Evolución de la Inflación en México, 1982-
4.2 El Consejo general del IFE y su desempeño: el caso Amigos de Fox y Pemexgate
La reforma electoral de 1996 generó cambios de suma importancia en torno al desempeño institucional del IFE. Gracias a este cambio legal le fue otorgada autonomía plena a su Consejo Electoral. Así pues, José Woldenberg fue designado Consejero Presidente, siendo además elegidos otros ocho consejeros propuestos por los partidos políticos quienes se repartieron cuotas y eligieron con base en afinidades. Estos consejeros fueron José Barragán,
187 Jesús Cantú Escalante, Jacqueline Peschard, Mauricio Merino, Emilio Zebadúa, Alonso Lujambio y Juan Molinar (Aziz y Alonso, 2005).27
La primera gran prueba para este Consejo General fueron las elecciones intermedias de 1997. Este proceso electoral mostró la debilidad del partido gobernante, dado que por primera vez en la historia perdió la mayoría simple en la Cámara de Diputados. A pesar de este hecho, los resultados fueron aceptados por los contendientes. Posteriormente, con el proceso electoral del 2000 se afianzó aún más la legitimidad y credibilidad del Consejo Electoral
Si bien las elecciones presidenciales del año 2000 presentaron una menor participación con respecto a las elecciones de 1997, es necesario mencionar que marcaron un hito en la historia de México, ya que el partido que por más de setenta años había gobernado el país, perdió la Presidencia de la República (Buendía y Somuano, 2003). Sin lugar a dudas, este proceso electoral en conjunto con el del 2006 han marcado un quiebre en el desarrollo institucional del órgano electoral mexicano.
A pesar del buen desarrollo de la jornada electoral y de que todos los actores involucrados en dicho proceso acataron los resultados, se presentaron una serie de irregularidades, especialmente en el ámbito del financiamiento a los partidos políticos. En las campañas del PRI y el PAN se identificaron dichas irregularidades, dado que parte de los recursos para el financiamiento de sus campañas provenía de fuentes ilícitas. Estos hechos fueron detectados y, posteriormente, sancionados por el IFE lo cual mostró la fortaleza y credibilidad del órgano electoral.
Precisamente un detonante de las disputas discursivas fue la sanción que estableció el IFE al PRI y al PAN. Es necesario recodar que la disputa discursiva surge cuando varios actores entran en conflicto. Es en este conflicto cuando las demandas, las cuales se insertan en proyectos políticos, son dadas
27 De acuerdo con Aziz y Alonso (2005) sí existió tensión posterior a la elección de los Consejeros Electorales, esto debido a la elección del Secretario Ejecutivo del IFE. La designación de este funcionario se caracterizó por la desconfianza ante el posible control que el PRI pudiese tener sobre la estructura de organización del instituto electoral.
188 a conocer de manera pública por medio del proceso comunicativo del discurso. Por tanto, el espacio donde los proyectos se confrontan es la esfera pública (Tilly, 1998; Dryzek, 2002 y 2005; Schmidt, 2008). La intervención punitiva por parte del IFE en el caso Pemexgate y Amigos de Fox reavivó las disputas en torno a la autonomía, la imparcialidad y la legitimidad de la institución.
Así pues, el 21 de junio de 2000, antes de llevarse a cabo los comicios electorales, el en ese momento Diputado Federal, Enrique Jackson mostró cheques a nombre de Carlota Robinson Kauachi y de empresas pertenecientes a Lino Korrodi, representante de la asociación civil Amigos de Fox, en los cuales se evidenciaban supuestas triangulaciones provenientes de empresas extranjeras que aportaron recursos económicos a la campaña de Vicente Fox, delito sancionado por la legislación en materia electoral. Jackson mostró dicha información sólo tiempo antes de que se evidenciara la malversación de recursos en la que estaban implicados el líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps -acusado de peculado y peculado electoral- y el ex jefe de PEMEX (Petróleos Mexicanos) Rogelio Montemayor –acusado también de peculado y uso indebido de autoridad- junto con otros altos funcionarios de la paraestatal. Ante estos hechos, la PGR comenzó la investigación en torno al desvío de recursos de PEMEX hacia el PRI a través de entregas irregulares de dinero al STPRM (Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana) cuya suma ascendía a mil 100 millones de pesos. Los recursos provenientes de PEMEX autorizados por su ex director, Rogelio Montemayor Seguy; por el ex Director corporativo de Administración, Carlos Justiniano Septién, y el ex Director corporativo de finanzas, Juán José Domene Berlanga, fueron entregados en dos partidas, una por 640 millones de pesos y otra por 460 millones de pesos (La Jornada, 23 de agosto, 2004).
Ante esta situación, el 14 de marzo del 2003 el IFE le impuso una multa al PRI de mil millones de pesos, siendo ratificada por cuatro de los seis consejeros generando divisiones dentro del Consejo General. Para el caso Pemexgate la decisión fue apoyada por consejeros miembros de la Comisión de Fiscalización: Alonso Lujambio, Mauricio Merino, Jacqueline Peschard y Luken. Dos de los consejeros Jaime Cárdenas y José Barragán, no firmaron el
189 dictamen por no encontrar elementos que demostraran la malversación de recursos provenientes de Pemex a través de su sindicato (El Economista, 12 marzo 2003). Para el caso Amigos de Fox, el IFE también impuso una multa a los implicados por las irregularidades en el financiamiento a la campaña del candidato panista.
Como se indicó, estas decisiones mostraron la fortaleza del Consejo General, así como su imparcialidad y autonomía.28 Sin embargo, generaron una serie de declaraciones por parte del PRI, partido que criticó a algunos de los Consejeros Electorales de actuar de manera parcial. (Aziz y Alonso, 2009: 170). En un claro ataque el PRI responsabilizó al IFE de ser cómplice del PAN por tener la intención de:
“[…] desaparecer a su partido del espectro electoral (amenazando con) interponer juicio político contra los consejeros Lujambio y el presidente del IFE, José Woldenberg […] Al dar evidente protección al PAN y a los Amigos de Fox, mientras aceleran el caso Pemex-PRI […] La parcialidad con la que se han conducido para tratar de beneficiar al PAN afecta gravemente su credibilidad y la del IFE” (El Universal, 11 de marzo, 2003).
En el mismo sentido, Roberto Madrazo, ex candidato Presidencial del PRI, señaló:
“Es muy desilusionante ver cómo el IFE perdió imparcialidad, cómo, salvo el consejero Cárdenas, que ha dado una pelea de imparcialidad, hay en el IFE un acomodo para ayudar a Acción Nacional (sic)” (Declaraciones de Roberto Madrazo, El Financiero, 19 de junio de 2003).
Al integrar estas declaraciones de un importante miembro del PRI resulta necesario retomar el término confluencia perversa propuesto por Dagnino (2004) el cual hace referencia a la interrelación entre el proyecto político
28 Retomando el argumento de Estévez et. al. (2008) el posicionamiento del Consejero Electoral Alonso Lujambio dio muestras de parcialidad y de lealtad hacia el PAN, partido político que lo postuló para el cargo, ya que votó en contra de la multa a dicho partido por el caso Amigos de Fox.
190 neoliberal y el proyecto político democrático-participativo. La autora ejemplifica la confluencia perversa con el proceso de doble transición por el que atravesó la región latinoamericana. La coincidencia entre las reformas económicas y la democratización política ha generado que términos como participación y sociedad civil, por ejemplo, queden reducidas a los dictados del mercado quedando incrustados en el proyecto neoliberal.
“Esta cacofonía discursiva y práctica impide diferenciar claramente la naturaleza de los proyectos en pugna y hace difícil evaluar la calidad de la innovación democrática en marcha, la profundidad de las transformaciones culturales que se están produciendo y la fuerza relativa de las tendencias relativas de cambio que se viven en la región. Se produce confluencias notables de lenguaje entre actores políticos y sociales que persiguen proyectos distintos y con frecuencia alianzas posibles se pierden a causa de la desconfianza y la confrontación política, o por el contrario, se pactan alianzas sobre la base de la coincidencia discursiva que pronto se descubren ficticias” (Olvera, 2006: 20).
La confluencia perversa, indica Olvera (2006), tiene implicaciones importantes en términos de desarrollo y de democratización. Si bien los autores ponen énfasis en la confluencia entre los proyectos democrático y neoliberal, para el caso de las disputas en torno a la autonomía e imparcialidad del Consejo Electoral del IFE es claro cómo los actores recurren a ambos términos, que, sin embargo, tienen contenidos discursivos distintos. Se defiende la autonomía, así como la imparcialidad de la institución, no obstante, al poner énfasis en el proceso comunicativo del discurso, puede dilucidarse cómo ciertos actores apelan a prácticas autoritarias encubiertas en un lenguaje democratizador.
Las declaraciones de Madrazo respondieron a un desacuerdo ante la actuación imparcial del IFE. Para este actor la imparcialidad hace referencia no a la actuación neutral de parte del Consejo General, sino a la aplicación de la ley con base en intereses partidistas. Precisamente es a partir de este momento cuando se estableció una alianza entre partidos políticos para imponer un proyecto en torno al Consejo General que tuvo consecuencias importantes para el proceso electoral del 2006.
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