CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPITULO

- La mayor parte de los encuestados conoce sobre los derechos a la naturaleza, las infracciones contra el ambiente y la naturaleza, con mayor énfasis en los incendios forestales, que son el motivo de este estudio, así como también el principio de proporcionalidad.

- Los encuestados manifiestan que de la forma como se encuentra tipificado actualmente el delito de incendios forestales, viola el principio de proporcionalidad.

- Se considera por la mayoría de encuestados que es necesario un análisis crítico jurídico, respecto de los delitos contra la naturaleza específicamente sobre el delito de incendios forestales.

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CAPÍTULO III

3. MARCO PROPOSITIVO

3.1. PROPUESTA

DOCUMENTO DE ANÁLISIS CRÍTICO JURÍDICO QUE EVIDENCIE COMO GRADUAR LAS PENAS POR LOS INCENDIOS FORESTALES EN EL ECUADOR, A PARTIR DEL DAÑO CAUSADO Y PROPONER UNA ALTERNATIVA PARA EVITAR LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONSAGRADO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

3.2. ANTECEDENTES

La responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones y con el resto de las especies es un principio fundamental para prefigurar el desarrollo humano. “La economía depende de la naturaleza y es parte de un sistema mayor, el ecosistema, soporte de la vida como proveedor de recursos y sumidero de desechos” (Falconí, 2005). Ecuador, considerado entre los diecisiete países megadiversos del mundo, tiene grandes recursos naturales, pero también ha sufrido un gran impacto de las actividades productivas sobre tales recursos, debido a urgentes necesidades de su población. La mayor ventaja comparativa con la que cuenta el país es su biodiversidad, por ello es fundamental saberla aprovechar de manera adecuada, mediante su conservación y su uso sustentable.

Con la Constitución de 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como una respuesta contundente al estado actual de la misma, orientando sus esfuerzos al respeto integral de su existencia, a su mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos (arts. 71-74). Esta propuesta se enmarca en un contexto en el que la gestión del gobierno se orienta al cumplimiento de los principios y derechos del Buen Vivir o Sumak Kawsay (art. 14). Dentro de estos, son primordiales la interculturalidad y la convivencia armónica con la naturaleza, con un giro en la visión predominante de la naturaleza, entendida solo como proveedora de recursos a un enfoque más integral y biocéntrico, en el que la naturaleza es definida como “el espacio donde se realiza la vida” (art. 71).

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El Programa de Gobierno 2013-2017, en el apartado Revolución Ecológica, apuesta por la transformación productiva bajo un modelo eco eficiente con mayor valor económico, social y ambiental. En este sentido, se plantean como prioridades la conservación y el uso sostenible del patrimonio y sus recursos naturales, la inserción de tecnologías ambientalmente limpias, la aplicación de la eficiencia energética y una mayor participación de energías renovables, así como la prevención, el control y la mitigación de la contaminación y la producción, el consumo y el posconsumo sustentables.

En el trabajo investigativo realizado por el señor Nelson Armijos se puede destacar que el fin de esta propuesta es disminuir las infracciones cometidas por las personas y así mismo el impacto ambiental que estas provoca, por la que se basó en encuestas realizadas a profesionales del derecho y población en general para obtener resultados y demostrar que su propuesta es necesaria y de suma importancia, la misma que solicita reformar un articulado de la Ley Forestal aumentando el valor pecuniario para quienes cometan estas infracciones.

3.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

La presente investigación posee un alcance nacional, pues el tema del medio ambiente, los incendios forestales, las infracciones y contravenciones, son fenómenos que afectan a todo el Ecuador, y no solamente a aquellas regiones donde se encuentran estos territorios especialmente protegidos, el interés de proteger, conservar y preservar la biodiversidad existente en las Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguamiento, constituye un interés nacional. Se debe tener claro, que la propuesta que se realizará involucra no solamente a los entes del Estado, sino que tiene como sujetos activos del mismo, a todos los ciudadanos ecuatorianos, los que deberán poseer los conocimientos suficientes para actuar cuando en cualquier lugar o momento los Derechos de la Naturaleza sean quebrantados, sobre todo en lo concerniente a las actividades de riesgo de provocación de incendios forestales.

En el caso de la presente propuesta, los beneficiarios será en primer lugar la naturaleza, la que poseerá un mayor y más eficaz respaldo legal ante las conductas humanas que implican provocación de incendios forestales, también serán beneficiadas las poblaciones y comunidades que residen o dentro de un AP o ZAM, o aledaños a la

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misma, las que en base a las políticas sugeridas en el orden institucional, académico y legal, podrán disponer de mecanismos y políticas más eficaces en la protección de los territorios, y no solo mediante los mismos poder disfrutar de una naturaleza original, cuidada y preservada, sino de condiciones de vida mucho mejores.

El Estado y los diferentes entes gubernamentales serán beneficiados ya que estos dispondrán de mecanismos de protección a estas zonas que fueren objetivos, de gran alcance y funcionalidad, en la que realmente pudiera provocarse una disminución de las acciones humanas para evitar la provocación de incendios forestales en esta zona, logrando mayor conservación de estas.

Aunque los Derechos de la Naturaleza en Ecuador, se encuentran regulados en la Constitución de la República, la realidad de la legislación de mayor rango, en 49 los que a Áreas Protegidas y zonas de Amortiguamiento se refiere, posee insuficiencias que permiten que no se logre una verdadera funcionalidad, la realidad ecuatoriana expone un ambiente propiciador para que el tráfico de especies de flora y fauna de estas áreas, continúe, así como los constantes incendios forestales principalmente en determinadas etapas del año, en la que la legislación no logra coactar a los individuos de abstenerse a realizar dichas actividades riesgosas en estas zonas.

Con la conclusión de esta investigación se ha podido demostrar que, pese a existir la legislación suficiente para la protección jurídica de la naturaleza la propuesta está encaminada a disminuir la provocación de incendios forestales por parte de todos los ciudadanos, ya que la naturaleza está expuesta a todos en cualquier lugar sin excepciones.

En primer lugar, es indispensable la existencia de estadísticas actualizadas que permitan determinar la cantidad de incendios forestales ocurridos, para de este modo poder medir los daños producidos y sus consecuencias.

Es imperioso que, en los sectores más vulnerables, se socialice de manera constante a las comunidades, sobre los peligros y consecuencias que ocasionan las quemas campesinas, que en muchos de los casos originan incendios forestales con daños irreversibles a la naturaleza.

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De esta manera se debe empezar a concientizar a los seres humanos sobre el enorme daño que se está causando tal vez por satisfacer necesidades, otros por tener más dinero, haciendo referencia a los Empresarios o de los pequeños grupos de poder que no les importa el daño que causan a la Naturaleza con tal de conseguir su objetivo esto es enriquecerse, de este análisis se debe manifestar que de cada diez empresas solo cinco tienen permisos ambientales, información proporcionada a través de un seminario, cuya temático versó sobre el cambio climático en el que se explicó sobre la destrucción de los ciclos naturales es decir, la destrucción de la Naturaleza. Además de los medios de comunicación y la prensa que son fuentes principales para la creación de falsas situaciones como la del consumismo, destruyendo el ambiente.

Teniendo en cuenta que la propuesta que se realiza busca graduar las penas por los incendios forestales en el Ecuador, a partir del daño causado y proponer una alternativa para evitar la vulneración del principio de proporcionalidad, se considera necesario que se establezcan las penas del art. 246 del Código Orgánico Integral Penal, graduadas de la siguiente manera:

Art. 246.- Incendios forestales y de vegetación. - La persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, en bosques nativos o plantados o páramos, será sancionada con pena privativa de libertad acorde la siguiente escala.

1) De 6 a 8 años para quienes provoquen incendios en una extensión de 51.000 a 70.000.

2) De 4 a 6 años para quienes provoquen incendios en una extensión de 26.000 a 50.000 hectáreas.

3) De 3 a 5 años para quienes provoquen incendios en una extensión de 15.000 a 25.000 hectáreas.

4) De 2 a 4 años para quienes provoquen incendios en una extensión de 12.000 a 14.000 hectáreas.

5) De 2 a 3 años para quienes provoquen incendios en una extensión de 8.000 a 11.00 hectáreas.

6) De 1 a 3 años para quienes provoquen incendios en una extensión de 3.000 a 7.000 hectáreas.

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7) De 6 meses a 1 año para quienes provoquen incendios en una extensión de 0 a 2.000 hectáreas.

Con las escalas propuestas se pretende aplicar penas de acuerdo con la gravedad del daño ocasionado, esto es de una manera proporcional; la aplicación del principio de proporcionalidad es neurálgico en el ámbito de la normativa penal, puesto que en el caso que atañe, tal como se encuentra tipificada la ley en la actualidad, existen falencias que dejan notar la vulneración de este principio.

3.4. CONCLUSION

La Constitución vigente tiene los elementos necesarios para que se sancione el daño ambiental siendo el más importante la responsabilidad objetiva que obliga al denunciado a que asuma la carga de la prueba y el principio de que el que contamina paga.

Uno de los elementos que más afectan la biodiversidad de las AP y ZAM, son los incendios forestales, los que logran extinguir gran cantidad de flora y fauna en los lugares en que tienen lugar, afectando los ecosistemas de estos, los que en la mayoría de las ocasiones son provocados por la acción dolosa o negligente del ser humano, quien no evalúa el impacto medioambiental que tienen los mismos en cualquier lugar del planeta y especialmente en dichas áreas.

No obstante, las legislaciones en mayor o menor grado no siempre son claras y precisas en la regulación, ni de la especialización en materia de contravenciones, a los sujetos que provoquen incendios forestales en dichas áreas, dándole un tratamiento y sanciones generales, por lo que no siempre en este sentido se logra una mayor protección a las mismas.

Existe en la población ecuatoriana en general, tanto entre la ciudadanía como entre los operadores del Derecho, representantes de empresas y especialistas medioambientales de instituciones relacionadas con cuestiones de la naturaleza, una consideración de la existencia de una falta de educación medioambiental en el Ecuador, en todos los niveles, así como del COIP para sancionar, infracciones, efectos de los incendios

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forestales, debido a una ausencia de políticas gubernamentales de educación general y especial en este sentido.

Existen los elementos jurídicos necesarios para poder proteger jurídicamente la naturaleza sin embargo no se hace uso de estas normas jurídicas con la fortaleza necesaria como para generar un verdadero cambio de conducta de los habitantes. Por ello se elabora esta propuesta, para tratar de disminuir el impacto, crear conciencia entre los habitantes y a lo que se atienden en el caso se infringir la ley y los Derechos de la naturaleza, ya que, así como todas las personas poseemos derechos, la naturaleza también los tiene.

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CONCLUSIONES GENERALES

• En síntesis, es importante saber porque se vulneran los Derechos de la Naturaleza y por qué se producen los incendios forestales y cuáles son las sanciones para las personas que lo provocan de acuerdo con el Código Orgánico Integral penal y a la Constitución, ya que es un tema novedoso e importante para la sociedad.

• También en este presente trabajo se dará a conocer antecedentes y medidas de prevención para que ya no se produzcan incendios forestales y las sanciones

• Se observa que en la Ciudad de Babahoyo la ciudadanía no ha sido capacitada adecuadamente en el manejo de los incendios forestales, por tal motivo no se encuentra en capacidad para actuar en este tipo de emergencias.

• Se ha considerado el diseño de un Plan de Prevención y Respuesta para Incendios Forestales, el cual no cuenta con instituciones vinculadas.

• Los incendios forestales son las amenazas que cobran más vidas del personal de bomberos, en relación a otro tipo de emergencias

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RECOMENDACIONES

• Crear una difusión por parte del Estado donde la ciudadanía pueda conocer los reglamentos, sus sanciones y el impacto directo que tiene en la ciudadanía, formando así una capacitación y educación ambiental.

• Sancionar en caso de que así lo demuestre la justicia a quienes pese a ser advertidos no realizarlos cambios necesarios para evitar el daño ambiental, no solo a nivel urbano si no también el rural.

• Organizar a la sociedad civil para que por medio de acciones legales se obligue a quienes contaminan y a las autoridades que no sancionan se preserva y se proteja el medio ambiente

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