Cosa juzgada

El autor colombiano Devis Echandía Hernando, respecto del tema se pronuncia así: “[…] la cosa juzgada es un efecto especial que la ley le asigna a ciertas sentencias en virtud del poder de jurisdicción del Estado. La cosa juzgada tiene las características de inmutabilidad y definitividad, impide revisar la decisión en proceso posterior y tiene naturaleza procesal, porque es una consecuencia del proceso y la emanación de la voluntad del Estado manifestada en la ley procesal.”58

Si bien la definición es amplia y para analizarla sería necesario fragmentarla, es evidente que la cosa juzgada opera exclusivamente e imperativamente para el poder judicial, ya

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Citado por Cabrera Benigno, Teoría General del Proceso, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, sexta edición, Bogotá-Colombia, 1996, p. 264.

que se lo asigna, según Devis Echandía, a ciertas sentencias, debido a que si alguna de las partes se encuentra inconforme con la decisión del juzgador puede acudir al órgano jurisdiccional para que se le haga justicia.

En este punto se puede decir que los criterios de los diferentes autores para definir lo que es cosa juzgada tienen la misma esencia: esta es la firmeza con la que nace. Así también se pronuncia Enrique Vescovi, quien dice: “La cosa juzgada, esa cualidad de la sentencia que la hace firme e inmodificable, se da, asimismo, solo en la jurisdicción.”59

Esta característica importantísima de la cual se hallan revestidas las sentencias en la jurisdicción contenciosa, no la tienen aquellas expedidas en la jurisdicción voluntaria, ya que las mismas pueden ser modificadas en otro juicio, por cuanto no tiene efecto de cosa juzgada.

Esto significa que si alguna de las partes se siente perjudicada por los efectos de la sentencia sobre el acto de jurisdicción voluntaria, deberá presentar su reclamo por cuerda separada, lo que generalmente se lo realiza en un juicio de conocimiento (ordinario).

3.1.5. Impugnación

La oportunidad para que un ciudadano ecuatoriano/a pueda interponer un recurso a una sentencia, en el Ecuador actualmente es una garantía constitucional contenida en el Art. 76, literal m, dentro del capítulo octavo, referente a los derechos de protección que encierra al debido proceso.

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Con una conceptualización muy acertada el magistrado colombiano Edgardo Villamil Portilla, sobre la impugnación dice: “Los recursos realizan el principio de impugnación en virtud del cual, el ciudadano no queda desprotegido ante el poder del juez, sino que puede protestar las decisiones usando los instrumentos procesales creados para ello.”60

La posibilidad de impugnar un fallo es, en nuestro país, una garantía constitucional, que permite a todo ciudadano oponerse a los posibles abusos que podría venir de una sentencia parcializada, ajena a la litis, etc.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 326 del CPC, son apelables las sentencias, los autos y los decretos que tienen fuerza de auto. En cambio no son apelables los autos o decretos, que no ocasionan gravamen irreparable.

Si bien la decisión del juez en los asuntos de jurisdicción voluntaria se expresa mediante sentencia, la misma carece de fuerza y no ocasiona gravamen irreparable.

El procesalista Emilio Velasco, quien ha dedicado un tomo al estudio de la jurisdicción voluntaria, recoge el criterio de que es posible apelar la sentencia que resuelva sobre un divorcio por mutuo consentimiento, manifestando:

Al principio del estudio del divorcio por mutuo consentimiento manifesté que, de conformidad con la doctrina, y bien aplicada la ley, la sentencia que admite el divorcio por mutuo consentimiento no es apelable, sin embargo la opinión contraria es la de mayoría. Es por ello que en el caso resuelto por la Segunda Sala de la Corte Suprema el 28 de octubre de 1977, que está publicada en el Diccionario de Jurisprudencia del Doctor Galo Espinoza, Tomo Vll, se resuelve, que sí hay apelación de la sentencia de divorcio, pues se mantiene el criterio de que la

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resolución del Tribunal en Pleno del año de 1931, publicada en la G.J: V-S No. 46 está en vigencia […].61

Respecto del recurso de casación, según el ilustrado criterio del doctor Santiago Andrade, en su obra La Casación Civil en el Ecuador, expone lo siguiente: “Las tres salas de lo civil y mercantil han resuelto que no son casables las sentencias dictadas dentro de los juicios de jurisdicción voluntaria, por no ser finales ni definitivas. En consecuencia, la Primera Sala de lo Civil y Mercantil ha resuelto que no es casable la sentencia dictada dentro del juicio de autorización para enajenar un inmueble, por ser de jurisdicción voluntaria y no producir efecto de cosa juzgada.”62

El criterio del ex magistrado es correcto y coincidente con los puntos de vista de tratadistas quienes manifiestan que uno de los efectos de las sentencias de jurisdicción voluntaria es carecer del efecto de cosa juzgada.

Por disposición del Art. 817 del Código Procesal Civil, respecto del juicio de disolución voluntaria de la sociedad conyugal, ya sea mediante sentencia o acta notarial, no hay posibilidad de presentar recurso alguno. Sin embargo, de ser presentados deberán ser rechazados por el juzgador de instancia.