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3. Marco teórico

4.2. Contexto de la investigación

Como se mencionó en el planteamiento del problema, este estudio surge en el contexto del trabajo de la Comisión Colombiana de Juristas, en desarrollo del proyecto denominado “Asistencia legal integrada a víctimas de paramilitares en proceso de desmovilización de conformidad con el marco jurídico de la ley de justicia y paz”, proyecto que tuvo una duración de 29 meses, entre 2007 y 2010. En ese marco, se representaron judicialmente 11 casos que pudieran dar

cuenta de los patrones de sistematicidad y generalidad4 con que los grupos paramilitares han actuado en país.

Con ese propósito, se seleccionaron casos de víctimas que correspondieran a poblaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, mujeres, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y funcionarios judiciales, dado que se trata de los grupos poblacionales a quienes los grupos paramilitares han atacado de manera persistente. Cuando se habla de casos, se hace referencia a grupos de víctimas que fueron víctimas de hechos que tienen alguna conexión, en relación con la ubicación geográfica en un período de tiempo determinado, en función de la similitud de las características de las víctimas, de los patrones de acción en los delitos y los patrones de afectación.

Los casos fueron seleccionados previa iniciación del proyecto, en el año 2006, siendo el grupo de abogados litigantes quienes contactaron a las organizaciones y personas para ofrecer la representación judicial e iniciar el proceso de litigio.

Además de la asistencia a las diligencias judiciales propias de la labor de litigio y la documentación de cada uno de los casos, los abogados se propusieron realizar entrevistas y reuniones con los familiares de las víctimas de los 11 casos seleccionados con el objetivo de fortalecer su conocimiento y apropiación de los derechos de verdad, justicia y reparación integral, así como

4 En la jurisprudencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, un ataque (conducta y su preparación, que causa un daño físico o mental) generalizado y sistemático dirigido contra la población civil configura un crimen contra la humanidad (genocidio, esclavitud, práctica sistemática o a gran escala del asesinato, tortura, desaparición forzada, detención arbitraria, servidumbre, trabajos forzosos, persecución por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos, violaciones y otras formas de abusos sexuales, deportación o traslado forzoso de poblaciones con carácter arbitrario). La característica de generalizado se refiere a la naturaleza a gran escala del ataque; sistemático hace referencia al carácter organizado del ataque, es decir, que exista un plan o una política que muestre su carácter intencional (Equipo Nizkor, 2007).

informarles sobre el desarrollo judicial de los procesos penales llevados contra los paramilitares desmovilizados.

En el año 2007 inició el trabajo del componente psicosocial, cuyo objetivo fue el de brindar asistencia psicosocial y psicojurídica a las víctimas de los 11 casos que contribuyera en la exigibilidad de sus derechos y al fortalecimiento de su condición de sujetos políticos. Esto a través de un trabajo realizado directo con las víctimas pero también con el equipo de abogados litigantes. Entre las actividades que se realizaron en función de los casos representados en la Ley 975 de 2005, estuvieron (Comisión Colombiana de Juristas, 2007b): (i) capacitación a los abogados relativa a las implicaciones psicológicas y psicosociales de la violencia sociopolítica y sobre su relevancia en los procesos de representación judicial; (ii) construcción de metodologías para la evaluación participativa de los daños psicosociales y en la salud mental y realización de esta evaluación y construcción de propuestas de reparación integral para ser integradas a la estrategia de litigio en la ley 975 de 2005 y en otros procesos de exigibilidad jurídica y política; (iii) asistencia psicológica durante las entrevistas con los abogados litigantes y durante su participación en las diligencias judiciales.

Los interrogantes que dieron origen a esta investigación surgieron en desarrollo de las actividades previstas. Para efectos de este estudio, se seleccionó uno de los casos, teniendo en cuenta que se trató de un grupo con el cual fue posible desarrollar un proceso relativamente sostenido en el tiempo y que más allá de la actividad de recolección, generó un trabajo de acompañamiento, que permitió a la investigadora vislumbrar las posibilidades de que un trabajo de documentación de casos y evaluación de daños, además de permitir la labor de recolección de información y valoración, resultara reparador para las víctimas.

Si bien varias de las actividades consideraron este propósito desde el inicio, otras obtuvieron resultados en ese sentido de manera no planeada, y se

tuvo conocimiento de ello a través de la interacción con las víctimas, quienes reportaron la utilidad emocional que tuvieron ciertas actividades para ellas.

De este modo, la selección de los casos corresponde a un muestreo intencionado, teniendo en cuenta los criterios de afinidad a la propuesta de intervención que pretende ser postrada y la oportunidad de aprendizaje.

El caso escogido (desde el punto de vista jurídico y en el que se encuentran los participantes de esta investigación) corresponde a personas víctimas de grupos paramilitares en la región del Magdalena Medio5 en distintos municipios y en el período comprendido entre los años 1995 a 2005, cuyo núcleo articulador son las agresiones contra el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM).

Contexto sociopolítico de la región y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio

En el contexto de conflicto armado que ha vivido de manera histórica el Magdalena Medio, el progresivo fortalecimiento de los grupos paramilitares en la región ha estado asociado al ataque contra las iniciativas y movimientos sociales que han mostrado oposición o desacuerdo con su proyecto de dominio social, político y económico, entre las cuales se ha contado el PDPMM.

Si bien no es motivo de este estudio hacer un examen exhaustivo del contexto histórico sociopolítico de la región, es preciso hacer alusión a la manera como el conflicto armado ha estado presente en aquella y, particularmente, la incidencia de los grupos paramilitares. Para ello, se citan de

5 La región del Magdalena Medio comprende un territorio de aproximadamente 30 mil kilómetros cuadrados de extensión, situada en el Nororiente de Colombia. Se denomina así porque está atravesada de sur a norte por el río Magdalena. Está constituida por 31 municipios de los departamentos de Santander, Antioquia, Bolívar y Cesar. Los municipios de pertenecientes a esta región son: Barrancabermeja, Sabana de Torres, Puerto Wilches, Rionegro, Betulia, San Vicente del Chucurí, El Carmen de Chucurí, Simacota, Landázuri, Cimitarra, Puerto Parra, Bolívar y El Peñón (departamento de Santander); Regidor, Rioviejo, Tiquisio, Arenal, Morales, Santa Rosa, Simití, San Pablo y Cantagallo (departamento de Bolívar); La Gloria, Gamarra, Aguachica, San Martín y San Alberto (departamento del Cesar); Yondó, Puerto Berrío y Puerto Nare (departamento de Antioquia)

manera textual, algunas de las conclusiones que hace sobre este tema el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2001).

“1. Hay una estrecha asociación entre las economías dinámicas, el interés de las agrupaciones al margen de la ley por controlar los espacios en donde éstas se desarrollan y los altos niveles que adquieren el conflicto armado y las violaciones a la vida y la libertad.

2. (…) hay un contraste respecto de la influencia de las guerrillas y las

autodefensas en los últimos años. Las primeras nacieron a mediados de los años sesenta, adquirieron su mayor nivel de fortaleza a mediados de los años ochenta, y desde entonces empezaron a perder influencia. Las autodefensas, de su lado, también nacieron a mediados de los sesenta pero sus mayores niveles de crecimiento se empezaron a registrar en la primera mitad de los ochenta; primero corrieron a la guerrilla del sur de la región y en el curso de los noventa hicieron lo propio en el norte y el centro de la región.

(…)

6. El incremento inusitado del homicidio es síntoma de la incursión de las autodefensas en un espacio determinado así como de la resistencia que ejerce la guerrilla para evitar que las primeras penetren. En no pocas veces el nivel de la violencia es muy intenso hasta el punto que los registros se alteran y no expresan lo que ocurre en la realidad, como es el caso de muchos de los municipios del sur de Bolívar, Yondó y Barrancabermeja en los últimos años. Fueron muy críticos por haber ocurrido asesinatos de impacto a manos de estructuras organizadas, al tiempo que hay subregistro en las estadísticas de homicidio, además de San Pablo (hasta 1998), los municipios de Altos del Rosario, Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, El Peñón, Margarita, Montecristo, Morales, Regidor, Simití y San Martín de Loba, afectados en lo

esencial por importantes incursiones de las autodefensas y por respuestas de las guerrillas entre 1997 y 2000.

7. Fueron afectados por tasas por encima de 200 en algún momento de la década de los noventa, mientras que el promedio nacional oscilaba alrededor de los 60, San Alberto y Pelaya en El Cesar; Barrancabermeja y Sabana de Torres, en Santander y San Pablo (desde 1999), en Bolívar. Superaron al menos en un año de la década la tasa de 100, indudablemente un índice muy elevado, casi todos los demás municipios, entre los que se destaca casi todo el sur del Cesar, y una parte de los municipios estudiados de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Santander. En aquellos que aparecen con tasas inferiores a los 100, según la Policía, lo que ocurre es que las autodefensas ejercen un control férreo, como es el caso de Cimitarra, El Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí en Santander; Caparrapí, Paime y Yacopí, en Cundinamarca, para no mencionar sino algunos ejemplos.

8. Las autodefensas no solamente asesinan a civiles para hacerse al control de determinados municipios. En el Magdalena Medio, una de las características en el accionar de las autodefensas ha sido el de asesinar, amenazar y expulsar a los Alcaldes, Concejales y Dirigentes políticos de la izquierda legal, de la UP o de movimientos no tradicionales y tomar el control del poder local imponiendo personajes manejados por ellas. Las guerrillas, de su lado, también utilizaron la violencia como mecanismo para controlar el poder local y transferir recursos de las administraciones municipales.

(…)

10. La intensidad de la violencia aumentó notablemente desde 1997 en el sur de Bolívar y en el municipio de Yondó, en Antioquia, por el interés de las autodefensas de apoderarse de zonas de cultivos ilícitos y explotaciones de oro, tradicionalmente bajo el control de las guerrillas. A los tradicionales homicidios, masacres, desapariciones, expulsiones y desalojos, se les han

sumado confrontaciones directas entre las autodefensas y las guerrillas, que han ocasionado muchas bajas de lado y lado y han intensificado aún más los desplazamientos de población.

(…)

12. En el sur del Cesar, las autodefensas en la actualidad han avanzado notablemente pero la ofensiva continúa y no de otra manera se explica el incremento de homicidios de candidatos y dirigentes políticos en las elecciones de 2000. El panorama se torna aún más complejo si se tiene en cuenta que el secuestro masivo se disparó desde 1997 y que las guerrillas tienen un importante punto de apoyo en la serranía que bordea las zonas planas.

13. El avance de las autodefensas se produjo en municipios como San Vicente y El Carmen de Chucurí en Santander, antes que en el Cesar, y fue así como las autodefensas lograron ganar importante influencia en la primera mitad de los noventa, consolidando de esta manera una ofensiva que se había iniciado en los ochenta. En municipios como Puerto Parra y Cimitarra, también en Santander, la consolidación de las autodefensas se había dado en los ochenta, después de una oleada de asesinatos que desplazó buena parte de las bases sociales de las guerrillas y de la dirigencia de la izquierda política legal que había logrado un importante control del poder local. Situación parecida se vivió en Puerto Boyacá, Yacopí, Cundinamarca, y Puerto Berrío y Puerto Nare, en

Antioquia”.

En este contexto es que aparece el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, como una iniciativa para que los pobladores de la región pudieran mantenerse en su territorio sin participar en la guerra y construir un modelo de desarrollo propio.

El PDPMM es un proceso social puesto en marcha a partir del año de 1995, con el apoyo de la Unión Sindical Obrera (USO) y la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y la

Diócesis de Barrancabermeja, quienes formularon la necesidad de diseñar hipótesis que dieran respuesta a la pregunta de cómo superar los problemas sociales y de violencia que azotaban a la región y construir una propuesta de desarrollo que partiera de lo local, que permitiera consolidar el territorio la región6. .

La construcción del Programa partió del diseño de un proceso participativo en el que los pobladores y las pobladoras de la región al tiempo que los estudios de profesionales de distintas disciplinas, realizaron un diagnóstico de las variables que explicaban cómo se generaban y mantenían los altos índices de pobreza y de violencia en una región rica en recursos naturales y humanos. Las variables estudiadas fueron las de región y poblamiento, cultura, economía rural, economía urbana, petróleo, instituciones y política local, conflicto armado, ambiente y educación. Fruto de ese diagnóstico, se establecieron las prioridades mínimas de desarrollo y paz de la región, luego de lo cual se impulsó un proceso de aprendizaje y ampliación de las capacidades de los actores, públicos y privados, que permitió la formulación de propuestas municipales, tendientes a gestar dinámicas de convivencia y proyectos productivos.

Se identificaron los ejes que era necesario abordar para hacer viable un proyecto de región posible como totalidad social, política, económica y cultural: (1) Los escenarios de paz, diálogo y derechos humanos; (2) Procesos sociales, culturales y de gobernabilidad democrática; (3) Procesos productivos ambientales para la equidad y el desarrollo sostenible.

Entre 1997 y 1998, surgió una forma organizativa: ocho núcleos de pobladores, organizados en torno a 8 subregiones que cubrían los 30 municipios de influencia del PDPMM7. Surgieron también muchas iniciativas

6 La descripción del PDPMM tiene como sustento la presentación institucional del PDPMM (PDPMM, sin año) y un artículo escrito por María del Rosario Saavedra (Saavedra, 2006), quien perteneció a este programa y ha trabajado en la investigación sobre iniciativas de construcción de paz en Colombia.

7 Las subregiones en que interviene el PDPMM, y los municipios a que corresponden son las siguientes: Subregión Sur de Bolívar (Regidor, Tiquisio, Río Viejo, Arenal y Morales); Subregión

que se convirtieron en proyectos a través de 8 equipos técnicos pedagógicos (ETP). Los Núcleos de Pobladores son grupos conformados por habitantes de cada subregión, reconocidos por sus comunidades, comprometidos con el desarrollo y la paz, y que quieren participar en la construcción de sus propias propuestas municipales. Estos grupos parten de la convicción de que la paz y la superación de la pobreza y de la injusticia social tienen que nacer de la iniciativa de los pobladores, apostando a la autonomía y la autodeterminación de las comunidades.

Apoyados económicamente por el Banco Mundial, Ecopetrol y posteriormente por la Unión Europea, se ha dado lugar a la implementación de iniciativas y proyectos en los municipios de influencia del programa, en los que se han involucrado distintas organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de pobladores y pobladoras, y los campesinos, las campesinas y habitantes de la región.

El desarrollo del Programa se ha confiado a una institución autónoma e independiente: la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, acompañada por el CINEP y la Diócesis de Barrancabermeja. A futuro, el propósito es que el manejo del Programa se trasfiera a organizaciones regionales, con el fin de consolidar la capacidad a los pobladores para participar en la planeación y la decisión sobre el desarrollo, y sean ellos mismos quienes manejen y orienten el Programa, esto es, su plan de vida, desarrollo y paz.

En el año 2001, el trabajo del PDPMM es reconocido a nivel nacional con el otorgamiento del Premio Nacional del Paz, mención que es entregada por Fescol, el Canal Caracol, los periódicos El Colombiano y El Tiempo, la revista Semana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como un reconocimiento que es hecho anualmente, desde 1998, a las personas y

Sur Sur de Bolívar (Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo y Cantagallo); Subregión Sur del Cesar (La Gloria, Gamarra, Aguachica, San Martín y San Alberto); Subregión Mares Norte (Puerto Wilches, Sabana de Torres y Rionegro); Subregión Barrancabermeja (Yondó y Barrancabermeja); Subregión Yariguíes (San Vicente, Betulia y El Carmen de Chucurí); Subregión Magdalena Medio Antioqueño (Puerto Berrío, Puerto Nare, Bajo Simacota y Puerto Parra); Subregión Vélez (Landázuri, Cimitarra, Bolívar y El Peñón).

comunidades que desarrollan iniciativas exitosas de construcción de la paz en Colombia (Café y noticias, 2008).

En el 2009 el PDPMM contaba con más de 250 organizaciones fortalecidas, se habían desarrollado más de 500 proyectos que se centraban en la educación y la participación en la paz, la construcción de redes y el fortalecimiento de las instituciones y la cultura, y las apuestas de fincas campesinas y economías populares que promueven la permanencia productiva de los pobladores en su territorio.

Los resultados positivos de esta iniciativa de construcción de paz y desarrollo al margen del conflicto armado, fueron calificados como objetivo militar por parte de los grupos armados que se disputan la región, en particular en el posicionamiento del proyecto paramilitar. En el año 2007, la Corporación Nación (2007)8, en convenio con el PDPMM, realizó una recopilación y análisis de 24 historias de personas que han sido víctimas del conflicto armado en el Magdalena Medio, líderes de procesos sociales, sindicales, comunitarios, de desarrollo y de paz en la región, cuya característica común era su participación en diversos procesos liderados por el PDPMM: núcleo de pobladores, proyectos educativos, de seguridad alimentaria, proyectos productivos, espacios humanitarios, comités campesinos de Derechos Humanos, entre otros.

Según este estudio, la serie de ataques contra miembros del PDPMM “obedece a una estrategia de agresión preconcebida dirigida a minar o minimizar el respaldo, acompañamiento, apoyo, visibilización, del proceso de lucha y persistencia por la vida, reivindicación y exigibilidad de los derechos de las comunidades del Magdalena Medio. La premisa es, que esta situación era considerada contraria a los intereses que tenían los actores armados

8 La Corporación Nación es una organización no gubernamental que nace en Barrancabermeja el año 2004, que tiene como finalidad “contribuir a la construcción de una sociedad democrática, la promoción y defensa integral de los Derechos Humanos, la dignidad de hombre y mujeres sin discriminación alguna, la paz y el desarrollo sostenible. De igual manera, el acompañamiento a procesos autónomos de las comunidades, la coordinación con organizaciones pares, el fortalecimiento del estado social de derecho mediante la concertación de políticas públicas entre el estado y la sociedad civil” (Corporación Nación, sin año).

responsables de las agresiones y que representaban un riesgo a sus propósitos

políticos, militares y económicos (…)” (pág. 49).

Los elementos que soportan esta afirmación son: (i) el hecho de que las zonas donde ocurrieron los hechos eran zonas de control de los grupos paramilitares; (ii) la permanente persecución, cuestionamiento, retenciones, amenazas y estigmatización contra las personas que participaban de manera activa en los procesos liderados por el PDPMM; (iii) el terror generado en las poblaciones y comunidades que facilitaron la desarticulación de los procesos de liderazgo, organización comunitaria y productivos; (iv) el intento de los grupos armados de cooptar a los líderes pertenecientes a los procesos agredidos. En el caso de los actores paramilitares, bajo la intimidación, la amenaza y el señalamiento, había una propuesta de acogerse a su proyecto político-militar.

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