Crisis democrática (2000-2005)

“…un estado débil y una sociedad fuerte…” (Gray Molina 2008: 109) La combinación de reformas económicas decepcionantes y un sistema político distanciado de la población y sumergido en escándalos de corrupción, resultaron en una crisis democrática. La población se volvió sínica con relación a la política, la participación electoral bajó. Esto dio lugar a una serie de movilizaciones de protesta desde la sociedad civil que hicieron ingresar a al sistema partidario tradicional en una crisis de la cual no lograron salir (Hochstetler y Friedman 2008: 1-2, 24). Se nombran tres características importantes de este proceso de crisis: 1) la falta de confianza en el sistema existente, 2) una oposición ideológica (polarización) entre la política neo-liberal defendida por las elites industriales, y los movimientos sociales, y 3) la territorialización de esta oposición ideológica entre el oeste (los movimientos sociales indígena) y el este

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del país o de media luna (la élite industrial). Estos tres elementos interactúan en un contexto de discriminación étnica que cubre todas las esferas del conflicto (Rojas Ríos 2008: 212; Crabtree 2009: 94).

Guerras del agua y del gas

La guerra del agua fue según Rojas Ríos reacción a una actitud “autista” del gobierno de turno, que no respondía al descontento y protestas de la población. La serie de protestas relacionadas con el agua comenzaron con la intención del gobierno de Banzer (1997- 2001) de privatizar los servicios de agua de la ciudad de Cochabamba por la empresa Aguas del Tunari (parte de la multinacional Bechtel). El aumento desmesurado de las tarifas del agua resultó en quejas, y cuando estas no fueron escuchadas, se pusieron en marcha protestas desde distintas esferas de la sociedad civil urbana y rural, que llevaron a la cancelación del contrato con Aguas del Tunari. Según Rojas Ríos (2008: 42-44, 52) dos aspectos sobresalen en este conflicto. El primero es que dichas fueron organizadas por los grupos más diversos de la sociedad, agricultores, maestros, cocaleros (liderados por Evo Morales), la policía, las amas de casa, estudiantes y otros. La segunda es que esta serie de protestas dieron curso a un mecanismo externo que en los años posteriores funcionaría como contrapeso del sistema político tradicional, trasladando la política a las calles. Esto implica que, se crea una conciencia de que ante la creciente distancia entre el sistema político tradicional y la sociedad, y la indiferencia con que se tratan las demandas provenientes de dicha sociedad, mediante la cual grupos de la sociedad se dan cuenta de que es posible influir en la política en base a protestas (Rojas Ríos 2008: 49). Por otro lado el impacto de los conflictos en torno a la guerra del agua, fueron claramente perceptibles cuando en las elecciones del 2002 el partido no tradicional de Evo Morales, Movimiento Al Socialismo, salió segundo, clara indicación de que la posición de los partidos políticos tradicionales de había alterado (Crabtree 2009: 95; Rojas Ríos 2008: 71).

La violencia estalló una vez más en octubre del 2003, una vez que el gobierno del entonces presidente, Sánchez de Lozada, anunció sus planes de privatizar el gas boliviano, y exportarlo por Chile. Sánchez de Lozada intentó limitar las protestas con presión militar (que puso a la policía y el ejército contra la otra), lo que resultó en un gran numero víctimas (Rojas Ríos 2008: 81). En consecuencia su gobierno perdió el escaso apoyo que había logrado hasta entonces; Sánchez de Lozada fue entonces expulsado del gobierno y dejó el país huyendo. Este momento es señalado por algunos

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autores el colapso de la posición hegemónica del sistema neoliberal (y por tanto los partidos políticos tradicionales) y la democracia simulada, refiriéndose a la democracia pactada. Lo que sigue a este periodo es lo que Rojas Ríos llama “democracia de alta

tensión (Rojas Ríos: 90-96).

Al Gonzalo Sánchez lo sucedió su vicepresidente, Carlos Mesa. Durante su gobierno Bolivia atravesó un periodo de transición de una democracia basada en la desarticulación de movilización y una gran distancia entre gobierno y ciudadano, a una basada en la participación intensiva, diversa y conflictiva (Ibíd.: 108-110). La transición se efectuó en base a demandas de los movimientos sociales que fueron adquiriendo mayor importancia en la agenda de gobierno. A pesar de su diversidad, estas demandas se pueden categorizar en tres temas principales; dos de cobertura nacional: 1) La nacionalización del gas y 2) la creación de una Asamblea Constituyente (encargada de escribir una nueva constitución); y 3) mas de carácter regional (el oriente del país, denominado también media luna): la realización de una autonomía departamental. En base a estas demandas Mesa promulgó la instauración de una asamblea constituyente, que también debería el tema de la autonomía. Sin embargo, su indecisión sobre la demanda de nacionalización del gas resultó en una nueva ola de protestas que finalmente causaron su renuncia (Rojas Ríos 2008: 34-142).

El tema de la nacionalización del gas se presta como un buen ejemplo para entender las líneas que irían a dividir el país en los años posteriores. Por un lado los departamentos sin reservas de gas en su territorio son partidarios de la nacionalización de este material, la centralización y distribución equitativa de sus ganancias a todos los departamentos del país. Los departamentos donde se encuentras las reservas de gas son por otro lado partidarios de la mantención de inversiones internacionales y la división de ganancias porcentual, en base a donde están situadas las reservas. En base a estas posiciones enfrentadas se forman dos bloques inician la polarización. Al momento de la renuncia de Mesa, el país se encuentra divido en dos regiones: la región occidental donde dominan los movimientos sociales indígenas que apoyan la nacionalización del gas y la instauración de una asamblea constituyente, y por otro está la región oriental, donde la población indígena es una minoría y se encuentran concentradas las principales industrias e inversiones del país. Desde este momento se traza un antagonismo permanente entre una “Bolivia productiva”, moderna blanca, rica y una Bolivia conflictiva, retrasada e indígena (Assies 2006:88). Desde la región oriental con Santa

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Cruz a la cabeza (que junto con Tarija, Beni y Pando reciben sobrenombre de media luna) se inicia movimiento “con un alto grado de militancia” (Assies 2006:88) que demanda autonomía departamental y rechaza el centralismo del gobierno nacional10.

El estatuto de autonomía departamental propuesto por los departamentos concentrados en la media luna apuntaba a descentralización política, administrativa y fiscal con el fin de tener más control sobre las normas fiscales y financieras y el control de los recursos naturales que pertenecen al territorio departamental (Crabtree 2009: 102; Mayorga 2006: 61; Eaton, 2007: 75). En este contexto de enfrentamiento político y regional, el líder de los movimientos sociales sube al poder.