Como se ha podido apreciar, la orientación y el contenido de las políticas sociales de los gobiernos progresistas se encuentran determinados por el curso que han tomado los procesos políticos en los respectivos países. En ninguno de los casos estamos en presen- cia de transformaciones que puedan considerarse estables, dado el carácter relativamente abierto que tienen los diferentes procesos, por estar sometidos a las reglas de la democracia liberal y a la continua validación electoral, que incluye la posibilidad de la alternancia. En lo esencial se trata de procesos, cuya orientación se encuentra en permanente disputa. Para la política social implica que, salvo los casos de Venezuela y, en menor medida, Bolivia y Ecuador, no estamos siquiera frente a tímidos intentos de ruptura, sino más bien frente a líneas de continuidad con las políticas asistencialistas impuestas en la región por el neolibe- ralismo y los organismos multilaterales. El neoasistencialismo (de izquierda) se encuentra instalado en los llamados gobiernos progresistas de la región.
Venezuela representa, hasta el momento, la experiencia en la cual, en forma más radical se ha intentado avanzar en una concepción alternativa de la política social, cuyo funda- mento se encuentra en la redistribución social de la renta petrolera, la redefinición de las relaciones de propiedad, y la conformación de una institucionalidad propia (paralela); no así en la política tributaria, que continúa descansando sobre las imposiciones indirectas. En los casos de Bolivia y Ecuador, se ha avanzado en la redefinición de los marcos jurídico- institucionales vía procesos constituyentes, así como en la redistribución de la renta sobre los recursos naturales. Las posibilidades reales del despliegue de una nueva política social aún están por verse.
La orientación que tome la política social en América Latina, en los años venideros, dependerá en gran medida de las dinámica de las luchas sociales y populares, y de cómo éstas logren configurar un campo de fuerza que incline la balanza a favor de las transfor- maciones socioeconómicas y políticas requeridas para enfrentar, en forma estructural, la solución de la cuestión social en la región.
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