Capítulo 3: Las bases económicas de un proyecto estatal, 1824-1865
1. El dominio de los factores de producción
1.2. El control de la mano de obra
En El Salvador decimonónico, además de la tierra, el otro recurso o factor de producción imprescindible fue la mano de obra. En la etapa de formación del Estado salvadoreño el sector social con acceso a la gran propiedad resolvió, según sus intereses económicos personales, el problema de la asignación de recursos desde su plataforma política. Concretamente, el derecho de propiedad con el que se pueden controlar los recursos económicos y su maximización. Es sabido que esta cuestión de la propiedad es la esencia de toda economía y queda especificado en el sistema legal de cualquier país, entendido éste como todo tipo de instituciones, legislación, procedimientos, doctrinas, etc. (North, 1978: 179-182). El grupo dominante salvadoreño formado en la transición política de la colonia a la República aprovechó el orden administrativo y jurídico existente para introducir las modificaciones más convenientes. Así se preocupó de moldear un sistema legal de acuerdo a sus necesidades de tierra y mano de obra. Como
92 Carta de Juan Portal a José María Peralta, San Vicente, 14 de enero de 1861, AGN-SS, FB, caja 1, f.241.
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hemos visto, con la propiedad de la tierra se mantuvo la misma estructura privada y comunal aunque con progresiva preeminencia de la primera.
La sociedad agrícola salvadoreña de la post-Independencia fue muy heterogénea desde el punto de vista económico en tanto convivieron jornaleros, labradores, agricultores y grandes productores. Sobre todo a fines de la década de 1850, desde el punto de vista socio-laboral, el número de labradores y jornaleros -con mayoría clara de éstos últimos- era abrumadoramente superior al resto, lo que denota el carácter rural de la sociedad. Las labores realizadas por los miembros de cada grupo no eran exclusivas pues en muchas ocasiones los campesinos indígenas o ladinos autosuficientes, con ingresos demasiado bajos, se veían obligados a vender su fuerza de trabajo como jornaleros para completar sus ingresos para la subsistencia (Acosta, 2009: 12-17). Tomando los datos del censo de algunos departamentos realizado por Ignacio Gómez podemos ver que más de la mitad de trabajadores y jornales se dedicó a las labores agrícolas. Los trabajos no agrícolas fueron el servicio doméstico, la sastrería, zapatería y el comercio al por menor (Lindo, 2002: 150-151).
Hubo una solución de continuidad en la relación con los factores de producción hispánicos. Si bien la mano de obra no estuvo ligada a la tierra como durante la época colonial, la escasez de mano de obra propició la perpetuación del enganche semanal obligatorio de trabajadores de los pueblos, haciendo las veces de un repartimiento colonial (Browning, 1974: 257). Lindo sostiene que la escasez relativa de brazos pudo haber contribuido a la libertad de movimiento de los obreros agrícolas (Lindo, 2002: 97). No obstante, esta visión de la escasez en el mercado laboral puede ser una interpretación parcial del sector social de los grandes propietarios a quienes se les dificultaba encontrar mano de obra disponible y sin restricciones.
Las quejas constantes de los hacendados por la falta de mano de obra provocaron que, desde 1825, se promulgaran leyes de vagancia relacionadas con las exigencias de trabajo. Los reglamentos de policía incluyeron siempre la obligación de hacer cumplir dichas leyes. Desde el decreto de 6 de marzo de 183793 o el de 14 de abril de 1841, todos los individuos sin propiedad conocida debieron demostrar su lugar de empleo por medio de un documento emitido por el patrón. Suponemos que aunque la ley marcara esta disposición, en la práctica muchos no lo tenían. Esa misma disposición se recuperó a finales del siglo XIX durante el auge de las políticas liberales (Lauria, 2003: 239).
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Esa realidad contribuyó a la institucionalización del trabajo forzoso. Lo que más tarde se denominó Fondo de Trabajadores consistió en la obligación de trabajar dos días al año en la construcción de caminos o pago de cierta cantidad para ser exonerado del trabajo (Acosta, 2007a: 14; Lindo, 2002: 150). Éste fue un impuesto estatal derivado a las municipalidades para el cobro y la gestión. El único impuesto directo que, paradójicamente, no tenía reflejo en la contabilidad estatal. El fondo de trabajadores estuvo estrechamente relacionado con el interés de la oligarquía en mejorar las comunicaciones de cara al comercio.
La mano de obra, cuando no es forzada, es considerada como una mercancía y por lo tanto tiene un precio. Es por eso que debemos hacer un inciso, aunque sea breve, para hablar del salario y destacar su importancia. Si bien en este sentido la información es escasa, contamos con la referencia del valor de un jornal. Como ha señalado Acosta, desde la época de la Independencia hasta bien entrada la década de 1860, el pago por el trabajo en la tierra rondó en torno a los 2 reales diarios (2013: 23). El tema del salario como una decisión económica personal de la oligarquía es una cuestión fundamental para comprender las desigualdades sociales desde la temprana fase de construcción del Estado y del orden social.
Por otra parte, la coyuntura bélica paradójicamente incidió en el control de la mano de obra. Lindo destaca el impacto negativo de la práctica de los reclutamientos de hombres en la economía puesto que los campesinos, sobre todo jóvenes que trabajaban en las cuadrillas de las haciendas, evitaron participar en ferias dominicales (Lindo, 2002: 95-96). Pero, precisamente por ese motivo, como acabamos de decir, desde finales de la década de 1830 los jueces del crimen comenzaron a ejercer presión – aunque no siempre lo lograron94- sobre la población con la finalidad de conseguir mano de obra mediante el control de boletas de trabajo en campos, valles y haciendas.95 Nos parece que esta legislación estuvo muy acorde con las necesidades bélicas del momento. Los reclutamientos se surtían principalmente de la gente de las haciendas que facilitaba el propietario. En consecuencia fue prioritario mantener el control de esta mano de obra que también fue carne de cañón.96 Ni a las autoridades militares ni a los hacendados les interesaba que hubiera tanta población dispersa y sin control fruto de la deserción de las guerras. De hecho, sostenemos que las primeras medidas referidas a política económica
94 Sobre relaciones laborales en la segunda mitad del siglo XIX ver Acosta, 2014: 294 y ss. 95 Decreto 6 de marzo de 1837, AGN-SS, FI, f.71.
96 Sesión ordinaria de diputados, San Salvador, s/f, AGN-SS, FQ, Cámara diputados, caja 1, 1840-1846, s.f.
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con vistas al desarrollo de la agricultura comercial estuvieron directamente relacionadas con el fenómeno de la guerra. El necesario control de la mano de obra para la guerra sirvió, simultáneamente, para el trabajo en las haciendas.