Con el fin del modelo nacido en los años cincuenta y la insuficiencia –ineficiencia- del modelo neoliberal de los noventa, las políticas sociales entraron en una encrucijada. Desde entonces en el mundo capitalista se inició un proceso de cambios signados por la crisis del EB, entendiendo por tal a los “períodos más o menos prolongados de transformaciones y modificaciones de un sistema societal”. (Sontag, 1988). Entre esos cambios, las funciones del Estado, el sentido del trabajo y el financiamiento de los riesgos sociales mutaron de las formas que habían permitido anteriormente cohe- sionar la sociedad salarial.
El cúmulo de interrogantes sobre cómo afrontar el nuevo escenario en el que se conjugan múltiples factores -aumento de la pobreza, reducción de puestos de tra- bajo, cambios demográficos, migraciones, junto a las opciones de crecimiento eco- nómico- provocan interpretaciones y respuestas que alimentan un debate abierto sobre las causas que motivaron los cambios y el futuro de la protección, en parti- cular en lo que se refiere al área laboral, en la cual hacen centro la mayoría de las argumentaciones.
Acerca de la crisis existen diversas posturas interpretativas las cuales, según suscri- ben Adelantado y Calderón (2005), pueden resumirse en tres direcciones que difie- ren acerca de cuál es su origen: 1. consecuencia de factores exógenos; 2. consecuen- cia de factores endógenos; 3. consecuencias de ambos tipos de factores. Cada una de estas corrientes ha sido sostenida por distintos autores, y analizadas en función a sus resultados y decisiones que han promovido finalmente la reformulación de los EB, como se muestra a continuación.
Causas Impactos Políticas Representantes Factores exógenos:
globalización
Afecta a los Estados en aspectos tales como tasas de interés, déficit públicos, gasto social, regulación del mercado de trabajo y de la negociación colectiva, financiación de la protección social. Desregulación, privatización y residualización del bienestar.
Jordan; Mishra; Scharpf; Taylor Gooby; Weiss; Alber y Standing. Factores endógenos: Grado de maduración de la sociedad; envejecimiento de la población; cambios en los mercados laborales y en la estructura familiar.
Disminución del número de activos y aumento del gasto social en pensiones y sanidad.
Reducción del gasto; focalización; tercerización de las prestaciones.
Esping Andersen; Yates.
Factores exógenos + endógenos: Proceso de interacción recíproca, bidireccional y heterogénea que adopta diferentes expresiones según los contextos.
Restricción del gasto público, el gasto en bienestar y reducción de los costes laborales y los impuestos.
Neoliberales: respuestas de carácter anticipatorio acerca de cómo se percibe van a afectar los problemas y las soluciones
Sykes, Bruno y Prior; Rieger y Leibfried; Adelantado y Calderón.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Adelantado y Calderón (op. cit).
Más allá de las razones, y habida cuenta de la heterogeneidad de modelos en que se inscribieron los sistemas de protección social, es palpable que el cambio fue mol- deando diversas respuestas. En este sentido también hay controversias, ya que hay quienes apuntan a que el desmantelamiento ha producido una reducción sustanti- va del EB, y aquellos que aseguran que aún persiste mediante la expansión provoca- da, entre otras razones, por el aumento del desempleo y la pobreza.
Por su parte Boyer (op. cit. y 2008) al referirse a la crisis expresa que la misma se manifestó de forma más dolorosa (que otras) ya que el modelo de EB –Estado Provi- dencia- lograba conciliar eficiencia económica y justicia social.
Por tanto, este quiebre da por resultado una realidad diferente, ya no es el EB de posguerra el que puede seguir existiendo, es otro modelo que aún no ha logrado cristalizarse en aquellos términos tan ajustados de eficacia y eficiencia.
Las respuestas están aún en proceso. El ensayo ya mencionado de EEUU fue visto por los países europeos como una estrategia válida. El workfare, cuya principal ca- racterística es apelar a la responsabilidad individual, terminó por desplazar la solida- ridad colectiva bajo el supuesto de que es más eficiente apostar a la actividad que financiar el seguro de desempleo. Su existencia se basa en un control estricto del presupuesto social, dando lugar con ello a una cobertura social de tipo residual. Esta orientación, como ya se dijo, inspiró buena parte de las reformas que abrieron paso, en los países de la Unión Europea, al denominado Estado Social Activo –ESA-, que si bien recoge el legado de cobertura social extendida, se expresa como un Es- tado que incita al individuo a leer las señales del mercado. Desde esta perspectiva, el origen de riesgos sociales que pone en indefensión a la población no es interpre- tado a partir de la existencia de fenómenos macroeconómicos e imperfecciones de los mercados, sino como consecuencias de incitaciones microeconómicas per- versas, todo ello avalado –señala Boyer- por una nueva comunidad epistemológica internacional. No obstante, la tradición europea ha continuado en la búsqueda de reconfigurar la solidaridad a través de un reajuste diferenciado de la cobertura so- cial, claro está que ello está sujeto a las posibilidades de financiamiento amenaza- das por el ciclo económico actual.
En verdad, lo que entra en juego es cómo resolver la relación entre equidad y efi- ciencia. Dilema que hace reflexionar a Esping Andersen11, quien propone que hay que lograr una reforma gradual y coordinada para la Unión Europea, considerando heterogeneidades, mediante la adopción de medidas consensuadas en las que se brinden garantías de oportunidades de vida básicas, o mínimas, a todos los ciuda- danos. En esta invitación a la acción se promueven las siguientes medidas como base para reconstruir un SPS:
1. potenciar la capacidad de las madres para armonizar el trabajo con los hijos;
2. alentar a los trabajadores mayores a retrasar su jubilación;
3. socializar el coste de los hijos, básicamente priorizando las inversiones en los ni- ños y jóvenes;
4. redefinir el reparto del trabajo y el ocio a lo largo del ciclo vital; y
5. redefinir el concepto de “igualdad” y de derechos sociales básicos en tanto que garantías de las oportunidades de vida.
En términos generales, afirma, ello implicará un mayor énfasis en la protección de familias jóvenes y en la prestación de servicios a las familias.
Frente a esta mirada, Alvaro Espina (2002, 2004) desmenuza los basamentos teóri- cos de Esping Andersen, y advierte que “el problema de la asistencia social mínima garantizada a todos los ciudadanos -o derechos de ciudadanía social- requiere un tra- tamiento específico, dada la multiplicidad de enfoques, umbrales de carencia, exclusión o dependencia establecidos y de instrumentos de acción utilizados en los diferentes paí- ses, multiplicidad que cruza frecuentemente las fronteras de los regímenes de bienestar”. Además sugiere que: “efectivamente, es necesario alcanzar un consenso pero este –a diferencia de Esping Andersen- no debe ser meramente procedimental12, sino moral, lo
cual, sostiene, se traduce en la aparición de un espacio de democracia deliberativa aun- que su alcance se limite sólo a los fundamentos del sistema de bienestar.”
Ahora bien, para entender en qué consisten actualmente esos fundamentos se debe aceptar que el EB mantiene su legitimidad, ya sea porque en el pasado se ha optado por una cobertura universalista sin restricciones o por un modelo de contri- buciones, o bien por una combinación de ambas opciones; y anhelar una vida digna sigue siendo un derecho fundamental.