Los problemas generados por el conflicto armado en Colombia son tan amplios y atraviesan tan íntimamente la sociedad colombiana y sus relaciones que, basado en el derecho internacional humanitario y en los derechos humanos, fue demandado del Estado el desarrollo de acciones y proyectos que atendieran a las personas víctimas de este delito de lesa humanidad.
Se destaca en la presente investigación que gran parte de la información, conocimientos y procedimientos adoptados por las personas víctimas tienen su origen en las redes de apoyo social como la familia, amigos, vecinos y conocidos. Las organizaciones civiles de víctimas y las religiosas son también presentadas como importantes espacios de orientación e interpretación de la AHE. Además de recibir y colaborar con las víctimas, creando un ambiente íntimo y seguro, esos espacios no institucionales aportan importantes elementos, conocimientos y dinámicas que son cruciales en la internalización de la categoría ―desplazado‖ y en la definición del sentido sobre la AHE. De modo que es vital la mayor participación del Estado y sus instituciones en estos espacios a través de programas de formación e información.
Conforme se apunta en esta investigación, una de las formas de atención a las víctimas es la AHE, que se enfoca en la atención de las necesidades inmediatas de esta población en el sentido de impedir o disminuir el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas víctimas de desplazamiento forzado.
Después del hecho victimizante y el consecuente desplazamiento, las personas buscan estrategias de sobrevivencia en sus redes de apoyo como la familia, parientes, amigos y conocidos. Es inicialmente en estas redes que encuentran las primeras informaciones, experiencias ajenas y cierta orientación sobre la AHE, sus derechos y procesos. Muchas veces tales orientaciones son confusas o erróneas, pero es a partir de esos conocimientos primarios que las víctimas encuentran las organizaciones civiles y religiosas que trabajan con la problemática y las instituciones estatales encargadas de prestar orientación, asistencia y subsidio relacionado con la AHE.
Es en este encuentro entre persona víctima, redes sociales de apoyo, organizaciones e instituciones que se construye y se reproduce el sentido social sobre la AHE. Desde la
perspectiva teórica, debatida y presentada en el tercer capítulo de este documento, puede considerarse la AHE una ―institución social‖ que articula el Estado Colombiano y su estructura (los poderes legislativo, judicial y ejecutivo y sus entidades como Acción Social, la Unidad de Víctimas, etc.); con las organizaciones de víctimas, las ONGs y otras entidades religiosas, así como a los individuos víctimas de desplazamiento forzado y sus redes de apoyo.
Los conocimientos y ―roles‖ desempeñados, las actitudes y valores, así como las prácticas, métodos y tácticas de acción que están presentes en estos actores transforman y reproducen el sentido social sobre la AHE.
Al analizar la construcción de sentido que las personas en situación de desplazamiento en la ciudad de Cali tienen sobre la AHE, se encontraron elementos relevantes sobre la forma en que ellas conocen, valoran y actúan en relación a esta acción central de la política de atención a las víctimas desplazamiento; además permitió describir algunas formas de articulación y relación entre las entidades encargadas de dicha política y las personas consideradas beneficiarias de estas.
Uno de los primeros elementos relevantes tiene que ver con la relación que existe entre la AHE y la identidad como desplazado. Después de ocurrido el desplazamiento y recién llegadas a la ciudad como lugar de recepción, las personas desplazadas no reconocen su situación como la de ―ser desplazado‖, incluso muchas de ellas reconocen no situar su condición como efecto del conflicto armado. Solo después de realizar la declaración ante las entidades competentes y de comenzar a recibir la AHE, estas personas empiezan a identificarse como desplazados y a colocar su historia particular en el marco del conflicto armado del país entendiéndose también como víctimas.
Inicialmente la categoría ―desplazado‖ es evitada por las víctimas de desplazamiento forzado por razones relacionadas con la vergüenza y el status social, así como por el desconocimiento de la historia del conflicto armado y sus consecuencias. A través del contacto con otras víctimas, organizaciones que trabajan con el problema e instituciones ligadas a AHE la persona empieza a conectar su trayectoria y biografía personal con el sentido socialmente ya construido sobre la AHE y la categoría ―desplazado‖. Los diversos elementos constitutivos del sentido sobre la AHE presentes en los papeles, roles, estrategias
y garantías del ―ser desplazado‖ son internalizados y recreados con el pasar del tiempo en las personas víctimas que acaban por reclamar la categoría ―desplazado‖ para sí, transformada ahora en identidad.
Los datos de la presente investigación permiten afirmar que las personas que llevan cinco o más años de asentamiento en la ciudad se identifican como desplazados, pues consideran esta categoría como una garantía para la ―exigencia de sus derechos‖. Para ellos las dinámicas de solicitar las ayudas, aprenderse los ritmos y mecanismos para los trámites y la gestión de las mismas, ir a las entidades a exigir su atención hace parte de su vida cotidiana. Es una estrategia para interpelar al Estado y posicionarse en el mundo, eso sin desconocer que es una estrategia de sobrevivencia y un modo de vivir en su condición de desplazado. En este sentido, se puede considerar que desde la perspectiva de las personas víctimas, el reconocimiento de sus derechos no ocurre por su condición de ciudadanos, sino por su condición de víctimas del desplazamiento forzado.
Es debido a la apropiación de este sentido de ―ser desplazado‖, o sea como única o mejor estrategia de interpelar al Estado y garantir mínimamente sus derechos, que se generan conflictos sobre las concepciones de duración de AHE, dependencia, autosostenimiento y reparación.
Las formas en que se ha suministrado históricamente la AHE en Colombia, los cambios en la legislación y en las formas de demandar la ayuda, así como la falta de divulgación de los procesos relacionados con la AHE y las formas de reparación de las víctimas, han generado una desorientación sobre el real objetivo de la AHE. Para las víctimas, la AHE es equiparada al proceso completo de reparación de daños del Estado, ya que el único medio por el cual ellos perciben la atención del Estado en sus trayectorias posdesplazamiento es a través de la AHE. Esta confusión crea falsas expectativas, y puede generar procesos de dependencia y asistencialismo.
Desde la perspectiva de las víctimas, los sentimientos han pasado de ser de vergüenza, mendicidad y dolor, a un sentimiento de derecho y tranquilidad, una forma de soporte en relación a las necesidades materiales, por el hecho de interpretar la AHE como un derecho al cual se accede por siempre, pudiendo volverse pasivos en sus procesos de mejoría de
calidad de vida y en la búsqueda y acceso a otros programas o servicios que son necesarios para la superación de la situación de vulnerabilidad.
La mayoría de la población insiste en la continuidad de la AHE basándose en lo que interpretan como autosostenible, indemnización o reparación sin profundizar lo que implica cada uno de estos conceptos de acuerdo al marco normativo y la forma técnica y operativa en que las entidades con competencia son obligadas a implementar.
Además de las dificultades que el mismo Estado presenta para cumplir en su integridad las acciones de ayuda humanitaria y de reparación, la propia institucionalidad y sus agentes no logran explicar a la población sus diferencias y límites, de modo que se hace necesaria la ampliación de programas de divulgación y socialización de todo el proceso de ayuda y reparación a las víctimas.
De cierto modo, puede considerarse que la real demanda de las personas víctimas de desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia no es la continuidad de la AHE por tiempo indefinido, sino que el Estado esté presente en sus vidas y cotidianidad garantizándole a la población una vida segura, digna y con posibilidades reales de ―salir adelante‖, después de varios años de violencia, impunidad y violación sistemática de sus derechos que el mismo Estado no consiguió garantizar. Es decir se demanda del Estado una participación real como ciudadano pleno de derechos y responsabilidades y no apenas como una víctima dependiente de la ayuda humanitaria.