INTERVENCIÓN TRIANGULAR
2. Control de productos: prohibición
Otra forma de intervención triangular es interferir directamente en la naturaleza de la producción, en lugar de en los términos del intercambio. Esto ocurre cuando el gobierno prohíbe cualquier producción o venta de cierto producto. La
consecuencia es perjudicar a todas las partes afectadas: a los consumidores, que pierden utilidad porque no pueden comprar el producto y satisfacer sus deseos más urgentes, y los productores a los que se les prohíbe ganar una mayor remuneración en este campo y deben así contentarse con ganancias inferiores en otro lugar. Esta pérdida no afecta tanto a los emprendedores, que ganan por los ajustes efímeros, o a los capitalistas, que tienden a ganar un tipo de interés uniforme en cualquier área económica, como a los trabajadores y a los terratenientes, que deben aceptar menores ingresos permanentemente. Por tanto, los únicos que se benefician de esta regulación son los propios burócratas del gobierno, en parte por los trabajos que creados por la regulación y financiados vía impuestos y quizá también por la satisfacción de someter a otros y ejercer su poder coactivo sobre ellos. Mientras que en el control de precios se podría al menos sugerir una defensa prima facie de que
algunos de los que intercambian (productores o consumidores) se ven beneficiados, no puede hacerse esa defensa para la prohibición, donde
ambas partes, productores y consumidores,
invariablemente pierden.
Por supuesto, en muchos casos de prohibición de productos, aparecen presiones inevitables para que el mercado se restablezca ilegalmente, como mercado “negro”. Igual que en el caso del control de precios, un mercado negro crea dificultades a causa de su ilegalidad. La oferta de productos será más escasa y su precio mayor, para compensar a los fabricantes el riesgo que supone violar la ley y cuanto más estrictas sean las prohibiciones y las sanciones, más escasos serán los productos y mayor su precio. Además, la ilegalización entorpece el proceso de distribución de información a los consumidores acerca de la existencia del mercado (p. ej., mediante publicidad). En consecuencia, la organización del mercado será mucho menos eficiente, el servicio
al consumidor empeorará su calidad y los precios serán de nuevo más altos que bajo un mercado legal. La prima por el secreto del mercado “negro” también actúa contra los negocios a gran escala, que normalmente serán más visibles y por tanto más vulnerables a la aplicación de la ley. Así se pierden la ventajas de la organización eficiente a gran escala, dañando al consumidor y elevando los precios a causa de la disminución de la oferta[77]. Paradójicamente, la prohibición puede servir como una forma de conceder un privilegio monopolístico a los mercaderes negros, que son emprendedores esencialmente distintos de los que tienen éxito en un mercado legal. Pues en el mercado negro, las ganancias se acumulan por la habilidad para transgredir la ley o para sobornar a los funcionarios de la administración.
Hay varios tipos de prohibiciones. Hay una
prohibición absoluta, en la que el producto es
completamente ilegal. Hay asimismo formas de
racionamiento, en el que el consumo más allá de
cierta cantidad está prohibido por el Estado. El efecto evidente del racionamiento es dañar a los consumidores y rebajar el nivel de vida de todos. Como el racionamiento marca máximos legales en bienes concretos de consumo, también distorsiona los patrones de gasto de los consumidores. Los bienes no racionados, o menos estrictamente racionados, se compran más, aunque los consumidores hubieran preferido comparar más bienes de los racionados. Así, el gasto del consumidor se cambia coercitivamente de los recursos más fuertemente racionados a los menos. Además, los tickets de racionamiento introducen un nuevo tipo de cuasi moneda, las funciones del dinero en el mercado se mutilan y atrofian y reina la confusión. La función principal del dinero es su compra por los productores y su gasto por los consumidores, pero, bajo el racionamiento, los consumidores no pueden hacer uso completo de su dinero y se impide el uso de sus dólares para
dirigir y asignar factores de producción. Deben asimismo utilizar tickets de racionamiento arbitrariamente diseñados y distribuidos: un modelo ineficiente de doble moneda. Se distorsiona particularmente el patrón de gasto del consumidor y, como los tickets de racionamiento normalmente son no transferibles, la gente que no quiera la marca X no podrá intercambiar esos cupones por bienes que otros no quieran[78].
Prioridades y asignaciones del gobierno son
otros tipos de prohibición, así como otra forma de entrometerse en el sistema de precios. Se impide que los compradores eficientes obtengan bienes, al tiempo que los ineficientes descubren que pueden adquirir una plétora de ellos. No se permite a las empresas eficientes ofrecer más por los factores o recursos que a las ineficientes; las empresas eficientes, en la práctica, se paralizan y se subsidia a las ineficientes. Básicamente, las prioridades del gobierno introducen de nuevo otra forma de doble moneda.
Las leyes de horarios máximos imponen ocio
obligatorio y prohíben trabajar. Hay un ataque directo a la producción, dañando al trabajador que quiere trabajar, reduciendo sus ingresos y rebajando los niveles de vida de toda la sociedad[79]. Las leyes de conservación, que igualmente impiden la producción y generan niveles de vida más bajos, se estudiarán más en detalle más adelante. De hecho, las concesiones de monopolios de privilegios comentadas en la siguiente sección son también prohibiciones, ya que conceden privilegios de producción a algunos, prohibiéndola a otros.