Los Criterios De Asignación De Los Recursos Para Educación

El establecimiento de criterios generales para cambiar un sistema en el que se asignaban recursos a partir de un gasto inercial ligado a costos históricos (costos de la administración y costo de la nómina docente), a un sistema en el que se asignan los recursos de acuerdo a las necesidades de la entidad territorial es el otro gran aspecto que buscó reformular la Ley 715 de 2001. Esto con el objetivo de lograr equidad en la asignación de los recursos y para superar las diferencias entre las regiones en términos de acceso y calidad educativa.

La Ley 715 estableció que los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones (SGP) deben financiar el pago del personal docente y administrativo de las instituciones oficiales, las contribuciones a la nómina y prestaciones sociales, el pago de servicios públicos y funcionamiento de las instituciones educativas; así es claro que no se desconocen de ninguna

manera los costos de nómina o administrativos que implican la prestación del servicio educativo.

Adicionalmente la Ley expresa que dichos recursos deben financiar también la construcción y mantenimiento de la infraestructura, la provisión de la canasta educativa y actividades destinadas a mantener, evaluar y promover la calidad, como los ya mencionados de dotación, infraestructura, sistemas de información y capacitación docente entre otros 32_{. Técnicamente, para establecer cómo se da el}

gasto en educación estos recursos se denominan recursos para en calidad y los anteriores de conocen como recursos de funcionamiento.

Así mismo la participación se puede utilizar para contratar el servicio educativo cuando se comprueba la insuficiencia de capacidad oficial33_.

Para la asignación de todos estos recursos a las entidades territoriales se establecieron tres criterios34: 1) población atendida (número de estudiantes atendidos), 2) población por atender en condiciones de eficiencia (número de

32 _{Colombia. Congreso de la República. Ley 715 de 2001. Op.cit., Artículo 15.}

33 _{Prestación del Servicio Educativo. Los departamentos, distritos y municipios certificados,}

prestarán el servicio público de la educación a través de las instituciones educativas oficiales. Podrán, cuando se demuestre la insuficiencia en las instituciones educativas del Estado, contratar la prestación del servicio con entidades estatales o no estatales, que presten servicios educativos, de reconocida trayectoria e idoneidad, previa acreditación, con recursos del Sistema General de Participaciones, de conformidad con la presente ley. El Gobierno Nacional reglamentará la presente disposición. Cuando con cargo al Sistema General de Participaciones los municipios o distritos contraten la prestación del servicio educativo con entidades no estatales, el valor de la prestación del servicio financiado con estos recursos del sistema no podrá ser superior a la asignación por alumno definido por la Nación. Cuando el valor sea superior, el excedente se pagará con recursos propios de la entidad territorial, con las restricciones señaladas en la presente ley. Cuando con cargo a recursos propios la prestación del servicio sea contratada con entidades no estatales, la entidad territorial deberá garantizar la atención de al menos el ciclo completo de estudiantes de educación básica. La Educación Misional Contratada y otras modalidades de educación que venían financiándose con recursos del Situado Fiscal, y las Participaciones de los Municipios en los Ingresos Corrientes de la Nación se podrán continuar financiando con los recursos del Sistema General de Participaciones. En: Ibíd., Artículo 27.

estudiantes por atender), y 3) equidad.

Estos criterios con el fin de amarrar los recursos a los incrementos en cobertura, mediante la financiación de la matrícula, mejorar la eficiencia del sector, y corregir los problemas de inequidad regional en la distribución de los recursos.

Con el objetivo de que la asignación por estudiante atendido reconozca las características de prestación del servicio educativo de las regiones del país se establecieron unas tipologías. Estas se definen en la Ley como: “un conjunto de variables que caracterizan la prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, de acuerdo con metodologías diferenciadas por zona rural y urbana”35.

De acuerdo con la Ley, dentro de una misma tipología la asignación será igual para todos los estudiantes del país. Así mismo, las tipologías de los nuevos departamentos reconocen las condiciones especiales para la prestación del servicio de educación como la dispersión poblacional.

Como se mencionó antes, la asignación por estudiante debe conformarse al menos por los costos del personal docente y administrativo que necesitan las instituciones educativas, incluidos los costos prestacionales; y los recursos destinados a la calidad de la educación como los de dotación escolar, infraestructura, cuota de administración departamental, sistemas de información y capacitación docente, entre otros36.

35 _Ibíd.

La Nación es la responsable de definir la metodología para el cálculo de la asignación por alumno y de fijar anualmente el valor de dicha asignación atendiendo las tipologías.

Dado que la reforma contempló dos años de transición (2002 y 2003 con excepción de los distritos Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta para los cuales la distribución de recursos se realizó de acuerdo a los procedimientos establecidos en la ley 715 de 2001), para el reconocimiento del costo de la nómina y el costo de la prestación del servicio a las entidades territoriales, las tipologías se pusieron en práctica desde 2004.