Las universidades a lo largo de la historia se han modificado producto de los cambios en la sociedad, desde sus inicios que atendía solo a una élite económica y social a su posterior democratización, de considerar el desarrollo integral del estudiante a considerar solo los intereses del mercado.
La crisis económica del 2008-2012 y la globalización de los mercados han permitido que el concierto mundial de países -y sus universidades-, tomen conciencia que frente a estas situaciones se deben buscar soluciones en conjunto. Frente a esta crisis, las propuestas de la Reforma Universitaria de hace 90 años en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) de: autonomía universitaria, cogobierno, acceso universal y compromiso con la sociedad, se mantienen plenamente vigentes en la Región.
Las diferentes naciones preocupadas por el desarrollo humano sustentable han realizado diversos encuentros con la finalidad de buscar soluciones que aseguren el compromiso de la universidad con la sociedad y con ello, justicia social y democracia. Uno de esos encuentros es la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES), realizada el 4, 5 y 6 de junio de 2008, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, con el auspicio del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-
UNESCO). En su Declaración, los conferencistas ratifican que la educación superior
es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado garantizarlo. Este nivel de enseñanza es crítico en el desarrollo integral de cada persona y en el desarrollo sustentable de los países de la Región.
Las naciones en el mundo han alcanzado un acuerdo respecto al análisis de la crisis económica. El nivel educacional de la población es crítico para el desarrollo humano y social (PNUD, 2015). Sin embargo, los niveles de desarrollo de los diferentes países del planeta presentan diferencias sustanciales, por ello en algunas regiones en donde la cobertura de educación está cubierta y garantizada para todos, este no es un punto a discutir. En cambio en otras regiones como en la Región de América Latina y el Caribe, en donde la educación sigue siendo un privilegio para algunos y se la considera un fin de lucro, garantizar su accesibilidad para todos es un deber de los Estados y sus gobiernos.
El contexto de un mundo globalizado y la integración regional de las comunidades pluriculturales y multilingües de América Latina y el Caribe, se constituyen en un pilar fundamental para el desarrollo de la Región. Por eso, se deben producir cambios que aseguren educación superior para todos. Es decir, se requiere que la educación superior entregue mayor cobertura social con calidad, equidad y compromiso con los pueblos para no ahondar en las profundas diferencias, desigualdades y
contradicciones que impiden el desarrollo de la mayoría de estos países. Este nivel educacional debe incorporar innovaciones en las propuestas educativas, en la producción y transferencia de aprendizajes y vincular todo su desarrollo científico y tecnológico al servicio del país y de la Región (CRES, 2008).
Los asistentes a la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES, 2008) tienen conocimiento acerca de las desigualdades del sistema educacional de la Región, por ello al ratificar este nivel educacional como un derecho humano no solo obliga al Estado a financiarla sino que también a las comunidades universitarias a repensar la universidad de manera crítica para responder a los desafíos actuales de sus localidades y de la diversidad de su estudiantado.
La Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES, 2009), evento realizado posteriormente en París, agrega que la educación superior es considerada un instrumento estratégico de desarrollo sustentable, de colaboración para la inclusión social y de cooperación para la integración de los países, no sólo permite la democratización del conocimiento sino que también, contribuye a erradicar la pobreza, fomentar el desarrollo sostenible y alcanzar los objetivos de desarrollo planteados para el milenio.
Existe consenso internacional que el nivel de enseñanza superior, juega un rol fundamental en el desarrollo del individuo y del planeta ya que promueve la construcción de sociedades del conocimiento más integradoras y diversas, permite erradicar la pobreza, fomenta la investigación, la innovación y la creatividad (CRES, 2008; CMES, 2009).
La enseñanza superior no solo forma profesionales sino que también juega un rol fundamental en la formación de ciudadanos dotados de principios éticos, comprometidos con la defensa de los derechos humanos, la construcción de la paz, y los valores de la democracia. Por esto, los Estados deben garantizar el acceso y aumento de la cobertura ya que todavía subsisten grandes disparidades en la población, en especial entre aquellos más vulnerables socialmente, lo cual constituyen una importante fuente de desigualdad (CMES, 2009, PNUD, 2015).
Si bien, el acceso a la educación superior no solo promueve mejores oportunidades para el ingreso al mundo laboral y por ende a una mejor calidad de vida, sino que también promueve el acceso al mundo del poder (Juarros, 2006).
El carácter de bien público social de la educación superior se ratifica en la medida que el acceso a este nivel de enseñanza esté garantizado para todos los ciudadanos. En ese contexto, los Estados están obligados a diseñar políticas públicas educacionales, estrategias y acciones consecuentes que favorezcan el acceso de todos a una educación superior de calidad y pertinencia.
El acceso amplio a la educación superior no sólo debe contribuir a la formación de profesionales sino que también a la transformación social formando profesionales que sean capaces de vivir con valores para una convivencia democrática, con tolerancia, solidaridad y cooperación. En síntesis, este nivel educacional debe ser capaz de generar y garantizar oportunidades para quienes hoy no las tienen (CRES, 2008).
Las instituciones de educación superior, frente a la complejidad y demandas que la sociedad les plantea, deberán crecer en diversidad, flexibilidad y articulación para garantizar el acceso, permanencia y egreso en condiciones equitativas y de calidad para todos los ciudadanos que tengan interés y estén motivados en estudiar.
Las universidades deberán garantizar el acceso para las poblaciones más vulneradas, como es el caso de las mujeres, las personas en situación de discapacidad, miembros de los pueblos originarios, migrantes, personas en régimen de privación de libertad, entre otros grupos humanos. No se trata de incorporar personas culturalmente diferenciadas a las actuales instituciones sino que se trata que estas instituciones se transformen para que se hagan más pertinentes a los contextos específicos en donde están insertas y que sean capaces de reconocer y valorar la gran diversidad cultural (CRES, 2008).
Las personas con discapacidad conforman uno de estos grupos humanos más vulneradas en sus derechos y carentes de poder (PNUD, 2015). Por ello, garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso, progresión y egreso en la educación superior para este grupo de personas no solo garantiza sus derechos fundamentales sino que además promueve la construcción de sociedades más democráticas y respetuosas de la diversidad (CRES, 2008).
Las instituciones de educación superior requieren realizar una revolución del
pensamiento, es decir, requieren reflexionar críticamente sobre sí mismas para ser capaces de hacer cambios profundos en la manera de acceder, construir, producir, transmitir, distribuir y utilizar el conocimiento para llevar a cabo otras transformaciones que requiere la sociedad, para alcanzar una mayor justicia social (CRES, 2008).
El reto de aumentar la cobertura en educación superior con calidad, pertinencia e inclusión educacional es tan urgente, que si no se enfrenta de manera oportuna y eficaz se ahondarán las diferencias (CRES, 2008) entre la población de cada país y entre los países, ahondando la dependencia social, cultural, política y económica e impidiendo el desarrollo de estos.
La educación superior además de preocuparse de la cobertura, debe ocuparse de la formación integral de los nuevos profesionales, como ciudadanos capaces de tomar decisiones con responsabilidad ética, social y ambiental, defensor de los derechos humanos, capaces de combatir toda forma de discriminación y de luchar por la igualdad y la justicia social. Así, la noción de calidad de las instituciones de educación superior, entre otros aspectos, se vincula a la pertinencia e inclusión social y no a los estándares de productividad como hoy en día se le exige a la educación (Orfield, 2007).
Los conceptos de calidad, pertinencia e inclusión social en educación son propias de un tipo de educación denominada inclusiva. En ese contexto, la Conferencia Regional (CRES, 2008) hace un llamado a las autoridades educacionales de cada país y a las comunidades educativas de las instituciones de educación superior a crecer en diversidad, flexibilidad y articulación para garantizar el acceso y permanencia a este nivel de enseñanza, de todos, en especial de los grupos de sectores sociales más vulnerables o carenciadas como: mujeres, trabajadores, pobres, indígenas, personas con discapacidad, migrantes entre otros.
Las universidades deben formar profesionales con capacitación para generar conocimiento científico, tecnológico y artístico- cultural para resolver los problemas del país y de la región, pero además debe capacitarlos para que sean ciudadanos con valores democráticos, capaces de respetar y valorar la diversidad, como fuente de enriquecimiento humano. Por eso, la Conferencia hace un llamado para que dichas instituciones puedan superar la segmentación y desarticulación y avanzar hacia sistemas de educación superior fundados en la diversidad, profundamente democráticas, respetuosas del pluralismo, la originalidad y la innovación académica e
institucional, un sistema que reafirme en todos los ámbitos de su quehacer, su carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe (CRES; 2008).
Asimismo, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (CMES, 2009) ratifica el llamado realizado por la Conferencia Regional (2008) a ampliar el acceso a la educación superior para todos los grupos, específicamente para los más desfavorecidos. En especial, porque en ningún otro momento de la historia ha sido tan importante como ahora, la inversión en educación superior para garantizar el desarrollo sustentable.
El sistema de educación superior promueve la construcción de sociedades del conocimiento integradoras y diversas, capaces de investigar y de desarrollar la creatividad para dar respuesta a la complejidad de problemas que actualmente enfrenta la humanidad como la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud pública (CMES; 2009).
En síntesis, existe consenso tanto a nivel regional como mundial acerca del rol que le compete a la educación superior en el desarrollo sustentable, profundización de la democracia y garantía de los derechos humanos. Sin embargo, solo en América Latina y el Caribe se declara que este nivel de enseñanza es un derecho humano fundamental obligando a los estados a garantizarla y a no permitir que se lucre con este sistema educacional.