La dictadura militar se extendió por 17 años en el país. En este período no solo se produjo un quiebre institucional alterando la democracia y los valores republicanos sino que además el poder del Estado se ejerció violando de manera sistemática los derechos humanos. Es decir, se interrumpió un largo proceso de democratización y de políticas de inclusión de los actores sociales y políticos en el espacio de poder dejando graves secuelas en el ámbito social, político, cultural y económico.
Mediante la derrota en el plebiscito de 1988, el dictador General Augusto Pinochet Ugarte a cargo de la Junta Militar de Gobierno deja el poder. Un año después se realizan elecciones presidenciales y se inicia un proceso de transición a la democracia que busca retomar de manera gradual las libertades públicas y democráticas conculcadas en el país. Sin embargo, el modelo neoliberal imperante en el país, no se modifica.
El proceso de democratización chileno -y por ende de sus instituciones públicas como sus universidades estatales- es complejo, en especial porque el país se rige por una Constitución Política heredada de la dictadura que impide realizar cambios profundos y porque el modelo económico neoliberal que se impuso promueve la competitividad por sobre la colaboración. En ese contexto, las universidades del Estado de Chile no sufren grandes transformaciones y deben seguir autofinanciándose por el escaso presupuesto que disponen.
La normativa vigente del sistema de educación superior chileno, está conformada por tres tipos de instituciones: universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. Esta normativa heredada de la dictadura, señala que las Universidades son instituciones:
“de educación superior, de investigación, raciocinio y cultura que, en el cumplimiento de sus funciones, debe atender adecuadamente los intereses y necesidades del país, al más alto nivel de excelencia. Corresponde especialmente a las universidades: a) Promover la investigación, creación, preservación y transmisión del saber universal y el cultivo de las artes y de las letras; b) Contribuir al desarrollo espiritual y cultural del país, de acuerdo con los valores de su tradición histórica; c) Formar graduados y profesionales idóneos, con la capacidad y conocimientos necesarios para el ejercicio de sus respectivas actividades; d) Otorgar grados académicos y títulos profesionales reconocidos por el Estado, y e) En general, realizar las funciones de docencia, investigación y extensión que son propias de la tarea universitaria” (Ley 18.484/ 1981).
En Chile además, existen tres tipos de universidades: públicas, particulares y privadas. Las públicas son las tradicionales del Estado y sus derivadas que surgieron de la fragmentación de éstas a partir del año 1981. Las segundas, universidades particulares, son las instituciones privadas que existían antes de 1973 y pertenecen a corporaciones privadas. Ambos tipos de universidades reciben apoyo directo del Estado e integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), órgano fundado en 1954 (SIES, 2014). Las universidades privadas en cambio, son instituciones nacidas después de 1981 al amparo de la Ley General de Universidades y creadas en su mayoría al finalizar la dictadura. En general, responden a un diseño ideológico y a políticas previamente planificadas que conciben la educación superior como un gran negocio en la cual impera la lógica de mercado. Muchas de estas instituciones se convierten en centros para formar profesionales en concordancia con
esa forma de pensar y de vivir, transformando las universidades en industrias masivas y degradando el concepto mismo de universidad, por la falta de pluralismo y de democracia que imperan en muchas instituciones de educación superior, y por la falta de transparencia acerca de sus dueños y acerca de su gestión (Mönckeberg, 2005).
El sistema de educación superior chileno, creció considerablemente durante la década del 80 y se redujo posteriormente estabilizándose en 162 instituciones muy diversas; en cuanto a la oferta académica como a la composición del estudiantado. Como se observa en el Cuadro N° 1, el actual sistema de educación superior chileno lo componen: 60 universidades, de las cuales 16 son estatales, 9 particulares con aportes del Estado pertenecientes al Consejo de Rectores y 35 universidades privadas, además de 44 institutos profesionales y 58 centros de formación técnica. La gran mayoría de las instituciones de educación superior cuenta con autonomía (129), solo 45 universidades están acreditadas y son las que concentran la mayor parte de la matrícula (88%) (SIES, 2014).
El sistema de financiamiento de las instituciones de educación superior proviene fundamentalmente del pago de aranceles que financian los propios estudiantes (62%), de los cuales el 52% lo financia el Estado a través de préstamos o becas (SIES, 2014), e incluso se incorpora la banca privada para otorgar dichos créditos.
Cuadro N° 1. Instituciones de educación superior chilenas por año Fuente. SIES (2014)
El sistema de educación superior ofrece 21.500 programas de estudio, de los cuales la gran mayoría son de pregrado (83%). Estos programas se concentran en las áreas de ciencias sociales, administración y derecho y le siguen los programas de ingenierías y servicios de salud. Los programas además, se concentran en universidades privadas e institutos profesionales, muchos de los cuales, no poseen acreditación (SIES, 2014).
La dotación académica no se incrementa acorde al aumento de matrícula. Las Jornadas Completas Equivalentes (JCE) alcanzan a 82 mil académicos únicos, de los cuales el 57% son hombres. La formación de los académicos y su carga horaria varía según el tipo de institución. Los académicos con grado de doctor y los contratos de más de 40 horas se concentran en las universidades del CRUCH. Además, como se observa en el Cuadro N° 2, la producción científica proviene casi mayoritariamente (90%) de las 25 universidades del CRUCH (SIES, 2014). Esta situación podría afectar la calidad de los programas de formación en aquellas instituciones en donde no se realiza investigación.
Tipo de institución 2010 2011 2012 2013 2014
Universidad CRUCH Estatal 16 16 16 16 16
Universidad CRUCH Privada 9 9 9 93 9
Universidad Privada 35 35 35 35 35
Instituto Profesional 44 45 42 44 44
Centro de Formación Técnica 73 73 61 61 58
Total general 177 178 163 165 162
Cuadro N° 2. Caracterización de las instituciones de educación superior chilenas Fuente. SIES, (2014)
El sistema de financiamiento de la educación superior cuenta con 3,4 billones (7 mil millones de dólares en el 2013) concentrados fundamentalmente en las universidades del CRUCH (más del 50%) y universidades privadas (32%). Estas instituciones no presentan riesgos en la sustentabilidad financiera a mediano y largo plazo (SIES, 2014). Sin embargo, algunas universidades privadas, centros de formación técnica e institutos profesionales presentan saldos negativos en sus estados financieros. Además, dos universidades privadas se han declarado en quiebra en los dos últimos años, asumiendo el Estado la responsabilidad de la finalización de los procesos de formación de sus estudiantes.
La principal característica del sistema de educación superior chileno es la masificación de los estudiantes en este nivel de enseñanza debido al gran aumento de instituciones de educación superior en la década del 90. Esta característica permitió la inclusión de estudiantes no tradicionales principalmente en institutos técnicos- profesionales. Estos estudiantes provienen de los sectores más vulnerables, posee una preparación académica muy deficiente y además deben compatibilizar estudio y trabajo.
En el Cuadro N° 3 se observa que durante el año 2014, había 1.215.413 estudiantes matriculados en el sistema de educación superior, de los cuales el 52% eran mujeres. Esta cifra alcanza una cobertura bruta del 60% (SIES, 2014).
Cuadro N° 3. Estudiantes matriculados en instituciones de educación superior chilenas Fuente. SIES, (2014)
Tipo de institución Autónoma Acreditada Programas
de Pregrado 2014 JCE Resultado del ejercicio MMS Publicacio nes 2008-2012
Universidad CRUCH Estatal 16 16 1.482 8.378 $ 49.342 16.995
Universidad CRUCH Privada 9 9 886 7.329 $32.599 17.813
Universidad Privada 33 20 4.875 14.774 $ 83.101 3.894
Instituto Profesional 33 19 6.119 7.807 $ 36.886 0
Centro de Formación Técnica 38 20 4.363 3.873 $ 13.017 0
Total general 129 84 17.725 42.161 $ 214.946 38.702
Tipo de institución Matrícula
Total 2014 % incremento Matricula Total 2010- 2014 Matrícula 1° año 2014 % incremento Matrícula 1° año 2010- 2014 Titulados 2013 % incremento Titulados 2013 - 2013
Universidad CRUCH Estatal 188.565 5,6 % 45.171 3,3 % 27.620 -1 %
Universidad CRUCH Privada 144.984 9,5 % 34.264 6,6 % 20.746 21 %
Universidad Privada 376.305 16,8 % 90.472 10,9 % 56.912 47 %
Instituto Profesional 357.575 59,4 % 132.386 39, 0 % 45.733 111 %
Centro de Formación Técnica 147.984 15,1 % 65.945 4,5 % 27.997 69 %
Total general 1.215.413 23,3 % 368.238 9,7 % 179.008 47%
La masificación de la matrícula de los estudiantes en educación superior tiene particularidades muy complejas debido a la desregulación que presenta el sistema en Chile. Una de estas características, es que no existe una política pública de planificación de los profesionales que requiere el país. La titulación se concentra solo en profesiones altamente requeridas por el mercado, lo que ha provocado un abandono de las ciencias sociales, afectando la generación de intelectuales con conciencia crítica (CUECH, 2009). Otra particularidad es que el sistema de financiamiento se realiza fundamentalmente a través del pago de arancel, esto implica una privatización encubierta ya que los estudiantes con menos ingresos no pueden solventar dichos gastos ni optar a créditos, la gran mayoría además, adquiere créditos con la banca privada (Austin, 2000). Además, la generación de conocimiento, actividad propia de las universidades, se realiza fundamentalmente en las universidades del CRUCH lo que podría impactar en la calidad de los programas de formación de aquellas instituciones que no desarrollan investigación. También, el balance financiero de algunas instituciones privadas es negativo lo que afecta la sustentabilidad en el tiempo de dichas instituciones. Finalmente, las tasas de titulación de las instituciones privadas son más baja que las tasas de titulación de las instituciones del CRUCH (SIES, 2014). Es decir, las universidades privadas no impulsan acciones que promuevan el desarrollo de las habilidades académicas de sus estudiantes.
El sistema de educación superior chileno no solo carece de un sistema sustentable para su universidades estatales y públicas sino que además una cantidad importante de sus recursos lo entrega a las universidades privadas (SIES, 2014). El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH, 2009), frente a las demandas de calidad educacional y por su obligación de responder a los interés del país acordó, durante el año 2009 le exige al Estado una nueva política de educación superior estatal en la cual se defina su rol al servicio público y se garanticen los recursos necesarios para su financiamiento.
El aumento de matrícula en el sistema de educación superior chileno permitió que ingresaran jóvenes a este nivel de enseñanza, que históricamente habían sido excluidos, sin embargo, aún no se ha garantizado el ingreso de personas en situación de discapacidad. Así, lo revelan los estudios sobre la discapacidad en el país (ENDIC, 2004; ENDIS II, 2015) que arrojaron que solo uno de cada veinte personas en situación de discapacidad ha ingresado a educación superior y a la fecha, no hay registros exactos de cuántos de estos estudiantes se han titulado, entre otras razones por que es voluntad declarar la condición de discapacidad.
Por ello, es tan importante la Ley 20.422/ 2010 ya que promueve cambios en este nivel cuando señala:
“Las instituciones de educación superior públicas o privadas deberán contar con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes carreras”.
La dificultad para implementar la Ley 20.422 radica en que no explicita qué tipo de mecanismos se debieran utilizar para promover el ingreso de estudiantes con discapacidad ni qué tipo de adaptaciones se deben realizar a nivel de aula e institucional. Tampoco entrega orientaciones específicas para garantizar accesibilidad al currículo e información para promover el acceso, progresión y egreso de los estudiantes con discapacidad este nivel de enseñanza. Asimismo, la Ley no señala si es necesario realizar adaptaciones en otros ámbitos como en la cultura y las políticas institucionales. Pero lo más grave, que hasta la fecha, esta Ley carece de reglamento
lo que dificulta su aplicación, supervisión y la asignación de recursos por parte del Estado para llevar a cabo dichas adaptaciones.
La política pública en Chile presenta vacíos en cuanto a las especificaciones curriculares para los estudiantes con discapacidad, no garantiza a sus instituciones los recursos económicos y materiales para llevar a cabo dichas modificaciones y no se regulan los procesos de inclusión educacional (Lissi, Zuzulich, Hojas, Achiardi, Salinas y Vásquez, 2013, Valenzuela, 2016).
Esta carencia de una normativa explícita que promueva la educación superior inclusiva no ha impedido que diversas instituciones de educación superior públicas y privadas hayan manifestado su interés por iniciar un proceso de transformación de sus políticas, culturas y prácticas educacionales. Los intentos de promover una educación más inclusiva para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a la educación superior, es una clara señal de las universidades aspiran a dignificar a todos sus estudiantes pero se requiere de una nueva legislación y de recursos basales para llevar a cabo dichos procesos.
La falta de transformación profunda del sistema de educación superior chileno ha promovido nuevamente la movilización de los estudiantes, quienes desde el año 2006 a la fecha han manifestado su descontento y exigido a las autoridades gubernamentales cambios más profundos -como gratuidad universal y participación en la toma de decisiones - entre otras. Por ello, en la actualidad, el sistema de educación superior chileno está en un proceso de reforma. Esta reforma ha abierto fuertes debates entre los que demandan calidad y la garantía de este derecho para toda la ciudadanía y entre los que insisten en que ésta es un bien de consumo y defienden el lucro.
El actual gobierno de la presidenta Michelle Bachelett Jeria está impulsando un proceso de reforma educacional para asegurar cobertura y calidad en los primeros niveles de enseñanza. Sin embargo, el compromiso de campaña de gratuidad y calidad para la educación pública se extendió a escuelas privadas y subvencionadas por el Estado que se declararan sin fines de lucro, por el fuerte rechazo de las escuelas confesionales a la ley original. Se destaca además que muchas de estas escuelas pertenecen a sostenedores que no tienen conocimientos educacionales o se han enriquecido con dichos recursos. La carrera docente además sufrió transformaciones que no dejaron contento al gremio de profesores por lo que durante el año 2015 se realizaron fuertes movilizaciones de ese sector.
Para el año 2016, se esperaba un proceso de reforma en educación superior. El compromiso de gratuidad para las universidades públicas, una mayor democratización y una mayor apertura para dar respuesta a la diversidad de estudiantes, en especial para aquellos alumnos provenientes de los sectores más vulnerados. Esta eran las promesas de campaña del actual gobierno a los movimientos sociales y a las demandas planteadas en el año 2009 por el Consejo de Universidades del Estado CUECH, de un nuevo trato con el Estado. Se destaca que en el país, las universidades privadas también demandan gratuidad.
Durante el año 2016, se realizaron diversas movilizaciones de estudiantes universitarios a nivel nacional, varias universidades públicas y privadas permanecieron en toma por varios meses. Los estudiantes exigieron cambios por problemáticas locales y nacionales como calidad educacional, mayor democratización y transparencia en los procesos administrativos. Los estudiantes de universidades privadas en cambio, siguen sin tener derecho a la organización estudiantil ya que al momento de matricularse son conminados a firmar un compromiso para no realizar
organizaciones estudiantiles. Las fuertes presiones del grupo de universidades privadas obligaron a no incorporar en la reforma de educación superior la obligatoriedad de la organización y participación estudiantil.
Las movilizaciones de los estudiantes universitarios durante el año 2015 y 2016, si bien han sido menos numerosas que en años anteriores, se han radicalizado en sus posturas. También y a diferencia de otros años, se formó la alianza entre el estamento de estudiantes y el estamento de los funcionarios.
La Federación Nacional de Asociaciones de Académicos de las Universidades del Estado de Chile (FAUECH) manifiesta al gobierno su preocupación frente a la Ley de Reforma en Educación Superior señalando en un comunicado del 30 de junio del 2016 que el actual gobierno:
“En vez de sacar el mercado de la Educación Superior, se pretende fortalecerlo. Se propone seguir financiando el mercantilismo de la educación superior con los recursos del Estado. Esta propuesta hace imposible pensar en la recuperación de las Universidades para los ciudadanos”.
Académicos de la Universidad de Chile intentan organizar a los profesores universitarios de las universidades públicas en defensa de dichas entidades. Si bien, en algunas universidades chilenas hay senados universitarios u otras formas que permiten asegurar la participación de los diferentes estamentos, el control de las decisiones sigue en los académicos. El cuerpo de académicos en su gran mayoría no está abiertos a una postura de diálogo para avanzar a la democratización de las universidades o, no manifiestan interés en este proceso.
Las propias comunidades universitarias no llegan a consenso acerca del rol de las universidades públicas y de su vinculación con el desarrollo del país. El movimiento estudiantil tan entusiasta con las luchas sociales durante el año 2006, en la actualidad, esta desencantado y se ha vuelto más apático e individualista.
La apatía durante el año 2016 por las demandas de universidad pública gratuita, probablemente se deba entre otras causas, a la propuesta presupuestaria presentada por el gobierno. Los recursos para educación superior para el año 2017 consideran un moderado aumento del gasto público (2,7% real), donde las prioridades y los mayores aumentos se concentran en educación (con un aumento del 6,2%) y en salud (con un 4,2%). De estos recursos, una parte importante se destina a la ampliación de la gratuidad en educación superior solo para los centros de formación técnica e institutos profesionales, pero se recorta el presupuesto para otros programas educativos, en todos los niveles (Ramos, 2016).
En educación superior, la propuesta presupuestaria para el 2017 aumenta el presupuesto a USD 600 millones, de los cuales: USD 396 millones son para gratuidad y el resto para “Compra de Títulos” y “Amortización de la Deuda”. Es decir para la adquisición de carteras morosas de los créditos cuyo aval es el estado (CAE), y sus intereses asociados. Así, gran parte del presupuesto en educación superior 2017 se destinará al pago de deudas contraídas con entidades bancarias privadas, evidenciando el fracaso de una política que según anuncios seria reformada, pero que sigue significando una pérdida de recursos para el Estado (Ramos, 2016).
Habrá que esperar los acontecimientos para ver si la Reforma es capaz de considerar la formación integral de profesionales y no solo su aspecto técnico, y asegurar los recursos para que sus universidades públicas vuelvan a vincularse con el proyecto de desarrollo del país y brindar los espacios para que todo el pueblo pueda
acceder a una educación superior de calidad y gratuidad. Es decir, si las movilizaciones sociales logran hacer que el Estado asuma su responsabilidad en la construcción de un sistema de educación superior inclusiva que sea considerada un derecho humano para todos y no un privilegio para un sector de la sociedad.
Austin (2000) señala que desde el año 1992 el sistema de educación superior chileno se caracteriza por un control ideológico centralizado y un sistema de responsabilidad económica descentralizada, la profundización de los procesos de privatización, el imperio del mercado libre y la extensión de la subsidiaridad presupuestaria. Frente a la elite neoliberal en el poder, las universidades públicas han perdido su rol protagónico en la construcción y desarrollo del país.
Las universidades, como instituciones sociales, seguirán cambiando. Las decisiones que se tomen ahora frente a los nuevos escenarios tendrán un fuerte impacto en el desarrollo de estas instituciones y del país. La toma de decisiones deberá tener en consideración el impacto de los mercados, la internacionalización en la educación, las nuevas tecnologías, la vinculación con las problemáticas nacionales y locales, el financiamiento público y privado de las investigaciones y la competencia a nivel mundial (CERI, 2008). Las universidades públicas además, deberá tener presente que existirá el riesgo de imponer modelos culturales internacionales y al servicio de la producción, con el riesgo de perder autonomía universitaria, promoción de los derechos humanos y vinculación con las problemáticas regionales y nacionales.