concepción integral del desarrollo
La perspectiva integral del desarrollo incorporada desde la octava reposición de capital en 1994, comprende tanto la reforma del Estado como la reforma política y social adelantada por el Banco. En efecto, este concepto orientará a este organismo en el diseño e implementación de los programas que se adelanten para desplegar la estrategia de reforma y modernización del Estado (BID, 2003), con este fin la División de Estado y Sociedad Civil, diseñó un marco de referencia conceptual y operacional que plasma una
serie de principios y directrices que servirán como hilo conductor de las estrategias de país en la región49.
Ahora bien, tanto para el Banco como para otras Instituciones Financieras Internacionales como el Banco Mundial, existe una relación directa entre desarrollo económico y calidad del proceso de gobierno, que se sustenta a partir de estudios e investigaciones que demuestran de qué forma políticas económicas o de lucha contra la pobreza se ven obstaculizadas de forma significativa por el funcionamiento defectuoso de las instituciones o del ambiente político, de allí que la estrategia de reforma del Estado incorpore la búsqueda del fortalecimiento de la gobernabilidad, entendida esta como el impulso de la política de desarrollo.
La gobernabilidad es entendida por el Banco como fundamento de la estabilidad política, que a su vez resulta de la conjunción entre integración social interna, fortaleza de las instituciones democráticas y participación ciudadana. La gobernabilidad también se asocia a la confianza y previsibilidad económica, jurídica y política mediante la vigencia de un marco legal para el desarrollo, que proteja la propiedad, propicie un ambiente adecuado para el desarrollo del sector privado, permita la eficiente asignación de los recursos públicos, y fomente la responsabilidad, honestidad y transparencia del sector público y del gobierno (BID, 2000). De allí que la relación entre gobernabilidad y desarrollo sea un componente fundamental en el marco de la coexistencia entre sistemas políticos democráticos y economía de mercado que garantiza la participación del sector privado y de la sociedad civil en el proceso de desarrollo.
49 A partir de la octava reposición de capital el Banco establece como mandato la adopción de un enfoque integrado de desarrollo en el que confluyen reformas económicas, la búsqueda de la cohesión socioeconómica interna, integración regional, protección al medio ambiente, modernización del Estado y fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la sociedad civil, con el fin de lograr un crecimiento económico sustentable, reducir la pobreza y promover la equidad social, para tal fin en 1996 suscribió el documento “Marco de Referencia para la Acción del Banco en los Programas de Modernización del Estado y Fortalecimiento de la Sociedad Civil”, posteriormente se hicieron dos actualizaciones de este documento uno en el año 2.000 con el documento: Banco Interamericano de Desarrollo, Marco de referencia para la acción del Banco en los programas de modernización del Estado y fortalecimiento de la sociedad civil, Departamento de planificación estratégica, Washington, 10 de marzo de 2000 y con el documento: Banco Interamericano de Desarrollo, Modernization of the State: Strategy document, Departamento de desarrollo sostenible, Washington, 2.003.
Ahora bien, a partir de 1996 el Banco ha venido empleando los términos “Modernización del Estado” y “Reforma del Estado”, como conceptos sinónimos para lograr la “Gobernabilidad”, sin embargo es a partir de 2003 en el que a la gobernabilidad se le agrega el calificativo de “democrática”, con lo cual se adopta un fundamento político más claro a la estrategia, en la medida en que “la gobernabilidad democrática” abarca componentes que van más allá de la definición general que la entiende como el proceso mediante el cual se ejerce la autoridad en una comunidad política, de allí que a los elementos tradicionales de la gobernabilidad50 se deben agregar ciertos requisitos especiales respecto de cómo se ejerce y en qué condiciones socioeconómicas, tales como la vigencia del principio de representación bajo el concepto de soberanía popular, el establecimiento de instituciones que garanticen las elecciones libres, límites y división de poderes, exigencia de responsabilidad de las autoridades en relación a la ciudadanía, respeto por los derechos y libertades ciudadanas, límites a la arbitrariedad mediante el sometimiento a la ley, eficacia y eficiencia en la asignación de recursos para resolver las necesidades sociales con transparencia y la prevalencia de la solidaridad y subsidiariedad que logre la eficiencia y la cohesión social (BID, 2003).
En este contexto, el Estado de Derecho se considera imprescindible para la consecución de la gobernabilidad democrática, aunque esta debería involucrar significativamente a la sociedad civil, a su vez ésta solo puede fortalecerse si existen oportunidades económicas para todos los ciudadanos y se garantizan sus libertades democráticas. En un sentido más amplio, la gobernabilidad hace referencia a las capacidades de una sociedad para enfrentar nuevos retos y generar soluciones a partir de un fuerte consenso social. Si se tiene en cuenta que una estrategia de desarrollo se fundamenta en la gobernabilidad, se entiende que esta debe fortalecer y construir dichas capacidades institucionales Estatales en conjunto con la sociedad civil, de modo que se complementen y retroalimenten mutuamente. Como lo sostiene el Banco:
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Tales como I) La forma de elección, control y reemplazo de las autoridades, II) El establecimiento de las normas que rigen la interacción entre ciudadanos, Estado, Sociedad civil y sector privado, respecto de responsabilidades funciones y competencias, III) La capacidad de las autoridades para identificar necesidades, captar recursos, definir políticas y llevarlas a cabo. Al respecto ver (BID, 2.003).
“El desarrollo sustentable y equitativo requiere de un Estado democrático, moderno y eficiente que promueva el crecimiento económico, proporcionando un marco regulatorio apropiado para el funcionamiento de los mercados, que garantice un ambiente de estabilidad macroeconómica, que sea capaz de adoptar políticas económicas y sociales apropiadas para la reducción de la pobreza y la conservación del ambiente, y que implemente esas políticas de una manera eficiente, transparente y responsable” (BID, 2003: 22).
Del acápite anterior se puede inferir que la gobernabilidad democrática es el dispositivo político mediante el cual el Banco pretende lograr los objetivos contemplados en su concepción integral de desarrollo, que a su vez incorporan metas de crecimiento económico a partir del fortalecimiento del mercado, pero por otra parte, pretende fortalecer las instituciones democráticas para contribuir a la integración social y a la erradicación de los problemas sociales que se agudizaron con la implementación de los postulados del neoliberalismo en la década de los noventa. En este proceso el fortalecimiento del Estado de Derecho es un elemento clave, sin embargo su transformación está orientada a permitirle una mayor participación a la sociedad civil y al mercado, para lo cual se le asignan algunas funciones básicas y se limita su injerencia en ciertas áreas.