevalencia de las medidas de emergencia para la efectividad de las llamadas Comunidades Protectoras, es decir, el énfasis está puesto en las llamadas medidas de choque o de contención. El peso que se le da al papel de la fuerza pública29, evidencia la prioridad de un enfoque de seguridad duro -que no sería precisamente lo que sugiere una propuesta como las comunidades protectoras-, alejándose de lo que sería una seguridad humana “la seguridad humana es un enfoque comprehensivo que utiliza una amplia gama de nuevas oportunidades para abordar las amenazas de una manera integral. Las amenazas a la seguridad humana no se pueden tratar únicamente por medio de los mecanismos tradicionales -uso de la fuerza- ; se requiere reconocer los vínculos e interdependencias entre desarrollo,
derechos humanos y seguridad (PNUD, 2011). Desde la perspectiva de los
programas y la atención, se evidencia que la respuesta del Estado se centra fundamentalmente en acciones de choque y de atención primaria a los casos manifiestos o informados.
Las medidas se han caracterizado por no dar una respuesta integral30 a la complejidad de las problemáticas que son atendidas. Prueba de esto es que no existan o sean nulos los programas de acompañamiento psicosocial a la comunidad educativa (docentes, padres de familia y estudiantes), en el entendido que hay unas condiciones de educación en contextos violentos, que ameritan inscribirse dentro de la llamada educación en emergencia31. Si bien surgen algunas medidas, como los talleres para estudiantes que se
29Haciendo rondas o requisas pedagógicas.
30 La seguridad humana implica enfoques integrales que enfaticen en la necesidad de
respuestas comprehensivas y multisectoriales, con el fin de articular las agendas que se relacionan con seguridad, desarrollo y derechos humanos.
31Consiste en preparación domiciliaria a niños que no están en la escuela ,se evalúan
normalmente y se da acompañamiento a la familia del menor mientras se resuelve el problema por el cual se genera da la ausencia a la institución educativa (violencia o desastres naturales). La educación en emergencia está diseñada para dar a los niños el apoyo que necesitan en la hasta transición de regreso a las aulas. (Unicef, 2009)
desescolarizan temporalmente, las mismas rutas seguras y en algunos casos los traslados, la preparación ante esta situación es poca y subsisten los casos masivos de deserción escolar.
En la documentación y acompañamiento de casos se identificaron vacíos en las rutas de atención y en muchas oportunidades la inexistencia de rutas claras de atención, para aquellas situaciones de riesgo y amenaza, de modo que el dejar de asistir a la escuela se convierte en la solución para la mayoría de menores de edad que se ven amenazados. Lo anterior queda ejemplificado con un caso ocurrido en marzo de 2011 en una de las comunas de la ciudad, donde se presentó el abuso sexual de una niña por parte de miembros del combo “Los Chivos”. La atención sugerida por las personas responsables del programa no pudo ser aceptada por la familia ni por las organizaciones acompañantes debido a que significaba la separación de la víctima de su núcleo familiar, de manera que la víctima decidió resguardarse en su hogar y dejar de estudiar. (Observatorio de Conflicto Armado y Niñez. COALICO, 2012)
La medida antes descrita da cuenta del énfasis en medidas de atención y no de prevención. Adicionalmente, este caso, permite reconocer que hace falta profundizar en el desarrollo de soluciones contextualizadas como lo propone la seguridad humana, reconociendo que las inseguridades varían considerablemente en diferentes contextos y, por lo tanto, debe promoverse la búsqueda de soluciones acordes y que respondan adecuadamente a cada situación particular.
Las afectaciones emocionales, el estrés y el miedo están insertos en la vida de la escuela y no existen acciones o procesos lo suficientemente funcionales que doten al personal docente, a estudiantes y a madres y a padres de familia, dispositivos y herramientas para atender los casos de afectación en el entorno escolar. Para ello, sería necesario establecer mecanismos de protección para las escuelas, dotando de herramientas a todo el personal directivo y docente, padres de familia, líderes y lideresas de las comunidades aledañas a las instituciones educativas, mediante apoyo psicosocial a favor de que las
instituciones sean escenarios de protección y no de vulneración de menores de edad a razón de la violencia.
Desde hace varios años, En Medellín, la Policía tiene también otro tipo de presencia en las instituciones educativas, mediante los programas de la Policía Cívica Juvenil 32y el DARE33 (Educación para la Resistencia en el Abuso de Drogas). Nadie podría dudar de la importancia de este tipo de acciones, más aún en un contexto como el de las comunidades populares de la ciudad de Medellín, sin embargo, una acción tan relevante de la fuerza pública tiene igualmente unas profundas repercusiones en la concepción del papel de la escuela en la construcción de sujetos y ciudadanos para la convivencia, la paz y el desarrollo. Es decir, aunque dadas las necesidades en muchos casos las comunidades y personal docente lo reclame, un papel tan activo de la fuerza pública, termina cuestionando el papel fundamental de la escuela en la educación. “Por más violencia que tengamos, debemos reivindicar la escuela
como territorio libre de armas, vengan de donde vengan, como territorio para la formación integral y como espacio de paz. Por ello, no creemos que permitir el ingreso de fuerza pública a los centros educativos sea una solución” (IPC, 27
de agosto de 2009).
En teoría, el proyecto comunidades protectoras busca ir más allá de ampliar la oferta de la educación y propone una interacción en el territorio y el entorno de la escuela y no solo al interior de esta. Sin embargo, se encuentra que el
32 La Policía Cívica Juvenil inicia aproximadamente en 1983 con el fin de que a través del juego
las comunidades que se encontraban en zonas en riesgo de vinculación a guerrillas, participaran en procesos de la policía comunitaria. En Medellín se creó en 1993 y cuatro años después se decidió que los menores de edad participantes no tuvieran los mismos uniformes que los policías, por tanto, se pensó en un uniforme neutral. Para 1996 ya había 200 NNAJ inscritos. A 2011, la cifra alcanzó los 3.256 niños y niñas que hacen parte de este programa en distintas zonas del área metropolitana de Medellín. Un requisito para participar del mismo, es estar escolarizado.
33La Ley 30 de 1986, Estatuto Nacional de Estupefacientes y el decreto 1108 de 1994
establecen la obligatoriedad de la implementación y desarrollo de un programa de prevención en drogas por parte de todas las instituciones educativas y la estricta prohibición del porte y consumo de sustancias psicoactivas en establecimientos educativos. Respecto al DARE, este programa está dirigido a la población estudiantil, entre los 9 y 12 años, de grados cuarto y quinto de primaria, quienes podrían encontrarse en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. Su objetivo es enseñar a los estudiantes habilidades para resistir la presión y la oferta de consumo de drogas, habilidades sociales y la toma de decisiones autónomas y responsables. El DARE es implementado por personal de la Policía Comunitaria de manera gratuita para los colegios en la ciudad.
enfoque de seguridad humana planteado en el Plan de Desarrollo 2012- 201534, se reduce al fortalecimiento del sistema de vigilancia, a la
modernización de la tecnología y al control como principales mecanismos de protección de los derechos humanos, empobreciendo así el enfoque de seguridad humana y la posibilidad de formar seres humanos desde la integralidad (ASI, 2012).
La afectación por violencia que se vive en el entorno escolar, pretende enfrentarse con la ampliación o complemento de la jornada escolar. Contrario entonces a la construcción de comunidades protectoras, lo que ha venido ocurriendo es que el impacto sobre la escuela muchas veces se traslada o extiende al conjunto de la comunidad y viceversa. Si la participación de las comunidades educativas y del entorno se reconoce y concibe en teoría como una herramienta significativa en la protección de la escuela, esta no alcanza aún un nivel importante de empoderamiento35, ya que no se han desarrollado las estrategias suficientes para preparar y habilitar a las personas a que se sobrepongan a las situaciones difíciles. Aún existe ausencia de medidas de
“abajo hacia arriba” o ascendentes, con el fin de desarrollar las capacidades en
las personas y en la comunidad para que sean artífices de su propio destino, participando activamente en el diseño y ejecución de las soluciones necesarias para su seguridad humana y la de otras personas. Esto se da, entre otras razones, porque la oferta en materia de derechos culturales, sociales y económicos es bastante limitada en estos territorios y se destinan pocos recursos para la capacitación de la comunidad y el acompañamiento psicosocial. De manera que su participación activa prácticamente se reduce a
las actividades desarrolladas en los “corredores protectores” correspondientes
al eje transversal de las estrategias de intervención.
En ese sentido, la ampliación en la concepción y recursos de las comunidades protectoras debería ser el centro de la política de prevención. Es necesario mejorar, desarrollar y articular estrategias de prevención en las que tal y como lo define la seguridad humana se aborden las causas y las manifestaciones de
34 Plan de gobierno de Aníbal Gaviria.
las inseguridades, y se articulen estrategias de protección36 y empoderamiento, en el entendido que la protección y el empoderamiento se refuerzan mutuamente. “las personas protegidas pueden ejercer diferentes opciones y las
personas empoderadas pueden evitar algunos riesgos y demandar las mejoras
correspondientes al sistema de protección”(PNUD, 2011).
En resumen, puede decirse que la seguridad brindada por el Estado en Medellín mediante el proyecto, no garantiza a la comunidad -en especial a los menores de edad- el derecho de vivir en libertad tal y como se platea en el enfoque de seguridad humana: No hay la libertad para vivir sin miedo o temor, -viven en constante temor infundado por amenazas de los grupos armados organizados-, no viven libres de la miseria o necesidad -muchos se han tenido que desplazar- ni gozan de libertad para vivir en dignidad.