Al momento cumbre de la polarización de los rivales que acaba de ser descrito, agenciado por los paramilitares, se llegó a través de varias décadas de violencia. Así, el paramilitarismo va a pretender imitar una violencia enemiga, llevándola más allá del filo del paroxismo, al decir de René Girard. Esto será el resultado de una larga historia de tentativas que buscaron, desde el poder del Estado, contener la violencia guerrillera y las resistencias sociales que se oponían a la violencia institucionalizada.
Los estudiosos reconocen que la violencia actual tiene sus raíces más directas en el periodo de la llamada Violencia (1946-1958), exacerbada a raíz del
asesinato de Jorge Eliecer Gaitán durante los acontecimientos del 9 de abril de 1948, en el conocido Bogotazo. A grandes rasgos, aunque a primera vista era
una lucha entre liberales y conservadores, lo acaecido era una confrontación entre terratenientes, por un lado, la burguesía agroexportadora y por el otro, los industriales. Los primeros, habían armado a campesinos en las bandas de “chulavitas” y los segundos a otras franjas en las guerrillas liberales y en grupos denominados los “pájaros”, como las primeras expresiones del
paramilitarismo actual (Angarita, 2000, págs. 63-123). Lo que quiere decir que, detrás de todo ello, había una disputa abierta por el control del Estado (objeto declarado de deseo) que encubría el deseo de defender la propiedad privada, principalmente de la tierra. Era el inicio de una cadena de rivalidades fundadas en la imitación del deseo del otro, que respondía a una violencia preconcebida erróneamente como intrínseca a la naturaleza humana.
La anterior confrontación se quiso dirimir a través de un pacto entre élites, conocido como el Frente Nacional, el cual logró contener parcialmente la violencia, aunque también la reprodujo, dado el carácter violento de las instituciones que se pusieron en marcha. Al decir de Angarita:
Se trataba de una respuesta de largo plazo por parte de las élites que siempre se habían asido al aparato del Estado. Los sistemas jurídico y militar se ponían a disposición del ejercicio de la violencia sistemática, bajo el pretexto de que la existencia del Estado se encontraba amenazada. El modelo de este último había tomado forma en el pacto de pacificación celebrado en el país en 1959, entre los terratenientes, la burguesía agroexportadora y los industriales y con el cual se dio lugar al régimen del Frente Nacional y se colocaba punto final a sus disputas durante La violencia de los años 50. Con ese acuerdo, la dirigencia buscaba consolidar su dominación política y económica y aspiraba a desmovilizar los sectores subalternos que recientemente había armado en torno a sus respectivos bandos. (Angarita, 2013, pág. 4).
Como se trataba de un pacto excluyente, los problemas de tipo social, económico y político de la época perduraron y se acentuaron en las zonas periféricas del país, dando origen a otro tipo de guerrillas que abanderaban con su lucha armada el inconformismo, producto del abandono Estatal, en el marco de las exitosas revoluciones latinoamericanas inspiradas por Cuba y Nicaragua. Así, en 1964 nacen las FARC, en 1965 el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en 1967 el Ejército Popular de liberación (EPL) y el M-19 en 1974. Lo cual significó, por un lado un notorio retroceso a las iniciativas de paz instauradas previamente en el Frente Nacional y, por otro lado, un ejercicio
mimético de experiencias de otros países de la región, en que se imitaban las formas de desear de otros que en regiones aledañas buscaban un nuevo orden y un nuevo modelo social.
A partir de la visión de René Girard, estos hechos son expresiones de crisis miméticas, producto de las imitaciones en procura de la propia sobrevivencia. En ellas siempre aparece la recurrencia a la violencia para protegerse de su atacante, en medio de cuyo aprendizaje social emergen y se adquieren nuevas identidades para hacer parte de alguna colectividad que garantice su propia seguridad. Esas identidades se organizan en grupos que planean la violencia y con la cual se vulnera a otro que no se quiere reconocer como legítimo. En medio de ese juego de violencias, las élites, a través de diversos gobiernos, han tomado distintas posturas frente a los grupos paramilitares, a los que quieren desconocer o reconocer como legítimos. Veamos.
A través del Decreto 3398 de 1965 y de la Ley 48 de 1968, se admitió la existencia de organizaciones armadas de defensa civil (Garcia, 2008), autorizando que personas del común participaran en actividades y labores de apoyo militar para el restablecimiento del orden público. Estas disposiciones han sido consideradas como las bases legales que engendraron posteriormente los grupos paramilitares y que vinculan a las Fuerzas Militares con estrategias contrainsurgentes y organizaciones al margen de la ley.
Aunque se contaba con ese instrumento legal, una década después, durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, se aplicó la estrategia tradicional de Seguridad Nacional para luchar contra el enemigo interno. Ésta consistía en otorgarle un papel protagónico a los Fuerzas Armadas, concediéndoles prerrogativas legales para sus operaciones contrainsurgentes. Así lo describe Jorge Orlando Melo (Melo, 1990):
Un punto crucial en la lucha antiguerrillera tuvo lugar durante el gobierno de Julio César Turbay, cuando el Ejército logró el respaldo del ejecutivo para una lucha antiguerrillera que no estuviera obstaculizada por consideraciones
legales tradicionales. En efecto, además de expedirse un Estatuto de Seguridad que daba a los militares funciones judiciales (Decreto 1923 de septiembre 8 de 1978), lo que resultaba una indicación de una crisis cada vez mayor del sistema judicial, congestionado, formalista e ineficiente, se toleró la utilización masiva de la tortura por parte de los investigadores militares, se autorizó la retención de ciudadanos por pura sospecha de las autoridades militares -sin que, aparentemente, se hubieran cumplido los requisitos exigidos por la Constitución para hacer tales retenciones- y se realizaron detenciones masivas de presuntos guerrilleros o simpatizantes; entre agosto de 1978 y julio de 1979, las autoridades colombianas detuvieron a más de 60.000 personas, según informe del ministro de Defensa de entonces. (Melo, 1990, pág. 485)
El Estado se veía amenazado y víctima de conspiraciones sin par. Se declaraba enemigo a prácticamente cualquier forma de oposición, al estilo de las peores dictaduras que entonces gobernaban en los países del Cono Sur. Así lo indican, por ejemplo, los siguientes artículos del mencionado Estatuto de Seguridad que reconocen funciones extralimitadas de autoridad y coerción al Estado:
Los que promuevan, encabecen o dirijan un alzamiento en armas para derrocar al Gobierno Nacional, legalmente constituido, o para cambiar o suspender en todo o en parte el régimen constitucional existente, en lo que se refiere a la formación, funcionamiento o renovación de los poderes públicos u órganos de la soberanía quedará sujeto a presidio. (Decreto 1923 de 1978, Artículo 2)
Los que integren bandas, cuadrillas o grupos armados de tres o más personas o invadan o asalten poblaciones, predios, haciendas, carreteras o vías públicas causando muertes, incendios o daños en los bienes, o por medio de violencia a las personas o a las cosas cometan otros delitos contra la seguridad e integridad colectivas o mediante amenazas se apoderen de semovientes, valores o de cualquier cosa mueble ajena u obliguen a sus propietarios, poseedores o administradores a entregarles o establezcan contribuciones con el pretexto de garantiza, respetar o defender la vida o los derechos de las personas incurrirán en presidio de diez a quince años. (Decreto 1923 de 1978, Artículo 3)
Por lo tanto, las tensiones que se han desarrollado a lo largo de la historia entre paramilitarismo, Estado y guerrilla, han generado, toda una serie de contravenciones y discursos, por los cuales, la búsqueda de la constante deslegitimación del enemigo justifica que cada quien reproduzca diferentes maneras de violencia en función del principio básico de la auto preservación de la vida, en el cual cada facción representa un riesgo permanente para la seguridad de los demás.
Luego, de manera distinta, el presidente Belisario Betancur (1982-1986), mediante la Ley 35 de 1982 y otros decretos expedidos en 1983, dio inicio a los diálogos con las guerrillas del M-19, las FARC-EP, la Autodefensas Obreras (ADO) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Para ello, el gobierno creó las figuras del Alto Comisionado para la Paz, la Comisión Nacional de Verificación y la Comisión Nacional de Negociación y Diálogo, entre otros cargos y oficinas que pretendían, mediante el diálogo, encontrar una solución negociada del conflicto. Con todo ello, Betancur limitó los poderes que ostentaba el ejército y reconoció a las guerrillas como actores políticos legítimos. Tal decisión generó una serie de divergencias en las élites locales, que optaron por apoyar cada vez más a los grupos paramilitares, con el fin de seguir defendiendo sus políticas económicas y de seguridad en las regiones. De este modo, la alternativa de paz, por medio de la negociación, fracasó rotundamente.
Vendrán años aciagos de violencia durante la década del 90. Incremento del paramilitarismo, pero sin conseguir la legitimación de su violencia. Incremento también de la actividad guerrillera, con un relativo reconocimiento de su proyecto insurgente entre algunos sectores de la sociedad colombiana. Y aumento desmesurado del narcotráfico con formas inusitadas de violencia que se articulaban indistintamente a los actores armados en contienda desde tiempo atrás. Ninguna fuerza de las violencias indistintas lograba jalonar e imponerse al conjunto de la sociedad. Por ello, fue necesario el intento de un pacto político a través de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. En ese
pacto se amplió el margen de participación de algunos sectores de la sociedad colombiana, pero todavía muchos otros quedaron por fuera (Angarita, 2013). Lo cierto es que el asunto de la violencia no fue resuelto sino que quedó con las puertas abiertas:
Por una parte, en relación al contexto, aunque en el momento sí tomó más fuerza en la opinión pública la idea de que el conflicto colombiano se debía dirimir a través del pacto nacional de la ANC -lo cual le restaba reconocimiento político a la decisión de las guerrillas de mantenerse alzadas en armas- sin embargo, no se produjo una descalificación absoluta de la oposición armada. Quedaba, así, la doble posibilidad de convocarlas a un diálogo específico (en concordancia con el nuevo espíritu constituyente) y/o de combatirlas militarmente, lo que exigía una justificación más sofisticada que la que brindaba la ya tradicional teoría de la Seguridad Nacional. Adicionalmente, la violencia paramilitar quedó intocada. Por otra parte, en sentido general la estructura militar del Estado se mantuvo incólume (Cfr. Título VII, cap. 7, Constitución Política de Colombia). (Angarita, 2013, pág. 30)
En las décadas subsiguientes los bandos en disputa armada pretenderán ser mayoría e imponerse a toda costa. El gobierno de Ernesto Samper (1994- 1998), al darle vía libre a la conformación de las llamadas Convivir, a las luz de la ley 48 de 1968, creó condiciones para que se expandieran los grupos paramilitares2. Durante estos años, además, ante la crisis permanente de ese gobierno, la violencia el narcotráfico se expandió a través de micro-carteles. Luego, durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998- 2002), se declararán inexequibles aquellos decretos que avalaban a las Convivir y, al lado del reinicio de conversaciones formales con las FARC-EP, en San Vicente del Caguán, asistimos al fortalecimiento de la violencia guerrillera. Complementariamente en este último periodo el gobierno de los Estados Unidos intervine en la lucha contra el narcotráfico por medio del Plan Colombia
2Dijo Carlos Castaño: Su idea de crear las Convivir, unas cooperativas donde los ciudadanos colaboran
de manera organizada con las fuerzas armadas, suministrando información y en algunos casos portando armas amparadas para su defensa personal, es el mismo principio que le dio origen a las Autodefensas . (Araguren, 2001, pág. 177)
y fortalece al Ejército Nacional y a la Policía. Así, las violencias son indistintas, se multiplican y se desbocan a lo largo y ancho de la sociedad colombiana. Finalmente, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, mediante el proyecto político y militar de Seguridad Democrática, se deslegitima el estatus político de los grupos armados ilegales (puntualmente el de la guerrilla FARC), justificando así la lucha del estado para combatir por todos los medios a la insurgencia, mientras, por otra parte se promovía la Ley de Justicia y Paz que facilitaba el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares.
3.3 La configuración del enemigo: Escobar y la guerrilla como chivo