Finalmente, la inversión extranjera, si bien se convir- tió en el eje central de acumulación de capital y generó altos niveles de rentabilidad40, no se constituyó en la lo-
comotora de la economía, ni en el artífice del crecimien- to, como lo publicitaron los apologistas neoliberales. Es más, el proceso de capitalización ni siquiera pudo garan- tizar una administración eficiente de las empresas estraté- gicas que pasaron de manos del Estado a las de los inversores privados, precisamente porque el discurso neoliberal sostuvo el argumento de que ese Estado era mal administrador de los bienes y recursos públicos41.
40 Sin embargo, las empresas petroleras, por ejemplo, arguyen una reducida
tasa de rentabilidad (un promedio de 4 por ciento anual), que por cierto nunca ha sido verificada por un proceso de fiscalización eficiente por parte del Estado (García Linera, “La capitalización: El fracaso de una ilusión liberal” en Le Monde doplomatique, noviembre de 2004).
41 Según García Linera, “el Estado no es un ente abstracto que existe al
margen de los humanos. El Estado y su aparato administrativo está compuesto por individuos con intereses, objetivos y relaciones específicas que toman decisiones sobre bienes que no les pertenecen y que, dependiendo de la calidad de esas decisiones, pueden favorecer al bien público o a sus objetivos personales. Resulta pues, que quienes administraron y muchas veces provocaron déficit en las empresas públicas fueron los mismos actores que luego capitalizaron las empresas públicas” (García Linera, op. cit.).
28 Deficiencias administrativas
Luego de haber salido a la luz pública el escandaloso desfalco de 61 millones de dólares protagonizado por la empresa VASP-Brasil al LAB, queda establecido que la inversión privada extranjera no está exenta de corrup- ción y mucho menos de ineficiencia42. En 1995, antes de
la capitalización, el valor patrimonial del Lloyd era de 24 millones de dólares, llegó a los 63 millones de dólares en 1999, para caer desde el año 2001 a 2,2 millones43.
En términos de eficiencia la capitalización prometía, también, mejorar los servicios y reducir las tarifas. Sin embargo, y pese a la inversión realizada, las empresas de electricidad, por ejemplo, no han incrementado la cober- tura de sus servicios y, como sucedía antes de la privatización, el 36 por ciento de la población boliviana ubicada en las zonas rurales carece de energía eléctrica en su vivienda44. En tanto que las tarifas se han elevado
de 0,89 dólares por kilovatio en 1996 a 1,68 el año 200145.
En el caso de los hidrocarburos, a decir del analista político Álvaro García Linera, Bolivia es uno de los pocos países productores de hidrocarburos del mundo que tiem- bla cada vez que sube el precio del barril de petróleo en
42 Carlos Mesa se fiaba de la administración de las capitalizadas al señalar:
“La condición de que el 100 por ciento del dinero sea invertido en YPFB, es un rasgo que asegura el buen destino del dinero, con el beneficio adicional de una administración profesional y eficiente a cargo del capitalizador, cuyo interés de éxito es igual o mayor que el del propio Estado” (“Capitalización de YPFB, entre los slogans y las promesas”, La Razón, 31 marzo de 1996, en la Espada en la palabra, Santillana, La Paz, 2000).
43 Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, citado por García Linera
en Le Monde diplomatique, noviembre de 2004.
44 INE, Censo de Población y Vivienda 2001, INE, La Paz, 2002. 45 García Linera, op.cit.
el mercado internacional. Entre 1996 y 2002, la gasolina especial ha incrementado su precio en 1,7 veces; la gaso- lina Premium en 1,8 veces, el kerosene en dos veces, al igual que el diesel oil46. “Hoy, el país tiene que pagar pre-
cios internacionales por un barril que, según el ex Delega- do Presidencial para la Revisión de la Capitalización, Juan Carlos Virreyra, tiene un costo unitario de producción equivalente a un dólar en las empresas capitalizadas; sien- do que el promedio entre las 200 empresas petroleras más importantes del mundo es de 5,60 dólares”47.
Déficit fiscal
Pero la capitalización trajo también consecuencias in- deseables para el fisco. Hasta 1996 el Estado recibía re- cursos de la transferencia de excedentes, principalmente, de dos empresas públicas ENTEL y YPFB. Con la capitali- zación y la reforma tributaria (Ley 843) se eliminaron las transferencias y el único aporte que realizan éstas y las demás capitalizadas son dados por los impuestos de ley. Entre 1991 y 1995, ENTEL transfirió al TGN 167,7 millo- nes de dólares, en tanto que entre 1996 y 2000 aportó al Estado un monto de 136 millones, 30 millones menos48.
En los últimos tres años, esta baja transferencia no ha variado significativamente.
En el caso de los hidrocarburos, entre 1991 y 1996 YPFB transfirió en promedio 396 millones de dólares al año, cifra equivalente al 65 por ciento de sus ingresos.
46 Carlos Villegas, Privatización de la industria petrolera en Bolivia, citado
por García Linera en Le Monde diplomatique, noviembre de 2004.
47 García Linera, op.cit. 48 García Linera, op.cit.
30
Según datos de UDAPE, las recaudaciones netas, es decir la suma de los impuestos menos las devoluciones impositivas del IVA a las petroleras, habrían alcanzado el año 2002 los 178,8 millones de dólares49. Es claro
que lo que estas empresas capitalizadas aportan al Es- tado es menos de la mitad de lo que anteriormente lo hacía sola YPFB.
Sin embargo, los analistas de UDAPE son optimistas al calcular que para el año 2007 las recaudaciones en este rubro se elevarán a 356,3 millones y el año 2015 a 655,5 millones de dólares, “lo cual significaría un incremento sustancial en las recaudaciones fiscales, especialmente las departamentales”50.
Por el momento, el Estado cuenta casi exclusivamen- te con los ingresos provenientes de las recaudaciones impositivas para sostenerse y, en consecuencia, el déficit fiscal sufre constantes elevaciones. Entre 1992 y 1996 éste registraba un promedio de 2,9 por ciento del PIB; en tan- to que entre 1997 y el 2000 el déficit fiscal sube en un punto: 3,9 por ciento, para elevarse entre el 2000 el y 2003 a 8,1 por ciento51.
A principios del año 2003 se aprobó el Presupuesto General de la Nación con un déficit programado de 6,5 por ciento; sin embargo, a mediados del 2003 se negocia- ba con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 7,5 por ciento del PIB, para llegar a fin de año al 7,9 por ciento52.
49 UDAPE, Análisis Económico, Vol. 18, La Paz, 2003, pág. 29. 50 UDAPE, op.cit.
51 INE, op.cit.
52 Efraín Huanca, Economía boliviana: evaluación del 2003 y perspectivas
Y, a pesar de que el año 2003, el déficit fiscal fue inferior en algo más de un punto porcentual respecto del alcanzado el 2002, que fue del 9 por ciento respecto del PIB53; las expectativas de la Fundación Milenio quedan
fuera de contexto, debido a que sus analistas económicos esperaban que los ingresos del gobierno evolucionarían en forma creciente “y a una tasa proporcionalmente ma- yor que la tasa de aumento de los gastos totales. Por lo tanto, el déficit fiscal tendrá una tendencia decreciente pasando de 5.3 por ciento del PIB en 1991 a 3.8 por cien- to en el período 2000”54. Los datos reales de la economía
nos dicen que el año 2000 se registró un déficit fiscal de 4,5 por ciento55.