CONTEXTO GENERAL EN AMÉRICA LÁTINA SOBRE DISCAPACIDAD

La discapacidad en las Américas es un tema complejo, de enorme repercusión social y económica, pero del que se carece de datos fehacientes. Los estudios estadísticos son escasos, están desactualizados y son poco precisos; por ello, el trabajo en políticas o programas relacionados con la discapacidad se basa en datos estimados y, en ocasiones, bastante alejados de la realidad de los países.

Según Armando Vásquez: Las tendencias actuales señalan un aumento cada vez mayor de las enfermedades no transmisibles y por causas externas. Sin duda alguna, los conflictos armados, los accidentes de todo tipo, el uso y abuso de alcohol y drogas, y la violencia social son también causas de discapacidad. Otras condiciones que favorecen ese aumento de las discapacidades son el envejecimiento de la población, la desnutrición, el abandono infantil, la marginación de grupos sociales como los pueblos indígenas, la pobreza extrema, el desplazamiento poblacional y los desastres causados por fenómenos naturales.

La urbanización, la industrialización, el uso de tecnologías modernas en el sector salud y la mayor cobertura en educación son factores que modifican la situación epidemiológica. Al mismo tiempo, en los países en desarrollo coexisten patologías de las etapas anteriores, tales como las enfermedades infecciosas, por vectores, parasitarias y nutricionales.

En 1998, la Organización Panamericana de la Salud coordinó un estudio multicéntrico sobre salud, bienestar y envejecimiento (SABE) en siete ciudades: Buenos Aires (Argentina), Bridgetown (Barbados), São Paulo (Brasil), Santiago de Chile (Chile), La Habana (Cuba), Ciudad de México (México) y Montevideo (Uruguay). En el estudio se

encontró que menos de 50% de la población de 65 años y más notificó que gozaba de salud buena o excelente, en contraste con 76% de la población de la misma edad en el Canadá y los Estados Unidos de América.

Las personas que presentan algún tipo de discapacidad sin distinción de clase social, raza, cultura, género, edad y condición económica, pertenecientes a un grupo familiar o solo demandan de la sociedad el derecho a una vida en igualdad de condiciones. Esto se traduciría en el acceso equitativo a los servicios de salud, educativos, ocupacionales y recreativos, así como en el ejercicio de sus derechos, civiles y de otro tipo, para tener una vida digna y de buena calidad, además de participar plenamente en la sociedad y contribuir al desarrollo socioeconómico de su comunidad.

Al establecer en 1982 el Programa de Acción Mundial sobre Personas con Discapacidad, la Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmó el derecho de esas personas a la igualdad de oportunidades, la participación plena en las actividades económicas y sociales, y la igualdad en el acceso a la salud, la educación y los servicios de rehabilitación. La integración de las personas con discapacidad es responsabilidad del conjunto de la sociedad, no solo del Estado, y debe comprender la atención médica, el fomento del empleo, la práctica de la recreación y los deportes, la accesibilidad del medio físico y la rehabilitación.

La perspectiva de derechos humanos permite considerar a las personas con discapacidad como individuos que necesitan diferentes servicios para gozar de una situación que los habilite para desempeñarse como ciudadanos activos y participantes. Esto significa crecer dentro de una familia, asistir a la escuela con compañeros, trabajar y participar en la toma de decisiones sobre aquellas políticas y programas que más los afectan.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Vernor Muñoz, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la CLADE denunciaron el 6 de noviembre del 2009, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violación del derecho a la educación de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe.

Dichas organizaciones presentaron una solicitud de audiencia en la sede de la Comisión en Washington luego de constatar que en América Latina y el Caribe no se respeta y reconoce el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Esto por cuanto, cuando éstas reciben algún tipo de educación, en muchas ocasiones lo hacen bajo el paradigma de la “educación especial” lo que constituye un problema, por referirse a una educación segregada, en la cual se hace diferencia entre las personas con discapacidad y aquellas que pueden frecuentar escuelas “regulares”.

En una entrevista para la Agencia de información de América Latina y el Caribe, Adital, la Coordinadora General de CLADE, Camilla Croso, subrayó la importancia de esta denuncia al otorgar mayor visibilidad al problema de la violación de los derechos de las personas con deficiencias de la región, existe muy poca información de estas naciones en cuanto a la situación de la educación para estas personas y es una cuestión que aparece muy poco en el debate educativo. Por esta razón, es necesario poner el énfasis en la sistematización de estos datos en cada país.

La coordinadora explica que, si bien la legislación sobre el derecho al acceso de todos y todas a la educación ha avanzado mucho, en la práctica no sucede con frecuencia. En muchas ocasiones, la escuela niega la matrícula al alumno con deficiencias, y, en otros casos, aún garantizado el acceso a la educación, las escuelas no cuentan con la adaptación

necesaria del material didáctico y del espacio físico, así como tampoco con profesores especializados.

En todo el mundo, se estima que 600 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad, lo que representa el 10% de la población. Según cifras de la UNESCO, el 35% de los niños y niñas que están fuera de la escuela en el mundo tienen algún tipo de discapacidad y solamente el 2% de los niños y niñas en esta situación consiguen concluir sus estudios. El problema es aún más grave en el caso de las mujeres y las niñas con discapacidad. En los países latinoamericanos, la situación no es muy diferente del resto del mundo. En Perú, por ejemplo, el Censo de 1993 mostró que el 84,9% de las personas con deficiencias no frecuentan o nunca fueron a la escuela, siendo la tasa de analfabetismo de esta población de 41%. En Chile, sólo el 8% de las personas con deficiencias están estudiando, y una de cada dos, no consigue completar la educación básica.

Los Estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, están obligados a adoptar medidas para garantizar condiciones de igualdad de acceso a la educación a las personas con diferentes tipos de discapacidad. Desde el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE) apoyamos esta iniciativa y consideramos imprescindible la difusión y el seguimiento de esta cuestión, reivindicando nuestro compromiso por una América Latina más justa e igualitaria, que valore el derecho de todos y todas, particularmente los más débiles, a educarse a lo largo de la vida, a ejercer su ciudadanía y a contribuir al desarrollo económico, social y político de sus países.