La primera conclusión de las entrevistas a los actores que representan los diferentes puntos de vista alrededor del tema de los alimentos transgénicos, es
que en el
país no se ha discutido seriamente el tema. La información que ofrecen los entrevistados no se ha puesto verdaderamente en un espacio público de reflexión y toma de decisiones.La opinión pública no conoce todas las implicaciones que hay detrás de la llegada de una planta genéticamente modificada al país, ya sea por semillas en cultivos o por importaciones. Estas no solo afectan la vida de los agricultores y los campesinos, también al ecosistema, a la economía, a los consumidores y a la sociedad en general.
Si la sociedad carece de la información suficiente y pertinente ¿cómo se supone que va r tomar una decisión o una postura frente al tema?, y más aún ¿cómo hace valer sus derechos?
El primer dilema a tratar es el de la contaminación genética y los perjuicios que podría traer a la biodiversidad. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, en el que se originan una gran cantidad de especies de tubérculos, legumbres, granos y frutas, diversificadas en cientos de variedades criollas.
Mientras los grupos de agricultores y la academia cree que la contaminación genética es una posibilidad, un hecho científico, las empresas y sus voceros (que la mayoría de veces están relacionados con en el lobby político) defienden como que es imposible que se produzca traspaso de genes modificados sin la
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determinación de un especialista en un laboratorio. Así lo argumentan compañías como Monsanto en los
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que presentan a los gobiernos, y que funcionarias como Adriana Castaño, del Ministerio deProtección Social, se limita a revisar, pues como ella afirma, las instituciones estatales no pueden, por cuestiones de presupuesto, adelantar sus propias investigaciones sobre el tema.
La coexistencia entre cultivos transgénicos y no transgénicos es algo que Mauricio Rivas, encargado de los asuntos de Monsanto en la región, cree perfectamente posible, según él, la introgresión genética accidentada no sucede, y el agricultor está en toda su libertad de escoger si siembra o no las semillas transgénicas, pues las posibilidades del mercado así lo permiten. El Grupo Semillas, sin embargo, acusa a la empresa de buscar adueñarse del monopolio de las semillas, a través de patentes y contratos que someten al campesino a un tipo de agricultura estandarizada que lo hace dependiente de este modelo. La experiencia del algodón el Córdoba y Tolima es claramente un ejemplo de fracaso del modelo transgénico en Colombia. Para Monsanto, lo que pasó fue un simple mal entendido entre los agricultores y las plantas modificadas, quienes dejaron
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rociar insecticida, abandonaron los cultivos y los dejaron en manos de la tecnología. Para los agricultores, por otro lado, ésta es la prueba que las semillas modificadas genéticamente no son perfectas y que la empresa no busca el beneficio de los campesinos y mejores cosechas, sino para vender sus productos.Ante esta situación, que ocurrió a finales del 2008, el periodismo hizo muy poco, pues no se encontraron en la muestra de medios artículos relacionados con el tema, una excepción de uno que solo menciona lo ocurrido. La academia tampoco registró el hecho, así lo denuncia Tomás León, quién critica a la comunidad científica por solo aceptar un hecho si es publicado en las revistas indexadas y bajo el nombre de algún prestigioso grupo de investigación.
La ciencia no es libre y esto lo confirmó el agrólogo con todos los casos de colegas censurados que ha conocido en este campo; desde Chapela hasta Ermakova, todos con el mismo tema en común, ese lado de los alimentos transgénicos que las empresas nos tratan de esconder, con la ayuda negligente o cómplice de
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los gobiernos. Las respuestas a preguntas incómodas como ¿qué efectos tiene el glifosato en el campo? Y ¿qué efectos en la salud tiene el consumo de transgénicos como la soya?
El tema de bioseguridad en el país es bastante flojo, así la bióloga Castaño, vinculada desde hace más de 10 años al INVIMA y al Ministerio de Protección Social trate de hacernos comprender el entretejido trabajo que cumplen las distintas instancias del gobierno para regular y vigilar el tema. La verdad es que poco o nada tienen el poder los gobiernos, pues las reglas del mercado se imponen y los intereses políticos son determinantes, como en el caso del país.
Colombia ha estado desde siempre a favor de los alimentos transgénicos, e incluso hizo de base para la discusión y la forma del Protocolo de Cartagena. Su cercanía política a Estados Unidos ha sido clave para la entrada de los alimentos transgénicos al sur del continente. Esto ha hecho que Colombia sea uno de los países que importa maíz norteamericano, tan repudiado en la Unión Europea y en Japón por ser, en su mayoría, transgénico.
La versión anterior se complementa con lo planteado por Gregorio Mesa, abogado especialista en temas ambientales. El Dr. Mesa reconoce que el gobierno no ofrece las garantías para que el país sea soberano en materia agrícola y las decisiones políticas, como la entrada en vigencia del TLC, demuestra que el país afronta situaciones en las cuales no tiene como competir con la calidad, precio y cantidad de alimentos, como si las ofrecen otros países con biotecnología integrada al sistema de producción alimentaria.
Colombia importa actualmente, y gracias a datos del grupo de Germán Vélez, el 85% del maíz. Lo cual resulta paradójico, pues, como se ha dicho en el contexto de este trabajo, algunos pueblos amerindios son considerados “Hijos del Maíz”. Los “Hijos del Maíz” que se ven obligados a importar maíz de otras tierras son un claro indicador del detrimento en materia de Seguridad Alimentaria que está viviendo el país, pues, recordemos, la dieta colombiana tiene como uno de sus ejes este grano.
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Pero entonces, ¿qué sucede con la promesa de la biotecnología de aumentar la producción y ser fuente de riquezas y seguridad para los agricultores? Para Vélez el balance entre agricultura transgénica vs. No transgénica siempre va a apuntar hacia la no transgénica, pues cuesta menos y está más acorde con lo que necesita el campo colombiano: no un modelo de gastos agroquímicos y ahorros en personal, si no uno que aproveche al máximo la obra de mano campesina y la pluralidad del campo, haciendo al campesino autosuficiente y coherente con las reglas de la naturaleza y el ecosistema.
Según Monsanto cada quién está en la posibilidad de escoger. Mientras que para León es una tendencia en crecimiento, pues “industrializar” la producción agraria es visto como señal de progreso y modernidad, a pesar de que, según sus opiniones, los transgénicos no se necesitan, pues lo que sí sería positivo para la vida del hombre en la tierra sería la creación de un modelo más sostenible, acorde con los ciclos de la naturaleza y las necesidades alimentarias de cada región (soberanía alimentaria).
La desinformación y la falta de involucramiento en el tema también se ven reflejado en el caso del glifosato. León cuenta como durante el gobierno Uribe se escogió un grupo de estudio que recomendara al gobierno a partir de una serie de pruebas sobre la eficacia de la utilización del glifosato, que resultaron siendo incompletas y precisamente limitándose a eso: a comprobar la eficacia en la tarea de erradicar los cultivos de coca. Lo que no se tomó enserio fueron las opiniones de muchos agrólogos que conocen la composición del glifosato y como este, con la ayuda del arrastre del agua en los suelos, es capaz de trasportarse más allá de la zona preestablecida, matando todo tipo de hierbas a su alrededor.
Las dudas acerca de la inocuidad de los OGM, y de su incorporación en la naturaleza, como también de la seguridad del uso de glifosato son temas de alta relevancia para la sociedad civil y de alta responsabilidad para el periodismo y la academia, mientras que, para las empresas semilleras se trata de una cuestión de “miedo, desinformación, falta de cultura, simples mal entendidos”.
Para todos, sin embargo, el panorama es claro: los transgénicos están lejos de desaparecer, y menos en estos momentos con la entrada en vigencia del TLC. Para algunos como los funcionarios de gobierno y las
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compañías, esto significa la oportunidad para que el campo colombiano explote al máximo sus capacidades productivas haciendo uso de tecnologías de punta que modernizarán el campo y lo harán más eficiente y controlable. Para otros, por el contrario, es la imposición de un modelo que con conviene a la mayoría de medianos y pequeños campesinos, pues los quitará del plano, haciéndolos poco competitivos y desplazándolos hacia la urbe. Lo que a su vez significará más dependencia a las grandes multinacionales que con sus monocultivos colonizan las tierras del tercer mundo, para sacar de ellas sus productos y venderlas de vuelta a sus habitantes, con una ganancia económica.
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