NECESIDADES
Varios sistemas de información establecidos durante el último decenio proporcionan una valiosa información geográfica acerca de las per- sonas que responden a encuestas demográficas. Esto posibilitará un examen más detallado de la distribución de la riqueza, las oportunidades y los retos dentro de un mismo país y una mejor com- prensión de los factores de repulsión y atracción que impulsan la reubicación de las poblaciones, así como los efectos de las políticas que abordan esta situación.
Por ejemplo, recientes investigaciones com- binan los datos de censos y encuestas para confeccionar mapas sobre la distribución de las poblaciones. Los resultados indican que tal vez las superficies de tierra cubiertas por centros urbanos y asentamientos periurbanos—y sus
efectos sobre el medio ambiente—sean mucho mayores que lo estimado anteriormente sobre la base de los límites administrativos. Los nuevos métodos también posibilitan la medición de las poblaciones a lo largo de las costas y otras regio- nes ecológicamente delicadas.
Estos mapas se han utilizado para estudiar la mortalidad de lactantes en 10 países del África occidental. Los resultados reafirmaron comprobaciones de antigua data (por ejemplo, tasas más altas de mortalidad masculina, ven- tajas de las zonas urbanas respecto de las zonas rurales y efectos protectores de la educación de las madres y el mejor saneamiento), pero también proporcionaron nuevos conocimientos inespe- rados acerca de la alta concentración en las zonas donde los resultados son más deficientes, lo cual podría conducir a una mejor delimitación de los beneficiarios de los programas.
Será necesario efectuar cuantiosas inversiones en el fomento de la capacidad y la trasferencia de
tecnología, a fin de aprovechar plenamente las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de datos. Asimismo, es necesario incorporar análisis más detallados de las redes sociales urbanas y las características de los vecindarios, en las investigaciones y la programación de los países en desarrollo.
Así podría facilitarse más la adopción de decisiones locales para el desarrollo y esto podría conducir a formular mejores políticas que abor- daran los diversos patrones de asentamiento, con el propósito de reducir la pobreza y mejorar la calidad de la vida. Por ejemplo, las comunidades donde se combinan diferentes niveles de ingre- sos pueden ofrecer ventajas para acelerar el adelanto de los pobres. Tal vez la determinación de beneficiarios por zonas geográficas y la utili- zación de asociaciones locales podrían contribuir a plasmar en la realidad la aspiración de la CIPD en cuanto a la participación social.
controles fronterizos y aumentado las restricciones en sus políticas de asilo. En algunos casos, esto ha tenido como consecuencia inesperada que la trata sea más lucrativa. En respuesta, algunos países han establecido severos castigos a la trata de seres humanos.
Si bien los países receptores, en su mayoría, reconocen la contribución positiva de los migrantes al desarrollo económico, social y cultural, tanto de los países receptores como de los países de origen de los migrantes, sigue siendo motivo de gran preocupación la creciente cantidad de inmigración ilegal y las continuas corrientes de refugiados y solicitantes de asilo.
Muchos países se pronuncian a favor de aumentar la cooperación internacional para manejar más eficazmente la migración. A partir de 1994, se establecieron ocho procedi- mientos regionales y subregionales de consulta que abarcan casi todos los países. El Programa Internacional de Políticas de Migración, iniciado en 1998, ha organizado 15 reuniones regionales a fin de promover la cooperación y el fomento de la capacidad; y en diciembre de 2003 se estableció la Comisión Mundial sobre Migración Internacional que, según se prevé, ha de formular recomendaciones al Secretario General de las Naciones Unidas hacia mediados de 2005.
El decenio de 1990 fue una época sobresaliente para colocar en el centro de los debates mundiales y nacionales sobre derechos humanos y desarrollo humano, las cuestiones de salud reproductiva, derechos reproductivos, violencia contra la mujer y responsabilidad masculina por las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Las conferencias de las Naciones Unidas celebradas en ese decenio de 1990, en particular la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), la CIPD (El Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), tuvieron importancia fundamental para impulsar una importante transición del paradigma relativo a las políticas de población.
En El Cairo, los gobiernos del mundo llegaron a un con- senso que afirmó su compromiso de promover y proteger el pleno disfrute de los derechos humanos por todas las mujeres a lo largo del ciclo vital. Esos gobiernos también convinieron en adoptar medidas para acordar mayores facultades a las mujeres y colocar en un plano de mayor igualdad sus relaciones con los hombres en la legislación, los sistemas económicos y el hogar.
Por primera vez en un importante documento interna- cional sobre políticas de población, el Programa de Acción de la CIPD incluyó un capítulo completo y detallado (capítulo IV) sobre la ampliación de los medios de acción de la mujer
y la igualdad de género. Estableció en parte que: “. . . el mejoramiento de la condición de la mujer también favorece su capacidad de adoptación de decisiones a todos los niveles en todas las esferas de la vida, especialmente en el terreno de la sexualidad y la reproducción”.
La igualdad de género y la ampliación de los medios de acción de la mujer fueron aspectos centrales de la perspec- tiva de la CIPD. Los objetivos del Programa de Acción en materia de salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos están firmemente vinculados con sus objetivos para la habilitación de la mujer y la igualdad de género, y ambos conjuntos de objetivos se refuerzan mutuamente. La CIPD asumió un nuevo compromiso de gran magnitud en su objetivo de “...promover la igualdad de los sexos en todas las esferas de la vida, incluida la vida familiar y comunitaria, y alentar a los hombres a que se responsabilicen de su com- portamiento sexual y reproductivo y a que asuman su función social y familiar” (párrafo 4.25).
La CIPD también instó a los países a “adoptar medidas exhaustivas” para eliminar todas las formas de explotación, abuso, acoso y violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas (párrafo 4.9). La CIPD también exhortó a los hombres a compartir la responsabilidad de la crianza de los hijos, a valorar por igual a los niños de uno y otro sexo, a