Carta de Presentación Director del Programa
Bogotá, Marzo de 2014
Señores
BIBLIOTECA GENERAL
Pontificia Universidad Javeriana
Ciudad
Respetados Señores,
Me permito presentar el trabajo de grado titulado “Protección del Estado frente a la vulneración de derechos humanos en menores de edad producto de la violencia armada organizada. Proyecto Comunidades Protectoras en Medellín”
2010-2013, elaborado por la estudiante Angélica Marcela Aguilera Muñoz, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1020750521, para que se incluya en el catálogo de consulta.
Cordialmente,
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES (Licencia de uso)
Bogotá, D.C. Marzo de 2014
Señores
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. Pontificia Universidad Javeriana Cuidad
La suscrita:
Angélica Marcela Aguilera Muñoz , con C.C. No 1020750521
En mí calidad de autor exclusivo de la obra titulada:
“Protección del Estado frente a la vulneración de derechos humanos en menores de edad producto de la violencia armada organizada. Proyecto Comunidades Protectoras en Medellín 2010-2013”
Tesis doctoral Trabajo de grado X Premio o distinción: Si No cual:
presentado y aprobado en el año 2013 , por medio del presente escrito autorizo a la Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mi (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, son:
AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO
1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y
trabajos de grado de la Biblioteca. X
2. La consulta física o electrónica según corresponda X 3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer X 4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o
electrónico, así como su puesta a disposición en Internet X 5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o
gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Pontificia Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones
X
6. La inclusión en la Biblioteca Digital PUJ (Sólo para la totalidad de las Tesis Doctorales y de Maestría y para aquellos trabajos de grado que
hayan sido laureados o tengan mención de honor.) X
morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización.
De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos.
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles,
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.
NOTA: Información Confidencial:
Esta Tesis o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos
resultados finales no se han publicado. Si
D
No[K]
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.
NOMBRE COMPLETO Angélica Marcela Aguilera Muñoz
No. del documento de identidadr_ _ ~ ~ ~~ .. , 1020750521
FIRMA
BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J.
DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO FORMULARIO
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO
Protección del Estado frente a la vulneración de derechos humanos en menores de edad producto de la violencia armada organizada. Proyecto Comunidades Protectoras en Medellín 2010-2013.
SUBTÍTULO, SI LO TIENE
AUTOR O AUTORES
Apellidos Completos Nombres Completos
Aguilera Muñoz Angélica Marcela
DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO
Apellidos Completos Nombres Completos
Valenzuela Gruesso Pedro Enrrique
FACULTAD
Ciencia Política y Relaciones Internacionales PROGRAMA ACADÉMICO
Tipo de programa ( seleccione con “x” )
Pregrado Especialización Maestría Doctorado x
Nombre del programa académico Ciencia Política
Nombres y apellidos del director del programa académico Sebastián Lipez
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Politóloga
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial):
CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO
NÚMERO DE PÁGINAS
Bogotá 2013 55
TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” )
Dibujos Pinturas Tablas, gráficos y diagramas Planos Mapas Fotografías Partituras x
MATERIAL ACOMPAÑANTE
TIPO DURACIÓN (minutos) CANTIDAD FORMATO
CD DVD Otro ¿Cuál?
Vídeo Audio Multimedia Producción electrónica Otro Cuál?
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso
Borrero Cabal S.J en el correo [email protected], donde se les orientará).
ESPAÑOL INGLÉS
Derechos humanos Human rights
Vulneración/ Afectación Affectation
Protección Protection
Seguridad humana Human security
Violencia armada organizada Organized armed violence RESUMEN DEL CONTENIDO EN: ESPAÑOL E INGLÉS
(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres)
La problemática que se aborda en esta monografía tiene que ver con la vulneración a los derechos de los menores de edad que viven inmersos en un contexto de violencia armada y la respectiva protección del Estado hacia este grupo vulnerado de la población. A partir del enfoque de seguridad humana y el método Compas Calidad, se pretende determinar la efectividad del proyecto “Comunidades Protectoras” destinado a proteger a los menores de edad en el entorno escolar de las vulneraciones a sus derechos, producto de la violencia armada organizada en Medellín durante el periodo 2010-2013.
AGRADECIMIENTOS
A mi familia, por escucharme, darme consejos y su apoyo incondicional.
A mis compañeros de clase, por su apoyo, las experiencias compartidas y montones de risas.
A Pedro Valenzuela mi director, por su paciencia, sus consejos y su apoyo sincero.
A mis profesores del énfasis, por compartir conmigo sus conocimientos, su exigencia, y hacerme comprobar que siempre puede hacerse más y mejor.
A él, por ser incondicional, llenarme de optimismo, ser mi cómplice, darme buenos consejos y escucharme.
PROTECCIÓN DEL ESTADO FRENTE A LA VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN MENORES DE EDAD PRODUCTO DE LA
VIOLENCIA ARMADA ORGANIZADA.
PROYECTO COMUNIDADES PROTECTORAS EN MEDELLIÍN. 2010-2013
ANGÉLICA MARCELA AGUILERA MUÑOZ
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA BOGOTÁ D.C.
PROTECCIÓN DEL ESTADO FRENTE A LA VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN MENORES DE EDAD PRODUCTO DE LA
VIOLENCIA ARMADA ORGANIZADA.
PROYECTO COMUNIDADES PROTECTORAS EN MEDELLÍN. 2010-2013
ANGÉLICA MARCELA AGUILERA MUÑOZ
DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO
PEDRO ENRRIQUE VALENZUELA GRUESSO PHD en Investigación para la paz
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA BOGOTÁ D.C.
PROTECCIÓN DEL ESTADO FRENTE A LA VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN MENORES DE EDAD PRODUCTO DE LA
VIOLENCIA ARMADA ORGANIZADA.
PROYECTO COMUNIDADES PROTECTORAS EN MEDELLÍN. 2010-2013
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA BOGOTÁ D.C.
Tabla de Contenido 1.DESCRIPCION GENERAL
1.1 Resumen del trabajo ... 1
1.2 Justificación ... 1
1.3 Problema de investigación ... 3
1.4 Objetivos ... 5
1.4.1 Objetivo general ... 5
1.4.2 Objetivos específicos ... 5
1.5 Metodología ... 15
2. MARCO DE REFERENCIA ... 17
2.1 Enfoque de seguridad humana ... 17
2.2 Compas Calidad……….11
3 CONTEXTO ... 23
3.1 Vulneración a los derechos de menores de edad en Colombia producto del conflicto armado y la violencia armada organizada ... 23
3.2 Legislación de protección en Colombia ... 25
3.3 Reconfiguración del Conflicto armado en Colombia ... 28
3.4 Violencia armada organizada en Medellín ... 30
3.4.1 Vulneraciones a los derechos de menores de edad producto de la violencia armada organizada en Medellín. ... 34
3.4.2 Las escuelas y la violencia. Casos ... 36
4. PROTECCIÓN DEL ESTADO FRENTE A LAS VULNERACIONES DE DERECHOS DE MENORES DE EDAD PRODUCTO DE LA VIOLENCIA ORGANIZADA EN MEDELLÍN, A LA LUZ DEL ENFOQUE DE SEGURIDAD HUMANA Y EL COMPÁS CALIDAD ... 39
4.1 Protección del Estado: Proyecto Comunidades Protectoras en Medellín .... 39
4.2 Comunidades protectoras y la Seguridad humana ... 43
4.3 Comunidades protectoras y 12 criterios de calidad ... 48
5 . CONCLUSIONES ... 53
6. BIBLIOGRAFÍA……….51
1. DESCRIPCION GENERAL
1.1 Resumen del trabajo
La problemática que se aborda en esta monografía tiene que ver con la vulneración a los derechos de los menores de edad que viven inmersos en un contexto de violencia armada y la respectiva protección del Estado hacia este grupo vulnerado de la población. A partir del enfoque de seguridad humana y el método Compas Calidad, se pretende determinar la efectividad del proyecto
“Comunidades Protectoras” destinado a proteger a los menores de edad en el entorno escolar de las vulneraciones a sus derechos, producto de la violencia armada organizada en Medellín durante el periodo 2010-2013.
1.2 Justificación
En Colombia, así como en el mundo, son múltiples los casos en los que menores de edad son afectados a razón de la violencia y la guerra, encontrándose expuestos a graves situaciones de peligro que atentan contra su vida e integridad personal y que dificultan el ejercicio de sus derechos. En Colombia, los niños y las niñas son víctima de la violencia, como expresión de la tendencia creciente tanto de la violencia armada organizada1 como de los grupos armados organizados de utilizar a la población civil como táctica de guerra.
Medellín, la segunda ciudad más importante del país, es una zona en la que actores violentos, concretamente las BACRIM y las bandas delincuenciales o
“combos” vulneran constantemente los derechos de los menores. En los
1
El término se refiere a la violencia que implica específicamente el uso de armas de pequeño calibre y de armas ligeras. Este término puede incluir también, además de las confrontaciones armadas en las cuales se disparan armas de fuego, la amenaza de violencia a través del uso de agentes abiertamente armados para ejercer control o dominación” (Dowdney, 2005). En el presente trabajo, se entiende como la violencia ejercida por actores armados como los
“combos” o bandas delincuenciales y las BACRIM. Estas últimas se integran en el análisis por
barrios de la ciudad, las estructuras armadas delimitan sus espacios de control y disputa, configurando las llamadas “fronteras invisibles”2. Según Ramírez
(2011) la población civil se ve obligada a adaptar sus rutinas para salvaguardar su integridad, ya que los enfrentamientos entre los grupos no discriminan espacios, territorios ni población.
En este contexto, los menores sufren la mayoría de afectaciones, ya que en muchos barrios las escuelas son el límite de las fronteras invisibles y por lo tanto son escenarios altamente susceptibles de ataques y presencia de actores violentos. En la búsqueda del control territorial, los grupos armados se han extendido de una manera particular a lo barrial y a los perímetros de las instituciones educativas, lo que produce múltiples y diversas afectaciones a los habitantes de las zonas en disputa. La amenaza y presencia de actores armados, además de generar temor en los menores y sus familias, genera desplazamiento forzado, ingreso al trabajo infantil, desescolarización entre otros. (Ramirez, 2012).
Al respecto, el Estado está en el deber jurídico de prevenir las vulneraciones3 de derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance los delitos que se hayan cometido a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. Se debe atender el impacto de la violencia en las víctimas, más allá del conflicto armado y de los grupos responsables de las violaciones
-guerrilla, “nuevos” grupos paramilitares o los llamados “otros grupos”- más aún, bajo la consideración de que en un contexto como el de Medellín las relaciones
2
Se entiende por fronteras invisibles la división de territorios y el control de zonas estratégicas para el tráfico de armas, el cobro de vacunas, el microtráfico y la extorsión (Durango, 2012). Son los espacios de confrontación, de afirmación de poderes, de reconocimiento de lo idéntico y de lo diferente, creados por la presencia de grupos milicianos, paramilitares, delincuencia organizada, combos y bandas juveniles barriales y la incursión represiva del aparato estatal, que se reafirman día a día en la ciudad y han marcado la historia de Medellín. (Ruiz, 2003).
3 En la presente investigación se utiliza la categoría vulneración ya que se centra en las
de cooperación entre los grupos se mantienen de acuerdo con sus intereses (HRW, 2010).
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta pertinente preguntarse sobre cuáles estrategias de protección se están implementando en la ciudad para proteger a los menores de la violencia armada organizada; específicamente, ¿Qué está haciendo el Estado en materia de protección frente a este grupo vulnerado de la población? ¿Es adecuada y efectiva la protección brindada por el Estado en Medellín? Aunque existe presencia de organizaciones no gubernamentales y de equipos de ayuda humanitaria que trabajan en la protección a menores de edad en la ciudad4, para efectos de la presente investigación solo se tendrá en cuenta las acciones emprendidas por el Estado.
1.3 Problema de investigación
La problemática que se aborda en esta monografía tiene que ver con la protección que el Estado brinda a los menores de edad en el entorno escolar frente a la violencia armada organizada en la ciudad de Medellín.
Medellín es un ejemplo emblemático del estado de vulnerabilidad de menores de edad por causa del conflicto armado y la violencia armada organizada. La continuidad de actores y prácticas, así como la renovación de estructuras que recogen el legado de las AUC, es evidente en la ciudad de Medellín. Según la Secretaria de Bienestar Social 2011:
Luego del proceso de desmovilización de los bloques paramilitares que operaron en la ciudad, se observa un nuevo proceso de cambio y reconfiguración en las dinámicas del conflicto armado, con una fuerte influencia sobre la región y, en particular, sobre la misma ciudad, como centro político y económico del departamento. Desde este nuevo contexto, la disputa por el control de los circuitos económicos de carácter legal e ilegal sobre el territorio comienza a tomar auge en la ciudad, evidenciando cómo los diferentes actores armados inician otra vez un procedimiento de fragmentación que se refleja en pequeños procesos de expansión, revelando una tendencia por homogenizar los territorios bajo su poder y ejercer el control sobre otros, en la carrera por imponer de
nuevo en la ciudad un dominio armado ilegal. Así, en el contexto de las confrontaciones armadas, que se libran en el marco del conflicto, se recurre a prácticas de control social, político, económico y militar, en función de dichos intereses. Esto quiere decir que el control territorial estuvo y está ligado a las lógicas de conflicto armado, pues si bien es correcto que los actores han comportado transformaciones, las lógicas del conflicto se han mantenido y especializado.
La ciudad ha sido un escenario de confrontación y disputa, donde quienes ejercen la violencia han permeado los niveles políticos, económicos, sociales y culturales de la capital antioqueña.En medio de la violencia, el entorno escolar en Medellín se ha convertido en un lugar donde se reproducen las lógicas de la confrontación, como consecuencia de la construcción de violencia cultural y de la acción e intereses de los distintos grupos armados. Este es un escenario de conflicto en dos expresiones: Por una parte, la expresión de la disputa entre los grupos armados - por ampliar su injerencia y espacios de control territorial para sus propios intereses- y por otra, la expresión de la disputa entre los actores armados y quienes se resisten pacíficamente al ejercicio de la violencia procurando reivindicar el papel socializador de la escuela como un espacio para la formación ciudadana en derechos. (Ramírez, 2012).
En respuesta a dicha problemática, el Estado, como encargado en primera instancia de la protección de derechos, ha desarrollado algunas estrategias para garantizar la protección a menores de edad frente a las vulneraciones ocasionadas por la violencia armada organizada. Teniendo en cuenta esto, en el presente estudio de caso, se realiza un análisis, en el cual a partir del enfoque de seguridad humana y el Compas Calidad se busca establecer la efectividad, debilidades y fortalezas de las acciones emprendidas por el Estado para proteger a este grupo de la población.
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general
menores de edad en el entorno escolar frente a la violencia armada organizada.
1.4.2 Objetivos específicos
Establecer las condiciones que hacen del entorno escolar en Medellín uno de los escenarios con mayor riesgo de vulneración de derechos en menores de edadpor parte de la violencia armada organizada.
Identificar el tipo de vulneraciones a los derechos de menores de edad en el entorno escolar ejercidas por parte de la violencia armada organizada en Medellín, en el periodo comprendido entre el año 2010 a la actualidad, así como recolectar y exponer casos documentados y conocidos.
Identificar las estrategias implementadas por el Estado en Medellín para
proteger a los menores de edad víctima de vulneraciones a sus derechos en el entorno escolar por parte de la violencia armada organizada.
1.5 Metodología
Pregunta de investigación
El proyecto “Comunidades Protectoras” adoptado por el Estado para proteger a
los menores de edad en el entorno escolar frente a las vulneraciones de sus derechos ocasionadas por la violencia armada organizada en Medellín, ¿Cumple con los principios básicos de la seguridad humana y criterios de calidad establecidos por el método Compas de Calidad?
Para responder a la pregunta de investigación, el trabajo se desarrolla a partir de una metodología cualitativa, específicamente, mediante un estudio de caso simple5. El estudio no es un diseño experimental ni aplica un análisis
5 Según Alonso (2003), El estudio de caso es una estrategia de investigación
estadístico, no busca establecer nuevas cifras, más bien, con la recolección de datos, cifras y documentación existente, busca determinar la efectividad del
proyecto “Comunidades Protectoras” implementado en Medellín, como
estrategia de protección del Estado a menores de edad en el entorno escolar frente a la vulneración de derechos por parte de la violencia armada organizada.
El estudio de caso es descriptivo y evaluativo, ya que a partir de la descripción de la situación de violencia en Medellín –y las vulneraciones de derechos que de ella se derivan- así como de la respuesta del Estado a la problemática, se busca evaluar, a partir del enfoque de Seguridad humana y los 12 criterios del método Compas Calidad la efectividad, fortalezas y debilidades de las medidas de protección adoptadas por el Estado para enfrentar dicha situación. Se escoge el método Compas Calidad6 para evaluar el proyecto, por ser uno de los métodos más reconocidos aplicados en la gestión de calidad de proyectos que tienen como finalidad proteger comunidades vulneradas por la violencia. En ese sentido, el método es una buena guía para determinar las debilidades y fortalezas del proyecto del cual se ocupa este estudio de caso.
La selección del periodo de estudio 2010-2013 responde al lapso de
implementación del proyecto “Comunidades Protectoras”. Se analiza hasta el
mes de abril, momento en el que se termina de recolectar información para realizar la presente monografía.
Durante el proceso de investigación, se hizo un análisis de información secundaria (cualitativa y cuantitativa) contenida en informes de derechos
que sea de carácter más específico que general y que a la vez represente una situación problemática más amplia; la investigación buscará cubrir en profundidad tanto al fenómeno como su contexto real, se basará en múltiples fuentes de evidencia y podrá tener el propósito de explicar, describir, explorar, evaluar o diagnosticar.
6 El método ha sido aplicado tanto para pilotar como para evaluar proyectos de a ayuda
humanos referidos al tema, investigaciones sociales, informes nacionales e internacionales (Secretario de las Naciones Unidas), informes de gestión de entidades públicas, Defensoría del Pueblo, Secretaria de Educación, Secretaria de Bienestar Social, Alcaldía de Medellín y Personería de Medellín. Así mismo se recolectó información de casos conocidos y documentados de manera directa por la COALICO, prensa e información facilitada por el MRM (Mecanismo de Monitoreo y Reporte) y el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado sobre la implementación del proyecto “Comunidades Protectoras”. Adicional a esto, se llevaron a cabo entrevistas con personal de la COALICO.
2. MARCO DE REFERENCIA
2.1 Enfoque de seguridad humana
La seguridad humana cobra fuerza a partir de su incorporación y conceptualización en el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 1994, introduciéndolo formalmente en el trabajo de las Naciones Unidas.
La seguridad humana es la re-conceptualización del concepto de seguridad, el cual ya no se fundamenta en las nociones de soberanía, territorialidad y poderío militar -que fueron tradicionales-, sino en lograr la libertad para vivir sin miseria, sin temor y con dignidad. la Seguridad humana consiste en:
El Estado está obligado a generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan ”El Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en
especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo,
cuya atención se vuelve prioritaria”. Corte Interamericana de Derechos
Humanos, 2005 (citado en PNUD 2011).
La seguridad humana consiste en la libertad para vivir sin miedo o temor, la libertad para vivir sin miseria o necesidad y la libertad para vivir en dignidad.
Estas “libertades” suponen en cualquier lugar del mundo, los hombres y mujeres tienen el derecho a ser gobernados por su propio consentimiento y al amparo de la ley, dentro de una sociedad en cual todos, sin temor a la discriminación ni a las represalias, gocen de libertad de asociación, culto y opinión. Así mismo, deben verse libres de la miseria, y del temor, de manera que la violencia no pueda destruir su existencia y sus medios de vida.
Seguridad humana, desarrollo humano y derechos humanos
El Secretario General de Naciones Unidas, en su informe sobre seguridad humana, enfatiza que “ningún país puede tener desarrollo sin seguridad ni seguridad sin desarrollo, y no tendrá seguridad ni desarrollo si no respetan los derechos humanos”. En este sentido, ya no basta el poderío militar para salvaguardar la seguridad nacional. Para hacer frente a las amenazas a la seguridad también se precisan sistemas políticos, militares, sociales, económicos, y culturales sólidos que en conjunto trabajen por la disminución de probabilidades de conflictos, ayuden a superar los obstáculos al desarrollo y promuevan las libertades humanas.
Principios
De acuerdo a PNUD, (2011), los principios en que se basa la seguridad humana consisten en:
2. Multi-sectorialidad: La seguridad humana se basa en la comprensión multisectorial de las inseguridades. En consecuencia, además de la seguridad nacional, la seguridad humana implica la comprensión de una gama amplia de amenazas y de sus diferentes posibles causas relacionadas con la economía, la alimentación, la salud, el medio ambiente, la seguridad personal, comunitaria y política.
3.Integralidad: La seguridad humana implica enfoques integrales que enfaticen en la necesidad de respuestas comprehensivas y multisectoriales, con el fin de articular las agendas que se relacionan con seguridad, desarrollo y derechos humanos.
4. Contextualización: La seguridad humana reconoce que las inseguridades varían considerablemente en diferentes contextos y, por lo tanto, promueve la búsqueda de soluciones contextualizadas que respondan adecuadamente a cada situación particular.
5. Prevención: Al abordar las causas y las manifestaciones de las inseguridades, la seguridad humana se orienta a la prevención e introduce sus estrategias de protección y empoderamiento. La protección es definida por la Comisión sobre Seguridad Humana como las estrategias, establecidas por los Estados, los organismos internacionales, las ONG y el sector privado, para resguardar a las personas de las amenazas. Implica establecer medidas de
“arriba hacia abajo” o descendentes, en reconocimiento de que las personas se
enfrentan a amenazas que no pueden controlar (por ejemplo, desastres naturales, crisis financieras, conflictos). La seguridad humana requiere la protección sistemática, integral y preventiva. Los Estados son los principales responsables de proveer este tipo de protección, pero también otros actores, como los organismos internacionales, la sociedad civil y las ONG, desempeñan un papel importante.
medidas de “abajo hacia arriba” o ascendentes, con el fin de desarrollar las
capacidades en las personas y en las comunidades para que sean artífices de su propio destino. El empoderamiento no solo habilita a las personas para lograr el desarrollo de sus potencialidades, sino que también les permite participar en el diseño y ejecución de las soluciones necesarias para su seguridad humana y la de otras personas.
La protección y el empoderamiento se refuerzan mutuamente. En ese sentido, las personas protegidas pueden ejercer diferentes opciones y las personas empoderadas pueden evitar algunos riesgos y demandar las mejoras correspondientes al sistema de protección (PNUD, 2011. El enfoque de la seguridad humana desde tres estudios de caso).
2.2 Compas Calidad
El Compas Calidad, es un método utilizado para pilotar y evaluar proyectos de índole humanitaria7. A partir de 12 criterios, el método Compas Calidad puede aplicarse para evaluar un proyecto.
Criterios y procesos clave8
Los cuatro primeros criterios de Impacto y de resultado, para ser alcanzados deben cumplir con los siguientes ocho criterios de estructura y de proceso.
A. El proyecto responde a una necesidad comprobada Se identifican las necesidades y se les da seguimiento.
B. el proyecto alcanza sus objetivos
La consecución de los objetivos es la clave de la respuesta a las necesidades, al evaluar si se han alcanzado los objetivos del proyecto, se validan las decisiones que se tomaron (necesidades meta, estrategia seleccionada).
7 Para efectos de la presente monografía únicamente se hará uso del método para evaluar la
calidad en la implementación del proyecto.
8Tomado del Manual compas de calidad versión 2009. Group Urgence Rehabilitation
C. El proyecto evita o atenúa los impactos negativos
Se evitan los impactos negativos sobre la economía y se reduce el riesgo de dependencia de la población a la ayuda. Se atenúa los impactos negativos sobre el contexto sociopolítico y la seguridad de las poblaciones.
D. El proyecto prevé un impacto positivo mas allá de la intervención.
El proyecto refuerza la resiliencia de los diferentes grupos de poblaciones, se reflexiona sobre las estrategias de preparación y/o de prevención.
E. El proyecto es coherente con el mandato y los principios de la organización. La coherencia entre el proyecto y los valores (mandato y principios) de la organización es fundamental, pues legitima tanto a la entidad como sus acciones y proyectos. Dicha coherencia facilita, el posicionamiento político del proyecto por el resto de los organismos.
F. El proyecto respeta a las poblaciones
Se informa y se sensibiliza a los equipos para que desarrollen modos de comunicación adaptados y comportamientos respetuosos para con las poblaciones. Se informa, consulta e implica a las poblaciones. Un proyecto que no respete a las poblaciones difícilmente podrá responder de manera eficaz a una necesidad y con frecuencia tendrá impactos negativos. Garantizar el respeto de las poblaciones permite asegurar la adaptación del proyecto y, por ende, la perduración del impacto en el tiempo, e incluso algunas veces su eventual continuidad.
G. El proyecto es flexible
En los contextos cambiantes y complejos de las crisis, un proyecto podrá ser pertinente y eficaz sólo si puede adaptarse a las evoluciones. Se anticipa la evolución del contexto y se le da seguimiento (anticipación). Se prevé la adaptación del proyecto a la evolución del contexto (reactividad).
La articulación del proyecto en dicho entorno es crucial, para garantizar el éxito y la eficacia del proyecto. La articulación con otros organismos permite multiplicar los efectos de un proyecto. Para esto, se debe identificar las organizaciones presentes y sus acciones, coordinar el proyecto con sus acciones y aprovechar las oportunidades de cooperación con ellas.
I. La organización cuenta con los recursos y los conocimientos específicos necesarios
El hecho de responder a este criterio no implica que la organización no deba comprometerse en un proyecto si, y solamente si, reúne todos los recursos y los conocimientos específicos necesarios en el momento de iniciar la acción; pero implica que la movilización de los recursos permita a la organización sacar adelante el proyecto.
J. La organización cuenta con capacidades de gestión adaptadas
Se definen las líneas de responsabilidad para la toma de decisiones, la gestión de los equipos permite manejar con éxito el proyecto, el sistema de recolección y tratamiento de la información se adapta al proyecto. La gestión administrativa, financiera y logística del proyecto es eficaz y transparente.
K. La organización emplea los recursos de manera óptima
La cobertura de las necesidades es la mejor posible, los recursos disponibles se utilizan de manera razonable.
L. La organización aplica las lecciones aprendidas
es una de las bases fundamentales para establecer la confianza entre ésta y la población. La organización saca las conclusiones de la experiencia, la organización aplica las lecciones aprendidas.
3 CONTEXTO
3.1 Vulneración a los derechos de menores de edad en Colombia producto del conflicto armado y la violencia armada organizada
El conflicto armado en Colombia, en el marco de su larga duración, se caracteriza por una relación dialéctica entre cambio y continuidad: En medio de los cambios en las dinámicas de la confrontación -que incluyen a los actores armados, las fuentes de financiación y la territorialidad de la interacción bélica, entre otros- continúan y permanecen los elementos estructurales del conflicto, y con estos, el uso de la violencia en diferentes formas. La persistencia y el uso indiscriminado de la violencia condicionan, en consecuencia, la existencia constante de víctimas civiles. Es decir, la violencia en Colombia ha traído consigo la vulneración de los derechos de la población civil, no solo de forma colateral sino de manera sistemática y directa. En medio de los conflictos armados y de la violencia armada organizada, se encuentra que los menores de edad han sido afectados de manera constante (COALICO 2009).
edad son víctima de enfrentamientos entre grupos armados, las tomas y ataques de escuelas, minas antipersona, desaparición forzada, uso, vinculación y reclutamiento forzado por grupos armados, homicidio y violencia sexual, entre otros atentados contra su integridad física y emocional.
Son múltiples las afectaciones que sufren los menores de edad en el país a razón del conflicto armado y la violencia armada organizada. De acuerdo al segundo informe sobre la situación de los niños y el conflicto armado en Colombia, desarrollado por el Secretario General de las Naciones Unidas 20129, en el país se registra seis violaciones graves a menores de edad, a saber: Reclutamiento y utilización, muerte y mutilación, actos graves de violencia sexual, ataques contra escuelas y hospitales, denegación de acceso humanitario y secuestros. Adicional a esto, se pone de manifiesto la preocupante situación de desplazamiento forzado que afecta a menores de edad en el país. En relación a los grupos armados ilegales que surgieron tras la desmovilización de los grupos paramilitares, en el informe se manifiesta el aumento de la violencia que se atribuye a estos actores, como: Ataques sistemáticos contra la población civil, amenazas, masacres, homicidios selectivos, y reclutamiento y utilización de menores y uso de minas terrestres.
En 2011, el CICR en “Situación humanitaria Informe de actividades Colombia
2011” documentó más de 760 violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de otras normas básicas que protegen a las personas en el país, dentro de las cuales se encuentran como principales afectaciones el desplazamiento interno de población civil, violencia sexual, y ataques y daños a bienes civiles. Según el informe, en ciudades como Medellín, Buenaventura y Tumaco, las consecuencias del conflicto armado interno coexisten con otras formas de violencia organizada que también causan sufrimiento a la población, en especial a los menores de edad. En estas regiones, aunque no se registran
9 El informe, que abarca el período comprendido entre enero de 2009 y agosto
de 2011, ofrece información sobre las graves violaciones de que son objeto los niños en el país, y se hace hincapié en que los grupos
enfrentamientos diarios, sí se cometen de manera “silenciosa” homicidios,
amenazas y violencia sexual entre otras violencias.
A pesar de los esfuerzos del Estado para contener el problema, la consolidación de los grupos armados emergentes, denominados por el
Gobierno “BACRIM”, en regiones de Antioquia, Córdoba, Chocó, Nariño,
Valle del Cauca contribuyó al deterioro de la situación humanitaria. A ello se agrega la presencia de ”otros grupos” al margen de la ley en ciudades
como Medellín y Buenaventura…En estas ciudades hay barrios a los que
es difícil el acceso y que están bajo el control de bandas armadas. Por
eso, más allá de las disquisiciones semánticas entre “conflicto armado” y “otras situaciones de violencia”, generadas estas últimas principalmente
por la criminalidad organizada, las consecuencias humanitarias de ambos fenómenos son prácticamente idénticas para la población: muerte, desplazamiento, desapariciones, abusos sexuales y utilización de menores, entre otras. (CICR, Situación humanitaria Informe de actividades Colombia, 2011).
En muchas ocasiones, la militarización de las comunidades y el uso de las escuelas por parte de los actores violentos en el país, han contribuido a aumentar la vulnerabilidad de los menores de edad inmersos en medio de las confrontaciones. Dentro del conflicto armado, las escuelas son objeto de visitas de adoctrinamiento y control, son utilizadas como campamentos o helipuertos, y se convierten en escenario propicio para el acoso de las niñas y adolescentes por los miembros de los grupos. Además, frecuentemente existen en los alrededores de los planteles campos minados o sectores con munición sin explotar que ponen en riesgo a quienes transitan por ellos. Toda esta utilización de las instituciones educativas viola el principio de distinción y pone en riesgo la seguridad de los estudiantes y personal, al convertirlos en blanco de ataque. (COALICO 2009).
3.2 Legislación de protección en Colombia
El deber de velar por que se apliquen los derechos humanos y el DIH incumbe principalmente a los Estados10. En virtud del derecho humanitario, los Estados
10 El DIH y el DIDH son complementarios. La finalidad de ambos es proteger la vida, la salud y
tienen la obligación de adoptar medidas prácticas y jurídicas, como son la promulgación de leyes penales y la difusión del DIH. Paralelamente, a tenor del derecho de los derechos humanos, los Estados velarán por que su legislación nacional esté en conformidad con las obligaciones internacionales. En el DIH se prevén varios mecanismos específicos para contribuir a su aplicación. (CICR, 2005)
De acuerdo a esto, el Estado colombiano tiene por obligación proteger a los civiles – especialmente a los menores de edad- frente a las posibles vulneraciones que puedan desarrollarse a razón del conflicto armado y la violencia armada organizada “son derechos fundamentales de los niños: La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de
ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre
expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono,
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”. (Constitución Política de Colombia, art 44)
En relación a las normas del DIH, Colombia ha ratificado tratados como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, los cuales establecen la protección especial de los menores de edad en los conflictos armados de carácter internacional e internos -particularmente, el Artículo 24 del Convenio IV sobre Protección de Personas Civiles en Tiempos de Guerra, el Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, y los Protocolos Adicionales I y II de dichos Convenios-. Los Protocolos Adicionales prohíben de manera general la participación de niños y niñas menores de 15 años en los conflictos armados pero establecen una mayor protección en el caso de conflictos de carácter no internacional, por cuanto se prohíbe no solamente la participación directa, sino también la indirecta en las hostilidades. (COALICO, 2009)
establece un sistema de vigilancia y presentación de informes en países que enfrentan situaciones de conflicto armado en los cuales niños y niñas son víctima de reclutamiento forzado , así como la resolución 1882 de 2009 expedida por el mismo organismo, en la cual se reitera la importancia de la implementación de las resoluciones anteriores para que no solo las partes que reclutan niños y niñas dentro del conflicto sean examinadas bajo el Mecanismo de Monitoreo y Reporte, sino que también aquellas partes responsables de cometer homicidios, mutilaciones, violencia sexual y demás vulneraciones a los derechos de los menores de edad sean incluidas en la lista del Secretario General. En Colombia el MRM mecanismo de monitoreo y reporte se ha puesto en marcha desde 200911.
En relación a las normas nacionales que desarrollan las obligaciones internacionales asumidas al ratificar dichos tratados y que contienen disposiciones sobre la protección y garantía de los derechos de los menores de edad, el Estado colombiano expidió la ley de Infancia y Adolescencia aprobada en 2006, con el “objeto de establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los
adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados
en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución
Política y en las leyes, así como su restablecimiento” (Ley de Infancia y
Adolescencia, 2006). Este código constituye la principal fuente de consulta en materia de principios y derechos de la niñez; en él se disponen las obligaciones específicas del Estado, se crea el sistema de responsabilidad penal juvenil y se define el conjunto de instituciones y los procedimientos a seguir para los casos en los que menores de edad requieran un tipo de protección o atención especial.
11
Con la normatividad existente, se han dado apuestas importantes para desarrollar acciones tendientes a proteger y garantizar los derechos de los menores de edad. Sin embargo a pesar de los avances y esfuerzos, es necesario seguir trabajando en el desarrollo de estrategias y acciones encaminadas a la protección de los derechos de los menores.
3.3 Reconfiguración del Conflicto armado en Colombia
De acuerdo al informe 2012 del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia, luego de más de 60 años de conflicto armado, y a pesar de los cambios en las dinámicas del mismo, la violencia mantiene la afectación sobre el desarrollo político y económico del país y también frente a los derechos humanos – en especial los derechos de los niños-. Estos cambios en el conflicto no han detenido la vulneración a los derechos humanos y por el contrario, Colombia cuenta con una gran cantidad de víctimas civiles.
Actualmente, es posible ver cambios en los actores armados que han participado en el conflicto armado, por ejemplo la disminución gradual de la presencia guerrillera y su accionar frente a las dos décadas anteriores (CNAI, 2012), la desmovilización de las AUC, que trajo consigo la aparición de nuevos actores y la consolidación de antiguos actores -ambos con relación directa a actividades paramilitares- los cuales se han fortalecido, particularmente Los Rastrojos, Los Urabeños y las Águilas Negras que han cooptado diversos territorios en el occidente del país (Indepaz, 2011) y el aumento de la capacidad militar de la fuerza pública, tanto en armamento como en pie de fuerza (Ministerio de Defensa Nacional, 2012).
mantuvieron después del proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), mantenían su interés y acción en otros renglones económicos ilegales, como la explotación sexual de menores, las vacunas y extorsiones, entre otros-.
El carácter de los grupos armados que participan en los conflictos contemporáneos es cada vez más difícil de precisar. La denominación que se da a las partes en los conflictos llámense fuerzas del gobierno, fuerzas armadas de oposición política, grupos rebeldes o movimientos de liberación, milicias comunitarias de autodefensa, fuerzas paramilitares y asociadas, grupos armados ilegales o bandas de delincuentes indica sus distintas motivaciones y carácter. Sus objetivos y estructuras son más variables que nunca y a menudo existe una zona indefinida donde las motivaciones políticas coinciden con la intención delictiva (Informe de la Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados, 2009).
Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), se decretó la inexistencia del conflicto armado en el país, en base a la desmovilización a las AUC en 2003 y la categorización de las guerrillas como amenaza terrorista. En el gobierno actual, (2010-a la fecha) se aceptó el conflicto armado en el marco de la Ley de Víctimas (1448 de 2011). Sin embargo, y respecto a la vulneración de derechos de menores de edad, la existencia o no del conflicto armado en Colombia no es, según el Secretario General de las Naciones Unidas, exclusivamente una definición jurídica, y lo que debe prevalecer es el impacto que tiene la violencia en los menores de edad cuando se han padecido históricamente situaciones de conflicto armado. Al respecto, en sus informes ha señalado que: “Desde el punto de vista de la protección de los menores, el
nivel básico de análisis debe ser si los agentes armados que actúan en una
situación determinada, independientemente de cuáles sean su carácter o sus
motivaciones, cometen graves violaciones como el reclutamiento y la utilización
de niños o su asesinato, mutilación o violación” (Informe de la Representante
Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados, 2008).
de que los Estados definan o no la existencia de un conflicto armado, de manera que el Estado, debe en todo momento procurar la protección a menores que puedan ser objeto de cualquier tipo de violencia y ante la continuidad y los cambios de los componentes del conflicto colombiano, se debe mantener la priorización de la protección de las personas menores de 18 años.
3.4 Violencia armada organizada en Medellín
Medellín, capital de Antioquia, es la segunda ciudad más importante del país y cuenta con una extensión de 380 kilómetros cuadrados. Está ubicada en el centro del Valle de Aburrá, en la Cordillera Central, y está atravesada por el río Medellín. Limita con los municipios de Bello, Copacabana y San Jerónimo en el norte; Envigado, Itagüí, La Estrella y El Retiro en el sur; Guarne y Rionegro en el oriente; y Angelópolis, Heliconia y Ebéjico en el occidente. Un total de 16 comunas dividen territorialmente la ciudad: Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Vistahermosa, Buenos Aires, La Candelaria, Laureles-Estadio, La América, San Javier, El Poblado, Guayabal y Belén, además de los corregimientos Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena (Alcaldía de Medellín, 2012). En 2011, la capital antioqueña alcanzó un total de 2.368.282 habitantes, de los cuales 570.159 son personas menores de dieciocho años (DANE, 2009).
Hace más de una década, la violencia de los distintos actores armados que tienen presencia en Medellín, ha producido diversas afectaciones en la población civil. La vida social, económica, política y cultural de la ciudad y sus habitantes es constantemente asediada por los violentos. Los cambios en la composición del conflicto armado no han resuelto ni evitado la victimización.
microtráfico. A pesar de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara (noviembre 2003), la desaparición del Bloque Metro por las disputas internas de las AUC, la presencia de actores armados en Medellín no desapareció. Muchos miembros de esos grupos nunca se desmovilizaron y otros que lo hicieron, se rearmaron bajo el nombre de “nuevos” grupos o
de grupos neoparamilitares. (Ramírez, 2012)
Respecto al proceso de desmovilización, la Secretaria de Bienestar Social de Medellín en 2011, señala que:
Luego del proceso de desmovilización de los bloques paramilitares que operaron en la ciudad, se observa un nuevo proceso de cambio y reconfiguración en las dinámicas del conflicto armado, con una fuerte influencia sobre la región y, en particular, sobre la misma ciudad, como centro político y económico del departamento. Desde este nuevo contexto, la disputa por el control de los circuitos económicos de carácter legal e ilegal sobre el territorio comienza a tomar auge en la ciudad, evidenciando cómo los diferentes actores armados inician otra vez un procedimiento de fragmentación que se refleja en pequeños procesos de expansión, revelando una tendencia por homogenizar los territorios bajo su poder y ejercer el control sobre otros, en la carrera por imponer de nuevo en la ciudad un dominio armado ilegal. Así, en el contexto de las confrontaciones armadas, que se libran en el marco del conflicto, se recurre a prácticas de control social, político, económico y militar, en función de dichos intereses. Esto quiere decir que el control territorial estuvo y está ligado a las lógicas de conflicto armado, pues si bien es correcto que los actores han comportado transformaciones, las lógicas del conflicto se han mantenido y especializado. (Secretaria de Bienestar Social ,2011)
La continuidad de actores y prácticas, así como la renovación de estructuras que recogen el legado de las AUC, es evidente en la ciudad de Medellín, como lo destaca el informe “Herederos de los Paramilitares. La Nueva Cara de la Violencia en Colombia” de HRW (2010):
Si bien existen diferencias entre las AUC y los grupos sucesores, estos
son en muchos sentidos una continuación de algunos de los “bloques” o
grupos paramilitares. Según informó la Policía, casi todos los líderes de los grupos sucesores son jefes de las AUC de rango medio que nunca se desmovilizaron o que continuaron participando en actividades delictivas
pese a que aparentaron haberse sumado a la desmovilización…controlan
territorios mediante amenazas y extorsión, participan en narcotráfico y otras actividades delictivas y cometen abusos generalizados contra
civiles….Los grupos sucesores han sido catalogados de distintas
y carteles de narcotráfico. Algunas organizaciones no gubernamentales
hablan de una “nueva generación de paramilitares” El Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace mención de
“grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización. Por su parte, el Gobierno los clasifica como “bandas criminales emergentes” o
BACRIM.
En el informe, se hace mención a “otros grupos” que vulneran los derechos
humanos -especialmente de menores de edad- refiriéndose a la presencia de los “combos”, y reitera la responsabilidad del gobierno frente a la amenaza que representan dichos grupos para la población civil:
El Estado está en el deber jurídico de prevenir las violaciones de derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación...se debe atender el impacto de la violencia en las víctimas, más allá del conflicto armado y de los grupos responsables de las violaciones (guerrilla, “nuevos” grupos paramilitares o los llamados “otros grupos”). Más aún bajo la consideración de que en un
contexto como el de Medellín las relaciones de cooperación entre los grupos se mantienen de acuerdo con sus intereses.
Con lo anterior se evidencian varias cosas. En primer lugar, que la ciudad, en el contexto de conflicto armado ha sido un territorio en el que actores armados han permanecido y se han consolidado. En segundo lugar el vínculo e interdependencia entre los distintos actores violentos que se han mantenido en
Medellín con los llamados “otros grupos”. En tercer lugar la necesidad de que el
Estado proteja a la población en riesgo de ser vulnerada en sus derechos por las acciones violentas de estos actores; independientemente de la “categoría” a
la cual pertenezcan.
Actores: BACRIM y Bandas delincuenciales
De acuerdo a caracterizaciones dadas por el IPC 2006, se puede decir que en Medellín se encuentran actores armados como las BACRIM12 y los “combos” o
bandas delincuenciales13 . En la ciudad existe presencia continua de grupos
narcoparamilitares como “Los Rastrojos”, “Los Urabeños”, “Águilas Negras”, “Los Paisas” y combos pertenecientes a la Oficina de Envigado. (Indepaz,
2011). Para el año 2009, el Instituto Popular de Capacitación reporta que en Medellín las autoridades tenían identificadas 123 estructuras criminales que a su vez agrupan a unos 3.600 integrantes -en su mayoría menores de edad- dentro de nueve comunas de Medellín. Para 2010, la cifra aumentó, reportándose la existencia de más de 145 combos con especial presencia en las comunas 1, 6, 8 y 13 de la ciudad. (El Espectador. Enero 2010). Para 2011 la Personería de Medellín, y el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Secretaría de Gobierno de Medellín (SISC), reporta en la ciudad la existencia de aproximadamente 250 grupos armados con más de 3.000 integrantes.
Es importante aclarar que pese a la distinción entre BACRIM y Combos, como se menciona en la sección anterior, no se puede pensar que las acciones violentas de dichos actores se dan por separado. Por el contrario, se ha podido
constatar la existencia de vínculos entre “combos” y “BACRIM”, como lo revela el personero de Medellín en el Informe sobre la situación de Derechos Humanos en la ciudad, del primer semestre de 201114
En los barrios de Medellín, las estructuras armadas delimitan sus espacios de control y disputa, configurando las llamadas “fronteras invisibles”. Según
Ramírez (2011), la población civil se ve obligada a adaptar sus rutinas para salvaguardar su integridad. Se puede afirmar que los enfrentamientos entre los grupos no discriminan espacios, territorios y población, por lo que en muchos barrios las escuelas son el límite de las fronteras invisibles15.
13 Se refiere a pequeños grupos armados, con cierto dominio territorial delimitado, pero sin una
organización compleja jerárquica, militar y económica (IPC, 2009)
14
En el informe se revelan las alianzas detectadas entre los combos de la ciudad con “Los Urabeños”, “Los Paisas” y “Los Rastrojos”. Según lo investigado, “Los Urabeños” estarían actuando al margen de la ley en coordinación con los dirigidos por Maximiliano Bonilla, alias “Valenciano”; mientras que los que
están bajo el mando de Erick Vargas, alias “Sebastián”, estarían delinquiendo con “Los Paisas” y “Los Rastrojos”.
15 Algunos de los territorios más afectados por la guerra entre bandas son: el corregimiento de San
Como se explica más adelante, en el caso de Medellín, las afectaciones producidas a civiles por la violencia armada organizada se extienden al sector educativo, poniendo en riesgo el derecho a la vida, la integridad, la libertad y la educación, entre otros derechos de los menores de edad.
3.4.1 Vulneraciones a los derechos de menores de edad producto de la violencia armada organizada en Medellín.
Siguiendo a Durango (2012), en muchos sectores de Medellín, la presencia de grupos armados ilegales se centra principalmente en la disputa por el control territorial del tráfico de drogas y de armas, la extorsión a grandes y pequeños comerciantes, e incluso el acceso a proyectos públicos de gran envergadura. Esta diversidad de manifestaciones de violencia armada afecta profundamente los derechos fundamentales de la población en general, pero los menores de edad son el segmento de población más vulnerable.
En el contexto de la ciudad, la presión por el reclutamiento, las amenazas y las fronteras invisibles que limitan la movilidad, se traducen muchas veces en desplazamiento forzado intraurbano16 o hacia otras ciudades, y por ende, en
desescolarización o en reubicación de los estudiantes.
Entre 2009 y 2011 fueron desplazados forzosamente de la ciudad de Medellín al menos 23.122 personas, de las cuales 11.411 eran menores de edad (DPS, 2012). En 2010 se recibieron en Medellín 1.604 declaraciones que cobijan a 5.962 personas -1.061 niños y 954 niñas-. Uno de los reportes correspondía a un desplazamiento masivo de 86 personas del barrio La Sierra de la Comuna 8, ocurrido en el mes de junio (Personería de Medellín, 2010). Un año después, a 30 de junio, se habían recibido 1.112 declaraciones que comprendían a 4.238
16 Durante el 2011 en Medellín se registraron 54.387 víctimas del
personas -727 niños y 705 niñas-, en las que se incluían 163 que aducían peligro de reclutamiento (Personería de Medellín, 2010 y 2011).
De acuerdo al monitoreo realizado durante el periodo 2009-2012 en Medellín, por el Observatorio de Conflicto Armado y Niñez, se encuentran las siguientes afectaciones a menores de edad:
1. Amenazas: Por el tránsito en las llamadas fronteras invisibles, por vivir en sectores distintos a donde están ubicadas las Instituciones Educativas y que son zonas de confrontación, por tener amigos o familiares en los grupos armados, por retaliaciones frente a alguna medida de protección o prevención que se haya tomado en las Instituciones Educativas o por no acatar las órdenes de los diferentes actores armados.
2. Homicidios: Resultado de los enfrentamientos armados entre los actores o dirigidos de manera intencional.
3.Miedo o temor derivados por otros hechos de violencia.
4.Utilización de las escuelas como mercado o microtráfico de drogas
5. Reclutamiento o vinculación de estudiantes a los grupos armados: Uso de niños y niñas como informantes, transportadores de armas y de drogas, expendedores o mensajeros frente a otros pares y los estamentos de la institución educativa. El rango de edad más afectado por el reclutamiento oscila entre los 12 y los 17 años, pues las normas vigentes facilitan la vinculación de menores a las bandas armadas, sin riesgo de ser judicializados como personas mayores. A estos menores se les asignan tareas auxiliares como sicarios, informantes, portadores de armas, pero cada vez más también son llamados a convertirse en integrantes ordinarios de los grupos armados.17
17El rango de edad más afectado por el reclutamiento oscila entre los 12 y los 17 años, pues las
6. Presencia de la fuerza pública en actividades de control o de complicidad con actores armados: Situación que ha llevado a la comunidad a aseverar que las prácticas de los grupos armados legales se asemejan a las de los ilegales, debido a la presión y al control que ejercen sobre los habitantes de diversos sectores, y al relacionamiento que establecen con niños y niñas en los barrios.
7. Desplazamiento forzado: Para huir de los riesgos que representan las amenazas individuales y colectivas, los enfrentamientos armados, el potencial reclutamiento forzado y el abuso sexual.
8. Desescolarización de niños y niñas: Consecuencia del temor a los trayectos y tránsitos para arribar a la Institución Educativa o casos de intimidación al interior de la misma. La seguridad es, por tanto, el principal elemento que determina la desescolarización de niños y niñas en las comunas de Medellín afectadas por la violencia armada.
3.4.2 Las escuelas y la violencia. Casos
Son múltiples las situaciones de contexto que influyen en las dinámicas de las comunidades educativas en Medellín y en su área metropolitana. Estos hechos se repiten constantemente y son cada vez más diversos, con efectos profundos en la sociedad en general.
son: generalización del miedo por la frecuencia de homicidios o enfrentamiento armado; desplazamiento intraurbano por temor o por amenazas sobre estudiantes o miembros de sus familias; presencia de grupos en el área adyacente del colegio o donde habitan los estudiantes; deserción escolar, y constreñimiento de actividades extracurriculares en espacios públicos. Es común por ejemplo, que como consecuencia de amenazas sobre estudiantes o sobre miembros de su familia se presenten casos o bien de deserción escolar o cambio de institución educativa por causa de desplazamiento forzado dentro de la ciudad.
Como parte de la multicausalidad del desplazamiento forzado se encuentran, por ejemplo, los homicidios y las amenazas en contra de los miembros de la comunidad educativa. Estos crímenes manifiestan el riesgo constante para estudiantes, docentes y directivos, y la potencialidad de desarticulación de los procesos educativos, sociales y culturales en los colegios.
Según los reportes oficiales de la Personería de Medellín (2010), durante 2009 fueron asesinados 11 estudiantes a las salidas de las instituciones educativas -siete hombres y cuatro mujeres- y de enero a octubre se presentaron 92 casos de amenazas a docentes, 54 a estudiantes y 34 directas e indirectas a instituciones educativas de las comunas 1, 2, 3, 5, 6 y 15 de Medellín. En el 2010, se reportaron los asesinatos de cuatro estudiantes a la entrada o a la salida de las Instituciones educativas -tres hombres y una mujer-. Así mismo, la entidad advirtió sobre el reclutamiento de estudiantes para vincularlos a grupos armados. Entonces, la oferta económica iniciaba en 150.000 pesos mensuales,
dándoles derecho a portar armas. Parte del “trabajo” comprendía vender
sustancias psicoactivas en las Instituciones educativas.
Respecto a la afectación en el ámbito escolar, en 2011, la Unidad Permanente de Derechos Humanos (UPDH) de la Personería de Medellín identificó 47 instituciones educativas18 en riesgo de ser objeto de la violencia, afectando tanto a menores de edad como al personal docente.
El informe explica que los actores que se presume ponen en riesgo a las instituciones educativas son : En la Comuna 1: La Galera y Los Triana; Comuna 6: Los Bananeros, Los Mondongos, El Hueco y El Pedregal; Comuna 8: La Sierra, La Cañada y Caicedo; Comuna 13: El Pesebre, La Torre, Monte Verde, La Divisa y Las Independencias; Comuna 16: Los Chivos y Los Urabeños en los sectores de Belén Aguas Frías, Las Violetas, El Rincón y La Capilla;Comuna 80, corregimiento de San Antonio de Prado: La Oculta y La 14 en los barrios Santa Rita, Limonar 1 y 2, y Aragón.
Para el año 2012, la Personería conoció de 33 amenazas contra la vida de menores de edad en el entorno escolar; las comunas más afectadas fueron: La Comuna 13 (San Javier) con 9 amenazas equivalente a un 43%, la Comuna 10 (Candelaria) con 7 casos para un 33%, y la comuna 5 (Castilla) con 5 casos correspondiente a un 24%. Las principales causas de amenazas contra los menores de edad eran: Negarse a pertenecer a los grupos armados ilegales y la desvinculación activa del mismo, rechazar las propuestas de trasportar armas, sustancias psicoactivas y ser puente de comunicación entre los miembros de los grupos al margen de la ley, así como el querer huir del sometimiento a la esclavitud sexual entre otros.
Algunos casos facilitados por el Observatorio de Conflicto Armado y Niñez de la COALICO y otros recolectados mediante revisión de prensa se exponen en anexos. (Ver anexo número 2).
18
