Conflictos ambientales y justicia ambiental

El análisis de los conflicto socio-ambientales o ambientales como conflictos distributivos ecológicos ha sido objeto de estudio de la ecología política, en un campo creado por antropólogos, geógrafos y sociólogos ambientales (Martínez, 2006). Este tipo de conflictos se originan a partir de “(…) disputas políticas en

torno a los modos diferenciados de producción, apropiación, uso, y significado de los bienes naturales” (Merlinsky, 2017, pp. 222). Dichas disputas, generan

controversias, en las cuales se percibe y se define un evento como peligroso mediante un proceso social de selección. La incertidumbre que genera la implementación de cierta medida o proyecto, hace que los actores sociales irrumpan en la controversia, ampliándose las opciones disponibles para enfrentar estos asuntos, produciendo deliberaciones sobre escenarios de futuro y abriendo espacios de dramatización (Merlinsky, 2017).

Como es propuesto por Merlinsky (2015), el conflicto ambiental actúa como un mecanismo amplificador del debate socio-técnico (propio de técnicos, políticos y expertos), convirtiéndolo en una disputa de carácter político. Las discusiones creadas movilizan disputas por la distribución, gestión o apropiación de los recursos naturales y el territorio en cierta comunidad o región, donde no sólo se encuentra en disputa los beneficios económicos de tal evento, sino que se encuentran en juego diferencias culturales y valorativas respecto a cómo se define lo justo en determinadas elecciones institucionales. Por ello, el conflicto

socio-ambiental es una situación de tensión en la cual se pone en cuestión las relaciones de poder, y con ello discusiones sobre las facilidades de acceso a recursos naturales y el territorio y la exclusión de su disponibilidad para otros actores.

También los conflictos socio-ambientales se expresan en visiones del mundo y ontologías divergentes (Escobar, 2014) y en la activación de un lenguaje de valoración divergente (Martínez, 2001). En este sentido, de acuerdo con la socióloga Maristella Svampa:

Entendemos por conflictos socioambientales aquellos ligados al acceso y control de los bienes naturales y el territorio, que suponen, por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno de ellos, en un contexto de gran asimetría de poder. Estos conflictos expresan diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza y el ambiente, al tiempo que van estableciendo una disputa acerca de lo que se entiende por desarrollo y, de manera más general, por democracia. Ciertamente, en la medida en que los múltiples megaproyectos tienden a reconfigurar el territorio en su globalidad, no sólo se ponen en jaque las formas económicas y sociales existentes, sino también el alcance mismo de la democracia, pues esos proyectos se imponen sin el consenso de las poblaciones y generan así, fuertes divisiones en la sociedad y una espiral de criminalización y represión de las resistencias (Svampa, 2013, pp. 5)

El análisis de los estudios socio-ambientales ha permitido establecer la afirmación, según la cual existen territorios marcados por la vulnerabilidad y exclusión social, baja población y con grandes extensiones territoriales “vacias” que facilitan la expansión del discurso productivista, al tiempo que construye un tipo de territorialidad excluyente. Asimismo, en la relación que ha surgido entre la revaloración de los espacios y la defensa de los recursos naturales, expresado en el derecho de las poblaciones locales a supervivir y al territorio, ha cobrado especial importancia el estudio de la valoración de grupos especialmente vulnerables a la irrupción del “desarrollo”.

El estudio de los conflictos socio-ambientales tiene como antecedente el concepto de justicia ambiental, el cual tiene sus comienzos en la década de los 80, ligado a las reivindicaciones de igualdad y no discriminación racial en los Estados Unidos, debido a los impactos desproporcionados de los efectos negativos de la contaminación ambiental contemporánea, en especial por el desecho de basuras tóxicas en lugares marginales. Luego, una parte importante de la justicia ambiental se concentró en los derechos de los indígenas, lo que permitió expandir la reflexión, más allá de compensar los daños y prevenir los peligros que afectan el ambiente, e integró cuestiones como la distribución equitativa en el acceso a los recursos, bienes comunes, el respeto a la soberanía para administrarlos, etc (Crawford, 2010). A su vez, en Latinoamérica el territorio se consolidó como el lugar de resistencia por parte de grupos indígenas y campesinos y emerge una corriente del movimiento ambientalista, caracterizado como un saber experto, denominado Ecologismo de los Pobres, el cual cuestiona todo el proceso de apropiación del espacio y expresa su oposición a un tipo de territorialidad excluyente que caracteriza la invasión del proyecto moderno.

También, los movimientos conservacionistas han venido llamando a una reflexión sobre los efectos de la actividad humana en los sistemas naturales y ha sentado su protesta contra el deterioro ambiental producido. Estos movimientos de opinión y presión han provocado una productividad institucional, representada en normas y políticas ambientales, pero no ha logrado frenar el fenómeno. Frente a la profundización de la crisis, algunos ambientalistas han venido comprendiendo la relación del deterioro con el desarrollo, tanto de países industrializados como países dependientes. En especial, se cuestiona el saqueo a que son sometidos los recursos naturales y la imposición de patrones tecnológicos en los países pobres. Ese sentido Augusto Ángel señala:

La problemática ambiental debe considerarse, por tanto, como el resultado de la actividad humana sobre la base de sustentación ecosistémica. Dicha actividad que se basa en el desarrollo tecnológico, está orientada por los criterios y los

objetivos que rigen el desarrollo en cada formación social. La problemática ambiental de los países del tercer mundo no puede desligarse, en consecuencia, de las formas dependientes de su desarrollo tecnológico, económico y cultural. La presión ejercida sobre los ecosistemas depende en gran medida de la orientación impuesta al desarrollo por un estilo dependiente (Ángel, 2015, pp. 4).