Conclusiones

Una vez contemplado en el presente diagnóstico la actualidad institucional y su entorno, y aun con el desconocimiento sobre el verdadero impacto que ha generado no solo a la institución, sino a la misma sociedad costarricense y mundial la pandemia por la COVID-19; no se puede dejar de lado el objeto del presente diagnóstico: el poder brindar información clavea la Institución para su análisis y así determinar la necesidad de incluir actividades o lineamientos en la formulación del Plan Operativo Institucional para el próximo periodo 2022.

Dado lo anterior, las conclusiones que se determinan como resultado del presente diagnóstico, se presentan a continuación:

1) La emergencia nacional por COVID-19 ha impactado significativamente la institución, en sus recursos presupuestarios, de talento humano, y cumplimiento de metas. Actualmente, el impacto final de la pandemia aún es desconocido, su afectación se mantiene y se desconoce su final; el ambiente de incertidumbre en la sociedad costarricense hace que el ambiente institucional se comporte de igual manera, de manera que la planificación en el ejercicio de formulación del POI 2022 se convierte en un reto institucional.

2) La población objetivo del IMAS, se encuentra marcada económicamente por la afectación de la COVID-19, lo que reflejaría un evidente aumento de la demanda social para el periodo 2022

3) La pandemia por la COVID-19, impactó el desempleo, el trabajo no remunerado y en las zonas rurales aumentó el trabajo agrícola, lo que incrementa la condición de

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pobreza extrema en estos territorios al ser la población objetivo muy sensible a los cambios en el entorno.

4) La situación de la pandemia por COVID-19 ha sido un aspecto determinante en el desenvolvimiento del Desarrollo Humano Institucional, ya que se han presentado limitaciones en contratación de personal, capacitación y rubros salariales.

5) El IMAS desmuestra un alto compromiso e interés sobre el bienestar de sus trabajadores, convirtiéndose en la primera institución pública en obtener el sello de

“Empresas Seguras y Saludables", para fomentar buenas prácticas empresariales en materia de salud y seguridad laboral. Dicha iniciativa fue promovida por el Consejo de Salud Ocupacional con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la identificación y evaluación de los riesgos y la definición de las acciones de prevención y mitigación de la COVID-19 en los lugares de trabajo.

6) De acuerdo con los resultados de los diagnósticos regionales, en los territorios indígenas, se evidencia una falta de promoción de las culturas ancestrales a nivel turístico, el rezago educativo de las personas indígenas, así como los limitados recursos económicos y la escasez de servicios básicos e infraestructura vial, productiva y de comunicación, representan una debilidad para que los pueblos indígenas puedan aprovechar este potencial.

7) En las regiones territoriales donde hay presencia IMAS, existentes importantes atractivos naturales y particulares que no se han planificado para aprovechar estos recursos y vincularlos con proyectos comunales productos de beneficios grupales de la oferta programática institucional.

8) La región Brunca concentra la mayor cantidad de hogares pobres del país representado con un 30% del total, de los cuales un 9.2% se encuentran en pobreza extrema y según IPM, es la tercera región más pobre del país, ambos datos coinciden con que una de las principales carencias de la región se refiere a los ingresos familiares.

9) Se requiere fortalecer beneficios como capacitación técnica y procesos formativos y cambiar el alcance de ideas productivas para que abarque etapas de autoconsumo y no solo el acompañamiento en la etapa del emprendimiento, lo anterior, debido a la situación actual de desempleo y falta de ingresos de la población beneficiaria.

10) En la evaluación sobre la calidad del servicio brindado por el IMAS en cuanto al Bono Proteger, se tiene una opinión favorable del 95% por parte de las personas usuarias; y los aspectos susceptibles de mejora se relacionan con la calidad de información y la oportunidad y continuidad de los comunicados y de los tiempos en la prestación del servicio.

11) El IMAS ha vinculado las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública con los instrumentos programáticos institucionales tanto con el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 como con el Plan Operativo Institucional de los periodos 2019 y 2020.

12) Debido a la situación presentada por la emergencia nacional ante la COVID-19 y el ambiente de incertidumbre existente debido a las medidas implementadas desde

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el Poder Ejecutivo, muchas actividades estratégicas programadas dentro del Plan Estratégico Institucional 2019-2022, se han tenido que modificar o posponer, recargando el periodo 2022 para su aplicación, lo anterior considerando que el periodo 2022 es el último periodo de vigencia de dicho plan.

13) Se evidenció suficiente modificación y creación de normativa institucional como método para la atención de la emergencia, lo que limitó el uso programado de los recursos establecidos en el Plan Operativo Institucional 2020. Estas mismas limitaciones fueron contempladas en la formulación del Plan Operativo Institucional 2021.

14) La entrada en vigor de la Ley de Empleo Público ha modificado la forma de contratación de personas para laboral en la institución, tratando de unificar criterios y aspectos salariales en comparación con los puestos y clases del personal institucional. También se han modificado aspectos tales como dedicación exclusiva, pagos de jornada extraordinaria, carrera profesional, entre otros.

15) Los recursos institucionales independientemente de sus fuentes se encuentran en constantes movimientos presupuestarios para destinar los mismos en la atención de los efectos de la pandemia hacia la población objetivo.

16) En el presupuesto institucional, existió un aumento de recursos para la inversión social, provenientes de Leyes específicas aprobadas para dar atención a las familias en pobreza extrema o pobreza, y que además enfrentaban alguna afectación directa por la pandemia, por el Desempleo (Bono Proteger).

17) Los recursos de fuentes específicas (FODESAF-MEP), al tener un fin específico no se pueden orientar a la atención de poblaciones que no correspondan a su finalidad, por lo que su uso-ejecución está limitado.

18) Durante al año 2020, la Institución alcanzó una alta ejecución presupuestaria, destinando la mayor parte de recursos institucionales hacia la atención de la población objetivo

19) Durante el año 2020, el 88% de los recursos fueron destinados a la inversión social mediante la atención de las familias por medio de la oferta programática y un 12% de los recursos fueron destinados al gasto administrativo operativo.

20) Comparado con el 2019, las ventas de mercadería de las tiendas libres de impuesto para el periodo 2020 disminuyeron en un 64,98%.

21) Los ingresos que se obtuvieron por el programa de Empresas Comerciales para el 2020 fueron muy bajos de acuerdo con la estimación de estos, y aunque para el 2021 se nota un leve aumento aun así se encuentra lejos si los comparamos con periodos anteriores.

22) Se requirió posponer contrataciones administrativas, contrataciones de personal y procesos de capacitación para el personal como medida de contención del gasto para destinarlo a la inversión social.

23) Se realizó una revisión del Plan Anual de Adquisiciones 2020 para reducir solo a compras realmente necesarias. Misma situación, se contempló para la formulación del Plan de Adquisiciones 2021.

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24) El seguimiento y aplicación de las medidas de administración de riesgo en cuanto al control interno institucional se vieron afectadas en su ejecución, debido al traslado de recursos hacia actividades de atención de la pandemia por la COVID-19.

A pesar de tener una ejecución acorde del PNDIP 2019-2022 en cuanto a lo planteado para la disminución de la pobreza; con un año y medio de “convivir” con la pandemia de la COVID-19, aún son desconocidos los verdaderos impactos que ha generado en la sociedad costarricense, ya que vino a golpear cualquier estimación que se tenía programada para el 2020, 2021 y para el presente caso, para el 2022.

En este sentido, las diferentes intervenciones que ha realizado el IMAS para tratar de minimizar la afectación de la pandemia por COVID-19 en la población más vulnerable, es de consideración y bastante resaltable; sin embargo, este impacto va más allá de todo el esfuerzo que haga la institución para combatir esta emergencia, ya que su afectación ha sido en la mayoría de la sociedad independientemente del nivel de ingresos.

Para el próximo periodo presupuestario, es primordial que la institución pueda contar con los recursos necesarios no solo para la atención adecuada de la población objetivo y lograr un IMAS mucho más eficiente en su gestión, sino también para seguir en la lucha de los efectos negativos que ha generado la pandemia por COVID-19, en una sociedad que necesita un apoyo más fuerte y directo para mejorar las situaciones económicas que enfrentan.

Los ajustes en el contexto económico y político del país deben permitir la definición de las medidas necesarias para potenciar los recursos disponibles que pueda contar la institución en el 2022 hacia el logro de mejores resultados en el trabajo contra la pobreza, e implicará capacidad de respuesta e innovación para encarar las nuevas situaciones que se irían presentando producto de la pandemia por COVID-19, todo lo anterior, tratando de enfrentar las consecuencias del desequilibrio fiscal y las derivaciones en la inversión social conjuntamente con el estancamiento o nuevos incrementos de pobreza y pobreza extrema.

Sin duda alguna es todo un reto para la institución la disminución de la pobreza, pero no se puede dejar de lado que esta lucha no es exclusiva del IMAS, dado que son diversos los factores sociales que intervienen el accionar institucional como desempleo, educación, inseguridad ciudadana, salud entre otros; los cuales no pueden ser abordados únicamente por la Institución; por lo que retoma una vital importancia la coordinación interinstitucional y la existencia de políticas integrales como la Política Institucional para la atención integral de la pobreza y pobreza extrema, donde se plasma claramente que la pobreza se debe atender desde un abordaje multidimensional, articulando la oferta programática del IMAS con la de otras instituciones públicas y privadas bajo un enfoque territorial.