CONSIDERACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

El suministro oportuno y eficiente de petrolíferos (productos obtenidos de la refinación del petróleo) que el país requiere, está condicionado a la existencia de la infraestructura ade- cuada de transporte, almacenamiento y distribución. El nivel de ventas de hidrocarburos en México ha registra- do incrementos significativos en un contexto en el cual prácticamente no ha crecido la infraestructura de transpor- te, almacenamiento y distribución al grado que en algunos casos la situación se ha vuelto crítica.

En adición a lo anterior, la incorporación del país a la eco- nomía mundial ha transformado la dinámica y la estructu- ra del desarrollo nacional, con lo cual se ha modificado la distribución geográfica de la actividad económica. Ello, ha

originando nuevos patrones de distribución regional de la demanda de hidrocarburos.

Para abastecer el mercado, es preciso contar con sistemas económicos y seguros para el transporte y distribución de hidrocarburos. Si bien es preciso contar con una red efi- ciente de transporte y distribución por carreteras, mar y ví- as férreas, el sistema que reviste la mayor confiabilidad es el de transporte por medio de ductos, cuyo costo es 20 ve- ces menor al de autotanque y tres veces menor que el de buquetanque.

En efecto, el traslado por ducto garantiza la confiabilidad de suministro, ya que el movimiento de productos es con- tinuo y no está sujeto a condiciones climáticas ni de dispo- nibilidad de los diversos vehículos para el transporte. Actualmente existe un requerimiento urgente de amplia- ción de la infraestructura de transporte por ducto, ya que ésta se encuentra prácticamente saturada, lo que debe ser subsanado en el corto plazo.

Sin perjuicio de asegurar que el transporte y distribución por autotanque, carrotanque y buquetanque se realicen en condiciones óptimas de seguridad, es imprescindible mejo- rar el sistema por ductos, el que en todos sus aspectos re- sulta más confiable y económico, siempre que se realice la inversión necesaria y urgente para su mantenimiento ade- cuado.

En efecto, no cabe la menor duda de que una adecuada red de ductos requiere una amplia inversión. A este respecto, puede señalarse que en el 2004 la inversión de PEMEX de- dicada al mantenimiento y mejoramiento de ductos, alma- cenamiento y transporte representó el 13% del total del monto de inversión física autorizado, mientras que lo pro- gramado en 2005 para el mismo rubro fue del 15%. Adicionalmente, debe tenerse presente que PEMEX opera con significativas restricciones presupuestarias y legales; que la infraestructura actual es obsoleta y poco eficiente y, además, existe poca flexibilidad operacional para transpor- tar, almacenar y distribuir hidrocarburos y productos desti- lados. Ello, ha resultado en que no se puedan satisfacer las necesidades que demanda el mercado y que el suministro de productos no se realice bajo las características de eco- nomía, seguridad y confiabilidad requeridas.

Debido a lo anterior, surge la necesidad de contar con el apoyo de terceros para la construcción de infraestructura,

con objeto de reducir costos, satisfacer las características de seguridad y confiabilidad ya señaladas, así como mejo- rar el nivel de eficiencia y calidad en el desempeño de los trabajos. A este respecto, es preciso considerar que las compañías prestadoras de servicios son propietarias de tec- nología avanzada con las que muchas veces no cuentan los organismos públicos y, además, tienen una mayor flexibili- dad administrativa.

Ante el panorama antes descrito, de aprobarse la presente Iniciativa por esa Soberanía, se esperan, entre otros, los be- neficios siguientes:

Liberación de recursos de inversión. Una de las ventajas principales de la implementación de los esquemas de in- versión realizada por terceros, se refiere a la flexibilidad que éstos generarían para el ejercicio presupuestal de la empresa paraestatal. Dado que las inversiones iniciales pa- ra la construcción de los activos serían ejecutadas por los sectores social y privado, PEMEX tendría la posibilidad de dirigir el presupuesto, en los escenarios a corto plazo, ha- cia proyectos de infraestructura productiva que propicien mayor valor a la empresa, sin perder el control y la efi- ciencia de los sistemas de apoyo en la cadena de valor. Optimización de las inversiones necesarias en infraes- tructura. Ello, en virtud de que, a partir de la competencia entre los agentes económicos, necesariamente se optimizan los esquemas de inversión, así como los sistemas de trans- porte, almacenamiento y distribución, bajo los estándares de seguridad y confiabilidad requeridos para el manejo de este tipo de productos.

Implementación de nuevas tecnologías. El beneficio de contar con la tecnología que se utiliza en el mercado inter- nacional y la experiencia en la implementación con la que cuentan las empresas privadas, se vuelve de suma impor- tancia para la operación eficiente de PEMEX. Esta ventaja tecnológica se extiende a todos los segmentos de la cadena de valor de la empresa, ya que se promueve la adición de nuevos sistemas y equipos.

Mejora en los tiempos de implementación de los pro- yectos. Debido a que es de interés para las empresas de los sectores social y privado comenzar a operar lo más pronto posible (y de esta manera comenzar a recuperar su inver- sión), es muy probable que los tiempos de implementación de los proyectos sean menores a los que típicamente suce- den en PEMEX, de modo tal que los beneficios aquí con- siderados puedan obtenerse en menor tiempo.

Beneficios al reducir incidentes. Debido a que PEMEX contará con más recursos disponibles, se realizarán las re- habilitaciones de las instalaciones existentes, con lo que se reducirán las posibilidades de que exista algún incidente. Esto permitirá disminuir sensiblemente los riegos a la vida de las personas, así como daños al medio ambiente. 3. SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA POR PARTE DEL ESTADO.

La participación de los sectores social y privado en el transporte, almacenamiento y distribución de petróleo y los productos que se obtengan de su refinación, gas y petro- químicos básicos, exige facultar a la autoridad para realizar una supervisión y vigilancia adecuada de sus actividades. Por ello, la presente Iniciativa abarca reformas y adiciones a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, consisten- tes con la modernización del sector energético, con objeto de fortalecer al órgano regulador, dotándolo de mayores atribuciones para regular y establecer estándares de efi- ciencia y calidad para quienes participen en la realización de las actividades de transporte, almacenamiento y distri- bución de petróleo y productos que se obtengan de su refi- nación, gas natural, gas licuado de petróleo, así como pro- ductos que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyan petroquími- cos básicos, en términos de la Ley Reglamentaria del Artí- culo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Mediante el ejercicio de sus facultades autónomas, la Co- misión Reguladora de Energía contará con la autoridad ne- cesaria para regular con imparcialidad, eficacia y transpa- rencia las actividades que mediante la presente Iniciativa se propone queden dentro de su ámbito de competencia. El esquema que se somete a esa Soberanía resulta con- gruente con la situación actual y considera los retos futuros del sector energético. Por ello, en la presente Iniciativa se propone ampliar las actividades sujetas a regulación y, con- secuentemente, asignar a la Comisión Reguladora de Ener- gía las atribuciones necesarias para la consecución de su objeto.

En este sentido, se propone facultar a la Comisión Regula- dora de Energía para que expida los términos y condicio- nes a que se sujetarán los servicios de transporte, almace- namiento y distribución de petróleo, productos que se obtengan de su refinación y productos derivados del petró- leo y del gas que sean susceptibles de servir como materias

primas industriales básicas y que constituyan petroquími- cos básicos, cuando sean prestados por los sectores social y privado, ya sea antes o después de la venta de primera mano por parte del Estado.

Cabe destacar que los servicios antes referidos, cuando se- an prestados directamente por PEMEX y sus organismos subsidiarios, con su infraestructura, quedarán sujetos a di- cha regulación una vez que se haya llevado a cabo la ven- ta de primera mano, sin perjuicio de su obligación de ob- servar estrictamente, en todo momento, las normas técnicas y de seguridad que le sean aplicables.

Asimismo, se prevé que la Comisión Reguladora de Ener- gía expida las metodologías para el cálculo de las contra- prestaciones por los servicios de transporte, almacena- miento y distribución de los productos señalados en el párrafo anterior, como actualmente sucede en el caso del gas, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia.

Lo anterior tiene por objeto evitar que, ante la falta de con- diciones de competencia, se aproveche dicha situación en la determinación de las contraprestaciones por los servicios re- feridos en perjuicio de PEMEX y sus organismos subsidia- rios, al mismo tiempo que se permitirá a la Comisión Regu- ladora de Energía que en las metodologías para el cálculo de las contraprestaciones se prevean mecanismos que aseguren la inversión en el mantenimiento de la infraestructura. De esta manera, la intervención de la Comisión Regulado- ra de Energía asegurará la prestación eficiente, segura y con estándares internacionales de los servicios de transpor- te, almacenamiento y distribución de los productos antes señalados. De igual manera, al establecer los términos y condiciones para la prestación de dichos servicios, así co- mo su regulación tarifaria y, en su caso, la correspondiente imposición de sanciones, se logrará una operación transpa- rente, oportuna y eficaz del ente regulador, dando seguri- dad jurídica no sólo a las actividades que están a cargo de las entidades públicas, sino también a las que realicen los particulares, cuya participación, siempre bajo la rectoría del Estado, coadyuvará sin duda en mayor medida al desa- rrollo económico nacional.